la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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jueves, 15 de mayo de 2014

Para eso mismo fue creada





En el marco del cumplimiento de sus obligaciones legales, la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) emitió informes constatando presuntas golpizas y malos tratos físicos y psicológicos a menores internados en el Sirpa además de expresar preocupación por las condiciones de reclusión que violentan las obligaciones contraídas por el Estado uruguayo.


Las condiciones carcelarias en Uruguay son un problema estructural y endémico de nuestro país, tanto para los adultos como para los menores infractores y una problemática heredada difícil de resolver a corto plazo, aunque en los últimos años se ha avanzado en una dirección correcta, tal como lo señaló Manfred Nowak, relator especial de las Naciones Unidas.


La constatación de episodios de malos tratos físicos y psicológicos, torturas, es harina de otro costal. La tortura es una grave violación a los DDHH y así ha sido establecido en nuestra legislación aunque no se haya logrado hasta el momento incorporarla al Código Penal tal como ha reclamado en reiteradas oportunidades nuestra organización.
  
Lo hemos señalado al referirnos al pasado reciente y lo reiteramos. La tortura es una práctica inmemorial en la historia de la humanidad, pero no por ello deja de ser una conducta abyecta y despreciable, bestial, que no admite ninguna justificación ni excusa para su empleo, que degrada a quienes la ejecutan, la ordenan, la justifican o la toleran aunque se invoquen las causas más nobles o encomiables ya sea desde el punto de vista político, religioso o por motivos de seguridad nacional. 

Al constatarse una grave violación a los DDHH las obligaciones del Estado, de sus órganos, agentes, poderes, funcionarios y representantes, están reguladas detallada y pormenorizadamente por la Resolución 60/147 (*), aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en diciembre de 2005. 

La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, sistemáticamente ignorada hasta el momento por el sistema político uruguayo a todos los niveles y las autoridades gubernamentales, poder judicial incluido, es el instrumento internacional que establece el estándar de calidad institucional y el patrón de medida a la luz del cual juzgar las conductas y las acciones de los gobernantes a cualquier nivel de responsabilidad cuando se constatan graves violaciones a los DDHH, como también lo remarcó el Relator Especial de las Naciones Unidas, Dr. Pablo de Greiff en octubre del año pasado cuando visitó nuestro país. 

Como colectivo, para evitar los riesgos del subjetivismo y de la autocomplacencia, evaluamos la transición democrática iniciada en 1985 a la luz de ella: es el estándar de calidad, el criterio objetivo para medir los avances y definir  los desafíos pendientes de la sociedad uruguaya. Para el pasado, el presente y el futuro. 

La INDDHH es un logro de la sociedad aunque moleste.


En el plano de los derechos humanos,  si bien todos los órganos del Estado y sus funcionarios tienen la obligación de respetar y garantizarlos junto con  las libertades fundamentales, existe un poder con responsabilidades específicas al respecto en todos los países, la experiencia internacional demostró, que era conveniente, además, la existencia de un órgano con cometidos especializados en materia de derechos humanos para asegurar su pleno respeto y vigencia.
  
De ahí provino la iniciativa de crear Instituciones Nacionales de DDHH (ONU, Resolución 48/134 de marzo de 1994), con el cometido de promover y proteger los derechos y las libertades fundamentales, como responsabilidad propia y de dedicación exclusiva para obtener mejores resultados.
  
La libertad, la justicia y la paz en el mundo, tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Las instituciones nacionales tienen el cometido de velar que ello ocurra en sus países. 

La creación de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en el año 2009 fue una gran conquista de la sociedad uruguaya. Se modificó positivamente la institucionalidad democrática, se profundizó la democracia reconquistada con la lucha y la resistencia de los trabajadores y del pueblo uruguayo.
  
Las instituciones nacionales de DDHH son escudos para los débiles, para los ciudadanos más vulnerables y más desprotegidos de las sociedades. Los banqueros, los grandes industriales y terratenientes, los dueños de los medios de comunicación, las transnacionales, tienen los recursos y los medios, para proteger y defender sus intereses sin tener que recurrir a ellas.  

El fortalecimiento, desarrollo y potenciación de la INDDHH es imprescindible para afirmar y profundizar la democracia uruguaya, para afirmar la libertad y los derechos de los ciudadanos frente al gobierno, los poderes y la burocracia estatal. Darle mayores atribuciones legales para reforzar su potencial social y asegurar su plena independencia técnica y administrativa es un desafío para el presente. 

Las resoluciones de la INDDHH y su acatamiento por parte del Estado uruguayo, de todos sus agentes,  aunque  se denominen “recomendaciones” y no tengan carácter jurídico vinculante, si lo tienen desde el punto de vista político y moral. Por lo menos para quienes estamos convencidos de que las normas de derechos humanos son un pilar básico de una convivencia democrática, pacífica, civilizada, gratificante y enriquecedora con plena justicia social. 

Cumplir con las recomendaciones de la INDDHH es una obligación, moral y política, de todos los funcionarios del Estado. Desde el más encumbrado al más humilde servidor. Para dignificar la sociedad. El sistema político como tal debe comprometerse en esa orientación y exigir que así sea. Por si hubiera alguna duda: una vez más, nuestro pleno respaldo a la Institución.

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(*) Resolución 60/147 de la ONU: Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.

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Ópinando – Año 3 – Jueves 15 de mayo de 2014

miércoles, 14 de mayo de 2014

Se mantiene vigente

JUSTICIA PUEDE APLICAR LEY 18.831 EN CASO ALTER



La Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó una excepción de inconstitucionalidad contra la ley 18.831 presentada por la defensa del oficial imputado por el homicidio de Gerardo Alter. El fallo habilita a que el militar sea juzgado en aplicación de la norma que restituyó la pretensión punitiva del Estado. Hasta el momento, la norma sólo pudo aplicarse en el caso Ramón Peré.


Caras y Caretas - 10 5 14 - 

Por Mauricio Pérez.

La Corte desestimó la excepción de inconstitucionalidad presentada por la defensa del coronel (r) Arturo Aguirre contra la ley 18.831, en el marco de la indagatoria penal por la muerte del militante del PRT, Gerardo Alter, y habilitó que el oficial sea juzgado al amparo de dicha norma, que fue oportunamente declarada inconstitucional por la propia Corporación.
La mayoría del máximo órgano del Poder Judicial consideró, con el voto conforme de los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak, Jorge Larrieux y Ricardo Pérez Manrique, que la norma, que restituyó la pretensión punitiva del Estado, fue “definitivamente aplicada” en la causa, ya que existe un fallo de un Tribunal de Apelaciones que confirma el procesamiento.
En este sentido, “un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia sobre el fondo del asunto supondría la emisión de un juicio abstracto, genérico y no relevante para la resolución de un caso concreto, actividad que no está habilitada por el ordenamiento jurídico”, afirma el fallo, al que accedió Caras y Caretas Portal.

“Expresado en otros términos, partiendo de la premisa de que la solicitud de declaración de inconstitucionalidad tiene por finalidad evitar la aplicación de la Ley impugnada a un caso concreto, no es jurídicamente posible alcanzar dicho objetivo cuando la norma ha sido definitivamente aplicada”, dice el fallo.
Los argumentos esgrimidos por la mayoría de la Corte fueron los mismos utilizados sobre mediados de 2013 para desestimar la acción de inconstitucionalidad promovida por el coronel (r) Tranquilino Machado, en el caso Ramón Peré. Machado fue el primer oficial condenado por crímenes de la dictadura, al amparo de la ley 18.831.
Oportunamente, la Corte valoró que los artículos 2 y 3 de la ley 18.831 violentan “el principio constitucional de legalidad y el de irretroactividad de la ley penal más gravosa”, en contravención de los preceptos emanados de la Constitución de la República. Empero, al rechazar el recurso, la Corte habilita que Aguirre sea enjuiciado al amparo de la norma.
El juez Penal de 4º Turno, Eduardo Pereyra, dispuso en octubre de 2011 el procesamiento del teniente coronel (r) Alberto Gómez Graña y del coronel (r) Arturo Aguirre como coautores de un delito de “homicidio muy especialmente agravado”, del militante del PRT, Gerardo Alter. El fallo fue posteriormente confirmado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 4º Turno.
Alter fue detenido, en agosto de 1973 por efectivos de la dictadura cívico-militar en el cruce de Camino Carrasco y Veracierto, junto a los militantes del MLN-T Jorge Selves y Walter Arteche. Los tres detenidos fueron derivados al Batallón Florida, donde fueron interrogados y torturados. Alter y Arteche fallecieron a causa de las torturas, pero Selves salvó su vida y fue testigo en la causa.
Gómez falleció en prisión en junio de 2013, por lo que el caso continuó exclusivamente contra Aguirre. Tras el fallo de la Corte, el juez Pereyra queda habilitado para continuar la indagatoria contra el oficial y, eventualmente, dictar su condena por el homicidio de Alter, dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal. El fallo contó con la discordia del ministro Julio Cesar Chalar.


En tanto, la Justicia mantiene vigente una orden de captura internacional contra el oficial Hermes Tarigo, prófugo de la Justicia uruguaya desde octubre de 2011. El militar fue imputado por el crimen de Alter, pero nunca concurrió a la audiencia ratificatoria por lo que se solicitó su captura. En los últimos meses la Justicia adoptó diversas medidas para conocer su paradero, pero el militar aún no pudo ser localizado.
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lunes, 5 de mayo de 2014

Putas y guerrilleras

ADELANTO DEL LIBRO DE MIRIAM LEWIN Y OLGA WORNAT SOBRE LOS CRIMENES SEXUALES EN LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCION

Militantes en su juventud y periodistas después, las autoras relatan –en el libro Putas y guerrilleras, que distribuye Planeta en estos días– las torturas, abusos y violaciones que sufrieron cientos de mujeres en los centros clandestinos en la década del ’70. En algunos casos fueron también relaciones tortuosas nacidas bajo tormentos con sus victimarios. Aquí, como anticipo, un extracto de la introducción de Miriam Lewin.

Página 12 - 5 - 5 - 14 - Por Miriam Lewin

Mártires y prostitutas

Era un 24 de marzo, aniversario del golpe, y me habían invitado a Almorzando con Mirtha Legrand. Aceptar estar ahí significaba para mí renunciar a ir a la ESMA, ahora a un acto multitudinario, el día de su conversión en espacio para la memoria. Decidí ir al programa de la ex diva del cine argentino devenida entrevistadora, sobre todo porque iban también Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y Mariana Pérez, cuyos padres, desaparecidos, habían militado conmigo. Mariana había buscado incansablemente a su hermano Rodolfo, nacido en la Escuela. Yo había estado presente en el parto. Había visto a ese bebé sobre el pecho de su madre, sabía que había sido arrebatado después y había declarado en tribunales sobre el tema. La mesa la completaban dos jueces del Juicio a las Juntas y un periodista. Seguramente el programa iba a ser visto desde sus casas por mucha gente que aún no sabía o no reconocía la verdadera dimensión de lo que había pasado en los dominios del grupo de tareas 3.3.2. Otros miles de personas se reunirían a la misma hora en Avenida del Libertador, frente al campo de concentración, donde el presidente Néstor Kirchner iba a compartir el escenario con Juan Cabandié, otro recién nacido a quien yo había visto en noviembre de 1977 en un pasillo del campo, en brazos de su mamá, una chica de dieciséis años, después asesinada.
Llegué temprano. Un productor veterano, que conocía sólo de vista, me atajó en la entrada. Me llevó a un costado y, consternado, me advirtió que “la vieja” tenía planeado hacerme algunas preguntas inconvenientes y que quería que yo estuviera prevenida.
¿Qué preguntas inconvenientes? –indagué, con la seguridad de que no iba a ir más allá de lo que alguna vez me habían preguntado los defensores de los militares en algún proceso al que había ido como testigo. Por lo general, me atribuían –para descalificarme– hechos armados, atentados o secuestros en los que no había participado.
El productor tosió, nervioso.
–No sé, me imagino que algo tendrá que ver con la colaboración, con la delación. Te lo adelanto para que no te sientas incómoda.
–No te preocupes, estoy acostumbrada. Te lo agradezco mucho.
Tenía en claro para qué estaba ahí y las intrigas no me importaban. El día de la recuperación del espacio del campo de concentración para la sociedad civil yo le iba a hablar a una parte de ella que tal vez nunca había prestado atención al tema. Tal vez si lo decía sentada a la mesa de Mirtha todos comprenderían. Me vinieron a buscar y me arrearon al estudio.
Detrás de unos paneles me colocaron el micrófono, casi invisible, un cable que trepaba por debajo de mis ropas hasta el escote y un receptor colgando de la cintura. En pocos minutos estaba en el centro de la escena, rodeada por cristales, jarrones con flores, brocatos, caireles, alfombras y cortinados. Ya había concluido el rito acostumbrado de la descripción del vestuario, zapatos y joyas de la conductora, y las risitas y aplausos del enjambre de asistentes y empleados que la acompañaba detrás de cámaras.
Era una jornada especial. No hubo almuerzo servido por mucamas de uniforme. Tampoco se distribuyó el regalo acostumbrado para cada invitado, un reloj pulsera. “No es un día para festejar”, dijo Mirtha, y todos asintieron, admirando su sensibilidad.
No sé cómo ocurrió. No me acuerdo si ella tenía la pregunta anotada en un papel “ayudamemoria”. Tampoco recuerdo si en ese momento estábamos solas, todo lo solas que se puede estar frente a una audiencia de cientos de miles de personas... Pero después de hacerme una observación sobre lo bien que me quedaba mi nuevo color de pelo, me disparó: “¿Es verdad que vos salías con el Tigre Acosta?”. Hubo un silencio sólido, un contener la respiración de todos los que estaban en el estudio.
–¿Cómo que “salía”?
–Bueno... –reculó–. Si es verdad que salían a cenar, eso es lo que dice la gente...
Inhalé profundamente, como reuniendo fuerzas. Podría haberme levantado y salido del estudio, podría haberme ofendido. Seguramente, la escena habría sido reproducida decenas de veces en los programas de chismes del espectáculo. “Periodista de Puntodoc le hace un desplante a Mirtha cuando le pregunta si tuvo un amorío (nadie diría ‘fue abusada sexualmente’, por supuesto) con el jefe del grupo de tareas de la ESMA.” Pero no lo hice. Le respondí.
–Es verdad, nosotras mismas lo relatamos en el libro Ese Infierno que escribimos sobre lo que vivimos en el campo. Nos sacaban a cenar. No salíamos por nuestros propios medios. No teníamos derecho a negarnos. Eramos prisioneras. Nos venían a buscar los guardias en plena noche y nos llevaban. A una compañera, Cristina Aldini, el Tigre Acosta la llevó a bailar a Mau Mau después del asesinato de su marido. Que a una mujer la lleven a bailar a un lugar de moda los asesinos de su compañero me pregunto si no es una forma refinada de tortura. A Cristina un oficial de la ESMA le llevó la alianza de su esposo, Alejo Mallea, a su cucheta en Capucha, adonde estaba engrillada, para demostrarle que lo habían asesinado. Le preguntó si ella quería ver el cadáver. Cristina al principio dudó, pero después aceptó porque pensó que, de lo contrario, siempre se iba a quedar con la incertidumbre. Cuando lo vio, tenía dos tiros en la cara. Uno era el de gracia, entre ceja y ceja. Lo habían ejecutado.
Mirtha se sintió en falta. Miró detrás de cámaras, como buscando apoyo.
–Bueno, yo tengo que preguntar...
Nadie contestó.
–¿O está mal que pregunte? –dijo, al borde del lloriqueo, ensayando un mohín angelical.
Cuando todo terminó, me acompañó a la puerta una productora.
–No sé cómo pedirte disculpas –me dijo, resoplando y sacudiendo la cabeza. Me dio la impresión de que a ella también le había dolido. Era una mujer de mi edad. Parecía abatida, indignada, avergonzada. Tal vez tenía algún pariente o amigo desaparecido, pensé.
Ese “salías” de Mirtha encerraba un significado concreto. Tenía razón en sorprenderse por la reprobación de su claque. Probablemente Mirtha encarnaba el pensamiento de miles de personas, esas que hubieran querido preguntar como ella, así, elípticamente, si me había salvado por acostarme con el jefe del grupo de tareas. Porque alguna explicación tenía que tener que yo hubiera pasado de encapuchada en el campo de concentración a invitada a la mesa de la diva. Y su pregunta implicaba una condena, una sentencia que en ese momento no supe desarticular dando vuelta el argumento, provocándola como ella me provocaba, desde su pretendida ingenuidad informada. Diciendo, por ejemplo: “No, no me acosté con el Tigre Acosta, pero si lo hubiera hecho para salvar mi vida, ¿qué? ¿Quién podría juzgarme? ¿Quiénes pueden asegurar qué es lo que habrían hecho si hubieran estado en mis zapatos?”.
Ninguna de nosotras tenía posibilidad de resistirse, estábamos bajo amenaza constante de muerte en un campo de concentración. Estábamos desaparecidas, sin derechos, inermes, arrasada nuestra subjetividad. Su dominio sobre nosotras era absoluto. No podíamos tomar ninguna decisión, eso era absolutamente inimaginable. De ellos dependía que comiéramos, que durmiéramos, que respiráramos. Ellos eran nuestros dueños absolutos. No quedaba resquicio alguno para nuestro libre albedrío. ¿Pero si hubiera existido? Si la mirada lasciva de ellos sobre nuestros cuerpos hubiera sido usada por nosotras como un arma en su contra, un resquicio de fortaleza en nuestra extrema indefensión, ¿hubiera sido correcto condenarnos socialmente?
Como mujeres, la utilización de nuestros cuerpos o el deseo que despertamos en el otro como instrumento de manipulación o de salvación es condenable. No pasa lo mismo con los hombres.
(...)
Las mujeres sobrevivientes sufrimos doblemente el estigma.
La hipótesis general era que, si estábamos vivas, éramos delatoras y, además, prostitutas. La única posibilidad de que las sobrevivientes hubiéramos conseguido salir de un campo de concentración era a través de la entrega de datos en la tortura y, aún más, por medio de una transacción que se consideraba todavía más infame y que involucraba nuestro cuerpo.
Nos habíamos acostado con los represores. Y no éramos víctimas, sino que había existido una alta cuota de voluntad propia: nos habíamos entregado de buen grado a la lascivia de nuestros captores cuando habíamos podido elegir no hacerlo. Habíamos traicionado doblemente nuestro mandato como mujeres: el de la sociedad en general y el de la organización en la que militábamos. No se nos veía como víctimas, sino como dueñas de un libre albedrío en verdad improbable.
Resulta imposible explicar por qué quienes nos juzgaban sin haber vivido las condiciones que se sufrían en un centro clandestino de detención suponían que las mujeres teníamos el poder de resistirnos a la violencia sexual, a los avances de los represores y podíamos preservar “el altar” de nuestros cuerpos impoluto.
Las mujeres teníamos un tesoro que guardar, una pureza que resguardar, un mandato que obedecer. Nos habían convencido de que así era.
Yo no escapaba a ese mandato. Por eso, lo abrumador del rechazo que me provocaba la conducta de la mujer de mi responsable. Nunca se me ocurrió que podía usar la atracción que provocaba en su captor para conseguir el precioso tesoro del contacto telefónico con su hijita, para aliviar su dolor de madre separada de su cachorra. Tampoco que no había tenido el poder de resistirse a los avances sexuales de su secuestrador, desaparecida y privada de todos sus derechos, en manos de un grupo de ilegales que disponía de su vida y de su cuerpo. Del mismo modo que no había podido preservarse de las laceraciones de la picana. Para mí, para la Petisa, para todos, esa muchacha era la encarnación de lo peor, de lo más repulsivo. Sentíamos más miedo de convertirnos en eso que de inmolarnos. Queríamos ser mártires y no prostitutas.

No me era posible terminar este libro, que ideé con mi amiga y compañera Olga, sin incluir un pasaje de mi propia historia que me atribuló durante años. No podía, no hubiera sido honesto, exponer las experiencias de otras mujeres y callar la mía. Es en realidad parte de una novela autobiográfica que empecé a escribir hace un tiempo, precisamente para clarificar dentro de mi mente lo que había atravesado. Por eso, al final de Putas y guerrilleras, relato lo vivido en La Casa de la CIA.
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