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miércoles, 31 de diciembre de 2014

Bajo la noche fría

EL CASO NIBIA SABALSAGARAY Y EL GRAL. DALMAO



Omar Moreira, Juan Errandonea, Eduardo Platero, Esteban Valenti, José Chialanza y Paco Laurenzo hablan de la muerte de Nibia Sabalsagaray y la participación del Gral. Miguel Dalmao. Fragmentos de biografía inédita de Marcos Carámbula. 


Montevideo Portal - 30 12 14 - Por Pablo Méndez

Publicamos fragmento sobre el caso Nibia Sabalsagaray, perteneciente a biografía inédita de Marcos Carámbula, quien examinó el cuerpo de la militante comunista, durante su velatorio.




Paco y Nibia se conocieron en la militancia estudiantil en 1973, ambos jóvenes comunistas, trabajaron juntos en la campaña para las elecciones universitarias de setiembre para la que los militares habían impuesto el voto obligatorio en busca de quitarle peso a los gremios de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. La dictadura sostenía que existía una mayoría de estudiantes que no se manifestaban habitualmente y que rechazaba la línea anti dictadura. Paco Laurenzo integró el equipo de Propaganda para la campaña. Organizaron actos y distribuyeron información en todas las facultades. 

Sabalsagaray era Secretaria de Finanzas del sector universitario de la UJC. El 10 de setiembre, Nibia cumplió 24 años y dos días después festejó la victoria de la FEUU en todas las facultades. Fue la primera derrota electoral de la dictadura. La intensidad de la militancia-y otros elementos que se desconocen - trajo como consecuencia el noviazgo de ambos jóvenes en octubre. Nueve meses después empezaron a juntar las cosas necesarias para casarse. Nibia había estudiado literatura en el IPA, se había recibido en abril. Hija de una familia obrera de Nueva Helvecia, vivía en Montevideo en un hogar de Empleados de la empresa Campomar, en Eduardo Acevedo y daba clases en el Zorrilla. Paco vivía en una pensión en San Salvador y Juan Paullier, compartían un barrio.


Durante el noviazgo, fueron varias veces a Nueva Helvecia, a conocer a la familia de Nibia, al casamiento de su hermano Juan y al cumpleaños de 15 de su hermana Stella. La madre de Nibia murió en el parto de su hermana menor, por lo que se criaron en casa de su abuela materna. Nibia, la hermana mayor, quedó como referente. “Ella fue alumna mía en 3º, 4º y 6º de liceo, yo la preparé para el IPA, después ella siguió en contacto con nosotros. Venía todos los sábados cuando era estudiante del IPA, incluso cuando se recibió que ya se largaba sola porque estaba para casarse. También fue profesora de inglés, yo le conseguí para que diera clases antes de la edad establecida. Creo que eran 21 años, ella dio clases antes de tener la edad correspondiente en Valdense a un grupo de 4º”[1]. “

Cada vez que pienso en Nibia yo digo “un pajarito”, una botija tierna, muy firme en sus ideas, pero muy dulce y con muchos deseos de algo que ahora es difícil de encontrar, tenía deseos de ser culta”[2].

El cuerpo de Nibia lo entregó el sub comisario Eduardo Tellechea, del Departamento Nº 2 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, el sábado 29 de junio de 1974. Al mediodía, llamaron al Hogar donde vivía desde el Hospital Militar y luego llamaron a Nueva Helvecia. Olga, la hermana de Paco Laurenzo fue a buscar el cuerpo y le avisó a Marcos. Paco estaba en Paysandú, hacía diez días que había sido liberado, tras una detención de un mes y medio en el 6º y 9º de Caballería. Desde Paysandú, Paco le había mandado una batería de cocina para el “apronte” del casamiento, gesto que fue vivaz y reiteradamente comentado por Nibia días antes de su detención. “Nibia era una chiquilina de una gran alegría, de una gran simpatía, muy extrovertida. Recuerdo que hacía poco habíamos estado todos reunidos y ella con sus planes de casamiento, por su forma de ser no creíamos que se hubiera suicidado”[3].


[1] Entrevista a Omar Moreira, profesor de literatura, abril 2009.

[2] Entrevista a Eduardo Platero, entonces estudiante del IPA y militante comunista, agosto 2009.

[3] Declaraciones de Marcos Carámbula en el juzgado penal de 10º turno, junio 2005.


El certificado de defunción lo firmó el Dr. José Mautone, al igual que el de los militantes comunistas Álvaro Balbi y Hugo de los Santos. Dos días antes de morir, Nibia escribió una carta a Paco en la que le decía que no iba a poder ir a Paysandú, agregándole con otro tipo de tinta que los militares habían estado interrogándola en su cuarto. La misma noche en que fue detenida, Nibia fue a visitar a la hermana de Paco. “Ella estaba en casa de mi hermana el 28 de junio, incluso hasta tarde en la noche y mi hermana le insistió que se quedara pero ella prefirió irse porque no se qué tenía que hacer al otro día. Vuelve al hogar y al rato la detienen”[4]. En el Hogar de Eduardo Acevedo se estaba festejando un cumpleaños. Nibia llegó y estuvo un rato con sus compañeros. Sobre las dos de la mañana, dos personas vestidas de civil y tres militares la fueron a buscar, la detuvieron, le permitieron ir a su pieza para agarrar abrigo y la llevaron al Batallón de Transmisiones Nº 1 en Cno. Casavalle. Esa noche también estuvieron en el domicilio de Esteban Valenti-que había integrado la Secretaría de Propaganda con Paco Laurenzo — se quedaron en su casa durante una semana, un oficial, un alférez y tres soldados. Los operativos estaban a cargo del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y según el entonces Jefe del Batallón de Transmisiones Nº1, el Teniente Coronel (r) José Chialanza, el ex capitán Mario Segnini participaba en los operativos junto con la OCOA, en representación de la unidad que él dirigía que colaboraba en las detenciones. “El cuartel era un poco el mandadero, nos pedían que guardáramos el secreto”[5]. Segnini no estaba en esos días en la Unidad porque estaba suspendido por un “accidente” con un arma. Quedaba en su lugar Miguel Ángel Dalmao, que en esa época era Alferez.

“La versión oficial niega cualquier tipo de interrogatorio- señala el abogado de la familia Sabalsagaray-ellos no dicen que fue interrogada y después se suicidó, dicen que la detienen de madrugada y después la llevan al calabozo y que al mediodía, cuando la van a buscar para interrogar, se encuentran con que estaba muerta. Fue a declarar un testigo, que no lo llevamos nosotros, tomó directamente contacto con el juez. Es un muchacho que era militar en esa época, que había estado en la Escuela de Comunicaciones que funcionaba al lado del cuartel. Lo que él declaró coincide directamente con la versión de los testigos nuestros. Estaba de guardia en el cuartel esa noche y recuerda que entró la camioneta, identificó a Antraing Ohannessian[6] que estaba adentro y vio a una muchacha que la tenían parada al borde de una fosa, como la de los talleres, encapuchada con los focos de la camioneta apuntándole a ella directamente, como una especie de ablandamiento previo. Como a las cinco o seis de la mañana, otro muchacho como él que estaba de guardia le dice ´mirá que cosa tan rara esto´ y miran por la mirilla del calabozo y estaba Nibia muerta. Para él estaba muerta, pero no estaba colgada ni nada por el estilo. Después se enteró de la versión del suicidio. Este testigo lo que hace es cuestionar la versión de que estuvo en depósito todo ese tiempo, él transmite que la tuvieron detenida, hicieron el ablandamiento en el plantón. La versión oficial no dice nada de eso. Después la ve, para él muerta en el calabozo porque no se movía y estaba en una posición extraña y unas horas después se encuentra con la versión de que estaba ahorcada, pero no es que la vio ahorcada, la ve muerta, sin pañuelo ni nada. Se ve que después que la mataron estuvieron unas horas viendo qué hacer y resolvieron dar la versión del suicidio”[7].


[4] Declaraciones de Francisco “Paco” Laurenzo en el juzgado penal de 10º turno, junio 2005.

[5] Declaraciones de José Chialanza en el juzgado penal de 10º turno, febrero 2006.

[6] Ohannessian era integrante de la OCOA, al igual que Segnini y pertenecía al Batallón de Comunicaciones Nº1, actualmente está detenido en Argentina,
esperando trámite de extradición.

[7] Entrevista con Juan Errandonea, abogado de la familia Sabalsagaray, abril 2009.


Nibia fue trasladada al calabozo número tres, una pieza en la que no cabía más que la cama y dos o tres personas paradas al costado. En una de las paredes laterales, había un gancho que estaba arriba de la cabecera de la cama, a un metro ochenta del piso, que servía para plegar la cama. La versión de los militares señala que encontraron el cuerpo arrodillado en el piso, mirando hacia la cama. Cuando llega un médico militar, Alberto Sitkewich, encuentra el cuerpo de Nibia sobre la cama, acostada boca arriba, había sido movido por los militares que la encontraron.

José Chialanza declara que vio a Nibia “aflojar las manos” y que la policía técnica le comunicó que ése fue el momento en que murió. Pero el testimonio de Sitkewich ante la sede judicial sostiene que vio a la joven sobre el mediodía y que la encontró “evidentemente fallecida desde hace un tiempo (…) “Recuerdo que ella estaba fría, yo diría que llevaba dos horas de fallecida”[8].

Chialanza insiste en que no fue interrogada y desmiente la versión que circuló sobre que Dalmao la torturó y “se le fue la mano”[9]: “Dalmao no la interrogó porque para interrogarla tenía que estar presente yo, él estaba a la orden. Yo no sabía ni cuál era la acusación (…) no dio el tiempo para interrogarla, ella llegó en las primeras horas de la mañana, no fue interrogada”[10].

“La versión contradictoria, justamente es la de Dalmao que era Alférez, el grado más bajo, recién egresado y es él el que firma el informe de la justicia militar diciendo que entró al calabozo y la encontró colgando de un pañuelo[11], eso es lo que dice Dalmao en ese momento, pero ahora cuando va a declarar, siendo General en actividad, dice que se acuerda por comentarios en el cuartel que se había ahorcado pero para nada dice que él había tenido esa intervención. El juez tampoco le pregunta sobre la contradicción, porque Dalmao por ser general en actividad contestó por escrito no hubo intercambio y quedó por ahí, además como por la Ley de Caducidad no podía ser juzgado el juez tampoco quiso seguir para adelante. Nosotros tenemos la sospecha, aunque para nosotros es irrelevante que a Dalmao de alguna manera le metieron una carga encima que no era de él, porque ahí en el cuartel había dos capitanes que eran Segnini y Ohanessian que trabajaban en inteligencia que todo parece indicar que eran los que llevaban adelante los interrogatorios. Llama la atención que justo al que le hacen firmar el informe ante la Justicia militar sea un alférez del grado más bajo. Uno puede tener la sospecha de que en realidad lo obligaron o le dieron la orden de que firmara el informe, pero eso es lo que tendría que declarar él en el juzgado donde ni siquiera hizo referencia al informe”[12].


[8] Fallo del juez Vomero, 8 de noviembre de 2010.

[9] Esa versión llegó al juzgado por el testimonio de Raúl Pitaluga, quien señaló que un soldado le hizo ese comentario.

[10] Entrevista a José Chialanza, febrero 2010.

[11] En el informe, Dalmao dice que encontró a “la prisionera” arrodillada en el piso y colgando de un pañuelo. El informe no es preciso considerando que si está arrodillada en el piso, no está colgando y si no está colgando no pudo ahorcarse.

[12] Entrevista a Dr. Juan Errandonea, abril 2009.



El domingo 30 de junio de 1974 Carámbula esperó el regreso de Paco Laurenzo desde Paysandú y salieron desde Montevideo a Nueva Helvecia. Paco Laurenzo, Roberto Markarián y Marcos Carámbula, viajaban en una meharí conocida como “la jabonera” conducida por Fernando Britos.

“Un sábado estábamos reunidos acá en Nueva Helvecia y llegó la noticia. Un amigo de ella vino a avisarnos. Porque en Nueva Helvecia, más allá de la concordancia en lo ideológico, había un tipo de solidaridad y de intercambio. Vino a avisarnos más o menos a las cinco de la tarde y en el pueblo empezó a saberse, se trataba de una familia muy querida y ella misma era una persona muy querida. Después trajeron al cuerpo y al otro día llegó la gente de Montevideo, vino Marcos y con autorización de la familia abrieron el cajón”[13].

“Había una orden de las Fuerzas Armadas, que no se podía abrir-recuerda Marcos - estando en Nueva Helvecia los familiares, que no aceptaban que se hubiera suicidado, se movieron en Colonia para ver si se le podía hacer una autopsia. No recuerdo a qué médicos consultaron, pero les decían que no, que si no había una orden del juez, no hacían la autopsia. Hicieron gestiones en Colonia Suiza y Rosario y no encontraron a nadie. Yo estaba estudiando, me quedaba un sólo examen y me ofrecí”[14].

“En ese momento yo estaba en la vereda-recuerda el profesor Moreira- como estábamos tantos compañeros cuando la entregan a un grupo de Montevideo. Había un clima de una enorme tensión, de dolor, de silencio, de angustia, con esa enorme sospecha, certidumbre, de que no era un suicidio pero tampoco se tenía ninguna implicación, ahí quedaba un misterio. Todo el mundo sospechaba o creía lo peor. Recuerdo que allí se dijo lo que se iba a hacer y que aquel estudiante, Marcos, era el que había asumido esa responsabilidad de hacerlo con el respaldo de familiares y amigos sumamente cercanos. Enseguida corrió entre toda la multitud, se supo lo que se sabía a voz baja, por el rumor. Y se empezó a repartir la certidumbre de lo que decía Marcos. Era un momento delicadísimo”[15].

“Lo único que yo podía hacer era una descripción somera de lo que veía desde afuera, no era una autopsia sino un reconocimiento del cuerpo. Era una muchacha de 24 años, éramos muy amigos, era un clima de tensión muy grande el que vivíamos, con la vigilancia de los militares alrededor. Yo lo que hice fue recordar lo que veía, notoriamente había golpes, equimosis en distintas partes del cuerpo, en los brazos, no se apreciaban lesiones óseas, si lesiones típicamente producidas por golpes, que no tienen nada que ver con lesiones post mortem, eran claramente moretones producto seguramente de golpes en distintas partes del cuerpo. Nibia tenía una herida erosiva en el cuello, era un zurco erosivo, no hundido, era claramente visible. No había señales de violencia desde el punto de vista sexual. Vi señales de golpes con moretones extendidos, la cara conservada tal cual era Nibia. De noche hablé con el Dr. Julio Arzuaga, que era profesor, decano de la Facultad y profesor de medicina legal. Cuando le conté lo que había visto, él fue contundente al decirme que eso no era suicidio. Yo les dije a los familiares que lo que podía hacer era recordar lo que había visto y consultar con un médico forense y fue lo que hice”[16].


[13] Entrevista a Omar Moreira Profesor de Literatura de Nueva Helvecia, abril 2009.

[14] Declaraciones de Marcos Carámbula en el juzgado penal de 10º turno, junio 2005.

[15] Entrevista a Omar Moreira, abril 2009.

[16] Declaraciones de Marcos Carámbula al juzgado penal de 10º turno, junio 2005.



“Ese gesto del año 74, luego trajo toda la repercusión y hoy tiene los resultados que tiene. Era un clima de suma opresión y se resolvió eso. Fue un gesto valiente, Marcos tuvo el coraje de hacer lo que se había prohibido hacer y tiene que haberse sabido porque indudablemente como había tanta gente, había allí quienes se lo harían conocer a las líneas de información[17].

Para Esteban Valenti la versión de lo militares constituyó de por sí, una ofensa imperdonable: “Es el peor insulto de todos. Después de haberla matado, haber dicho que se suicidó. Eso es una de las agresiones más bajas, más miserables, más cobardes que se pueda haber hecho”[18]. El caso fue abierto en setiembre de 2004, por Estela, la hermana menor de Nibia, que buscaba una instancia judicial donde quedara comprobado que Nibia había sido asesinada. Se contactó a fines de 2003 con el Dr. Juan Errandonea. Nunca se había hecho nada ante la Justicia, sólo existía la instancia del juzgado militar, que en 1974 dijo que se trató de un ahorcamiento. La causa en la Justicia Penal se abrió con el testimonio de Marcos Carámbula, Paco Laurenzo y Antonia Yañez, amiga de Nibia. Como el caso podía estar dentro de la Ley de Caducidad se realizó la consulta al Poder Ejecutivo que impone la Ley[19]. Ya en el gobierno de Tabaré Vázquez, el juez Rolando Vomero, consultó al Poder Ejecutivo, quien respondió que el caso sí estaba amparado por la Ley de Caducidad que protegía a los militares y policías pero se podía avanzar en la investigación en cuanto a la participación de civiles en el hecho. Así, concurrieron a declarar en calidad de testigos, Miguel Dalmao-que respondió por carta, el capitán José Pedro Araújo, el médico militar Alberto Sitkewich, José Chialanza y Mario Segnini[20].


[17] Entrevista a Omar Moreira, abril 2009.

[18] Entrevista a Esteban Valenti, marzo 2010.

[19] La Ley de Caducidad-ratificada en 1989 y 2009 por consulta popular- prevé en su art. 4 que el juez de la causa debe consultar al Poder Ejecutivo si considera que un caso está o no amparado por la ley. El artículo pasa por encima el principio de separación de poderes.

[20] Al ser consultado Felix Linfante, abogado de Antraing Ohanessián en Buenos Aires, dijo que sólo pesa sobre su cliente un pedido de extradición por parte de Italia en la causa que investiga el fiscal Giancarlo Capaldo por el asesinato de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor. Ohanessián nunca fue indagado por el caso Sabalsagaray desde que fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza, en marzo de 2008.


En octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de los artículos 1, 3 y 4 de la ley de Caducidad para el caso Nibia Sabalsagaray[21]. “En la medida en que los derechos humanos son inherentes a la dignidad humana, ellos limitan la soberanía o potestad estatal, no pudiendo invocarse esta última para justificar su vulneración o para impedir su protección internacional, no pudiendo invocarse el principio de no intervención cuando se ponen en ejercicio las instituciones, los mecanismos y las garantías establecidas por la comunidad internacional para asegurar la protección y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de toda persona y de todas las personas que forman parte de la humanidad” [22]. El recurso había sido presentado por la fiscal Mirtha Guianze en octubre de 2008.

“El juez, hablando con él en privado y el puede desmentir esto que yo estoy diciendo, pero es así, el decía que pensaba que podía haber sido suicidio porque él había tenido muchos casos de presos políticos que se habían suicidado y yo le decía sí, pero después de cuántos meses de tortura o de cárceles- cuestiona Errandonea- eso puede tener su lógica pero a las ocho o diez horas después de haber sido detenido en el año 74, no tiene ninguna lógica que una militante política opte por suicidarse así es una cosa que rompe los ojos. Cuando yo le decía ese argumento no me decía nada, porque ha habido casos de suicidios en el Penal de Libertad, pero es gente que ya llevaba años presa que se desequilibró y es otro cuadro distinto. Una muchacha con pocas horas presa lo primero que atine a hacer es suicidarse…. Después hay otro argumento que tira por tierra la versión oficial, que son los propios informes de Amnisty y la Cruz Roja que siempre sostuvieron que las Fuerzas Armadas tenían una política sistemática con los detenidos que consistía primero en el ablandamiento, primero el plantón la capucha, la picana eléctrica, el submarino, era una política sistemática. No existía eso de detener a alguien y dejarlo en un calabozo ocho horas, eso es irreal. El hecho de que la versión oficial niegue que Nibia fue torturada, por si solo lo desacredita porque sería el único caso en los miles de presos que hubo en Uruguay en que la detienen y la llevan a un calabozo como si estuviera en una comisaría de barrio, no tiene lógica ninguna”[23].


[21] La SCJ se expresa por el caso específico por el que se la consulta. 

[22] Fallo de la SCJ 19 de octubre de 2009 — Sentencia Nº 365. La cita particular es de Humberto Nogueira, citado por Martín Risso Ferrand, Derecho Constitucional, pp. 114 y 115. 

[23] Entrevista a Errandonea, abril 2009. El juez Vomero fue consultado en octubre por este punto específicamente pero no quiso abrir opinión teniendo en cuenta que había una investigación en curso, aún no había dictado el procesamiento. En cuanto a su hipótesis sobre si se trata o no de un suicidio respondió: “Yo no digo ni que sí, ni que no”. 


José Chialanza y Miguel Ángel Dalmao fueron procesados con prisión por homicidio especialmente agravado, el 8 de noviembre de 2010. El fallo del juez Vomero se basó en las diferentes contradicciones entre los militares, en el hecho de que eran los integrantes de inteligencia los que participaban en los interrogatorios y en el informe forense del doctor Domingo Mederos que determinó que no era posible que la militante se hubiera suicidado, tal como se relata el hallazgo del cadáver. El 3 de noviembre, Carámbula volvió a declarar ante la sede judicial donde fue consultado nuevamente por la revisión que hizo del cuerpo de la joven, específicamente sobre si tenía o no señales de que se le había realizado una autopsia, a lo que Carámbula respondió que no. Entre las principales contradicciones entre los militares se encuentra la hora de la llegada a la unidad, mientras algunos aseguran que la vieron llegar en la madrugada, otros dicen que fue sobre las ocho de la mañana, como es el caso del entonces capitán José Pedro Araujo. Otro testigo militar señala que se enteró de la muerte de la joven a las siete de la mañana, a la vez que el médico pediatra que la revisó en un primer momento, da cuenta que murió por lo menos a las diez de la mañana.

El procesamiento de Miguel Ángel Dalmao causó críticas desde los más diversos ámbitos, dado que no hay ningún testimonio que diga que Dalmao haya sido quien torturó a Sabalsagaray, ni que la haya matado. Si bien estaba a cargo de Inteligencia -por la suspensión de Segnini- y era Inteligencia quien hacía los interrogatorios, el hecho de que tuviera 20 años en el momento de los hechos y que fuera un alférez, hace presumir a muchos-y entre ellos a Errandonea- que Dalmao estaba cubriendo a otro militar. Tal es el caso del senador Eleuterio Fernández Huidobro: “En lo que me es personal, estoy absolutamente seguro de que fue asesinada. Es posible que la hayan asesinado en otro lado y la hayan hecho aparecer ahí, pero es seguro que no fue (Dalmao) (…) Dalmao está tapando a los que realmente fueron, porque un alférez con ese grado y con esa edad en aquella época de ninguna manera puede haber sido responsable de eso (…) A los verdaderos responsables los está encubriendo Dalmao. Es una suposición mía basada en el conocimiento que tengo de cómo funcionaban las cosas en los cuarteles. Un alférez no puede ser responsable de eso” .

El sábado 13 de noviembre de 2010 un funcionario de Inteligencia se comunicó con Juan, uno de los hermanos de Nibia, para decirle que podían ir a retirar la placa. Se trataba de una placa que habían colocado en 1975, en un homenaje a Nibia a un año de su muerte. La placa fue hurtada horas después del acto y devuelta a su familia 25 años más tarde, decía “Caída en la lucha por la justicia social”.


[24] Declaraciones realizadas a La Diaria, 15 de diciembre de 2010

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martes, 30 de diciembre de 2014

Somos pecadores





Justificando los disparates que emitió al referirse a las críticas formuladas por Serpaj, el Ministro de Defensa ha señalado que el problema de fondo es que se discrepa con la política de DDHH que lleva adelante el actual gobierno y la fuerza política que la integra. Se deduce de sus palabras y de su reacción que tener opiniones diferentes y distintas es prácticamente un sacrilegio merecedor de la excomunión en la terminología religiosa. Lo confesamos sin pruritos y públicamente: somos impenitentes pecadores.

No compartimos que los militares procesados, con sentencia firme cobren sus jubilaciones. Es un privilegio inaceptable que tienen los integrantes de las fuerzas armadas ya que los ciudadanos cuando son condenados por la justicia pierden el derecho a cobrar sus jubilaciones que, además, tienen topes, establecidos por la dictadura militar que hasta el día de hoy se mantienen. Homologar el fallo del Tribunal de Honor que posibilitó que Gilberto Vázquez pueda cobrar el 100% de su jubilación por “tener buena conducta” es rascarle el lomo a uno de los principales criminales del proceso y darle aliento a la impunidad.

Tampoco nos parece razonable que a los militares que se encuentran prófugos de la justicia, fuera del país para evitar ser procesados se les continúe abonando sus jubilaciones y pensiones. En este caso el Ministerio de Defensa financia la clandestinidad de los prófugos y obstaculiza de manera activa y militante la actuación de la justicia para avanzar en la búsqueda de la verdad y del justo castigo.

Que un Tribunal de Honor militar al juzgar la actuación del Cnel ® Gilberto Vázquez procesado y condenado por la justicia por crímenes aberrantes pueda ser considerado como una persona con buena conducta, demuestra claramente que las Fuerzas Armadas continúan en democracia rigiéndose por una escala de valores absolutamente distinta y opuesta a los principios constitucionales vigentes en el país.

El hecho comprobado de que en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas los militares que se opusieron al proceso y por ello sufrieron torturas, prisión prolongada y fueron expulsados de la institución, reciban un trato discriminador y despreciativo, ignorando las leyes vigentes al respecto, sin que ningún general haya sido observado y/o sancionado por ello es una política de DDHH con la cual no estamos de acuerdo. En un país democrático las Fuerzas Armadas tienen que respetar las normas constitucionales y las leyes vigentes. Los militares que en su momento fueron expulsados de las filas, en base a leyes aprobadas por el Parlamento, han recuperado sus grados militares y deben recibir el trato que corresponde.

De acuerdo a la normativa legal en el país, todos los militares cuando son procesados y condenados por la justicia, deben ser sometidos a Tribunales de Honor, para recibir además de la sanción penal, la sanción administrativa que corresponda en base a la gravedad de los delitos. Hasta el momento ningún militar de los procesados y con sentencia firme, por crímenes que deberían tipificarse de Lesa Humanidad,  ha sido sometido a un Tribunal de Honor debido a la actuación de la justicia. 

Aunque parezca una broma de Showmatch, el Cnel. ® Gilberto Vázquez fue sometido a un Tribunal de Honor por haberse fugado del Hospital Militar pero no por las desapariciones forzadas de ciudadanos en las cuales participó, ni por los asesinatos, ni por las torturas ni mucho menos por los comprobados abusos sexuales a los prisioneros. La lógica militar prevaleciente en los mandos naturales está imbuida de Impunidad y es contraria a los principios de la institucionalidad democrática.

La obligación de Repetir

Cuando los Estados violentan los derechos humanos de las personas tienen la obligación de reparar el daño de una manera integral, tal como lo establece la Resolución 60/147 de la ONU, lo cual incluye entre otros elementos otorgar una indemnización. Para cumplir con sus obligaciones estipuladas en las normas de DDHH, el Estado uruguayo ha tenido que destinar importantes sumas de dinero para indemnizar  a los familiares de los detenidos desaparecidos y asesinados. El Artículo 26 de la Constitución establece que el Estado tiene la potestad de repetir contra los funcionarios involucrados en los delitos, los costos que el accionar de los mismos le ha ocasionado al erario público. Hasta el momento esta disposición constitucional no se ha aplicado para ninguno de los militares procesados y condenados por más de 25 desapariciones forzadas y asesinatos de ciudadanos.

Historias de combatientes

El proyecto político que culminó con la dictadura militar y el terrorismo de Estado se inició el 13 de junio de 1968 cuando Jorge Pacheco Areco estableció las Medidas Prontas de Seguridad y convocó a las fuerzas armadas para reprimir al movimiento sindical mediante la militarización de los bancarios y otros gremios. Los combatientes eran las masas trabajadoras, los asalariados rurales, los estudiantes universitarios y secundarios enfrentando la congelación salarial y la Intervención. 

El enfrentamiento armado al proyecto autoritario alcanzó mayores proporciones a medida que cada vez era más claro el destino final en el marco de una estrategia continental diseñada en Washington. Las violaciones a los DDHH que se cometieron por parte de los funcionarios del Estado no son justificables bajo ningún concepto y no merecen ser perdonadas legalmente, no por razones de revanchismo o venganza, sino para no alentar su repetición tal como lo establece la normativa de DDHH en general y la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.

El desprestigio y la condena social a las FFAA en amplísimos sectores de la población, que ha sido incluso reflejado en las páginas de El País, obedece al enorme daño que en su momento le causaron al país como institución, al sufrimiento ocasionado en forma directa a miles de uruguayos, a la persistencia, en sus mandos y en la oficialidad, de una justificación injustificable de lo actuado, a no haber dado muestras hasta el momento de arrepentimiento, a una complicidad permanente con los delincuentes y los nucleamientos sociales que ofician de voceros públicos de los mismos, a negarse a brindar la información detallada y pormenorizada de lo ocurrido con los ciudadanos detenidos desaparecidos para hallar sus restos óseos.

En nuestro sistema democrático republicano de gobierno corresponde esencialmente a la justicia la investigación, el esclarecimiento y el castigo de las graves violaciones a los DDHH. Es su potestad constitucional. Los jueces que han asumido su obligación al respecto han debido trabajar en pésimas condiciones en todos los planos, sin contar con dedicación exclusiva a pesar de tratarse de delitos complejos, han sido perseguidos, incluso sancionados como ocurrió con la Dra. Mariana Mota. Tampoco han contado con la colaboración del Ministro de Defensa que ha interferido en algunas causas y no ha proporcionado en tiempo y forma la información que le ha sido solicitada, tal como lo denunció estos días IELSUR en un comunicado de prensa.

La tesis de los dos demonios, la teoría de los combatientes es un relato discursivo elaborado por quienes promovieron, apoyaron y sostuvieron el proyecto socio político del terrorismo de Estado para ocultar su responsabilidad, diseminar las culpas y mantener, en lo posible la impunidad que la lucha social ya ha resquebrajado restableciendo plenamente la pretensión punitiva del Estado a través del Artículo 1 de la Ley 18 831 y logrando el enjuiciamiento   de un núcleo significativo de represores seriales.

Los expresos políticos agrupados en Crysol que hemos levantado las banderas de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición, mantendremos en alto nuestras banderas también en el 2015 que se avecina.

Las recomendaciones formuladas al Estado uruguayo  por el Relator Especial de la ONU Pablo de Greiff  para superar las heridas del pasado reciente y el cumplimiento a cabalidad de la Sentencia de la Corte IDH para el caso Gelman son las medidas que impulsaremos, recordando que el 14 de marzo se cumplirán 30 años de la liberación de todos los prisioneros.

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Opinando Nº 10 – Año 3 – Martes 30 de diciembre de 2014


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Serpaj solicita se revea designación de Huidobro

Fernández Huidobro y la “banalización del horror”

30.12.2014

MONTEVIDEO (Uypress) — El SERPAJ, en conjunto con numerosas organizaciones de la sociedad civil, emitió un comunicado con referencia a las declaraciones del ministro Fernández Huidobro, en el que manifiesta que no pueden aceptar la “banalización del horror y de la impunidad” y solicitan al presidente electo a “reflexionar y volver a analizar” la decisión de mantener al ministro en su cargo.

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) junto a numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil, así como individuos a título personal, emitió un comunicado donde afirma que "las declaraciones inapropiadas y desproporcionadas que el Ministro de Defensa Sr. Eleuterio Fernández Huidobro ha manifestado en las dos últimas semanas y a lo largo de su trayectoria como ministro, afectan considerablemente la confianza institucional que la ciudadanía demanda de su cartera", y convoca al presidente electo, Tabaré Vázquez, "a reflexionar y volver a analizar su decisión de confirmar al actual Ministro de Defensa en su cargo para el próximo período de gobierno.

El texto completo del comunicado es el que sigue

Montevideo, 29 de diciembre de 2014

Comunicado de prensa

Las declaraciones inapropiadas y desproporcionadas que el Ministro de Defensa Sr. Eleuterio Fernández Huidobro ha manifestado en las dos últimas semanas y a lo largo de su trayectoria como ministro, afectan considerablemente la confianza institucional que la ciudadanía demanda de su cartera. Las respuestas -ante las manifestaciones- por parte de organizaciones, instituciones y personas han sido claras y contundentes. 

Todas ellas solo demuestran que la lucha y el compromiso por los acontecimientos del pasado reciente no incumben a una sola organización ni a una persona en concreto. Y que ninguno de todos los actores puede dictaminar el punto final sobre este tema. 
   
Hoy como en el pasado no podemos aceptar la banalización del horror y de la impunidad, porque no nos hace bien socialmente, porque la democracia sólo puede ser sólida y estable si se construye sobre la Verdad y la Justicia.

En este sentido queremos recordar nuevamente lo que afirma el Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías 
de no repetición, Sr. Pablo de Greiff  "Uruguay aún tiene un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente. Avanzar realmente hacia el futuro y continuar en el camino del desarrollo supone necesariamente que los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sean cumplidos. Esto es responsabilidad de los tres poderes que comprende el Estado".[1]


Por todo lo expuesto entendemos que la persona que ocupe la cartera del Ministerio de Defensa debe estar en consonancia con la sensibilidad y la idoneidad adecuada para atender las demandas en relación con nuestro pasado reciente. 

En este sentido convocamos al presidente electo Dr. Tabaré Vázquez -a reflexionar y volver a analizar- su decisión de confirmar al actual ministro de defensa en su cargo para el próximo período de gobierno.

Como organizaciones de derechos humanos -junto a organizaciones sociales, políticas y personas- no claudicaremos en seguir exigiendo al Estado el cumplimiento de sus deberes para el logro de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Servicio Paz y Justicia  (SERPAJ-Uruguay)

Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (IELSUR)

Asociación de Expres@s polític@s de Uruguay (CRYSOL)

Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU)

Proderechos

Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre

Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria

Mujer y Salud en Uruguay (MYSU)

Cotidiano Mujer

Fundación Ricardo Zabalza

Comisión Para la Memoria de los Fusilados de Soca

Servicio Paz y Justicia América Latina (SERPAJ-AL)

Defensa de los Niños Internacional (DNI)

Asociación de Docentes de Educación Secundaria Montevideo (ADES-Montevideo)

Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES-PITCNT)

Memoria en libertad

Colectivo de denunciantes en la causa por el operativo Morgan

Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO)

Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales  (ANONG)

Taller Vivencia de expresas políticas en Uruguay  

Espacio Memorias para la Paz -Uruguay


Y numerosas adhesiones personales


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