la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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jueves, 27 de noviembre de 2014

Castigos de género en la dictadura

En 2011, 28 ex presas políticas presentaron denuncia penal por delitos sexuales de los que fueron víctimas en diversos establecimientos de detención durante la dictadura uruguaya, en la que entienden la jueza Julia Staricco y la fiscal Diana Salvo.


La República - 23 11 14

Una de las denunciantes es Beatriz Benzano, detenida en julio de 1972, interrogada y torturada en el Batallón de Artillería Nro. 5, desde donde fue llevada al Regimiento de Caballería Nro. 9 y luego al Penal de Punta de Rieles. En la nota que sigue, Benzano repasa el horror sufrido desde una mirada de género.
Desde que hay guerras en el mundo se consideró siempre el cuerpo de la mujer como trofeo o como botín de guerra, para uso y abuso de los vencedores. Pero a partir de la masiva violencia sexual contra las mujeres en los conflictos armados de la ex Yugoslavia y de Ruanda (cincuenta mil mujeres violadas), cuando se usaron sus cuerpos no sólo como arma y como campo de batalla, sino también para limpieza étnica, haciéndoles hijos con la sangre del enemigo, la comunidad internacional reaccionó y tomó conciencia de la gravedad de los crímenes de violencia sexual, que fueron calificados como crímenes de lesa humanidad en los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda, y después en el Estatuto de Roma y en múltiples Resoluciones de las Naciones Unidas (ONU).
Durante la dictadura militar, todas las presas políticas uruguayas sufrimos en mayor o menor grado todo tipo de prácticas sexuales aberrantes y humillantes, desde la desnudez forzada y expuesta, manoseos y toqueteos, insultos y comentarios ofensivos y degradantes cuando nos hacían bañar y hacer nuestras necesidades delante de ellos, hasta la violación con o sin penetración, con palos o con bichos, con picana (electricidad) en los genitales, por muchos y repetidas veces. Los varones también sufrieron violencia sexual, pero con las mujeres tuvo particularidades y efectos específicos.
Con ambivalencias y todo tipo de resistencias a volver a un pasado tan doloroso y a revivir el horror sufrido, y a medida que oíamos historias desgarradoras de las compañeras, fuimos viendo que el dolor y los daños que nos habían infligido a nosotras, a nuestras familias y a la sociedad toda, eran irreversibles y se prolongaban en el tiempo; que  lo que habían hecho desde el poder del Estado y usando todo el aparato estatal, era terrorismo de Estado y sus crímenes de lesa humanidad,  por atacar a la persona humana en su esencia y en su dignidad, y en ella  afectar y lesionar a la humanidad entera, que pasaba a ser víctima; y por haber sido planificados, sistemáticos y generalizados (en todos los cuarteles, por las tres Fuerzas Armadas y por la Policía, durante todos los años del terrorismo de Estado y a todas las mujeres). Denunciar se volvió para nosotras un imperativo ético-político, un deber insoslayable de justicia y una forma de reparación.
Sin justicia no hay reparación posible. El acceso efectivo a la justicia es condición sine qua non para que sean posibles tanto la reparación como la no repetición de los crímenes, que son tres derechos de las víctimas, reconocidos por todos los tratados internacionales.
La huella indeleble
El recuerdo queda como huella permanente en la memoria del cuerpo -la sangre, las lágrimas están ahí-  y sigue aún hoy dañándonos y condicionando también la vida sexual de muchas de nosotras. El dolor y el daño han sido tan grandes que durante más de treinta años no hemos podido decírselo a nadie, ni a la familia, ni al compañero de vida ni a la psicóloga. Los efectos traumáticos perduran en el tiempo y recién ahora y en el grupo -quizá por los vínculos de afecto y de cuidado que se dan entre nosotras, eso tan fuerte que nos une a pesar de las diferencias políticas, generacionales y de vidas tan distintas- hemos podido ponerlo en palabras, recordando y reviviendo el horror con la voz quebrada y llanto en los ojos.
En este largo y doloroso proceso de denuncia y de reparación, escuchamos relatos de los más crueles, inimaginables y escalofriantes actos de violencia sexual contra mujeres presas: violencia sexual después de la tortura, cuando no se podía ni caminar ni tenerse en pie ; a mujeres delante de sus compañeros, para castigarlos y humillarlos a los dos; a mujeres embarazadas, particularmente vulnerables, a quienes hicieron perder el embarazo; abortos obligados a las que dejaron embarazadas (no sabemos cuántos niños nacieron de las violaciones, ni lo terrible que pudo ser la vida de ellos y la de sus madres, en esa situación que ilustra tan bien el film “Sarajevo, mi amor”); partos en cautiverio de madres atadas y hostigadas; niños nacidos muertos, cuyos cuerpos nunca vieron sus madres ni fueron entregados a la familia, que plantean el interrogante de cuál fue su paradero, y muchos casos de simulacro de torturas y de violencia sexual a los hijos de las víctimas (a Angélica le hacían oír gritos y llantos de niños, diciéndole que eran sus hijos).
Degradación y destrucción femenina
Castigos de género por habernos salido del modelo de mujer, esposa, madre y ama de casa, y habernos metido en “cosas de hombres”, lo cual los enfurecía y más se ensañaban. Modos de degradarnos y de destruirnos como mujeres y como personas, y de hacernos sentir “cosas” en sus manos, que podían hacer lo que querían con nosotras, que eran impunes y todopoderosos. Esos castigos, desde que los sufrimos y hasta ahora, nos han generado dificultades en nuestra vida sexual, pesadillas, ansiedad y angustia, problemas gástricos e intestinales, etc. Una compañera, de sólo pensar en denunciar la violencia sexual sufrida, empezó a tener hemorragias intestinales y desistió. Otras dos, de sólo oír el relato espeluznante de una compañera violada por varios y de las formas más degradantes, tienen problema ahora en la relación sexual con sus parejas. Otra no puede todavía tener relaciones con su marido en las posiciones en que la forzaron a tenerlas con ellos.
Hay que hablar del tema, ponerlo sobre el tapete, que la sociedad lo conozca y lo repudie. El silencio conspira contra nosotras y a favor del criminal. Es hora de no naturalizar más la violencia sexual  (“era una fija que si nos agarraban nos iban a hacer de todo”; “bien sabíamos en lo que nos metíamos”; “los hombres pueden hacer cualquier cosa con el cuerpo de la mujer sin que se los condene”), ni minimizarla considerándola un delito “menor” con el paso del tiempo o al compararla con los “infiernos” de la tortura.
Romper el silencio
La violencia sexual es un crimen silenciado e invisibilizado, por la humillación, la vergüenza, la culpa y el miedo a la estigmatización. Sabemos de la estigmatización en países lejanos, pero también se da en nuestros países, a veces asociada a la revictimización y al destierro emocional. A la humillación y vergüenza que siente la mujer por lo que sufrió, se le suma la culpa  -que desde Eva nos persigue a las mujeres- y el dolor de sentirse juzgada o rechazada por su propia familia. Una compañera sentía mucha culpa por no haberse resistido a la violación, pero no había ninguna posibilidad de resistencia frente a la fuerza bruta, en un cuerpo debilitado por el ayuno y la tortura de días, semanas, meses. Además, habría significado más tortura, más violencia sexual, el traslado a otro cuartel para recomenzar la tortura, y/o la desaparición y la muerte, cuando no la tortura a los hijos. Pero la culpa, la humillación y la vergüenza son sólo del violador, no nos confundamos.
Por eso es oportuno mencionar también la imposibilidad de consentimiento. No puede haber un consentimiento voluntario y libre, no existe el consentimiento en esas condiciones de privación de libertad, de total indefensión y de peligro y amenaza permanentes de muerte. Sólo puede haber estrategias de supervivencia.                        Ese descubrimiento le cambió la vida y la liberó a una compañera, que durante años vivió agobiada por la culpa. Para muchas, hablar de la violencia sexual sufrida y denunciarla, significó recuperar un pasado negado o bloqueado o suprimido por lo doloroso y traumático y, en el proceso, recuperar también la dignidad al ir sintiendo los efectos de la reparación.
Violada de mil formas aberrantes y torturada salvajemente durante meses, Mirta se sintió liberada cuando al fin pudo decirlo en el grupo, acompañada, con lágrimas compartidas: “Ya no me siento sucia, ahora me puedo morir tranquila”, y murió de cáncer al poco tiempo. Compartir relatos opera como una suerte de catarsis. Si no se habla, no se sana. Después de denunciar ante el juez, muchas de nosotras sentimos un inmenso alivio de “tarea cumplida”, de “poder al fin dormir en paz”.
La genitalidad y el poder
Así como la genitalidad es el lugar del sufrimiento y de la vulnerabilidad de las mujeres, pero también el del amor, del placer y de la maravilla de dar vida, la genitalidad masculina es el símbolo del poder y de la dominación que física y culturalmente los hombres ejercen sobre las mujeres. Por eso centran ahí toda su virilidad, su autoestima y hasta su identidad, y su vida gira en torno a su buen funcionamiento. En general la usan para su propio placer, rara vez para el amor y para el placer de otra persona. Pero cuando ejercen violencia sexual, lamentablemente hacen un tan mal uso de ella, un uso tan perverso que los envilece y degrada como seres humanos, y los rebaja a un nivel más bajo que las bestias. Y llegan a extremos como lo que contó una compañera: las ponían desnudas en ronda y pasaban uno tras otro frotando con su pene erecto senos y genitales, como forma de tortura. Y eyaculaban sobre nuestros rostros. Otra compañera aún guarda en su memoria olfativa el olor del semen en su cara. ¡Y se sentían los tales machos haciéndonos esas cosas! ¡Qué poco y qué mal querían a su miembro “fetiche”! Y qué ignorantes de la belleza y perfección del cuerpo humano, que se atrevían a profanar, destrozar, mutilar!.
El reconocimiento de Asencio Lucero quedó corto
Por primera vez, un militar retirado reconoció la práctica de torturas durante las detenciones dispuestas por la dictadura militar uruguaya. Según sus declaraciones, recogidas por el semanario “Búsqueda” Asencio Lucero, que durante la década del 70 fue uno de los encargados de  la inteligencia en el Regimiento de Caballería Nro 9, admitió que durante los interrogatorios se sometía a las personas privadas de libertad a prolongados plantones hasta que se desplomaban por no aguantar el peso de sus propios cuerpos, al “tacho” o submarino y al submarino seco (les envolvían la cabeza en una bufanda) hasta que sintieran asfixia, a la picana eléctrica, privación el sueño, suspensión de visitas.
Lucero indicó que esos métodos eran aplicados tanto a hombres como a mujeres, aunque considera que estas últimas eran “más sensibles”, porque “las ablandaba” el desnudo y el pudor. Negó en cambio que él al menos aplicara picana en los genitales, porque es “muy respetuoso del cuerpo humano”(?).
Las declaraciones de Lucero se recogieron durante el proceso a que dio lugar la denuncia penal por violencia sexual que presentaron las ex presas políticas, patrocinadas por el abogado y ex juez  Federico Alvarez Petraglia junto a su colega Martha Scarpita y que se encuentra radicado en el Juzgado Penal de 16 Turno.
Visibilizar y castigar
Visibilizar la violencia sexual pasada significa echar luz sobre la violencia sexual actual. Hablar de esas violaciones y lograr el castigo de sus responsables, es también una forma de combatir la impunidad actual. Queremos que el tema se hable, que se discuta, que se haga visible, que esté en los medios. El silencio es el mejor cómplice de la impunidad. Que se diga lo que le pasa a la mujer violada, los efectos devastadores en su subjetividad, cómo condiciona para siempre su vida sexual. Y que los hombres, para poder entender y sentir la gravedad de lo que hacen, piensen en qué sentirían si se lo hicieran a su madre, a sus hermanas, a su mujer o a sus hijas. Por eso son tan importantes el intercambio y la ampliación de miradas sobre un tema tabú por excelencia.
Queremos que legisladores y jueces entiendan que la violencia sexual es un delito grave, con un impacto gravísimo en la víctima, que debe ser penado de acuerdo a esa gravedad, y que la sociedad toda condene ese delito. Una forma habitual de invisibilizarlo y de minimizar su gravedad, es incluirlo en otras conductas delictivas (“homicidio especialmente agravado” y no mencionar la violación), o banalizarlo con eufemismos (“atentado violento al pudor, a las buenas costumbres o a la honra”), que no dicen nada y desconocen la singularidad del delito contra la integridad sexual, no sólo por sus efectos en la víctima, sino también por su significado social. Es una paradoja que sean los presos sociales los que parecen tener más conciencia de la gravedad de la violación, porque castigan duramente a los violadores, haciéndoles la vida imposible en prisión.
Ahora el tema está en la jurisprudencia de países vecinos y en el debate internacional de derechos humanos, y el derecho internacional le atribuye la gravedad que tiene, calificándolo de genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra. Queremos que la Suprema Corte de Justicia establezca de una vez por todas las características y la existencia de un plan sistemático de represión y de exterminio, y sancione las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado como crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles.
En conclusión, tenemos el derecho de denunciar y de reclamar justicia, y también la obligación: por las compañeras que todavía no lo han podido decir, y son muchísimas; por las compañeras muertas que también lo sufrieron y por el NUNCA MÁS.  También por todas las mujeres de todos los tiempos y de todos los lugares, que han sufrido y sufren violencia sexual, y a las que nunca se les prestó oído ni se les hizo justicia.
TEXTUAL
“Durante la dictadura militar, todas las presas políticas uruguayas sufrimos en mayor o menor grado todo tipo de prácticas sexuales aberrantes y humillantes”.
“Castigos de género por habernos salido del modelo de mujer, esposa, madre y ama de casa, y habernos metido en ‘cosas de hombres’, lo cual los enfurecía y más se ensañaban”.
“El recuerdo queda como huella permanente en la memoria del cuerpo –la sangre, las lágrimas están ahí-  y sigue aún hoy dañándonos”.
“Denunciar se volvió para nosotras un imperativo ético-político, un deber insoslayable de justicia y una forma de reparación”.
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viernes, 21 de noviembre de 2014

Medio vacío

Proponen cambios a ley de reparación a víctimas del terrorismo de Estado para agilizar procedimientos y ampliar los beneficiarios.

La diaria - 20 11 14 - Por Amanda Muñoz

A cinco años de promulgada la Ley 18.596 de reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, el martes se desarrolló una rendición de cuentas de lo que se ha avanzado. Hablaron Óscar Gómez, subsecretario de Educación y Cultura y presidente de la Comisión Especial de la Ley 18.596, y Juan Raúl Ferreira, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).
Mediante esa ley, el Estado reconoció por primera vez la violación a los derechos humanos durante la dictadura y su responsabilidad en la práctica sistemática de tortura, desaparición forzada de personas y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios y exilios políticos. Aceptó también el derecho de las víctimas a la reparación integral y la necesidad de acciones materiales o simbólicas para restablecer su dignidad.
Gómez enumeró a quienes se ha indemnizado económicamente (y por única vez, tal como plantea la ley) en estos cinco años: 196 familias de personas desaparecidas o asesinadas, 80 personas que sufrieron lesiones gravísimas, 84 niños nacidos en cautiverio o que permanecieron detenidos con su madre o padre por más de 180 días, y cuatro niños que permanecieron desaparecidos por más de 30 días. Además, se han hecho 269 asistencias integrales de salud y el Estado ha entregado a 516 personas el certificado en el que asume haber violentado sus derechos humanos.

No alcanza

Ferreira señaló que es necesario hacer modificaciones legislativas, y a título personal expresó que esos cambios deberían hacerse en el primer período de la próxima legislatura. Se apoyó en una declaración de la INDDHH que marcó “que hay que avanzar rápidamente”. Ferreira expresó que hay mucha gente que está envejeciendo y que hay quienes “han muerto sin obtener la reparación y sin saber que tienen derecho”.
Gómez habló en nombre de la comisión, que integra con representantes de los ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas, Crysol y Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Consideró que se trata de “un proceso inconcluso”. Situó una de las mayores dificultades en el tiempo transcurrido entre la violación del derecho y la aplicación de la ley: “¿Cómo demostrar que una lesión de columna fue hecha por el accionar ilegítimo del Estado?”, consultó. Dijo que muchos de los expedientes de la comisión terminan con la frase “no ha lugar” cuando deberían decir “no ha lugar en este estado normativo”. Detalló que no hay reparación para las víctimas de delitos sexuales ni para víctimas de tortura con secuelas de lesiones graves (como la pérdida de un ojo: el Código Penal establece que corresponde reparar la pérdida del sentido, no de una sola vista, explicó). “Sólo la demanda y la sensibilidad del cuerpo legislativo podrán permitir instancias más abarcativas”, sostuvo.
En diálogo con la diaria, María del Carmen Martínez, de Familiares, y Gastón Grisoni, de Crysol, dijeron que la comisión se creó sin recursos económicos y humanos para su funcionamiento, sobre todo abogados y peritos médicos. Martínez expresó que la ley no contempla una reparación moral para quienes estuvieron exiliados ni para quienes vivieron en clandestinidad, y reclamó que por más que haya sido una opción política, la ley debería contemplarlos. Sugirió que las actas testimoniales de la comisión sirvan para otros organismos y viceversa, que se pueda cruzar la información o al menos las bases de datos de los diferentes testigos. Insistió en la necesidad de ampliar la ley o crear leyes nuevas.
Grisoni también lamentó los tiempos y dijo que esto debería haberse resuelto en tres años. Expresó que “el Estado tiene que reparar a todas las víctimas” y criticó que para recibir las pensiones reparatorias especiales los presos políticos tengan que renunciar a sus propias pensiones. Ésa fue una de las observaciones del relator especial de las Naciones Unidas para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff, que visitó Uruguay a fines del año pasado y presentó su informe hace dos meses.
El relator recomendó, además, al Estado uruguayo “revisar las disposiciones y procedimientos que exigen acreditación de lesiones ‘graves’ o ‘gravísimas’ para reconocer los derechos de las víctimas de tortura”. Pidió que “se revierta la carga de la prueba” y que no recaiga en las víctimas la provisión de evidencias y documentos “a los cuales es casi imposible acceder”. El informe del relator es mucho más amplio y recomienda acciones para los tres poderes del Estado.
De Greiff observó, entre otros aspectos, “la poca atención que el Estado uruguayo les brinda a las víctimas y a las organizaciones representativas de las víctimas”, resumió Grisoni. En ese sentido, Crysol emitió el martes una declaración que tituló “Omisión inexcusable”, en la que rechazó que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) haya denominado “Arturo Dubra” a la policlínica situada en lo que fue “la isla” del penal de Libertad durante la dictadura.

Grisoni observó que el lugar podría servir como memoria de la tortura, pero más le dolió que el organismo no haya invitado a Crysol, una organización con más de 1.000 socios activos, todos ex presos políticos. Se enteraron por la prensa, reclamó, pero ayer recibieron las disculpas de ASSE por esa omisión.
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miércoles, 19 de noviembre de 2014

Nuevas autoridades en Crysol

Habiéndose llevado a cabo el pasado viernes 14 de noviembre de 2014, de 

acuerdo a las normas estatutarias, el acto eleccionario, 

las nuevas autoridades de Crysol para el ejercicio 2014 - 2016 son:


Consejo Directivo


Titulares


Gastón Grisoni. Presidente

Baldemar Taroco. Vicepresidente

Uberfil Martínez. Secretario

Carlos  “Tito” López. Tesorero

Enrique Chalar. Vocal

Roberto “Mono” Herrera. Vocal

Chela Fontora. Vocal


Suplentes


Juan Carlos Valledor

Juan Miguel “Sibarita” García

Víctor “Gallego” Garabal

Ana Amorós

Héctor “Tarta” Grimón

Juan Carlos Fontela

José “Borrón” Olivera


Comisión Fiscal


Titulares


Eduardo Volpe. Presidente

Lucas Vallarino

Gustavo “Tato” Gravina


Suplentes


Alfredo Ramos

Víctor Hugo Tosetto

Nelson Burgos

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martes, 18 de noviembre de 2014

Omisión inexcusable



El pasado martes 11, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inauguró una nueva policlínica con el nombre de Arturo Dubra en lo que fuera "La isla" en el  Penal de Libertad durante el terrorismo de Estado.

Arturo Dubra, fallecido tempranamente a los 62 años de edad en junio de 2003,  fue un destacado expreso político de la dictadura, militante social y político y también parlamentario del partido de gobierno. El reconocimiento que se le ha tributado  es merecido e incuestionable. Fue una justa y destacable iniciativa.

El Estado debe reconocer y homenajear, colectiva e individualmente, a quienes tanto han contribuido a la conquista de la sociedad democrática en la cual vivimos.  Hacerlo supone un rechazo y una condena a quienes lo persiguieron, lo torturaron y lo encarcelaron. Designar con su nombre la nueva policlínica robustece la salud moral de la sociedad y contribuye a forjar  la memoria histórica del país, educando a las jóvenes generaciones.

"La isla" un pequeño edificio apartado del cuerpo central del establecimiento carcelario fue el lugar por el cual pasaban todos los prisioneros al llegar  y también antes de abandonar el Penal. Era también el sitio de castigo al cual se trasladaba a los prisioneros cuando se los sancionaba a rigor. Un lugar tenebroso y siempre temible por todos quienes estuvieron en el Penal. Ahí, precisamente, Horacio "el gorila" Ramos fue asesinado en 1981,  mientras cumplía una sospechosa sanción.

Durante el terrorismo de Estado 2870 prisioneros sociales y políticos del sexo masculino pasaron por el Establecimiento Militar de Reclusión Nº1 (EMR Nº1 en la jerga militar) y siempre fue conocido como el Penal de Libertad. Junto con la Cárcel de Paso de los Toros y el Penal de Punta de Rieles, fue uno de los centros donde se recluyó a los prisioneros con el propósito de destruirlos física, psíquica y psicológicamente.

A diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, la privación de la libertad, de carácter prolongada, asociada a la tortura masiva, sistemática y generalizada,  a condiciones de reclusión aberrantes e inhumanas, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las fuerzas armadas para aterrorizar a la población, mantenerse en el poder y destruir a todos aquellos que se oponían a sus designios.

La decisión de designar con el nombre de Arturo Dubra a la nueva policlínica fue adoptada por el Directorio de ASSE sin consultar y sin informar a las organizaciones de la sociedad civil, lo cual no deja de llamar la atención teniendo en cuenta de que en el mismo hay un representante de los usuarios, es decir, de la sociedad civil.

Lo más llamativo de todo, sin embargo, es que ni ASSE, ni el Ministerio del Interior, tuvieron, ni siquiera, la cortesía de invitar a Crysol, la organización que representa y nuclea a todos los expresos políticos de Uruguay, a la ceremonia de inauguración.

Por demandar la plena implementación en la realidad uruguaya de las normas de DDHH, muy especialmente la Resolución 60/147 de la ONU, para afirmar y fortalecer la institucionalidad democrática y construir el Nunca Más con sólidas raíces, se nos considera sujetos molestos. La representatividad de Crysol como organización nucleadora de las  y de los expresos políticos, guste o no guste, es incuestionable. El millar de socios activos, documentados, lo pone de manifiesto.

Hace unas semanas el Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, presentó su informe al Consejo de DDHH de la ONU en la 27ª sesión. 

Uno de los aspectos mencionados en dicho informe es la escasa atención que el Estado uruguayo presta a quienes fueron víctimas directas del terrorismo estatal. Reclamó al respecto un cambio de actitud por parte del Estado hacia las víctimas y sus organizaciones representativas, ya que ellas han sido el motor imparable de la construcción de la memoria histórica del pasado reciente, entre otras contribuciones indudables.

Este episodio protagonizado por ASSE y el Ministerio del Interior que cuestionamos como colectivo organizado, lo ejemplifica gráficamente. Lamentable. 

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Opinando – Año 3 – Martes 18 de noviembre de 2014 

lunes, 3 de noviembre de 2014

Resultado del concurso "Historias y testimonios de la represión y la cana"

En Montevideo, el 20 de octubre de 2014, reunidos en la sede de CRYSOL, el jurado del Concurso de “Historias y testimonios de la represión y la cana”, resuelve por unanimidad otorgar el primer premio al testimonio llamado “Obra testimonial” presentado por “Laura”. 

El segundo premio es otorgado a  “El fin del verano” presentado por “Haydée” y el tercer premio a “Una canción interrumpida” presentada por “Orosman”.

Más allá de esta premiación, el Jurado estima conveniente la publicación de todos los relatos presentados entendiendo que cada uno de ellos, representa un invalorable aporte a la memoria y al rescate de las historias cotidianas que conforman nuestro pasado cercano.

A continuación  presentamos el ordenamiento final correspondiente a los distintos puntajes obtenidos y a la deliberación unánime del jurado.

1   1.   Obra testimonial – Blanca Cobas

2   2.   El Fin del Verano – Lila Cornalino Viñas

3   3.   Una canción interrumpida- Robert César Hirigoyen

4   4.   El mundo que vive en un agujero- María Elia Topolansky

5   5.   Muleque y Esnal, melenses en España- Esteban Larregui

6   6.   La huella- Claudio Carbajal Laport

7   7.   Un choque entre dos concepciones opuestas- Eduardo Francisco Abreu

8   8.   Un día- Baldemar Taroco

9   9.   Ayer fui al sexto de caballería- Ana Demarco

1   10.                Julio, el lector- José Olivera

1   11.               La caja de cartón-  Adriana Zinola Conde

1   12.                El fine de un incubo- Vladimiro Delgado

1   13.                Así sea – Omar Mir Silva

1   14.                La carnea, memoria de la dictadura – Zulma Raquel Lagarde

1   15.                La egipcia – Jorge Garcia Irrazábal

1   16.                Del amor que  no pudo ser- Jorge Llambías

1   17.                Aquellos y estos días – Carlos H. Minetti

1   18.               Momentos – Susana Ferreiro


El jurado estuvo conformado por: Oscar Destouet, Carla Larrobla y Roger Rodríguez

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