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jueves, 15 de octubre de 2015

Sueño con serpientes

El MI “no pudo localizar” a 13 militares retirados que iban a ser indagados por el asesinato de Pascaretta.

La diaria - 15 10 15 - Por Angelina de los Santos

Hay quienes desaparecen, y otros que son desaparecidos. Hay quienes ocultan o no ponen empeño en encontrar, y otros que no se cansan de buscar. Entre estos últimos está el Observatorio Luz Ibarburu, colectivo que realiza un seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, y que este martes comunicó que el Equipo Auxiliar de la Justicia en Crímenes del Terrorismo de Estado, dependiente del Ministerio del Interior (MI), “no pudo localizar” a 13 militares retirados que fueron citados el 17 de julio por la jueza Beatriz Larrieu por la causa de Humberto Pascaretta, asesinado el 4 de junio de 1977 después de haber sido torturado y secuestrado por agentes de la Compañía de Contrainformación del Ejército. 
Dónde están los indagados y por qué el MI no cumplió con la solicitud judicial son preguntas para las que el abogado del Observatorio Pablo Chargoñia, y la fiscal de la causa Ana María Tellechea, no tienen respuesta. Desde el MI, Asuntos Internos, el departamento que tiene en su órbita al Equipo Auxiliar, dirigido por María Stella González, tampoco da respuestas, porque no da notas a la prensa. Según Chargoñia, aunque es “relativamente frecuente” que no se localice a algún individuo requerido como testigo, el hecho de que para el MI haya sido imposible encontrar a por lo menos uno de los 13 y haya sido comunicado el mismo día de las audiencias -previstas para el martes y miércoles- delata la “ineficacia” del Equipo, más aun si se consideran los casi tres meses que transcurrieron entre la citación y la fecha de la audiencia. El hecho también “hace ilusoria a la Justicia”. 
“El resultado es que se perdió todo este tiempo, y debido a la agenda del juzgado, es probable que esta audiencia pase a diciembre”, agregó. En ese sentido, también dijo que es previsible que “los defensores de los violadores de los derechos humanos presenten sus habituales chicanas de defensa”: la solicitud de clausura de los expedientes por prescripción, el recurso de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad (Nº 18.831); cuestiones que “demoran y dilatan aun más los procesos”, señaló.
Desde la fiscalía, Tellechea aseguró no entender cómo los militares retirados “desaparecen de la faz de la Tierra”, porque evidentemente “en algún lugar están”. Explicó que habrá que reiterar las citaciones, “pero esta vez con conducción”, lo que implica que el MI los deberá ir a buscar a su casa y llevarlos a declarar ni bien los ubiquen.
Pascaretta, ex funcionario de UTE, fue denunciado por el directorio de la empresa papelera en la que trabajaba (Cicssa) y secuestrado, torturado y asesinado por militares, entre ellos Eduardo Ferro, quien debía declarar el martes, se afirma en el comunicado del Observatorio. A su vez, se añade que el soldado desertor Hugo García Rivas, quien escribió el libroMemorias de un ex-torturado, también responsabilizó a Armando Méndez, que ya declaró, y al fallecido Carlos Calcagno, lo que ratificó ante la entonces titular del Juzgado del 7º Turno, Mariana Mota. “Nadie ha sido procesado por este crimen”, concluye el comunicado.
Según explicó Chargoñia, la denuncia fue realizada en octubre de 2011 y desglosada del expediente del dictador Juan María Bordaberry. Luego se realizó otra denuncia en la Seccional 1ª de la Policía de Montevideo, que fue agregada a la primera.
El Equipo Auxiliar de la Justicia en Crímenes del Terrorismo de Estado fue creado por resolución del ministro Eduardo Bonomi el 27 de agosto de 2013 porque “la Institución Policial debe adoptar todas las medidas que correspondan dentro de su competencia, con el fin de auxiliar a la Justicia en lo que respecta a la investigación de los crímenes de referencia”. En la resolución se agrega que dentro de sus cometidos está “realizar todo tipo de trámite, parte de una investigación policial en la materia, efectuar todas las coordinaciones pertinentes dentro del MI para que las investigaciones se realicen en forma”. Tareas que en el marco de esta causa “no se cumplen”, aseguró Chargoñia.
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