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jueves, 11 de junio de 2015

La hora de cortar

Comisión Internacional de Juristas considera que Grupo por Verdad y Justicia es “la última chance” uruguaya para romper la impunidad.

La diaria – 11 6 15  - Por Azul Cordo


Robert Goldman, Wilder Tayler y Alejandro Artucio, de la Comisión Internacional de Juristas, ayer, en Crysol. Foto: Pablo Vignali


Alejandro Artucio, Wilder Tayler y Robert Goldman son tres de los 60 jueces y abogados que componen la Comisión Internacional de Juristas (CIJ). Esta semana visitan Uruguay en el marco de una misión de seguimiento al informe que emitieron en enero de este año titulado “Uruguay: la lucha por Verdad y Justicia en la encrucijada” en el que señalaban que los “ataques” del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, a la organización Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) parecían “de los años de la dictadura” y exhortaban al entonces gobierno electo de Tabaré Vázquez a que mostrase “determinación y liderazgo” en el abordaje del pasado reciente y adoptara las medidas necesarias “para prevenir el deterioro del debate”. En diálogo con la diaria, los juristas se manifestaron “optimistas” ante la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, pero advirtieron que ésta es “la última chance” que tiene Uruguay para romper con la impunidad.
Goldman, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), opinó que si a este grupo no se le asigna el liderazgo y los recursos que Vázquez prometió, “Uruguay se convierte en España”, en referencia al estado de parálisis judicial en el que permanecen las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el franquismo.
“En estos 30 años de democracia, la falta de progreso en las causas uruguayas es inaceptable”, añadió. “Acá hay 30 años de frustraciones”, continuó Tayler, que enumeró la falta de Justicia desde la recuperación democrática, la aprobación de la ley de Caducidad, los plebiscitos con sus votos verdes y rosados que no aceptaron la anulación de la amnistía para los represores, la Comisión para la Paz y el “retroceso” durante la presidencia de José Mujica, “respecto al avance que significó el primer gobierno del Frente Amplio” en términos de investigación y reparación a las víctimas del terrorismo de Estado.
“El segundo gobierno de izquierda tuvo un discurso convalidatorio de la impunidad. Por eso el nuevo Grupo genera expectativa -aunque con recaudos- en la sociedad civil. Se quiere creer [que esta vez habrá verdad y justicia]”, sostuvo el secretario general de la CIJ.
La misión mantuvo una reunión el martes con Vázquez, quien “manifestó su voluntad política de avanzar y proveer liderazgo en el tema, brindando instrucciones claras a sus subordinados, cuyas prácticas tengan consecuencias”, sintetizó Tayler.
Por su parte, los juristas destacaron especialmente dos falencias en la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado: “Primero, que tengan que optar entre la jubilación y la pensión reparatoria, cuando la primera forma parte del derecho laboral y lo segundo responde a lo que el Estado le debe como compensación por las violaciones que cometió; segundo, que sólo las víctimas que sufrieron lesiones gravísimas pueden calificar para la reparación”.
“Vamos a ver qué nos informan las autoridades en los próximos meses y habrá que reclamar por aquello en lo que no se avanza lo suficiente”, señaló Artucio, quien fue abogado de presos políticos hasta figurar en la lista de “condenados a muerte” por el Escuadrón de la Muerte. Estuvo cautivo en el Batallón 14, el 2º de Infantería, la Escuela de Armas y Servicios y en el sector 2B del Penal de Libertad. Ya libre, se convirtió en una figura emblemática entre quienes denunciaban desde el exilio las torturas y desapariciones en Uruguay. Durante el primer gobierno de Vázquez fue embajador ante Naciones Unidas en Nueva York.
Volver a casa
Seis meses han pasado desde que el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, tildó de “imbéciles” a los integrantes de Serpaj y expresó que si esta organización de derechos humanos “lo autorizaba a torturar” él podía conseguir información de militares, como respuesta a la denuncia pública en la que se establecía que dicha cartera no cooperaba en las investigaciones ni entregaba archivos. En vísperas del 20 de mayo, el jerarca volvió a aludir como “enfermitos y enfermitas” a las organizaciones sociales y personas que ejemplificaban las dificultades para acceder a legajos militares. “Sigue haciendo lo mismo que antes y se deberá evaluar su continuidad en el cargo”, opinó Tayler. “Para la misión es claro que el ministro de Defensa le prestaría un gran servicio a la patria si se fuera para su casa. Si no, habría que cambiarlo. Para la CIJ es impresentable”, expresó Artucio.
“Organismos como Serpaj merecen reconocimiento y un debate respetuoso que permita avanzar en la búsqueda de los desaparecidos. Los ataques del Ministro de Defensa contra las organizaciones de derechos humanos, aludiendo a una conspiración internacional desestabilizadora, son reminiscentes de los años de la dictadura y han causado alarma en la comunidad internacional,” indicó Tayler en el informe de enero.
Tun tun, ¿quién es?
Tayler, Goldman y Artucio también dialogaron con la Institución Nacional de Derechos Humanos, Serpaj, el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur) y la Asociación de ex presos políticos Crysol.
En el informe de enero señalaban que Uruguay “tiene serios problemas”, en comparación con la región, para lograr un contexto de justicia transicional. Yvonne Klingler, una de las 28 ex presas políticas que realizaron en 2011 la denuncia colectiva por violencia sexual aplicada en forma sistemática durante la dictadura, recordó ayer ante los juristas que, en la actualidad, 60% de las causas de derechos humanos están en etapa de “presumario” para la Justicia nacional, a lo que se suman numerosas apelaciones por parte de las defensas de militares y policías imputados que “dilatan” las investigaciones.
Durante la reunión, desde Crysol remarcaron a los juristas su preocupación por la manifiesta “muralla” contra la que se toparían las causas por delitos de lesa humanidad cuando las sentencias llegaran a la Suprema Corte de Justicia.
“La Corte no puede sostener que el Derecho internacional no tiene injerencia en el Derecho nacional porque el primero es superior”, afirmó Artucio al recordar que Uruguay “adhirió a determinados tratados que completan las leyes nacionales y tienen más fuerza que éstas. Ningún juez puede dejar de cumplirlos porque estaría cometiendo un delito”.
El secretario general también criticó la expresión dicha en su momento por Mujica y reproducida hasta el presente: “Esto se acaba cuando nos muéramos todos...”: “Si un grupo de [ex] guerrilleros no quiere su reparación, ellos no tienen derecho moral ni jurídico para negar esto a los demás”, opinó.
“No se cierra una transición por decreto, ni se produce la pacificación por decreto”, agregó y concluyó: “No se puede decir que hay una democracia completa o reparación cuando se sostiene una política de olvido. No se va a conducir a la paz social si quienes han sido torturados deben seguir reclamando justicia”.
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viernes, 5 de junio de 2015

Los muchachos

Audiencia en Roma por Plan Cóndor reconstruyó el caso de Daniel Banfi, uruguayo torturado y asesinado en Argentina.

La diaria - 5 6 15 - Por Nadia Angelucci desde Roma

“Nos llevamos los muchachos. Si no surgen pruebas, no pasa nada; si no, los llevamos a Uruguay”. Éstas son las palabras que Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi, escuchó, pronunciadas por Héctor Campos Hermida, comisario uruguayo que se presentó en la noche del 13 de setiembre de 1974 en su casa del barrio Haedo, en la provincia de Buenos Aires. Coinciden con la última vez que vio a su marido, Daniel. Una mirada intensa entre los dos, de angustia y miedo, de algo irreversible. “No sabía que era la última vez que nos mirábamos”, declaró ayer Aurora delante de la Tercera Corte de Assise, en Roma, en el desarrollo del juicio por la causa del Plan Cóndor. Los imputados por las desapariciones forzadas y asesinatos de 23 ciudadanos italianos y 18 uruguayos son 31 (15 uruguayos, 11 chilenos, cuatro peruanos y un boliviano).
Meloni reconstruyó para los jueces las circunstancias del secuestro de Daniel Banfi, de Rivera Moreno y de Luis Latrónica, los tres muchachos capturados en su apartamento aquella noche. Fue una casualidad que los tres estuvieran juntos. Rivera Moreno había ido a cenar con ellos y se había quedado a dormir, y Luis Latrónica, uruguayo exiliado en Chile después del golpe de Estado en Uruguay y que llegó a Argentina bajo la protección de la Organización de las Naciones Unidas en espera de ser trasladado a Suecia, vivía con ellos desde hacía un mes y medio. El allanamiento del apartamento de la pareja siguió el guion habitual: golpes, robos, preguntas. Primero a Daniel, pero cuando los militares pidieron los documentos de todos los presentes y se enteraron de que en el mismo apartamento estaba Latrónica, uno de ellos dijo, según relata Meloni: “Metimos un gol desde la mitad de la cancha”. La suerte de los tres muchachos secuestrados esa noche se cruzaría con la de Guillermo Jabif y Nicasio Romero, capturados la misma noche y detenidos ilegalmente juntos. Todos ellos tenían militancia estudiantil más o menos cercana al Movimiento 26 de Marzo y habían dejado Uruguay para huir de la represión; terminaron en una detención clandestina que para tres de ellos acabó en la muerte.
La historia de estos cinco muchachos la cuenta Nicasio Romero, presente ayer en Roma, uno de los dos sobrevivientes del grupo y testigo en el juicio. Su testimonio es detallado y relata más de un mes de torturas, traslados, golpes, palizas y hambre: “Me aplicaron la picana eléctrica en los genitales. No tengo palabras para describirlo”. Estuvieron todo el tiempo vendados y amarrados, custodiados por argentinos e interrogados por uruguayos. Él y Rivera Moreno fueron liberados el 14 de octubre de 1974; los otros tres fueron asesinados y sus cuerpos fueron hallados el 29 de octubre en un campo en San Nicolás. Después de innumerables trámites apareció un juez de apellido Luque, a quien Aurora había consultado varias veces, en su peregrinaje en busca de su marido, con un diario y la noticia del descubrimiento de tres cadáveres, y, a pesar de no tener ninguna prueba, declaró que entre los tres cuerpos se encontraba Banfi. El relato de Aurora Meloni y Óscar Bonilla, cuñado de Jabif, que fueron a reconocerlos, es estremecedor. Meloni y Bonilla llegaron a la morgue del hospital de San Antonio de Areco y encontraron tres cuerpos, dos en una mesa y uno en el piso, sin manos y con quemaduras de cal en todos lados, y reconocieron a Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica. 40 años transcurrieron antes de que Aurora pudiera contar en un juicio los hechos que marcaron de forma indeleble su vida.
Durante la audiencia, los abogados de las víctimas procuraron resaltar la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas en el marco del Plan Cóndor, en particular las responsabilidades de los militares uruguayos. Al historiador Óscar Destouet se le pidió que explicara la documentación que encontró durante sus investigaciones y que definiera el Plan Cóndor. Respondió que se trató de “la coordinación entre diferentes estados de Sudamérica para el intercambio de información y de personas”, y que “actuó en forma secreta utilizando métodos ilegales y usando como vehículos de comunicación organismos del propio Estado, como el Ministerio de Relaciones Exteriores”. Para sustentar esta afirmación enumeró los diferentes organismos del Estado uruguayo que aportaron documentación para ese intercambio de noticias: ministerios, agencias de inteligencia, Dirección Nacional de Migraciones. 
Esos mismos organismos guardaron documentación sobre los hechos, informes de represores, documentos de viajes, crónicas de decisiones tomadas en el marco del Plan Cóndor. Se habló de Juan Carlos Blanco, José Nino Gavazzo, Jorge Néstor Tróccoli y de los tres grandes momentos operacionales planificados en Uruguay en contra de opositores residentes en Argentina: mayo de 1976 (secuestro y asesinatos de los dirigentes políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, entre otros); junio de 1976 y meses siguientes (persecución a integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo); diciembre de 1977 (represión a los Grupos de Acción Unificadora). El profesor Destouet destacó que el Plan Cóndor actuó también antes de esas fechas: “Tiene un proceso fundacional en una reunión de jefes de inteligencia, en Montevideo en 1974, y se formaliza en noviembre de 1975 en un encuentro de ejércitos latinoamericanos en Santiago del Chile”. Los traslados, dijo Destouet, empezaron en 1974, y ese mismo año los miembros del Fusna de Uruguay y de la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina se entrenaron juntos. Ya en 1974 empezaron los traslados de ciudadanos uruguayos desde Argentina a Uruguay, como es el caso de Antonio Diana Acosta.
Fabio María Galiani, que en el juicio representa al Estado uruguayo -también querellante en la causa, junto a los familiares de las víctimas- destacó la complejidad de la materia que se está examinando y la necesidad de proceder paso a paso, para que el jurado pueda entender a fondo el tema y llegar a tener un conocimiento completo. “En la audiencia de hoy se aceleró ese proceso y se generó cierta confusión. A pesar de eso, logramos hacer emerger las cosas más importantes y producir actas y documentación que quedan a disposición del jurado”, destacó Galiani.

De hecho, la complejidad y el trabajo que conllevaron los testimonios de hoy hicieron postergar la declaración de Zelmar Michelini, hijo del legislador asesinado en Buenos Aires en 1976. La audiencia de hoy, viernes 5 de junio, se abrirá con sus palabras.
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El proyecto de monumento para la reconciliación

La revolución fundida en los hierros de los dos bandos.

La diaria - 4 6 15 - Por Aldo Marchesi

“Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. Con esta frase, al comienzo de El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, Karl Marx expone las diferencias entre Napoleón Bonaparte y su sobrino Luis. Debe ser una de las frases más citadas de Marx, pero no por eso deja de ser pertinente para pensar diversos ciclos históricos. 
Cuando escuché la iniciativa del ex presidente José Mujica, plasmada luego en un decreto firmado también por el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, acerca de fundir armas utilizadas por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y el Ejército para realizar una escultura que cierre los conflictos del pasado, la frase comenzó a resonar en mis oídos.
La tragedia griega consistía en contar historias de valerosos hombres que se enfrentaban al destino impuesto por los dioses. La farsa consistía en transformar una historia en algo caricaturesco, alejado de la realidad. Las analogías resultan bastante obvias. El sueño revolucionario de los años 60 tuvo algo de tragedia. Los comentarios actuales de Eleuterio Fernández Huidobro y la propuesta de dicho monumento tienen bastante de caricatura de aquel pasado.
Es cierto que en aquellos movimientos de izquierda de los 60 la dimensión militar tuvo un lugar importante. Tales movimientos, que se expandieron por América Latina, el Tercer Mundo e incluso el Primero, pensaron la acción política como guerra revolucionaria. En un tiempo de “guerra fría”, el lenguaje militar proveyó herramientas para trascender los límites que la acción política parecía tener. En América Latina, Ernesto Che Guevara expresó esta sensibilidad de una forma muy transparente en su mensaje a la Conferencia Tricontinental, publicado en 1967.
El MLN-T fue parte de dicho movimiento global. Logró traducir con inteligencia y creatividad las maneras en que el lenguaje de la guerra revolucionaria se podía incorporar a un país de sectores medios y mayoritariamente urbanos. Sus documentos fundamentales vieron a la guerra como una continuación de la política. Pero la guerra revolucionaria no era un mero conflicto entre dos bandos de militares profesionales. Era una guerra “entre imperio y nación”, cuyo objetivo final era el cambio social, concebido como la liberación nacional y el socialismo. Dicha noción de guerra revolucionaria tenía dimensiones militares pero implicaba un cambio político radical de la sociedad uruguaya.
Esa estrategia nunca llegó a consolidarse. En 1972, cuando los tupamaros se sentían dispuestos a avanzar en la construcción de su ejército revolucionario, la participación de los militares en la lucha antisubversiva (con su Justicia Militar, sus asesinatos políticos, sus métodos sistemáticos de tortura y su ampliación de la represión al conjunto de la izquierda) llevó a una fuerte derrota militar del MLN-T y a que los militares se entronizaran en la vida política del país. Para fines de ese año, gran parte de los militantes de la organización estaban en la cárcel o en el exilio.
En 1973 llegó el golpe y la represión se incrementó aún más. La dictadura cívico-militar desarrolló sistemáticamente el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas asumieron un rol central en los operativos represivos contra toda la izquierda, algunos sectores de los partidos tradicionales y el movimiento social, mientras que los civiles se dedicaron a otras áreas de la vida estatal como la economía y la cultura.
El MLN-T se mantuvo fragmentado entre el exilio, la cárcel y las autocríticas que llevaban a diversas conclusiones sobre la derrota. Recién en 1985, luego de la liberación de los presos, comenzó a reagruparse. En el contexto de los democráticos años 80, cuando la revolución parecía cosa del pasado, uno de los dilemas que tuvieron que afrontar fue el de cómo explicar su opción por la guerra revolucionaria. Las críticas no sólo venían por la derecha sino también, en varios casos, desde la izquierda. En un documento preparatorio del Tercer Congreso del PIT-CNT, realizado en 1985, sectores cercanos al Partido Comunista plantearon que las acciones del MLN-T en 1972 habían acelerado y habilitado la intervención militar. Frente a esto, los recién organizados tupamaros respondieron con un documento llamado “La Historia no se transa”, en el que describían el golpe de Estado como resultado de un gran plan ideado desde mediados de los 60 por sectores militares.
Ésa fue la retórica central de los tupamaros durante los 80. La dictadura había sido el resultado de una guerra contra el pueblo en la que los militares habían tenido un papel central. Y de ahí se derivaba un discurso fuertemente antimilitarista que, entre otras cosas, los llevó a tener un activo papel en el movimiento por el referéndum para la derogación de la Ley de Caducidad.
Investigadores, periodistas y ex tupamaros han señalado que a partir de los 90 algunos líderes del MLN-T comenzaron a cambiar su visión y a acercarse a los militares. El desarrollo de una ONG integrada por el general retirado Hugo Medina y el ex dirigente tupamaro Mauricio Rosencof fue uno de los encuentros que tuvieron visibilidad. Estos acercamientos, entre personas que efectivamente sentían que habían vivido una guerra pero tenían voluntad de hablar entre ellos, ocurrieron a espaldas del público. Fernández Huidobro, como líder histórico del MLN-T, senador y por último ministro de Defensa, tuvo un activo rol en las conversaciones. No sabemos qué se discutió en ellas, pero por algunas declaraciones de Fernández Huidobro podemos suponer que se ha ido desarrollando una suerte de idea reconciliatoria, seguramente basada en un discurso nacionalista, donde ambos se ven como combatientes que hicieron lo que creyeron justo para defender la nación.
El último momento de esos encuentros parece estar vinculado con la iniciativa del monumento. Dos cosas resultan llamativas. Por un lado, el secretismo con el que se manejó esta propuesta. El decreto fue firmado en total silencio, tan es así, que el actual presidente Tabaré Vázquez declaró no conocer la iniciativa. La reconciliación que se procura realizar parece ser un acto más privado que público, del que queda por fuera el resto de la sociedad, incluyendo a las víctimas del terrorismo de Estado, pero también varios de aquellos tupamaros, que se han expresado duramente sobre la iniciativa.
Por otro lado, llama la atención el cambio de interpretación del conflicto. Aquella guerra parece haber dejado de ser considerada revolucionaria, para ser evocada de la misma manera en que los partidos tradicionales evocaron los conflictos del siglo XIX cuando, durante el XX, intentaron acercarse. En el camino parece haber quedado la idea de revolución vinculada con el cambio social, la liberación nacional, el socialismo, la lucha contra la pobreza y contra la concentración de la propiedad de la tierra, y tantas otras consignas que caracterizaron a la lucha tupamara en la segunda mitad del siglo XX.
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