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viernes, 25 de septiembre de 2015

Vivir para contarlo

Testificó en Roma el maestro paraguayo que descubrió los archivos del Cóndor.

La diaria - 25 9 15 - Nadia Angelucci desde Roma, Italia.

María Bellizzi, de 91 años y madre de desaparecido.
Foto: Patricia Alvares, Efe (archivo, agosto de 2015

Se reanudó ayer en Roma el juicio por el Plan Cóndor, iniciado en marzo después de más de diez años de acumulación de pruebas por parte del fiscal Giancarlo Capaldo y de su sustituta Tiziana Cugini. El juicio tiene más de 30 imputados y más de 40 víctimas latinoamericanas con ciudadanía italiana. El único imputado que no es juzgado en ausencia es Jorge Néstor Tróccoli, uruguayo, que reside en Italia desde que se fugó del país, en 2007, cuando la Justicia uruguaya lo citó a declarar.
La audiencia de ayer empezó con un largo debate sobre las listas de testigos admitidos a declarar y el nuevo calendario de las audiencias. En la última audiencia de julio, la jueza Evelina Canale había comunicado la necesidad de armar un nuevo calendario y de reducir a 50% las listas de testigos; convocó a las partes a limitarse a testigos que “puedan aportar pruebas directas sobre los casos en examen”. Ayer, el abogado Fabio María Galiani, defensor del Estado uruguayo, advirtió que se requiere conocer con tiempo las citaciones para poder organizar de la mejor manera el trabajo y los traslados de las personas. La Corte ordenó a la fiscal Cugini presentar en la audiencia de hoy un nuevo calendario que tenga en cuenta todas las instancias.
“Estoy aquí para contar lo que viví, vi y oí en los centros de torturas paraguayos entre 1974 y 1977”. Martín Almada, que en 2002 ganó el Premio Nobel Alternativo por el descubrimiento del Archivo del Cóndor, fue el primero de los testigos que declaró ayer. Paraguayo, maestro de escuela primaria, seguidor de la metodología libertadora de Paulo Freire, presidente de los maestros en su país en los años 70, fue secuestrado en Asunción el 26 de noviembre de 1974. Un vehículo rojo, que era un centro de tortura móvil, como él mismo señaló a la Corte, lo secuestró en la calle junto a su sobrino. 
Los dos terminarían en dos centros distintos; el sobrino perdió un ojo en la tortura. Almada terminó su viaje delante de un grupo de militares, una especie de tribunal compuesto por militares paraguayos, brasileños, argentinos, chilenos, bolivianos y uruguayos, que atormentaban a sus víctimas con la cara descubierta. Sufrió 30 días de tortura y se enteró de que también su esposa había sido secuestrada. A ella le hacían escuchar su tormento hasta que un día le entregaron su ropa ensangrentada. En otro momento le dijeron que su esposo había muerto y que tenía que ir a recoger el cadáver; a la mujer le dio un infarto. A los tres años, una campaña internacional impulsada por Amnistía Internacional y el Comité Mundial de Iglesias y Organizaciones de Derechos Humanos logró sacar a Martín Almada de aquel infierno. Se exilió en Panamá y después en París. Dos preguntas quedaron en su mente: por qué fue torturado por militares extranjeros y cómo murió realmente su mujer (le dijeron que se había suicidado). 
Eso fue el empuje que lo llevó, después de 15 años de investigaciones, a encontrar el Archivo del Cóndor en Paraguay, conocido como “El archivo del terror”. La pista surgió del examen y seguimiento de una revista policial y de noticias y informaciones que le llegaban por fuentes reservadas. En 1992 solicitó ante el juez José Agustín Fernández el allanamiento del Archivo de la Policía. Mientras se gestionaba su pedido fue contactado por una mujer que declaró que los papeles que él estaba buscando no estaban en la capital, sino en un depósito fuera de la ciudad. La comitiva judicial llegó a la Sección Producciones de la Policía Nacional en Lambaré a las 11.00 el 22 de diciembre de 1992 y encontró alrededor de tres toneladas de documentos relacionados con el operativo Cóndor. 
Algunos de ésos fueron presentados ayer en el Aula búnker de Roma. “Hay miles de fotografías -dijo Almada-, documentos que atestiguan la coordinación de Estados Unidos en toda la operación, invitaciones a reuniones, fichas descriptivas con referencias personales y declaraciones obtenidas y redactadas en los cuartos de tortura; hasta documentos que establecían lo que tenían que comer los detenidos y lo que le tocaba a la tropa presente en el centro. Y un documento que tenía como título: “Como mantener en vida un torturado”. Ese documento, relató Almada, desapareció misteriosamente del archivo.
“Cuando descubrimos el Archivo del Cóndor teníamos miedo de la reacción de los militares y sabíamos que los documentos necesitaban una protección para evitar que alguien pudiera entrar y sacar de allí documentaciones e informes. Así golpeamos las puertas de todas las embajadas, pero nadie abrió. Después vino la Embajada de Estados Unidos y nos ofreció asistencia técnica. La rechazamos, pero la Corte Suprema de Paraguay firmó un acuerdo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por medio de la embajada estadounidense y hoy nuestro archivo está en estas manos. Estamos muy preocupados por eso”, dijo Almada a la diaria
Entre los documentos hay una carta del general Manuel Contreras Sepúlveda (uno de los imputados del juicio, fallecido en agosto de 2015) al general paraguayo Guanes Serrano que tiene como título “Primer encuentro de trabajo de inteligencia nacional”; el “pre Cóndor”, le llama Almada. Contreras indicaba las instalaciones de la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional, policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile) como el cuartel general para la centralización de la información sobre personas y organizaciones “conectadas con la subversión”, algo similar a una Interpol dedicada a la subversión.
“El Cóndor ha tenido dos movimientos: por un lado, una cara más tranquila, en Brasil, Bolivia y Paraguay, donde la izquierda ya estaba derrotada, y por el otro, una cara implacable en Argentina, Chile y Uruguay, donde había grandes movilizaciones y organizaciones, y por eso el mismo Kissinger [Henry, entonces secretario de Estado de Estados Unidos] ordenó cortar cabezas”, sostiene Almada. 
Agrega que aún estamos en las garras del Cóndor, que sigue actuando bajo otra forma: “Esa operación tiene tres etapas: la primera, el pre Cóndor, empieza en 1964 y se desarrolla en Brasil, después viene la fase multilateral que empieza en 1975 en Santiago de Chile. Ahora el Cóndor sigue volando por medio de la Conferencia de los Ejércitos Americanos que se reúne cada dos años, en noviembre, en un país diferente, y prepara listados de subversivos de América Latina. Esa operación significó la eliminación de fronteras para la eliminación de gente que tenía un pensamiento diferente. Dejó más de 100.000 víctimas en el Cono Sur de América Latina. Una bomba atómica que hizo sus víctimas entre los dirigentes sindicales, los estudiantes, los artistas, los profesores, los religiosos, los abogados, los médicos, los intelectuales. La clase pensante de América Latina se cortó entre 1975 y 1985”.

En el origen
La uruguaya María Bellizzi, acompañada por su hija Silvia, relató en la audiencia la desaparición de su hijo Andrés Humberto. En las pantallas del Aula pasaron las fotos en blanco y negro de la familia antes de la tragedia. A los 91 años atravesó el océano para decir “que hace 40 años que lo estamos buscando, y ya no creemos más en los cuentos de hadas. Sabemos quiénes son los responsables y sabemos que eso, a pesar de que la Corte sólo quiera pruebas, es también un juicio político”. Bellizzi fue una de las uruguayas con ciudadanía italiana que en 1999, junto con Luz Ibarburu, Aurora Meloni, Marta Casal de Gatti y Cristina Mihura, presentó ante el fiscal Capaldo la denuncia que dio origen al juicio.
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miércoles, 23 de septiembre de 2015

Luis Batalla: un crimen de Lesa Humanidad impune







El próximo Sábado 26 de Setiembre, la Comisión Especial de la Ley 18 596, a solicitud de un grupo de familiares y de ex – presos políticos de la zona, procederá a colocar una placa en homenaje a Luis Batalla  frente al cuartel en que fuera asesinado en mayo de 1972.

Luis Batalla integra la larga lista de uruguayos que murieron mientras eran interrogados por las Fuerzas Armadas luego que se instaurara el Estado de Guerra interno y, violando las disposiciones constitucionales, se dispusiera la competencia de la justicia militar para delitos propios del código civil.

Siendo militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), integrante del Frente Amplio, fue detenido junto a decenas de olimareños el 25 de mayo. Al otro día su cuerpo fue entregado a sus familiares. Su asesinato fue denunciado en el Parlamento por el diputado de dicho sector el Dr. Daniel Sosa Díaz en su momento.

Hasta el momento, a 43 años de ocurrido, la causa judicial que debe  establecer la verdad de lo ocurrido para identificar a los responsables y sancionarlos se encuentra paralizada, aunque los autores materiales del crimen han sido individualizados y son ampliamente conocidos en la zona.

La decisión de la Comisión Especial de la Ley 18 596 de rendir a homenaje a Luis Batalla colocando una placa frente al Batallón 10 de Infantería, se encuadra en lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de dicha norma.

Según el Artículo 7, el Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y establecer la responsabilidad del mismo por las violaciones a los derechos humanos. Las mismas tenderán a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado.

El Artículo 8 señala que en todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos. Al mismo tiempo podrá definir el destino de memorial para aquellos edificios o instalaciones que recuerden esas violaciones y podrá determinar la celebración de fechas conmemorativas de la verificación de los hechos. 

Aprobada en setiembre de 2009 y conocida como ley de reparación a las víctimas del Terrorismo de Estado,  la  ley 18 596 se aprobó durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, en base a un proyecto que presentó Crysol con el concurso del Dr. Oscar López Goldaracena. Significó, más allá de sus insuficiencias, un importante paso en el camino de afirmar la normativa de DDHH y de cumplir, en parte, con las obligaciones de Uruguay en base a lo dispuesto por la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.

La Comisión Especial de la Ley 18 596 está integrada por representantes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que preside la misma, del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crysol.

Militares y civiles

Si bien algunos civiles han sido procesados hasta el momento por su participación directa en las graves violaciones a los derechos humanos, las investigaciones judiciales se han enfocado básicamente en los militares, no por haber seguido la carrera de las armas, sino porque fueron precisamente ellos quienes jugaron un rol protagónico y decisivo en ellas. Han gozado,  además,  de todas las garantías del debido proceso, tal como corresponde.

Durante el terrorismo estatal, casi 200 casos  de ciudadanos detenidos desaparecidos se han constatado hasta el momento, encontrándose los restos de 13 solamente. Más de 200 personas fueron asesinadas en presuntos enfrentamientos, ejecuciones extrajudiciales, en la tortura o en los centros de reclusión. La prisión masiva de ciudadanos, asociada a la tortura, que incluyó los abusos sexuales, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las FFAA para aterrorizar a la población y mantenerse en el poder.

Todos los procesados hasta el momento, han sido condenados en base a pruebas documentales, algunas de ellas elaboradas en su momento por las propias fuerzas armadas, como en el caso del Gral. ® Pedro Barneix y el Cnel. ® José Puigvert y de testimonios múltiples, de víctimas sobrevivientes del horror y de integrantes de los mismos servicios represivos, tanto en Uruguay como en Argentina, Paraguay y Chile.

Suprema Corte de Justicia: los crímenes NO prescribieron

Castigar a quienes asesinan, rapiñan, estafan, violan o siendo funcionarios del Estado violentan las normas de DDHH es imprescindible, entre otras razones, para evitar que vuelvan a reiterarse, para evitar la justicia por mano propia, para asegurar la paz social y también para desalentar dichos comportamientos sociales.

En nuestra democracia, de acuerdo a las normas constitucionales vigentes, es obligación del Poder Judicial, con el auxilio de la policía,  investigar,  esclarecer y sancionar los delitos que se cometen. Es obligación pero al mismo tiempo potestad exclusiva y monopólica. El adecuado funcionamiento de la justicia es sinónimo de libertad, de garantías ciudadanas y de sistema democrático. La calidad de la democracia se asienta en un poder judicial independiente, eficaz y eficiente  que asegure el derecho de todos los ciudadanos.

Aunque los editorialistas de El País y el Observador no se han dado por enterados, la Suprema Corte de Justicia ya ha sentenciado que  el tiempo en que estuvo vigente la Ley de Caducidad no debe computarse a los efectos  del cálculo prescripcional de los delitos cometidos durante el período del terrorismo estatal. La vigencia de la Ley 18 548 fue un obstáculo insalvable para que el Ministerio Público pudiera cumplir con su cometido y para que las víctimas pudieran ejercer sus derechos. Son, además, crímenes de Lesa Humanidad  desde el Tribunal de Nuremberg al cual el país adhirió.

Para que las graves violaciones a los DDHH no vuelvan a ocurrir, el Estado tiene que sancionar a todos quienes participaron en ellas. Es una apuesta al presente y también al futuro del país. Para afirmar plenamente el Estado de Derecho y asentar una sólida democracia.

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Opinando Nº 11 – Año 4 – Miércoles  23 de setiembre de 2015



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martes, 15 de septiembre de 2015

Belela, la grande

Hizo del dolor su fuerza

La diaria - 15 - 09 - 15 - Por Ricardo Scagliola


Foto: Nicolás Celaya

Como a casi todas las cosas que hace, a ésta tampoco le dio publicidad. Muy a su pesar, la foto atravesó la cordillera en un mensaje de Whatsapp. En la foto, los dos sonríen a la cámara (el celular). Él arrima su mentón a la cabeza chiquitita de esa mujer grande. Ella luce una sonrisa de Gioconda, como si hubiera nacido para estar ahí. Brillan, fundidos en un abrazo protector. El fondo los delata: se abrazan en el Patio de los Cañones de La Moneda. Se conocieron una semana antes, en un piso del Palacio Lapido, en el centro de Montevideo, en una de esas veladas hermosas de las que es capaz esta ciudad con nombre de televisor. Se reencontraron en el homenaje a Salvador Allende que Michelle Bachelet le realizó al abuelo de Alejandro, en el mismo lugar donde hace 42 años una ráfaga de pólvora y bombazos terminó con el gobierno de Unidad Popular.
Un día antes, Belela Herrera había sido homenajeada por su aporte solidario durante la dictadura de Pinochet. Un papiro con su nombre bordado en letras de oro y acompañado de un clavel, atado con los colores de la bandera chilena, le fueron entregados por la propia Bachelet y su canciller. La ceremonia puede descargarse en internet. Hay que ver el aplauso que le dedicaron, y que ella respondió con un beso que lanzó al aire como una promesa.
Unos días antes, durante una entrevista que Alejandro Fernández Allende concedió a Lento, decía, sobre otro tema, pero acertando en el pulso inminente de Belela: “Para nosotros, los 11 de setiembre no son un día más”. “Vi el horror inimaginable, a miles de personas asesinadas o huyendo de la tortura y la desaparición. Sentí dolor en las entrañas”, confesaba sobre su propia reconversión de la adversidad en motor esta mujer que llegó a Chile acompañando a su marido, César Charlone, embajador de Uruguay en ese país y que se encontró con el peor costado del horror.
Y es exactamente ahí donde ella emergió como lección o como faro. Hizo del dolor su fuerza, y de su fuerza su paciencia. Tuvo el objetivo transparente de salvar la vida con apenas un Fiat 600 y un mandato, el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: proteger a los refugiados.
Cuando uno habla de Belela Herrera habla de las vidas rescatadas de Anatole y Victoria Julien, y de decenas de uruguayos anónimos y de otros tantos de muchas nacionalidades que pudieron zafar de la barbarie y que no existirían para ninguno de nosotros si no fuera por su mano solidaria. Muchas de estas historias aparecen relatadas en el libro Chile roto, que publicaron en 1993 Graciela Jorge y Eleuterio Fernández Huidobro, y que sirvió también para homenajear a otros héroes poco reconocidos, como Julio Baráibar.
Belela lo hizo, según ha dicho en varias ocasiones, “con compromiso y compasión”, citando a Luis Perico Pérez Aguirre. “¿La compasión qué es? Es eso: es trabajar con pasión”, explica ella, didáctica, moviendo sus manos como para redondear el concepto.
Esa misma compasión nos trajo, rescatados de los antros del mundo, a presos sin condena del infierno de Guantánamo, que probablemente nunca hubiesen visto la luz y amortiguado en algo su drama si no fuese por los llamados telefónicos, insistentes, porfiados, irreverentes, de Belela, que aquella noche los esperó a las tres de la mañana en la base aérea de Carrasco y que, durante la acampada frente a la Embajada de Estados Unidos, iba todas las tardes a llevarles té y galletitas para que pudieran pasar el mal trago tomando algo caliente.
Con ella el país empezó a rever el derecho al refugio, el más humanitario de todos los derechos, en el sentido más literal: lo está volviendo a ver. Y si lo ve es porque Belela nos ha obligado a enterarnos de que este derecho no es abstracto aunque transcurra en los subsuelos o los alrededores, o detrás de pantallas o relacionado con distintos poderes. Así llegaron al país cientos de refugiados sin notas de color ni aparición en los informativos. Fue, otra vez, su voz la que alertó una y otra vez al gobierno de lo que al final terminó ocurriendo: la mediatización de los refugiados resta.
Por algo, en esa ley que redactó allá por 2006, durante su pasaje por la cancillería (la 18.076, del Derecho al Refugio y a los Refugiados), “impone” al Estado, en su capítulo quinto, artículo 10, respetar el principio de confidencialidad. Había que verla a Belela, angustiada, el día que las familias sirias fueron recibidas con cámaras y flashes.
Viene a cuento porque es la actitud lo que la envuelve como un aura. Uno la observa, tratando de descifrar qué es lo que la hace tan alta, tratándose la suya tan evidentemente de una estatura moral.
Las andanadas xenofóbicas contra los refugiados caen tan bajo, entre otras cosas, por el choque con la estatura moral de Belela. Es como si Uruguay presenciara en directo la escenificación de lo alto y lo bajo. Lo bajo son el fracaso de la Justicia, la falta de solidaridad por los motivos que fueren, la incapacidad de apelar al sentido común. Lo alto es Belela.
Una señora autoarrancada de la placidez y el confort de una embajada para internarse en parajes perdidos, en escondites del horror, en historias de un dolor intransferible. Esa señora es la que ahora viene a decirle a la sociedad uruguaya que lo que se creía que era el reino de la solidaridad, la Suiza de América de los derechos humanos, aún tiene mucho que hacer para desprenderse de otro mundo, mucho más abismal, incrustado en cierta herencia de la dictadura.
Puede cambiar el aumento de la lente o la posición de los prismáticos, pero de lo que sigue hablando hoy Belela Herrera es de los derechos universales. “Hermoso sería imaginar un mundo con muchas Belelas y más hermoso todavía sería que ese mundo fuera real, verdadero, visible y escuchado a pesar de todos los pesares. El buen toro de lidia se crece en el castigo, según escuché decir en tierras ibéricas; y mucho más se crece cuando el toro resulta ser tora, hembra más valiente y porfiada que todos los machos juntos”, escribía con razón Eduardo Galeano. “Belela, la grande”, la describe el texto que acompaña la foto que llega por Whatsapp desde el otro lado de la cordillera. El remitente sabe de grandezas.
Escribir en un diario es un privilegio y una profesión, un servicio a quien nos lee. El trabajo del periodista es sumar a lo que el público ya conoce. Ahora, mientras se teclea, suena imposible. O casi. ¿Qué se puede agregar a esas tres palabras separadas por una coma? Hay ocasiones en que los acontecimientos nos superan. Nos revelan, a su manera, la limitación de nuestros recursos.
Y otra vez no dejan de asombrar esa mujer y ese atributo que la vuelve alta: su temple, su conexión con una causa de profundidades insondables. En esas aguas interiores, ella se pone en contacto con su propio motor, que es el de la dignidad con mayúscula. La certeza sorprende, abomba, conmueve: Belela Herrera es la templanza. De eso están hechas todas las civilizaciones. Sin eso no se construye nada.
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Presidente de todos

Se inauguró en Goes la plaza José D'Elía, “padre de la unidad del movimiento sindical”

La diaria - 15 09 15


Inauguración de la plaza José D'Elía, ayer, en Goes. Foto: Iván Franco

El espacio público ubicado entre las calles Juan José de Amézaga, Ramón del Valle Inclán, Libres y Porongos pasó ayer a denominarse plaza José D'Elía, en homenaje al histórico dirigente sindical, fallecido en enero de 2007.
El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo tras la inauguración que Pepe D'Elía fue “una especie de maestro de ética” y “uno de los tipos más importantes del país, respetado por todo el mundo”. “Terminó viviendo con su hija porque la pensión no le daba para vivir. Para mí fue un segundo padre que me enseñó muchas cosas, sobre todo valores”, agregó.
D'Elía se afilió a la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio e Industria en 1940 y participó en el proceso de unificación sindical que desembocó en la creación de la CNT como central única, de la que fue presidente a partir de 1966. Miembro del Partido Socialista desde 1934 y cofundador de la Juventud Socialista del Uruguay (tenía el carné número 1), fue candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio en 1984, como compañero de fórmula de Juan José Crottogini.
“Construyó, junto con los de su generación, una lógica de altísimo valor para el movimiento sindical, de contacto con la academia, la cultura, el arte, el deporte. Generó un arco de alianzas muy fuerte”, expresó el actual presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. D'Elía “siempre tenía un as debajo de la manga” y “si llamaba a cualquier persona de la escena nacional, lo atendía sin problemas”, agregó. Pereira también destacó el rol de D'Elía en la resistencia a la dictadura y en la reorganización del movimiento sindical en los años 80. “D’Elía fue el padre de la unidad del movimiento sindical. No es una paternidad menor”.
En la inauguración estuvieron también los ex intendentes de Montevideo Ana Olivera y Mariano Arana, el cardenal Daniel Sturla y legisladores y dirigentes sindicales.

Pereira anunció que se mantendrán conversaciones con los intendentes para que “en todo el país haya una referencia de magnitud” a D'Elía, y recordó que la ruta 101, en Canelones, fue recientemente rebautizada en su homenaje.
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Entregado

Amodio Pérez fue procesado con prisión como coautor de delitos de privación de libertad en colaboración con militares.

La diaria - 15 09 15

Héctor Amodio Pérez durante la rueda de prensa, el 7 de agosto, en el hotel Sheraton.
Foto: Santiago Mazzarovich

Un mes y una semana después de su regreso a Montevideo después de 43 años, Héctor Amodio Pérez, considerado traidor del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), fue procesado con prisión ayer por la jueza Julia Staricco, por el delito reiterado de privación de libertad. 
En su fallo, divulgado en la tarde de ayer después de notificar al involucrado, la jueza establece que en estas semanas, a raíz de datos aportados en 17 declaraciones de testigos, entre ellos ex militares que revistieron cargos de jerarquía en el Batallón Florida y ex militantes del MLN, varios careos e informes médico-forenses, se reunió “semiplena prueba” para entender que Amodio Pérez “participó en diversas detenciones de civiles”. 
Los detenidos, añade, eran llevados al Batallón Florida, “siendo sometidos a interrogatorios con la finalidad de obtener información, lo que implicaba apremios físicos, como submarino seco o el tacho, la picana, plantones. Incluso hasta llegar a la muerte como fue el caso de E.A., alias ‘el pajarito’, a quien presuntamente los militares le dieron muerte cuando lo iban a detener”. La jueza concluye, y coincide con el pedido de la fiscal Stella Llorente, que Amodio actuó “amparado por los militares del momento. Ellos fueron los que le dieron un tratamiento especial que al resto de los detenidos, con ellos salía a identificar personas, incluso llamándolo Sargento González. Por lo tanto si bien no integraba el grupo militar de ese momento, actuó bajo su órbita, colaborando en la detención de personas, las que luego eran llevadas a distintos centros de reclusión”.
Sin domicilio
La jueza dictamina el procesamiento con prisión de Amodio, coincidiendo con el pedido de la fiscal, aunque sugiere que sea evaluado por un médico forense “atento a su edad avanzada y su estado de salud”, para determinar si corresponde o no su prisión domiciliaria. Amodio Pérez tiene 78 años y varios problemas de salud, según recordó ayer su abogado, Andrés Ojeda. Sufre de hipertensión, a lo que se suma una reciente intervención quirúrgica. “Es probable, recomendable, absolutamente comprensible y hasta obvio, que no debería ir a una prisión sino que debería ser recluido con prisión domiciliaria”, consideró el abogado defensor ayer.
Ojeda dijo que Amodio Pérez tomó “con calma” la resolución y se refirió a sus declaraciones al semanario Búsqueda, en las que había asegurado que no iría preso: “Él entiende y entendió siempre que no iba a ir preso porque entiende que no tiene ninguna responsabilidad, pero eso nunca significó que iba a desoír un pronunciamiento judicial. Él pensó que esto nunca iba a ocurrir”. Ojeda se manifestó “sorprendido” por la decisión de Staricco y anunció que apelará el fallo en las próximas horas. “Nos cuesta entender la diferencia con lo que resolvió [la jueza] con relación a Asencio Lucero, para quien esperó a resolver la prescripción previo a dictar un procesamiento”.
Respecto de la prescripción del delito, alegada por la defensa de Amodio, la jueza asegura en el fallo que sin importar el criterio de prescripción que se tome, “teniendo en cuenta el plazo de prescripción de diez años, los mismos no prescribieron y amerita en consecuencia continuar con las actuaciones”. Sobre el otro argumento al que apeló la defensa, que fue que debía aplicarse la Ley de Amnistía de los presos políticos, la jueza recuerda que esa ley “pretendió salir en paz del quiebre institucional producido a partir del 27 de junio de 1973 y que duró hasta el 1º de marzo de 1985 en que asumió el primer gobierno elegido libremente”, y que justamente Amodio Pérez actuó “amparado por los militares del momento”.
La jueza rechaza en el fallo otro argumento que planteó Ojeda, que apuntaba a que la colaboración de Amodio ocurrió bajo un régimen democrático, por lo que “parecería ser que los cuerpos militares habrían estado autorizados a proceder a las referidas detenciones”. Staricco, en cambio, asegura que las detenciones del período “no fueron detenciones amparadas bajo ninguna norma. Porque dichas privaciones de libertad implicaban el ser detenido sin ninguna causa, sin pasar en muchos casos por algún juzgado, y todavía ser víctimas de distintos apremios físicos. Y cuando se lograba ir a un juzgado era para cumplir un simple formulismo”. Eran, concluye, detenciones “totalmente arbitrarias e ilegales”, por lo que encuadran en el delito de privación de libertad, previsto en el artículo 281 del Código Penal, que establece como pena de un año de prisión a nueve años de penitenciaría.
El fallo detalla que Amodio Pérez fue detenido en mayo de 1972 y llevado al Batallón Florida, donde permaneció hasta octubre, cuando fue trasladado al Regimiento 9º de Caballería. Allí estuvo hasta octubre de 1973, cuando fue autorizado a salir del país junto con su compañera, con pasaportes falsos.
Mientras estuvo detenido, y gracias a su colaboración, Amodio logró que su pareja, Alicia Rey, fuera llevada con él. Varios testigos lo identificaron señalando a detenidos, e incluso algunos lo ubican en las sesiones de tortura. Según el auto de procesamiento, uno de ellos recordó escuchar su voz “en una de las sesiones de interrogatorios donde éste dice ‘no vale la pena porque éste no sabe nada o no estuvo en nada importante porque siempre estuvo en el sector político’”. “El trato que él hizo fue que ordenaría los papeles de la OCOA [Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas], teniendo que descifrar los seudónimos o apodos. Pero como eso no podía hacerlo solo, pidió que trajeran a su pareja. Pero su tarea no sólo fue esa, sino que también en reiteradas oportunidades, vestido de militar, salió a patrullar junto a militares, entre ellos con O.P., y ‘marcar gente’, incluso lo llamaban Sargento González, lo que surge probado más allá de la negativa del indagado”, establece la jueza.
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jueves, 3 de septiembre de 2015

Ni tiento que no se corte





Por razones políticas, gremiales o ideológicas, durante el terrorismo de Estado miles de ciudadanos fueron privados arbitrariamente de su libertad. Miles y miles. Salvo excepciones, que las hubo, todos fueron sometidos a atroces torturas y juzgados ilegítimamente por tribunales militares sin garantías de ningún tipo.  


Más de 7.000  fueron formalmente sentenciados por ellos  y permanecieron recluidos en promedio 6,6 años. Un reducido grupo de detenidos fueron forzados a brindar información a cambio de detener la tortura y recuperar su libertad. Un grupo más escaso, claramente identificado, conocido y denunciado en las diferentes causas que se procesan en la actualidad, colaboró activamente, llegó incluso a incorporarse a los servicios represivos y participó, por lo tanto, en las actividades delictivas que los mismos cometieron.

Al retornar a la vida democrática el Estado uruguayo no inició, específicamente el poder judicial, ninguna acción destinada a investigar y a esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos para identificar a los responsables de ellas y castigarlas.

Fueron las propias víctimas y sus familiares quienes asumieron, a su propio costo y riesgo, la dolorosa y ardua tarea de presentar las correspondientes denuncias para promover el accionar judicial. Ante la presión de las Fuerzas Armadas, el 22 de diciembre de 1986, con los votos del Partido Colorado y de un sector del Partido Nacional, el Parlamento aprobó la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado que sometió el poder judicial al poder ejecutivo y amnistió en los hechos a los criminales.

En un fallo histórico, mediante la Resolución 365/2009, redactada por el Dr. Jorge Chediak, en octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estableció la inconstitucionalidad de dicha norma para el caso Nibia Sabalsagaray a petición de la exfiscal Dra. Mirtha Guianze. Posteriormente mantuvo dicho pronunciamiento para casos sucesivos. Luego que en febrero de 2011 la Corte Interamericana de DDHH sentenció la nulidad fáctica de dicha norma en el caso Gelman vs Uruguay, en octubre de ese año, el Parlamento a través del artículo 1º de la Ley 18 831 derogó la caducidad y restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado.

La dictadura cívico militar fue una tragedia nacional cuyas consecuencias perduran hasta el día de hoy. 196 detenidos desaparecidos, más de 250 asesinados, miles de uruguayos forzados al exilio para preservar su libertad y su vida. Fue un auténtico calvario, especialmente, para miles de uruguayos que fueron privados de su libertad, juzgados por tribunales militares sin garantías de ningún tipo, luego de días, semanas y meses de estar desaparecidos, encapuchados, sin ningún contacto con el mundo exterior o sus familiares, siendo sometidos a torturas inenarrables que incluyeron los abusos sexuales no solo a las mujeres.

Debido a la presión ejercida por los terroristas estatales directamente involucrados, los centros militares, las fuerzas armadas, los grupos económicos que apoyaron y lucraron con la dictadura,  de los medios masivos de comunicación, liderados por El País, que apoyaron el proceso y/o militaron a favor de la impunidad, hasta el momento solo un puñado de represores y golpistas ha sido juzgado y condenado.

La detención masiva de ciudadanos junto con la tortura fue la metodología deliberadamente seleccionada por las fuerzas armadas para destruir a los opositores. En dicha práctica aberrante participaron centenares de oficiales y policías en todo el país. A pesar de ello, a treinta años del retorno a la democracia, hasta el momento no hay ni una sola persona procesada por dicho delito, que en el caso uruguayo, desde 1969 es un crimen de Lesa Humanidad, imprescriptible e inamnistiable.

Los ojos en la nuca, revanchismo, olor a venganza

En todos estos años, los medios masivos  de comunicación han impulsado fervientes campañas mediáticas para atacar y denigrar a aquellos operadores judiciales que impulsaron la investigación de dichos delitos. Las operaciones mediáticas contra la exfiscal Dra. Mirtha Guianze y la lapidación   pública de la Dra. Mariana Mota son ejemplos paradigmáticos de un accionar que continúa hasta el día de hoy y se renueva permanentemente.

Escudados en un falso profesionalismo independiente, acusan a los operadores judiciales de politizarse, de procesar sin pruebas, desvirtúan los pronunciamientos judiciales, amplifican las declaraciones de los criminales que se victimizan, esgrimen el olor a venganza, criminalizan el legítimo accionar de las víctimas y siembran dudas sobre la conducta de miles de luchadores sociales y políticos que enfrentaron el pachequismo y el terrorismo de Estado pagando un durísimo precio por ello para recobrar la libertad y la democracia.

Doblemente victimizadas

Las víctimas directas del terrorismo de Estado, los expresos políticos especialmente, en Uruguay han sido doblemente victimizadas de acuerdo a las normas de DDHH que nuestro país ha refrendado.

Durante la larga y violenta noche que se empezó a recorrer desde que Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad para reprimir al movimiento sindical y estudiantil el 13 de junio de 1968 hasta el 1 de marzo de 1985 sufrieron la violación sistemática de sus derechos humanos.

En democracia, tal como lo estableció la Resolución 365/2009 de la Suprema Corte de Justicia sufrieron la violación de su legítimo derecho de acceder a la justicia como lo establecen las normas constitucionales vigentes. Recién en octubre de 2011, al restablecerse   la pretensión punitiva del Estado, recuperaron dicho derecho aunque las causas judiciales se han visto entorpecidas por los innumerables recursos de inconstitucionalidad presentados por los defensores de los terroristas estatales.

En el plano reparatorio, recién en octubre de 2006, a más de 20 años del retorno a la democracia,  el Estado aprobó la ley 18 033  que reconoció que quienes habían sido presos políticos habían sido injustamente privados de su libertad y debían ser reparados por ello. Dicha norma, valiosa e importante, continúa violentando los derechos de las víctimas tal como lo estableció la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) en diciembre de 2012 y el Relator Especial de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff en setiembre de 2014.

Dicha ley no repara a todos  los expresos políticos  y los obliga a renunciar a otros derechos ciudadanos como las jubilaciones y las pensiones, incluso las pensiones de sobrevivencia que generan los cónyuges cuando fallecen. Aunque los expresos políticos cargan con graves secuelas fruto de las duras condiciones de reclusión, tienen una mayor de tasa de morbimortalidad y menores expectativas de vida que el resto de la población, a más de 5 años de haberse sancionado la Ley 18 596, siguen sin poder elegir libremente el prestador de salud y tienen prohibido el ingreso al FONASA. Además el Ministerio de Salud Pública sigue sin cumplir con las disposiciones de ella y del propio Decreto 297/2010 que la reglamenta.

Una democracia asentada en la justicia

Castigar a quienes asesinan, rapiñan, estafan, violan o siendo funcionarios del Estado violentan las normas de DDHH es imprescindible, entre otras razones, para evitar que vuelvan a reiterarse, para evitar la justicia por mano propia, para asegurar la paz social y también para desalentar dichos comportamientos sociales.

En nuestra democracia, de acuerdo a las normas constitucionales vigentes, es obligación del Poder Judicial, con el auxilio de la policía,  investigar,  esclarecer y sancionar los delitos que se cometen. Es obligación, potestad exclusiva y monopólica. El adecuado funcionamiento de la justicia es sinónimo de libertad, de garantías ciudadanas y de sistema democrático. La calidad de la democracia se asienta en un poder judicial independiente, eficaz y eficiente y que asegura el derecho de todos los ciudadanos.

La Suprema Corte de Justicia ya ha sentenciado que  el tiempo en que estuvo vigente la Ley de Caducidad no debe computarse a los efectos  del cálculo prescripcional. Para que las graves violaciones a DDHH no vuelvan a ocurrir, el Estado tiene que sancionar a todos quienes participaron en ellas. Es una apuesta al presente y también al futuro del país.

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Opinando Nº 10 – Año 4 – Jueves 3 de setiembre de 2015 

"Les decía cobardes"

Barneix se suicidó ayer, procesado junto a Puigvert por el homicidio político de Aldo Perrini.


La diaria - 3 9 15 - Por Cecilia Alvarez



Pedro Barneix cuando concurría al juzgado de la calle Misiones,
el 27 de agosto. Foto: Federico Gutiérrez


En el momento en que la Policía fue a notificarlo de su procesamiento y detenerlo, Pedro Barneix se dirigió a una de las habitaciones de su casa en Pocitos y se mató de un disparo. La jueza Beatriz Larrieu lo acababa de procesar con prisión por el homicidio de Perrini, en 1974, cuando Barneix era teniente del Ejército. El fallo determina también el procesamiento de José Puigvert, en prisión desde ayer, y se enmarca en los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles: “La muerte de Aldo Perrini en manos de funcionarios del gobierno militar, ocurrida en el marco de la detención ilegal y sometimiento a torturas por su sola y presunta afinidad con una organización política de izquierda, encuadra claramente en la tipificación del Homicidio Político”, concluye la Justicia.
Dino Perrini tenía seis años cuando su padre, conocido como Chiquito, fue secuestrado en su heladería de Carmelo, el 26 de febrero de 1974, en el marco de un operativo de detención en la ciudad. Los efectivos militares lo llevaron al Batallón de Infantería Nº 4, en Colonia del Sacramento. Con los ojos vendados, Perrini y los otros detenidos pasaron varios días de plantón. “Los hombres eran golpeados y las mujeres eran reiteradamente sometidas a tratos degradantes por personal del Batallón, tales como obligarlas a permanecer de pie desnudas, manosearlas, tocarles la zona genital y apretarles los pezones, llegando incluso a la violación. Todas las testigos que declararon en autos afirmaron haber sido víctimas de violación por parte de los militares”, establece el fallo de la jueza, que da paso, a su vez, a nuevas investigaciones por estas denuncias de torturas. 
Testimonios de varios detenidos, que coinciden con los de los soldados, apuntaron que Chiquito “pretendía intervenir para que los militares no abusaran de las jóvenes, profiriendo insultos hacia ellos, ante lo cual recibía insultos y mayores apremios físicos de parte de los captores. [...] esa actitud de Perrini parecía molestar a los militares, quienes se ensañaban con él especialmente”. Incluso, uno de ellos declaró, según consta en el auto de procesamiento, que Perrini “les decía ‘cobardes’ a sus captores”.
Homicidio político
La fiscal Ana María Tellechea había pedido el procesamiento con prisión, en junio de 2012, de Wa- shington Perdomo, segundo jefe del Batallón de Infantería Nº 4, encargado del establecimiento el día de la muerte de Perrini. Perdomo murió en 2014, antes de que la jueza pudiera pronunciarse sobre el pedido de la fiscal. También había pedido el procesamiento del capitán José Baudean, que revestía en el batallón y murió en 2012. Barneix cumplía funciones como capitán de servicio y tenía a su cargo al personal de la guardia perimetral, mientras que Puigvert estaba en el batallón porque vivía allí.
El mayor hallazgo de la causa fue el expediente de la Justicia militar 257/74, que investigó la muerte de Perrini. Allí consta que en la tarde del 3 de marzo fue trasladado a la sala de interrogatorios. En determinado momento -estiman que fue entre 15 y 30 minutos después-, Perrini perdió el conocimiento. El médico del batallón, Eduardo Solano, dictaminó el traslado de Perrini al Hospital Militar. Junto al enfermero y el médico viajó también Perdomo, y a la altura del kilómetro 110 de la ruta 1 Perrini murió.
La autopsia realizada en aquel momento determinó hematomas en el tórax y en el abdomen, múltiples hemorragias y lesiones, pulmones distendidos, e indicaba como causa de muerte edema agudo de pulmón. 
Cuando el juez militar Ruben Bonjour les preguntó a los militares por estas lesiones en el cuerpo, “todos los atribuyeron a caídas al piso, golpes que se daba contra la pared”, a lo que la jueza señala que, además de inverosímiles, fueron excusas “expresamente descartadas” por los peritos que hicieron en 2012 la autopsia histórica: esos hematomas “eran incompatibles con golpes accidentales o autoinfligidos. Por el contrario, fueron concluyentes en afirmar que se trataba de una víctima multigolpeada y agregaron que los hematomas constatados en zona de epigastrio y genitales demostraban especialmente la intención del agresor de provocar un gran dolor, por tratarse de regiones del cuerpo especialmente sensibles”. 
“Del expediente militar resulta en forma incuestionable que quienes participaron del interrogatorio del día domingo 3 de marzo de 1974 fueron el Capitán Baudean y los Tenientes 1º Barneix y Puigvert. Si bien los partícipes negaron maltrato al interrogado, reiteraron las referencias al ‘trato riguroso’ de los detenidos”, consigna Larrieu.
Homicidio político es aquel cometido por agentes del Estado contra una persona por sus actividades u opiniones políticas, y la Ley 18.026 prevé penas de 15 a 30 años de penitenciaria. La jueza aclara que es un delito de lesa humanidad, y explica que éstos son los que afectan “no sólo a la persona y comunidad de que se trate, sino a toda la humanidad”, para después aclarar que este tipo de delitos eran considerados crímenes por la comunidad internacional desde mucho antes del homicidio de Perrini, más precisamente, desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial.
El último 3
Dino tiene ahora 47 años. Ayer estaba en Fray Bentos cuando se enteró de la noticia, pero llegó a Carmelo y se abrazó con sus hermanos Aldo y Piero, el más chico, que fue el que hizo la denuncia en 2010, respaldado por el abogado Óscar López Goldaracena. “Estamos contentos, no por cómo terminó la cosa, sino por los procesamientos; se los juzgó como tenía que ser”, dijo Dino anoche en diálogo con la diaria. Sobre el suicidio de Barneix no quiso opinar. Explicó por qué no fue hasta 2010 que su hermano tuvo la voluntad de denunciar: “Siempre pensamos que la gente que había matado a papá no vivía, y fue un tema del que nunca se habló. Hay gente que decía que se lo buscaron, pero papá nunca fue ni a un club político. Tenía ideales, votó al Frente Amplio. Era un comerciante, trataba con mucha gente, y alguien lo escuchó”.
Por las demoras que tuvo el expediente judicial, él, sus hermanos y mucha gente de Carmelo se reunían los 3 de cada mes alrededor del busto de Perrini que está en la plaza Independencia, frente a la heladería Perrini, que todavía atiende el hermano de Aldo. Mañana estarán allí a las 20.30, y será el último encuentro: “Es por papá y por la gente que estaba con él, que sufrió mucho. Espero que esté orgulloso. Lo logramos”.
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