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viernes, 30 de octubre de 2015

La suma de los factores

Unidad Especializada en DDHH de la Fiscalía se propone capacitar a los fiscales sobre el contexto histórico y político de la dictadura.

La diaria – 30 10 15 – Por Luis Rómboli

 

Chela Fontora, Ariel Cancela, Stella Llorente y María Carolina Rico, ayer en la sede de Crysol.

Foto: Pablo Vignali
El fiscal Ariel Cancela, la fiscal penal Stella Llorente y la fiscal adscripta María Carolina Rico dialogaron ayer con integrantes de la organización de ex presos políticos Crysol sobre los desafíos de la recientemente creada Unidad Especializada en Derechos Humanos, que depende de la Fiscalía General de la Nación. Cancela recordó que el 14 de agosto la Fiscalía pasó a ser un servicio descentralizado y eso le permitió adquirir “mayor autonomía”. Entre las nuevas competencias del organismo está la de crear “unidades especializadas”, algo que se puso en práctica pocos días después de que entrara en vigencia la nueva ley.

El fiscal dijo que si bien el nombre es una “simplificación”, el cometido de la nueva unidad abarca específicamente las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de “terrorismo de Estado”, es decir, desde junio de 1968 hasta el 1º de marzo de 1985. De esos hechos, existen en la actualidad 209 causas abiertas, dijo Cancela. La unidad pretende “dar respuesta” a la “falta de capacitación y especialización” en las fiscalías, pero Cancela aclaró que “no es una fiscalía especializada”, sino una “unidad de apoyo”. “Lo que diga no es vinculante. Serán los fiscales los que decidan en base a los insumos que se aporten”, agregó. 

Luego explicó que estas unidades están destinadas a recoger y analizar información, coordinar, capacitar en el contexto de caso y preparar a los fiscales para el cambio que implicará la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, en el que el fiscal actuará en dos áreas: será el encargado de la investigación y responsable de presentar la causa ante el juzgado, y deberá encargarse de la protección y la defensa de la víctima, que deja de ser un “objeto de derecho” para pasar a ser “sujeto de derecho”. Además de mantener un contacto fluido con los fiscales, la unidad tiene como cometido establecer un relacionamiento permanente con organizaciones sociales como Crysol y el Observatorio Luz Ibarburu, por ejemplo.

La fiscal Llorente expuso el plan de trabajo de la unidad, que pretende en el primer año “recoger información de todas las causas abiertas o cerradas, para sistematizar y hacer análisis de contenido posteriores”. Para esto, se elaboraron unos formularios que serán enviados a los distintos fiscales involucrados en casos específicos, para que “viertan información” que será “permanentemente actualizada”.

Los fiscales comunicaron que están trabajando en el Centro de Formación de la Fiscalía General de la Nación, en la calle Uruguay 1225, y se pusieron a disposición de los interesados.

En el diálogo con los presentes, surgieron varias preguntas relacionadas con la lentitud del trámite de algunas causas. Cancela explicó que la unidad va a trabajar para poner en contacto a los fiscales entre sí, porque no tienen “una estrategia en común”, algo que sí tienen los abogados defensores de los militares imputados. 

El fiscal relató que cuando hay un pedido de procesamiento, empiezan interponiendo un recurso sosteniendo la prescripción del delito en primera instancia. Luego de que el juez no hace lugar al recurso, apelan a un tribunal de segunda instancia y luego interponen un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Cuando este proceso termina y se habilita el pedido de procesamiento, los abogados inician la misma cadena de recursos sosteniendo la inconstitucionalidad. Esta estrategia, que es aplicada con precisión y en forma coordinada, genera que los procesos parezcan interminables, acotó.

Cancela fue consultado sobre si la unidad tiene potestades para pedir información a los organismos del Estado, y se puso como ejemplo el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). El fiscal respondió que además de investigar “con el material que aporten los fiscales”, también pueden “conseguir material” por medios propios, así como recibirlo de las organizaciones sociales. “Creo que tenemos facultades para ir y pedir información al MDN”, enfatizó.

Cancela insistió en que se va a trabajar en forma permanente en la capacitación de los fiscales, en particular para ponerlos al tanto del contexto histórico de los hechos: “Quiénes eran de tal y cual organización política, en qué momentos se decidió golpear a una y otra, y por qué”. “No sabemos si los fiscales manejan toda esa información histórica y política”, dijo Cancela.

Finalmente, informó que se mantienen en contacto permanente con la unidad auxiliar de la Justicia en materia de delitos de lesa humanidad del Ministerio del Interior y respondió, sobre los casos archivados, que a menos que una causa sea “clausurada”, los procesos siempre pueden ser reabiertos. Precisó que el nuevo Código de Proceso Penal establece que cuando un fiscal pide el archivo de un caso, la víctima puede solicitar que la decisión sea revisada por otro fiscal.
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