la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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sábado, 31 de octubre de 2015




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viernes, 30 de octubre de 2015

La suma de los factores

Unidad Especializada en DDHH de la Fiscalía se propone capacitar a los fiscales sobre el contexto histórico y político de la dictadura.

La diaria – 30 10 15 – Por Luis Rómboli

 

Chela Fontora, Ariel Cancela, Stella Llorente y María Carolina Rico, ayer en la sede de Crysol.

Foto: Pablo Vignali
El fiscal Ariel Cancela, la fiscal penal Stella Llorente y la fiscal adscripta María Carolina Rico dialogaron ayer con integrantes de la organización de ex presos políticos Crysol sobre los desafíos de la recientemente creada Unidad Especializada en Derechos Humanos, que depende de la Fiscalía General de la Nación. Cancela recordó que el 14 de agosto la Fiscalía pasó a ser un servicio descentralizado y eso le permitió adquirir “mayor autonomía”. Entre las nuevas competencias del organismo está la de crear “unidades especializadas”, algo que se puso en práctica pocos días después de que entrara en vigencia la nueva ley.

El fiscal dijo que si bien el nombre es una “simplificación”, el cometido de la nueva unidad abarca específicamente las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de “terrorismo de Estado”, es decir, desde junio de 1968 hasta el 1º de marzo de 1985. De esos hechos, existen en la actualidad 209 causas abiertas, dijo Cancela. La unidad pretende “dar respuesta” a la “falta de capacitación y especialización” en las fiscalías, pero Cancela aclaró que “no es una fiscalía especializada”, sino una “unidad de apoyo”. “Lo que diga no es vinculante. Serán los fiscales los que decidan en base a los insumos que se aporten”, agregó. 

Luego explicó que estas unidades están destinadas a recoger y analizar información, coordinar, capacitar en el contexto de caso y preparar a los fiscales para el cambio que implicará la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, en el que el fiscal actuará en dos áreas: será el encargado de la investigación y responsable de presentar la causa ante el juzgado, y deberá encargarse de la protección y la defensa de la víctima, que deja de ser un “objeto de derecho” para pasar a ser “sujeto de derecho”. Además de mantener un contacto fluido con los fiscales, la unidad tiene como cometido establecer un relacionamiento permanente con organizaciones sociales como Crysol y el Observatorio Luz Ibarburu, por ejemplo.

La fiscal Llorente expuso el plan de trabajo de la unidad, que pretende en el primer año “recoger información de todas las causas abiertas o cerradas, para sistematizar y hacer análisis de contenido posteriores”. Para esto, se elaboraron unos formularios que serán enviados a los distintos fiscales involucrados en casos específicos, para que “viertan información” que será “permanentemente actualizada”.

Los fiscales comunicaron que están trabajando en el Centro de Formación de la Fiscalía General de la Nación, en la calle Uruguay 1225, y se pusieron a disposición de los interesados.

En el diálogo con los presentes, surgieron varias preguntas relacionadas con la lentitud del trámite de algunas causas. Cancela explicó que la unidad va a trabajar para poner en contacto a los fiscales entre sí, porque no tienen “una estrategia en común”, algo que sí tienen los abogados defensores de los militares imputados. 

El fiscal relató que cuando hay un pedido de procesamiento, empiezan interponiendo un recurso sosteniendo la prescripción del delito en primera instancia. Luego de que el juez no hace lugar al recurso, apelan a un tribunal de segunda instancia y luego interponen un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Cuando este proceso termina y se habilita el pedido de procesamiento, los abogados inician la misma cadena de recursos sosteniendo la inconstitucionalidad. Esta estrategia, que es aplicada con precisión y en forma coordinada, genera que los procesos parezcan interminables, acotó.

Cancela fue consultado sobre si la unidad tiene potestades para pedir información a los organismos del Estado, y se puso como ejemplo el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). El fiscal respondió que además de investigar “con el material que aporten los fiscales”, también pueden “conseguir material” por medios propios, así como recibirlo de las organizaciones sociales. “Creo que tenemos facultades para ir y pedir información al MDN”, enfatizó.

Cancela insistió en que se va a trabajar en forma permanente en la capacitación de los fiscales, en particular para ponerlos al tanto del contexto histórico de los hechos: “Quiénes eran de tal y cual organización política, en qué momentos se decidió golpear a una y otra, y por qué”. “No sabemos si los fiscales manejan toda esa información histórica y política”, dijo Cancela.

Finalmente, informó que se mantienen en contacto permanente con la unidad auxiliar de la Justicia en materia de delitos de lesa humanidad del Ministerio del Interior y respondió, sobre los casos archivados, que a menos que una causa sea “clausurada”, los procesos siempre pueden ser reabiertos. Precisó que el nuevo Código de Proceso Penal establece que cuando un fiscal pide el archivo de un caso, la víctima puede solicitar que la decisión sea revisada por otro fiscal.
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martes, 27 de octubre de 2015

Otro tiempo

Descubrieron placa recordatoria en cárcel de ex presas políticas en Paso de los Toros.

La diaria - 26 10 15 - Por Iván Franco


Ex presas políticas durante el acto de colocación de una placa recordatoria, el sábado, en el frente de la cárcel de Paso de los Toros.
Foto: Virginia Martínez Díaz

La antigua locomotora era un infierno de hierro caliente, fuego y chorros de vapor en la fría y silenciosa madrugada fraybentina. Daba miedo pasar a su lado. Era el invierno de 1974. En el andén iluminado esperábamos mi hermana, de diez años, mi abuela, de 67, y yo, de 13. Huevos duros y bananas eran la comida para el viaje de diez horas que nos llevaría a visitar a mi madre en la cárcel de presas políticas de Paso de los Toros.
A las cinco de la mañana nos ubicamos en un vagón casi vacío, que luego del sonido del pito comenzó a atravesar con un lento traqueteo los barrios más humildes del pueblo. Antes de cruzar cada paso a nivel sonaba varias veces el silbato.
Luego de pasar por el costado del cementerio, salimos a campo abierto. Sólo se veía una franja de pasto, iluminada por la luz que dejaban pasar las ventanillas de los vagones y las estrellas. El sueño me ganó acunado por el vaivén del vagón.
Desperté con el tren parado en el medio del campo. Se había roto la locomotora y debimos esperar cuatro horas a que enviaran otra. Llegamos tarde; se permitieron las visitas durante todo el día hasta las 17.00, eran las 17.10. Luego de justificaciones y súplicas de la abuela, y de que mi hermana se apoyara sobre una regla e hiciera volar el cigarro que el comandante tenía sobre el escritorio, la negativa cerrada dejó paso a la sentencia final: “Cinco minutos y sólo los niños”. La visita fue con mi madre y otras compañeras que nos colmaron de besos, abrazos y cariño. Muy corta, pero sentíamos que las 12 horas de tren habían valido la pena.
El sábado, 41 años después, volví con mi hermana y la vieja a ese lugar que aún funciona como cárcel. Se descubrió una placa recordatoria. Convocadas por Crysol, unas 150 personas, en su mayoría ex presas y familiares, se concentraron frente a la Seccional 3ª de Policía y a la contigua cárcel. Una rueda de ex presas cantaba canciones que recordaban de la prisión.
Abrazos. Apretados abrazos. Extensos. Besos, gritos de alegría. Y lágrimas. Muchas lágrimas corrieron por decenas de mejillas. Es que reencontrarse después de 40 años implicaba observarse, mirarse detenidamente, reconocerse.
Mi madre experimentó “primero una reacción rara, porque fue una angustia de golpe ver el edificio, el lugar, pero después la alegría de ver a mis compañeras, ahí me puse contenta y feliz de estar de vuelta”. “Un recuerdo de años muy jodidos, pero muy vividos también, vividos mal pero vividos bien”. Recuerda que les hacían limpiar las cloacas, no había saneamiento; venían los milicos con un carrito y dos baldes para que pusieran la materia. Otras obligaciones humillantes eran lavar los uniformes de la tropa o ir al jardín del comandante, de pedregullo, a juntar las colillas que tiraba. A mi madre esto le daba asco, por lo que se le ocurrió hacerlo con una pinza de cejas. Al rato, el comandante mandó a decir que ese trabajo había que hacerlo a mano. Se recordaron entre risas conversaciones como ésta:
-Junten los puchos.
-Pero ya no hay más.
-Junten igual.
Luego del acto protocolar con Himno, discursos y el descubrimiento de la placa, se ofreció un cana-tour. Un oficial de policía, muy amable, nos guiaba en grupos de cinco por el interior de la cárcel. Esto cambió, esto está igual, el celdario, etcétera.

Según las ex presas el edificio no cambió mucho, pero está todo más deteriorado. Aquella cárcel nueva y pulcra es hoy un recinto venido a menos, las paredes están sucias y tienen “olor a cárcel”. Más fotos con cámaras, celulares o tablets, muchas fotos. Aquí eran las visitas, dijo la vieja, y se nos quebró.
El marco
La Ley 18.596, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, prevé entre otras formas de reparación la colocación de “placas o expresiones materiales simbólicas” en sitios públicos donde se hayan producido violaciones a los derechos humanos en la última dictadura cívico-militar. En base a dicha norma, el sábado se colocó una placa recordatoria en la Seccional 3ª de Policía de Paso de los Toros, conocida como “cárcel militar de reclusión femenina Nº 1”, que ofició de centro de reclusión de 157 presas políticas entre 1972 y 1985. En el homenaje participaron representantes de la comisión especial que instrumenta la ley -integrada por varios ministerios y organizaciones sociales- y de la Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad de Tacuarembó.
Isabel Wschebor, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, dijo que Uruguay tiene “un gran problema” con su política de “construcción de la memoria” porque “aún hay muchos silencios, muchas cosas que no se saben y se tienen que conocer, y por ende, hay mucho por lo que se tiene que trabajar”.
Giovanni Rotondaro, miembro de la Comisión Especial, explicó a la diariaque la solicitud de colocación de placas recordatorias surge de los involucrados, principalmente ex presos políticos, y que la comisión colabora con su implementación: visita el lugar, dialoga con los interesados y las autoridades -en general se trata de predios policiales o militares- y gestiona la colocación de la placa.
Los próximos dos homenajes se harán el 6 de diciembre: uno será en la actual terminal de ómnibus y shopping de Mercedes, que funcionó como centro de reclusión en la dictadura, y el otro en un cuartel de Fray Bentos, donde los militares asesinaron en 1984 al doctor Vladimir Roslik.
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domingo, 25 de octubre de 2015

Paso de los Toros: Estado homenajeó a mujeres ex - presas políticas.

Representantes de la Comisión Especial de la Ley 18.596 junto a la Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad de Tacuarembó, colocaron placa recordatoria, en la seccional 3ª de Policía de la ciudad de Paso de los Toros, en memoria a las 157 expresas políticas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que resistieron las imposiciones de la dictadura durante los años 1972 a 1985.

Tomado de: www.presidencia.gub.uy


Ante casi un millar de personas que llegaron de distintos lugares del interior del país, la Comisión Especial de la Ley Nº 18.596, junto a la Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad, colocaron una placa de homenaje que señaliza el lugar donde se practicó terrorismo de Estado durante los años 1972 a 1985. La placa se colocó en la seccional 3ª de la ciudad de Paso de los Toros, conocida como “cárcel militar de reclusión femenina Nº 1”, donde se recluyeron a 157 ex-presas políticas.


El homenaje se realizó en el marco de lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de la Ley Nº 18.596 de reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado. La solicitud de colocación de esta placa recordatoria se originó entre un grupo de vecinos locales y tras el acto, algunos testimonios recorrieron parte del lugar en el que estuvieron detenidas. 


En declaraciones a la Secretaría de Comunicación, Giovanni Rotondaro,  miembro de la Comisión de Reparación, expresó que “identificar aquellos sitios donde se efectuaron torturas y "sacarlas a la luz”, es parte de la política de memoria que debe afrontar el Estado”.

Rotondaro indicó que, en cuanto al acto de reconocimiento, un grupo de ex-presas políticas de Paso de los Toros efectuaron la solicitud ante la Comisión Especial de Reparación, que resolvió acompañar y apoyar  la colocación de una placa que identifica el lugar como sitio de  detención de terrorismo de Estado.

Asimismo, destacó el trabajo de la Comisión, que implica una gestión en territorio, con los solicitantes y con las distintas autoridades implicadas, "porque la mayoría de éstos recintos son parte o fueron parte de los ministerios de Defensa o Interior”.  

El funcionario, informó que el próximo reconocimiento se realizará el 6 de diciembre, en Fray Bentos, al doctor Vladimir Roslik, detenido por efectivos militares en el año 1984; y por otro lado, en la ciudad de Mercedes, donde el homenaje será para detenidos y desaparecidos locales. 

Por su parte, Isabel Wschebor, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, declaró: “Identificar lugares que no estaban reconocidos es un avance importante, que cumple con todos los cometidos indicados en el decreto que crea el grupo de trabajo 'Por verdad y justicia', con quienes estamos trabajando desde que se inició esta administración”.

Wschebor enfatizó en la importancia de “acelerar, avanzar y estimular todas aquellas iniciativas que permitan trabajar en los aspectos vinculados a la memoria histórica”.

Sobre la acción de realizar un señalamiento de sitios que en el pasado fueron emblemáticos en lo que hace al terrorismo de Estado, señaló la importancia de explicar los hechos a las nuevas generaciones. “En esta ocasión, señalamos, acá fue un sitio de tortura, de encarcelamiento, un sitio de detención”.

La directora enfatizó la importancia de reconocer estos sitios en el interior del país, y consideró que refieren no solo al aspecto masculino de la represión, sino al femenino. “ Vamos sabiendo más sobre los lugares desconocidos y, vamos sabiendo más, sobre la represión a ciertos actores que muchas veces no son tan visibilizados, en genera,l se conoce menos la represión hacia las mujeres que hacia los hombres”, indicó.

Asimismo, Wschebor subrayó que aún el Uruguay está "en falta" y qué “hay un gran problema con ésta política de “construcción de memoria” que radica en que aún hay muchos silencios, muchas cosas que no se saben y se tienen que conocer, y por ende, hay mucho por lo que se tiene que trabajar”. 

La directora recordó que no en vano existe una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que el Uruguay aún está en falta. "Tenemos que avanzar y hay un terreno grande por recorrer" sostuvo. 

En este sentido, indicó que muchas veces se entienden los procesos de reparación como procesos de retribución económica, “cuando tienen que ser integrales  y por eso tenemos que saber lo que pasó”, finalizó.

La Comisión Especial de la Ley 18.596 está integrada por representantes de los ministerios de Educación y Cultura (MEC), de Salud Pública (MSP) y de Economía y Finanzas (MEF) junto a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Asociación de ex Presos Políticos de Uruguay (Crysol).

Formaron parte de la oratoria, el historiador Gustavo Guerrero, Giovanni Rotondaro, miembro de la Comisión de Reparación y la ex presa política Lilián Díaz. En el marco, de este acto, también se realizó una mesa redonda, referida a políticas de memoria y sobre la reparación simbólica, en la que participaron ciudadanos locatarios, autoridades y testimonios. 

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Prof. Gustavo Guerrero de la Comisión de Memoria y

Contra la impunidad



Prof. Giovanni Rotondaro haciendo uso de la palabra en nombre del Ministerio
 de Educación (MEC)



Ex - presa política Lilián Díaz  hablando a nombre de las homenajeadas




Placa en homenaje en la puerta de la Seccional 3ª de Paso de los Toros


Chela Fontora y Lila Cornalino




Alejandra Epíscopo con el Diputado Saúl Aristimuño y Sra.



Delegación salteña junto con Angel Rocha




Prof. Gustavo Guerrero, María Elia Topolanski y Susana Carli



Glenda Rondán, Directora de los Centros MEC



Don Oscar Melián, isabelino, ex - preso político y expresidente de ONAJPU


Vista parcial de la concurrencia



Vista parcial de la concurrencia



Vista parcial de la concurrencia



Vista parcial de la concurrencia






Vista parcial de la concurrencia



Vista parcial de la concurrencia




Espectáculo artístico en el Parador Municipal en la tarde




Mesa Redonda en el Parador Municipal en la tarde.




Crysol expresa su agradecimiento al Ministerio de Educación 

y Cultura (MEC) y a la Secretaría de DDHH para 

el pasado reciente de la Presidencia de la

República por su apoyo y colaboración para 

la exitosa concreción de la actividad.

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XXI Congreso Nacional de ONAJPU: importante resolución sobre el pasado reciente



Mesa de ONAJPU que presidió la sesión plenaria. Al centro
Oscar Melián,  Presidente saliente de la organización.


En el marco de una estrategia continental diseñada por EEUU, la dictadura cívico militar fue una tragedia nacional cuyos efectos y daños colaterales se mantienen y perduran hasta el día de hoy en la sociedad.

El terrorismo de Estado fue un “proyecto de país” de los sectores más reaccionarios, para impedir los cambios y las transformaciones de fondo que los trabajadores y sectores populares reclamaban. Fue un proyecto brutal para mantener un estatu quo injusto y de privilegios para pocos.

Ante la crisis estructural del país desde 1955, comenzó a gestarse el 13 de junio de 1968 cuando Jorge Pacheco Areco estableció las Medidas Prontas de Seguridad para congelar los salarios, intervenir la enseñanza, militarizar a los trabajadores públicos,  reprimir al movimiento estudiantil y sindical, comenzando, paulatinamente, a vaciar de contenido la institucionalidad democrática y a restringir las libertades.

La deuda externa que entorpece y dificulta el desarrollo del país creció exponencialmente en dicho período. Los trabajadores vieron reducido en un 50% el poder adquisitivo de sus ingresos que fue a engrosar las arcas de los sectores sociales que apoyaban al régimen. Los jubilados y pensionistas perdieron el aguinaldo, nunca recuperado como tal y otros beneficios. La industria nacional se debilitó frente a las transnacionales y se llevó a límites extremos la concentración de la riqueza.

Para hacer posible la aplicación de dicha reorganización de la sociedad, quienes se apoderaron del gobierno del país, llevaron a cabo una cruel política represiva que dejó como saldo más de 200 detenidos desaparecidos, centenares de asesinados, muchos de ellos en la tortura, miles de detenidos, de presos políticos en campos de concentración y miles de uruguayos obligados a emigrar para preservar su vida y su libertad.

A 30 años del retorno a la vida democrática aún resta transitar un importante camino para fortalecer y profundizar la democracia. Habiéndose restablecido plenamente la pretensión punitiva del Estado a través del Artículo 1 de la Ley 18 831, el poder judicial ha recuperado su independencia.  

No existen obstáculos legales de ningún tipo para que la justicia cumpla con sus cometidos constitucionales de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos para que ellas no vuelvan a repetirse. Los imputados de dichos delitos, que desde el Tribunal Internacional de Nuremberg son crímenes de Lesa Humanidad,  deben seguir siendo juzgados con todas las garantías del debido proceso.

El XXI Congreso Nacional de Onajpu resuelve:

De acuerdo a lo establecido por la Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 2005, instrumento legal que detalla de manera pormenorizada las obligaciones de los Estados ante graves violaciones a los derechos humanos reclamamos:

1) La realización de una ceremonia oficial y pública, al más alto nivel, en la cual el Estado asuma su responsabilidad institucional por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el período del terrorismo estatal y se pida disculpas a las víctimas directas, a sus familiares y a la sociedad toda. 

2) Implementar de manera inmediata  la disposición legal vigente de someter a Tribunales de Honor a todos los militares procesados y con sentencia firme para que sean apartados de las Fuerzas Armadas y pierdan los inmerecidos beneficios que ostentan como integrantes de ellas.

3) Adoptar al más alto nivel la decisión de aplicar el Artículo 25 de la Constitución de la República que otorga la potestad de repetir contra los responsables de acciones que han generado perjuicios económicos al Estado los costos incurridos en materia de indemnizaciones a quienes han sido procesados y sentenciados por las mismas.

4) Respaldar la iniciativa de erigir un Monumento Nacional de homenaje a todas las víctimas de la dictadura y de compromiso con la libertad, la democracia y el Nunca Más terrorismo de Estado.

5) Expresar  explícitamente su apoyo a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para que sus recomendaciones sean debidamente tenidas en cuenta por todos los ministros y jerarcas gubernamentales.

6)  Solicitar el envío a la mayor brevedad por  parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley que cumpla con las recomendaciones formuladas por la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) en diciembre de 2012 y por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, en setiembre del año pasado con respecto a las leyes reparatorias aprobadas hasta el momento y pedir al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Presidencia que se expida al respecto en forma perentoria en tal sentido.


 7) Expresar  su pleno apoyo y respaldo a Madres y Familiares de Detenidos y su inclaudicable lucha por encontrar los restos de todos los uruguayos detenidos desaparecidos.

Piriápolis, 23 de octubre de 2015

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jueves, 15 de octubre de 2015

Sueño con serpientes

El MI “no pudo localizar” a 13 militares retirados que iban a ser indagados por el asesinato de Pascaretta.

La diaria - 15 10 15 - Por Angelina de los Santos

Hay quienes desaparecen, y otros que son desaparecidos. Hay quienes ocultan o no ponen empeño en encontrar, y otros que no se cansan de buscar. Entre estos últimos está el Observatorio Luz Ibarburu, colectivo que realiza un seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, y que este martes comunicó que el Equipo Auxiliar de la Justicia en Crímenes del Terrorismo de Estado, dependiente del Ministerio del Interior (MI), “no pudo localizar” a 13 militares retirados que fueron citados el 17 de julio por la jueza Beatriz Larrieu por la causa de Humberto Pascaretta, asesinado el 4 de junio de 1977 después de haber sido torturado y secuestrado por agentes de la Compañía de Contrainformación del Ejército. 
Dónde están los indagados y por qué el MI no cumplió con la solicitud judicial son preguntas para las que el abogado del Observatorio Pablo Chargoñia, y la fiscal de la causa Ana María Tellechea, no tienen respuesta. Desde el MI, Asuntos Internos, el departamento que tiene en su órbita al Equipo Auxiliar, dirigido por María Stella González, tampoco da respuestas, porque no da notas a la prensa. Según Chargoñia, aunque es “relativamente frecuente” que no se localice a algún individuo requerido como testigo, el hecho de que para el MI haya sido imposible encontrar a por lo menos uno de los 13 y haya sido comunicado el mismo día de las audiencias -previstas para el martes y miércoles- delata la “ineficacia” del Equipo, más aun si se consideran los casi tres meses que transcurrieron entre la citación y la fecha de la audiencia. El hecho también “hace ilusoria a la Justicia”. 
“El resultado es que se perdió todo este tiempo, y debido a la agenda del juzgado, es probable que esta audiencia pase a diciembre”, agregó. En ese sentido, también dijo que es previsible que “los defensores de los violadores de los derechos humanos presenten sus habituales chicanas de defensa”: la solicitud de clausura de los expedientes por prescripción, el recurso de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad (Nº 18.831); cuestiones que “demoran y dilatan aun más los procesos”, señaló.
Desde la fiscalía, Tellechea aseguró no entender cómo los militares retirados “desaparecen de la faz de la Tierra”, porque evidentemente “en algún lugar están”. Explicó que habrá que reiterar las citaciones, “pero esta vez con conducción”, lo que implica que el MI los deberá ir a buscar a su casa y llevarlos a declarar ni bien los ubiquen.
Pascaretta, ex funcionario de UTE, fue denunciado por el directorio de la empresa papelera en la que trabajaba (Cicssa) y secuestrado, torturado y asesinado por militares, entre ellos Eduardo Ferro, quien debía declarar el martes, se afirma en el comunicado del Observatorio. A su vez, se añade que el soldado desertor Hugo García Rivas, quien escribió el libroMemorias de un ex-torturado, también responsabilizó a Armando Méndez, que ya declaró, y al fallecido Carlos Calcagno, lo que ratificó ante la entonces titular del Juzgado del 7º Turno, Mariana Mota. “Nadie ha sido procesado por este crimen”, concluye el comunicado.
Según explicó Chargoñia, la denuncia fue realizada en octubre de 2011 y desglosada del expediente del dictador Juan María Bordaberry. Luego se realizó otra denuncia en la Seccional 1ª de la Policía de Montevideo, que fue agregada a la primera.
El Equipo Auxiliar de la Justicia en Crímenes del Terrorismo de Estado fue creado por resolución del ministro Eduardo Bonomi el 27 de agosto de 2013 porque “la Institución Policial debe adoptar todas las medidas que correspondan dentro de su competencia, con el fin de auxiliar a la Justicia en lo que respecta a la investigación de los crímenes de referencia”. En la resolución se agrega que dentro de sus cometidos está “realizar todo tipo de trámite, parte de una investigación policial en la materia, efectuar todas las coordinaciones pertinentes dentro del MI para que las investigaciones se realicen en forma”. Tareas que en el marco de esta causa “no se cumplen”, aseguró Chargoñia.
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viernes, 9 de octubre de 2015

Verde

Gregorio Álvarez lleva 80 días internado y se demora el tribunal de honor.

La diaria – 8 10 15 – Por Ricardo Scagliola

El ex dictador Gregorio Goyo Álvarez, que en junio sufrió un accidente cardiovascular, ya lleva 80 días internado en el Hospital Militar. Fue ingresado el 18 de junio con un cuadro de parálisis, luego de que sus compañeros de cárcel lo encontraran en el piso del patio del Centro de Reclusión Nº 8, más conocido como Domingo Arena, convulsionando. 
La estadía en el hospital se hizo larga; la razón principal es que el ex dictador -que el 26 de noviembre cumplirá 90 años- no puede regresar a la cárcel para violadores de los derechos humanos, donde no estarían dadas las condiciones mínimas para cuidar su salud, explicaron fuentes militares ala diaria. Sin embargo, en declaraciones que realizó a Montevideo Portalpoco después de sufrir el ACV, el propio Álvarez reconoció encontrarse “bastante bien”. “No fue nada grave”, dijo. Sus allegados, sin embargo, aducen problemas de estabilidad y falta de equilibrio.
Todo apunta a que el ex dictador no volverá a Domingo Arena. “Ya no hay nada de él en la cárcel; fueron los familiares y sacaron todo”, comentó una fuente. Su abogado, Pedro Montano, pidió en varias oportunidades el beneficio de la prisión domiciliaria por su avanzada edad y cuestiones de salud.
La internación de Álvarez demora la concreción de la decisión del gobierno pasado de someter al ex dictador a un tribunal de honor. La resolución, adoptada en enero de 2014, lleva la firma del ex presidente José Mujica y del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y se ampara en un decreto que el mismo Gregorio Álvarez aprobó cuatro días antes de abandonar el gobierno, el 8 de febrero de 1985. 
Se trata de un librillo de 58 páginas, impreso en la imprenta del Ejército. “Hay una ley fría como una navaja, que dice que un oficial militar que tenga sentencia firme debe pasar a un tribunal de honor”, explicó en su momento Fernández Huidobro, quien evitó opinar sobre el tema y aseguró que es un procedimiento “mecánico”.
El juez Luis Charles procesó con prisión al ex dictador en 2007. Dos años más tarde, fue condenado a 25 años de penitenciaría como autor responsable de 37 delitos de “homicidio muy especialmente agravado”, por el traslado clandestino de presos políticos en 1978. “Es imposible tomarle la declaración porque tiene una parálisis y ni siquiera responde a lo que se le pregunta”, explicaron las fuentes militares consultadas por la diaria
El ministro de Defensa sostuvo que “es muy difícil” realizar el procedimiento. Según establece el código militar, los tribunales de honor deben ser integrados por oficiales retirados de similar jerarquía. En este caso serán Jorge Rosales, Carlos Díaz y Ángel Bertolotti, todos ellos ex comandantes en jefe del Ejército durante el mandato de Tabaré Vázquez.
Además de Álvarez, serán sometidos a tribunales de honor el capitán de fragata (R) Juan Carlos Larcebeau, los coroneles José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, Luis Maurente y JorgePajarito Silveira. En un oficio, la Suprema Corte de Justicia confirmó que todos ellos tienen “sentencia firme”. Si bien Fernández Huidobro cumplió con el procedimiento por aquello de la “ley fría como una navaja”, el ministro explicó a la diaria que “filosóficamente” está en desacuerdo con los tribunales de honor. “Han servido nada más que para cobrar cuentas entre ellos o para sancionar a alguien por lo que hizo. Se supone que juzgan el honor, pero aplican una de las sanciones más graves, que es el pasaje a reforma”, reflexionó. 
En el caso de los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente, los tribunales de honor juzgarán su “conducta moral” y su “comportamiento ético”. Si concluyen que un militar no representó a las Fuerzas Armadas con “honestidad y ética profesional”, se les puede aplicar la sanción más dura, que implica la pérdida de la condición militar, el derecho de uso del uniforme, la pertenencia a círculos sociales o la atención en el Hospital Militar. La jubilación (nunca la esperanza) es lo último que se pierde para los de verde oliva: aun pasando a “situación de reforma”, los militares la siguen cobrando a través de sus familiares.
Según señala el decreto firmado por Gregorio Álvarez en su artículo 27, “todo militar debe ser un ciudadano ejemplar; por ello incumbe, más que a cualquier otro, respetar las leyes del país, acatar la autoridad civil y dar prueba de urbanidad en el trato social”.

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jueves, 8 de octubre de 2015

La aventura de leer

El pasado martes 6 se  llevó a cabo
en la sede de Crysol
la primera charla sobre el Quijote
a cargo de Marcelo Estefanell


para ver el video de la misma hay
que  hacer doble click en el link de abajo






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