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miércoles, 30 de abril de 2014

No están solos

Familiares de desaparecidos y más de 30 organizaciones respaldan hoy a la Institución de DDHH por denuncias de torturas en Sirpa.

La diaria – 30 4 14 – Por Natalia Uval



 Mirtha Guianze. / Foto: Mauricio Kühne (archivo, marzo de 2013)

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas recibió ayer en Ginebra a representantes del gobierno uruguayo y les formuló 87 preguntas que deberán responder hoy, varias de ellas sobre las denuncias de golpizas y maltratos en los centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). La delegación del gobierno uruguayo está integrada, entre otros, por el director de Asuntos Políticos de la cancillería, Ricardo González, y por el presidente del Sirpa, Ruben Villaverde.
Para formular sus preguntas, el Comité se basó en el informe que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) le entregó el 11 de abril y en una teleconferencia que mantuvo el lunes con organizaciones vinculadas a los derechos humanos. Según recogió la agencia de noticias Efe, Abdoulaye Gaye, integrante del comité oriundo de Senegal, señaló que hay “indicios” de que personas denunciadas por haber maltratado a los jóvenes privados de libertad siguen ejerciendo sus funciones, “por lo que es probable que los malos tratos persistan”. Felice Gaer, de Estados Unidos, preguntó si existen mecanismos para proteger a los funcionarios que quieren denunciar los maltratos y no exponerlos a represalias. 
Además de la situación del Sirpa, el comité consultó al gobierno uruguayo sobre la tipificación del delito de tortura, la reforma procesal penal y la prisión preventiva, explicó a la diaria Mirtha Guianze, integrante del directorio de la INDDHH. Gaye mencionó que el hecho de que 60% de los presos en Uruguay todavía no tenga sentencia “indica claramente que se han de buscar medidas alternativas a la prisión”. 

El comité también preguntó sobre los recursos con los que cuenta el mecanismo nacional de prevención de la tortura, que en Uruguay está a cargo de la INDDHH. Durante la sesión de ayer, según informó Efe, el comité se interesó por la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años, cuestionada en el informe de la INDDHH. Gaye afirmó que “parecería que se quiere recalcar el aspecto punitivo, cuando lo que debería hacerse es caminar hacia un sistema que promueva medidas alternativas al encarcelamiento”.

En apoyo

Hoy a las 13.00, en una conferencia que se realizará en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya, más de 30 organizaciones vinculadas a la infancia y a los derechos humanos y más de 30 personalidades vinculadas a la cultura, el periodismo y la academia harán público su respaldo a la actuación de la INDDHH, que ha sido cuestionada por autoridades de gobierno y legisladores oficialistas tras las denuncias de torturas en el Sirpa.
“Las situaciones visibilizadas muestran nuevamente las graves violaciones a los derechos de los adolescentes que suceden en los centros de detención juvenil, y cuestionan conceptual y estructuralmente a la cárcel como lugar propicio para disminuir la criminalidad adolescente”, indica el comunicado. A continuación enfatiza que resulta “imperioso relevar a la actual dirección del Sirpa” para generar “una señal política clara y precisa acorde con la nueva agenda de derechos impulsada desde el Estado”.
También se menciona la “falta de apoyo y las precarias condiciones de trabajo de la mayoría de los funcionarios que desarrollan tareas dentro del sistema”, pero se advierte de todos modos que es “intolerable la utilización de la violencia en sus múltiples formas y sentidos”. “Por tal motivo, convocamos a los trabajadores del sistema y al movimiento sindical en su conjunto a promover buenas prácticas de ejercicio de sus funciones y a actuar de forma firme y rápida sobre cualquier uso desmedido de la fuerza, dando una señal clara de que la tortura no se tolera y se persigue”, indica el comunicado.
El texto está firmado, entre otras organizaciones, por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la fundación Mario Benedetti, Cotidiano Mujer, el Servicio Paz y Justicia Uruguay, el Instituto de Estudios Legales y Sociales Uruguay, el grupo de familiares de adolescentes privados de libertad, la Organización Mundial Contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño Uruguay, Gurises Unidos, Aldeas Infantiles y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.

No todas son malas 

La INDDHH señala varios aspectos positivos en su informe respecto del accionar del Estado uruguayo. Destaca los avances en políticas públicas en materia de atención de la violencia doméstica -un problema muy grave en Uruguay, en términos comparativos con la región- y los avances edilicios en la infraestructura carcelaria, así como el aumento del personal penitenciario. Advierte sobre la necesidad de “reformar urgentemente el proceso penal inquisitivo vigente” y expresa su “preocupación” ante la iniciativa de una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad. “Dicha reforma podría ser contraria al corpus juris de los derechos del niño del que Uruguay es parte, y podría tener serias consecuencias en términos de seguridad ciudadana, pues al incorporarse a los jóvenes en espacios de encierro adulto y responsabilizarlos de la misma manera, se podría ver acrecentada la violencia institucional, repercutiendo en el circuito de violencia a nivel general. Asimismo se podrían exacerbar los problemas estructurales del sistema penitenciario nacional”, sostiene el informe.
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martes, 22 de abril de 2014

Marcas de abril

Homenajearon ayer a las tres muchachas asesinadas por militares en Brazo Oriental, un crimen que sigue impune después de 40 años.
La diaria - 22 4 14 - Por Luis Rómboli


Participantes del acto de inauguración de la Marca de la Resistencia, en recuerdo de las “Muchachas de abril”, colocan, ayer, sus fotos en el estrado. / Foto: Javier Calvelo.

Se realizó ayer la colocación de la decimoquinta marca de la memoria, una iniciativa de la comisión Proyecto Memoria de la Resistencia 1973-1985 para identificar lugares donde ocurrieron acciones importantes de resistencia a la dictadura, con placas recordatorias y otros elementos. En total se colocarán 26 marcas. 
Esta vez, con el apoyo de la comisión Memorias Muchachas de Abril, la placa se colocó en la vereda del apartamento 3 de Mariano Soler 3098 bis en Montevideo, lugar en el que, en la madrugada del 21 de abril de 1974, fueron acribilladas por militares las jóvenes Diana Maidanick, de 22 años, y Laura Raggio y Silvia Reyes, ambas de 19. Esta última estaba embarazada de tres meses. Además de la placa, se colocaron en su entorno tres asientos de hormigón “simplemente para sentarse, encontrarse con ellas y meditar”, según explicó Antonia Yáñez, presidenta de la comisión que colocó las marcas.
El apartamento está ubicado en el barrio Brazo Oriental, en la punta de una esquina sin cruce, ya que las calles Mariano Soler y Ramón de Santiago se juntan pero no se atraviesan. En la calle se montó un pequeño escenario en el que se colocaron las imágenes de las tres mujeres y unos altoparlantes. Unas 200 personas se congregaron alrededor del lugar, entre ellas autoridades de gobierno, legisladores y dirigentes de sectores del Frente Amplio (FA), así como militantes de Plenaria Memoria y Justicia, que además envió una adhesión. 
Yáñez dijo que “esta marca es particularmente emotiva” porque se cumplen 40 años de los asesinatos, y además porque “estas muertes todavía no habían sido reveladas”, y la colocación de la placa es “una manera más de ponerlas en el colectivo de nuestro pueblo”. El secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, Edgardo Oyenart, dijo que “la memoria, la verdad y la justicia” son “tres pilares de los que el movimiento popular no se puede apear”, y que “hay una parte que está aún pendiente, porque todavía hay militares torturadores caminando libremente por la calle”. “Conmemoro este hecho con tristeza, por la frustración de no haber podido lograr que la verdad y la justicia existan en toda su plenitud en este país”, agregó el sindicalista. 
Luego habló Alma, prima de Diana, quien leyó una proclama para “decirles presente” a las muchachas asesinadas y planteó que “la construcción de la memoria colectiva es una tarea del futuro, porque sólo así se puede cimentar una sociedad que conozca lo que sucedió e impida que se repita”. Por su parte, Stella, hermana de Silvia, dijo que el asesinato de las jóvenes “permanece impune”, y que si bien el militar José Nino Gavazzo, uno de los que comandaron el operativo, “está preso”, no fue condenado por este caso. Además, denunció que uno “de los represores que estuvieron corriendo por este pasillo”, en referencia a la entrada del apartamento, “hoy es edil de la Junta Departamental de Flores por el Partido Colorado”.
Stella contó que participó en careos en el ámbito judicial para identificar a los responsables de la muerte de su hermana y que “ellos estaban igual que siempre, sin arrepentimiento”. Dijo, además, que se trató de “una masacre”, porque cuando su padre “fue a buscar los cuerpos”, contó más de 40 impactos de bala en cada uno. 
“Estaban destrozados, partidos”, agregó. Luego mencionó que tanto el caso de las muchachas como la causa por la desaparición en Argentina de Washington Barrios “están estancados”. Si bien el expediente fue archivado luego de la entrada en vigencia de la Ley de Caducidad, en 2012, cuando se reactivaron todas las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, la causa volvió al Juzgado Penal de 8º Turno, a cargo de la jueza Graciela Eustaccio.

La masacre de Brazo Oriental

Washington Barrios era el militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros al que los militares fueron a buscar al apartamento la noche del 21 de abril de 1974, pero el joven había viajado a Argentina el día anterior. Silvia Reyes, una de las víctimas, era su esposa. El operativo fue comandado por Gavazzo, Manuel Cordero, Armando Méndez, Jorge Silveira, Julio César Gutiérrez, Mauro Mauriño y Juan Rebollo. Los militares no encontraron a Barrios y tras romper la puerta, ingresaron disparando en la vivienda de las tres mujeres. La balacera fue tan grande que dos de los militares resultaron heridos por sus propios compañeros. Así asesinaron a las tres muchachas, y luego de montar una “ratonera” para intentar atrapar a Barrios, al mediodía, los militares trasladaron los cuerpos al Hospital Militar y se llevaron todas las pertenencias de las jóvenes, incluido el mobiliario. Seis meses después se conoció la detención de Barrios en Córdoba, Argentina, en el marco de la aplicación del Plan Cóndor. Sus padres fueron informados sobre la captura por el propio Gavazzo. Después, mientras Barrios cumplía una condena a seis meses de prisión por entrada ilegal a ese país, se decidió su traslado a Córdoba. En el camino desapareció, situación que continúa hasta hoy.

Semana de homenajes

Después de los familiares de las jóvenes habló la alcaldesa del Municipio C, Miriam Rodríguez, que pidió a los presentes continuar “trabajando por los cambios”, para lo cual “no hay que quedarse en las casas”. Después se les obsequió a los familiares un disco con un documental de Ignacio Guichón en homenaje a las Muchachas de abril, que se estrenará hoy a las 19.00 en el Centro Cultural de la Estación Goes. Finalmente, habló la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, que recordó varios episodios en la “lucha por recuperar la democracia”, pero dijo que este caso no es suficientemente conocido incluso entre muchos militantes de izquierda, como “muchas otras cosas que aún están ocultas: para los que las vivieron y mucho más para las nuevas generaciones”. “Seguramente, la gran mayoría de las mujeres que están aquí piensa que podrían haber sido cualquiera de ellas”, dijo Olivera. El cierre de esta semana de homenajes tendrá lugar el domingo en el Centro Cultural Museo de la Memoria, donde se montó una exposición titulada Las muchachas de abril. Allí se presentará nuevamente el documental y cantará Daniel Viglietti. La exposición podrá visitarse hasta el 3 de mayo.


lunes, 21 de abril de 2014




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viernes, 18 de abril de 2014

A 40 años del asesinato impune de las muchachas de abril

Brecha - 16 4 14 - Por Samuel Blixen

El horror y la barbarie de los asesinatos de tres jóvenes, Silvia Reyes, Diana Maidanik y Laura Raggio, siguen reclamando, 40 años después, el justo castigo. Algunos de los responsables de la “masacre de Brazo Oriental” del 21 de abril de 1974 están entre rejas; otros siguen desafiantes, a caballo de la impunidad. Justicia es el único capitulo que falta en esta historia, paradigma de la aberración represiva de la dictadura.

Sólo alguien cansado, medio dormido, con las alertas bajas, podía transitar desprevenido las calles del barrio, a las 4 y media de la mañana. De hecho, buena parte de los vecinos de Brazo Oriental, en la lengua que se apoya en Burgues y en San Martín, habían huido despavoridos llevando a sus hijos menores, a sus padres ancianos, no importa a dónde, con tal de escapar de las balas que atravesaban paredes, rebotaban en el pavimento, salían de las esquinas, de las azoteas, dibujando una malla de muerte antes de que la muerte posible fuera anunciada por el estruendo, que se oía incluso en el Cerrito y en La Blanqueada. 

Dorval Márquez, agente de Policía, pedaleaba su bicicleta con un resto de voluntad después de una jornada de trabajo agotadora, cuando una bala de carabina o de fusil, salida de no se sabe dónde, disparada por no se sabe quién, lo mató en seco, inmediatamente, aun antes de que la rueda dejara de girar, acostada en el pavimento. 

No fue el único muerto por balas militares aquella madrugada de domingo que completaba una noche de sábado para los que aún tenían ánimo de juerga después de dos años de guerra interna implacable. Eso sí: no fue una bala perdida la que abatió a Dorval; fue una bala premeditada, disparada por las dudas, con poca reflexión y mucha impunidad, por si acaso el que pedaleaba la bicicleta fuera el mismo “sedicioso” al que pretendieron detener dos horas antes. La explosión provocada por el disparo rompió el silencio que se había instalado al fin, y por un momento se temió que la locura volviera a empezar.

A las 2.30 del domingo 21 de abril de 1974, las decenas de oficiales y soldados del Grupo de Artillería comandados por el coronel Juan Modesto Rebollo y supervisados a su vez por el Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (ocoa) comenzaron a tomar posiciones a lo largo de la calle Mariano Soler, en la paralela Carabelas y en las transversales Fomento y Ramón de Santiago, aunque el despliegue llegó hasta bulevar Artigas, hasta Luis Alberto de Herrera. No fueron particularmente sigilosos al cerrar las calles y ocupar todas las azoteas de las cuadras más cercanas al objetivo: un modesto edificio de apartamentos de Mariano Soler 3098 bis. Las corridas por las veredas, las órdenes asordinadas, los ruidos en el techo, interrumpieron el sueño e instalaron el miedo en los vecinos. 

A las 2 .40, oficiales y soldados entraron en tropel en el estrecho corredor, convencidos de que iban a capturar a Washington Barrios, “Camilo”, militante del mln, que arriesgaba su legalidad imprimiendo afiches contra la dictadura y volantes para el próximo Primero de Mayo con una impresora instalada en el sótano de su vivienda. No sabían, los represores, que “Camilo” había viajado el día anterior a Argentina, con la esperanza de obtener dinero para evacuar a una pareja y una beba de nueve meses, y a dos muchachas. 

Todos habían sido liberados recientemente, después de meses de encierro por razones tan nimias que no justificaron, siquiera, el pase al juez militar. Pero no lograban obtener trabajo, eran políticamente leprosos, y semanalmente debían someterse aldestrato de la vigilancia en los cuarteles. Como muchos otros, dejaron de presentarse en el cuartel y automáticamente se convirtieron en fugitivos. Intentaron ocultarse en casa de un amigo, en La Teja; providencialmente un vecino les alertó: “Ojo, que hay una ratonera”. Finalmente, a través de una red de amigos, se contactaron con Washington, que dejó a las dos jóvenes al cuidado de su esposa, en su casa, y solicitó a su cuñada que escondiera a la pareja y a la beba.

Los militares que entraron en la vivienda de Mariano Soler cometieron un primer error: los oficiales al frente del pelotón –los mayores José Gavazzo y Manuel Cordero, los capitanes ArmandoMéndez, Julio César Gutiérrez y Mauro Mauriño, y el teniente Jorge Silveira– se equivocaron de apartamento, fueron hasta el fondo y golpearon la puerta número 8. Sus aterrados habitantes explicaron que Barrios vivía en el 5. Desandaron sus pasos a los gritos, contagiando el nerviosismo a los soldados que se agolpaban en el corredor, dispuestos a cumplir órdenes, a ser sumisos en la disciplina, si tan sólo las órdenes no fueran contradictorias, antagónicas, ilógicas, en el coro histérico de gritos y amenazas.

Volvieron a equivocarse: los oficiales exigieron a los gritos que abrieran la puerta numero 5, entraron insultando y puteando, blandiendo metralletas que apuntaban indistintamente a los ocupantes, un hombre, su esposa y la hija menor. “¿Dónde está Washington Barrios?”. El hombre, en calzoncillos, dijo: “Soy yo”, y automáticamente varios se abalanzaron sobre él, golpeándolo y arrastrándolo hacia el corredor, hasta que alguien gritó: “No, a ese no lo maten que es el padre”.

En un creciente paroxismo los oficiales se abrieron paso a través de los soldados que se apiñaban en el corredor y enfilaron hacia enfrente, al apartamento número 3. Desde el suelo, WashingtonBarrios padre  intentaba captar la atención de los militares para postergar el desenlace que se leía en los rostros crispados, en las miradas desorbitadas, y su esposa, Hilda Hernández, los seguía llorando y rogando: “No las maten, no tiren que mi nuera está embarazada”. 

Derribaron la puerta y entraron en la vivienda disparando sus armas. Se sorprendieron: de hecho, la puerta daba acceso a un patio abierto; las ráfagas barrieron las paredes y destrozaron el baño y la cocina, que daban al exterior. Los soldados apostados en las azoteas también comenzaron a disparar. 

Las balas traspasaban la mampostería. Un vecino de otro apartamento salió despavorido en calzoncillos, pidiendo por favor que dejaran de tirar porque las balas traspasaban la pared: “Van a matar a mis hijos”; lo obligaron a ponerse con las piernas abiertas y las manos contra la pared. Desde allí oyó unas voces femeninas gritando que querían entregarse. Otros gritos advirtieron que el capitán Gutiérrez había caído. (Había sido herido por sus propios camaradas; la bala le perforó el cuello y el capitán murió un mes después.) 

Ya no fue posible detener la balacera en el apartamento, en el corredor, en la calle, en las azoteas, que repetía el reflejo automático, instintivo, de accionar el gatillo. Los disparos partían de cualquier lado dirigidos hacia ningún lado; no había fuego enemigo, sólo descargas que terminaron concentrándose sobre la puerta de madera de dos hojas que comunicaba con un gran espacio, cuarto y comedor, y cuya pared parecía que terminaría por derrumbarse horadada por los impactos.

No se sabe cuánto tiempo continuaron los militares disparando ráfagas, una tras otra. Las balas se incrustaron en los techos, destrozaron las puertas, hicieron saltar las ventanas en añicos, agujerearon las paredes de ladrillo y perforaron las medianeras del patio. Detrás de la puerta del comedor los militares encontraron a tres jóvenes en camisón, acurrucadas, abrazadas entre sí y, por cierto, desarmadas. No preguntaron por Washington Barrios; simplemente las acribillaron, fuera de sí, incapaces de contener el miedo que nace de la tensión.

Cuando las armas dejaron de escupir balas, cuando el capitán Gutiérrez y el coronel Rebollo –que había sido herido levemente en un brazo– fueron evacuados, cuando los generales Julio CésarRapela y Esteban Cristi “se apersonaron en el lugar del enfrentamiento”, el teniente Jorge Silveira, “Chimichurri”, a quien le esperaba una larga carrera especializada en asesinatos, torturas y violaciones, se dio un respiro, regresó al apartamento 5 y encaró a Hilda Hernández corajudamente: “Dígame dónde está su hijo, que yo mismo lo mato”, sin que hasta hoy se sepa por qué tanto encono. 

En el apartamento 3, los oficiales dispusieron que se armara una “ratonera”, es decir, tres o cuatro soldados que aguardarían un improbable regreso de Washington Barrios. En un rincón del comedor, detrás de la puerta, quedaron los cuerpos acribillados y desfigurados de Diana Maidanik, 21 años, estudiante de la Facultad de Humanidades y maestra de jardín de infantes; LauraRaggio, 19 años, estudiante de la Facultad de Psicología; y Silvia Reyes, 19 años, esposa de Washington Barrios, embarazada de tres meses.  

Es posible que los responsables de lo que después se conoció como “la masacre de Brazo Oriental” ni siquiera tuvieran idea de a quiénes estaban asesinando; la justificación vino después, con el débil argumento, estampado en los comunicados de las Fuerzas Conjuntas, de que los militares habían respondido al fuego de los sediciosos y que en la casa fue hallado un “berretín con armas”. El invento era irrelevante: ni aun así se justificaba la furia homicida, más cuando, 32 años después, ante un juez penal, José Gavazzo reconocería, indolente –indiferente a los sentimientos de los familiares que revivían en el careo el dolor intacto– que “Barrios no era un objetivo importante”.

Todo estuvo a punto de repetirse, una hora más tarde, a eso de las 3 y media, cuando los militares volvieron a copar calles y azoteas en la zona de Jacinto Vera y Estivao, en el Buceo, en un edificio de apartamentos independientes, en uno de los cuales vivían los padres de Silvia Reyes, y en otro, al fondo, Stella, la hermana de Silvia. 

Como antes, entraron en el corredor y fueron golpeando todas las puertas. Stella y la pareja con su hija lograron a duras penas escurrirse; dejaron a la beba en la puerta de la abuela de Stella y treparon a la azotea, pero los soldados apostados en los techos las vieron. Como antes, se desató una balacera infernal, incontrolada. Previendo lo de antes, un megáfono tronó una orden: “¡Paren, que nos estamos tirando entre nosotros!”. Stella y la pareja lograron descolgarse hasta los fondos y se escondieron en un galpón. 

Recién al amanecer los soldados las encontraron. Las ataron con una cuerda de colgar ropa y comenzaron atorturarlas, allí mismo, en la calle, pero no para obtener información, para descargar el miedo acumulado. Los vecinos, testigos de la saña, pedían que no las mataran. Después, en el cuartel de La Paloma, Artillería 1, con más método y menos prisa, Gavazzo y Juan  Modesto Rebollo –cuya herida no le impidió torturar– interrogaron a Stella sobre Washington Barrios.

Recién a media mañana del domingo, los cuerpos de las tres chicas –las “muchachas de abril”– fueron retirados del apartamento devastado y trasladados al Hospital Militar. 

Al mediodía la “ratonera” fue levantada para que un pelotón de soldados, trasladado  en varios camiones, iniciara el desguace del apartamento 3. Desde el otro lado del corredor, en la puerta de enfrente,Jacqueline, la hermana de Washington Barrios, vio impotente cómo se llevaban todo el mobiliario, rúbrica postrera de la impunidad,  burla del dolor, gesto impúdico de rapacidad. Se llevaron hasta la puerta de entrada, los tapones y las tapas de las llaves de las luces; Jacqueline vio cuando sacaban la máquina de coser y el colchón del sofá cama empapados en sangre. No pudieron llevarse el placar del dormitorio, que estaba empotrado; lo rompieron.

Por la tarde, Washington Barrios padre entró en el apartamento 3: el revoque de las paredes formaba una alfombra en los pisos, y en el comedor el blanco se confundía con el rojo de la sangre. Las paredes estaban salpicadas. “Era horrible. Las balas incrustadas tenían trozos de cuero cabelludo”. El padre contabilizó 140 impactos de bala. 

El lunes 22 las tres familias de las víctimas recibieron llamadas telefónicas conminándolas a retirar los cadáveres en el Hospital Militar. Los padres de Diana Maidanik comprobaron que su hija había recibido 35 balazos; la madre de Laura Raggio no pudo sobreponerse a la visión de su hija con una herida de bala en la cabeza; más tarde, cuando la velaban, creyó que Laura se había teñido el pelo, pero era sangre. 

El padre de Silvia Reyes debió reconocer a su hija –identificarla– en la morgue: contó más de 38 impactos de bala en todo el cuerpo. Las heridas revelaban que habían recorrido el cuerpo con dos ráfagas, de arriba abajo, cuando ya estaba muerta. Nadie se atrevió a decirle nada cuando le sacó el anillo de matrimonio de la mano derecha y lo guardó para su yerno, a quien nunca más volvió a ver.

Pero aún no había acabado el calvario: cuando se realizaba el velorio de Silva, un grupo de soldados entró en la casa, se dirigió a los fondos, donde vivía Stella, y comenzó a saquear la casa. Mientras al frente los familiares lloraban a la muerta, al fondo los soldados se llevaban todo lo transportable mientras cantaban “Uruguayos campeones…”. 

El padre de Silvia no soportó la provocación, encaró al general Rapela, que solía comprarle obras de arte y pretendió, en el forcejeo, arrebatarle el arma. Rapela no se lo esperaba, y antes de que atinara a una reacción, un tío de Silvia logró tranquilizarlo. A la hora del sepelio, cuando sacaron el féretro de la casa, los vecinos de la zona aguardaban compactos, en la vereda de enfrente; cubrieron el féretro con una lluvia de rosas.

En 1985 las familias Barrios y Reyes formalizaron la denuncia sobre los asesinatos de las muchachas de abril, pero en 1986, ley de caducidad mediante, el caso fue archivado por orden del presidente Julio María Sanguinetti. Diecinueve años después, en octubre de 2005, un equipo de abogados de Ielsur, organización no gubernamental, pidió retomar la indagatoria, que recayó en el juzgado penal a cargo del juez Pablo Eguren. Insólitamente, el escrito que solicitaba la reapertura del caso no reclamaba expresamente –como es habitual– responsabilidades penales para quienes estaban implicados en el operativo que culminó con los asesinatos. El fiscal Enrique Moller, experto en archivar causas de violaciones a los derechos humanos, ni lerdo ni perezoso aprovechó el pretexto para solicitar que se desistiera de la investigación. El juez Eguren estuvo de acuerdo. 

Al reactivarse todas las causas, en 2012, el expediente volvió al despacho del juzgado penal de 8º Turno, ahora a cargo de la jueza Graciela Eustaccio. Pero hasta el presente, a 40 años de los sucesos, no hay ninguna sanción penal para los responsables de los asesinatos.


La desaparición de Wáshington Barrios

 
Exactamente seis meses después de aquel domingo que amaneció teñido en sangre en el barrio Brazo Oriental, el mayor José Gavazzo regresó al edificio de Mariano Soler 3098 bis y volvió a golpear la puerta del apartamento 5. Los padres de Wa­shington Barrios supieron al instante que nada bueno traía la visita. 

Si hasta ese momento el estudiante y empleado de 22 años, nacido en Cúcuta, Colombia, y nacionalizado uruguayo, que contaba apenas con un antecedente por pintadas callejeras, no figuraba entre los objetivos de la represión, algo hizo cambiar la apreciación, porque el operativo de Brazo Oriental, además de los cientos de cartuchos que quedaron desparramados en el apartamento y en la zona como muestra de la barbarie desatada, concentró lo más graneado de la inteligencia represiva.

Fortuitamente, Washington se escabulló y algunas semanas después logró informar a la familia que estaba vivo y que se había refugiado en Argentina. Pero nada más se sabía. Por eso, la presencia de Gavazzo sólo podía ser del peor augurio. El mayor, que desde la caída en desgracia de los oficiales del Batallón Florida se había convertido en pieza clave de la coordinación, se hizo el canchero ante los padres de Washington: “Camilo está bien, fue detenido en Córdoba”, dijo, y mostró un papel, con escritura a mano, que Hilda, la madre, reconoció como la de su hijo. “Querida vieja, viejo, flaquita. No se preocupen, yo me encuentro bien. Dentro de poco nos vemos.” 

¿Qué objeto tenía entregar esa esquela? Era una manera de revelar, gratuitamente, una coordinación entre argentinos y uruguayos que después sería negada así se amontonaran las evidencias cuando comenzó a investigarse el Plan Cóndor, del que Gavazzo fue un diligente ejecutor. Washington Barrios fue detenido un mes antes de la visita de Gavazzo, el 17 de setiembre, tras un allanamiento en una casa en calle 6 esquina 9, barrio Cabo Fariña, ciudad de Córdoba, junto con otros argentinos acusados de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo (erp). Según informaciones de prensa, de origen policial, en el domicilio se encontraron armas y explosivos, algunas de las cuales fueron sustraídas en el copamiento de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos, en agosto de 1974, por comandos del erp.

En los interrogatorios, según el comisario Héctor García Rey, secretario de Seguridad y jefe de Policía de la provincia de Córdoba, Barrios reclamó ser tratado según las disposiciones de la Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra porque, dijo el comisario que dijo el detenido, era combatiente de guerra. Insólitamente para un combatiente que manejaba un arsenal en su casa, el 11 de octubre Barrios fue procesado por el delito de entrada ilegal al país y condenado a seis meses de prisión. Ese mismo 11 de octubre fue conducido por orden judicial desde Córdoba hasta Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.

Segundo capítulo insólito: el 20 de febrero de 1975, cuando cumplía cuatro de los seis meses de pena, el juzgado 3 de La Plata decretó su libertad; se ordenó que Washington Barrios fuera devuelto a Córdoba, para trámites administrativos. En el trayecto simplemente desapareció; en el juzgado “oficialmente se informa que se fugó en el trayecto de La Plata-Córdoba”, así nomás, sin ninguna aclaración, ningún detalle, ninguna explicación; apenas se consigna que “no existen indicios sobre su destino posterior”, y no los habrá hasta que el caso de Washington Barrios seaoficialmente declarado como desaparición forzada.

En el expediente de La Plata, según le contó el fiscal a la madre, Hilda Hernández, constaba que las Fuerzas Armadas uruguayas habían reclamado al detenido por ser uruguayo. Pero el expediente, a su vez, ya no tan insólitamente, desapareció del juzgado, con lo que se cerró un círculo de crímenes, infamias e impunidades.

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sábado, 12 de abril de 2014

Citaciones masivas

Por ocupación de la SCJ por traslado de Mota

Caras y Caretas - Viernes 11 4 14


 

La Justicia decidió ampliar la indagatoria penal por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el día del traslado de la jueza Mariana Mota a un Juzgado Civil. 

Unas 60 personas serían citadas a declarar en los próximos días para certificar su participación en la ocupación. 

Por estos hechos, fueron procesados siete activistas sociales, entre ellos, el ex dirigente del MLN-T, Jorge Zabalza.

La jueza Penal de 9º Turno, Blanca Rieiro, y el fiscal Gustavo Zubía iniciarán, después de Semana de Turismo, una nueva indagatoria penal por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el día del traslado de la jueza Mariana Mota a un Juzgado Civil. Se estima que unas 60 personas serían citadas a declarar como indagadas.
La magistrada resolvió en las últimas horas, a pedido de la Fiscalía, iniciar un nuevo presumario por la ocupación de la Corte, con el objetivo de indagar la participación en los hechos de todas las personas que voluntariamente comparecieron ante la Sede para manifestar su participación en el acto.
La jueza Rieiro y el fiscal Zubía analizarán nuevamente los videos y registros fotográficos que fueron incorporados en el expediente principal, para certificar si las personas que firmaron la carta participaron efectivamente en la ocupación y cuál fue su rol en la misma. Cuando esta etapa culmine, se dispondrá la citación de los involucrados, según indicaron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal.

Los hechos se remontan a febrero de 2013, cuando la SCJ dispuso el traslado de la jueza Mariana Mota, a un Juzgado Civil. Mota era la jueza que tramitaba la mayor cantidad de expedientes por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y una de las pocas en aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, por el que se considera estos delitos como crímenes de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles.
El traslado de Mota generó un profundo malestar entre las organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos. El día que Mota debía jurar en su cargo, unas 500 personas se congregaron en la Corte para manifestar su rechazo a la decisión. La ceremonia se postergó durante unas horas y se realizó sólo después de que la Corte fuera desalojada.
En esa instancia, los ministros de la Corte presentaron una denuncia penal por la ocupación de la Corte, aduciendo que el accionar de los manifestantes impidió el normal desarrollo de la ceremonia y que se cumpliera el acto administrativo. El caso derivó en el procesamiento sin prisión, en noviembre de 2014. de siete activistas sociales.
La entonces jueza Penal Gabriela Merialdo, dispuso el procesamiento del ex militante del MLN-T, Jorge Zabalza, la militante de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, el dirigente de Adeom Montevideo, Aníbal Varela, la docente Patricia Borda, el ex preso político Álvaro Jaume y sus hijos, los ex jugadores de fútbol, Eduardo y Diego Jaume por un delito de “asonada”.
Empero, la magistrada, hoy en el fuero civil, ordenó la apertura de un presumario para indagar la presunta participación en la ocupación de unos 60 activistas que presentaron un escrito ante la Sede donde reclamaban ser citados a declarar por su participación en la movilización.

El escrito señalaba que los firmantes participaron y apoyaron la ocupación de la sede Corte, como parte de legítimos derechos consagrados en la Constitución de la República y en la normativa internacional para “manifestar el repudio al nuevo acto de impunidad trasladando a la Dra. Mariana Mota”. Tras el análisis de los videos y los registros fotográficos estas personas serán citadas.
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viernes, 11 de abril de 2014

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero


En la tarde de ayer se presentó en el Centro Cívico y Comercial
de Ciudad de la Costa una nueva edición del libro 
"Julio Abreu sobreviviente del
vuelo cero" escrito por Alberto Silva.

Hicieron uso de la palabra el Alcalde del Municipio Ciudad de la
Costa Omar Rodríguez, Gladys Oyamburo de la Comisión por
la Memoria de los Fusilados de Soca, Gastón Grisoni, Presidente 
de Crysol, Julio Abreu y Alberto Silva.

La presentación del libro contó con la presencia del
Embajador de la República Argentina en nuestro país, 
Ing. Dante Dovena y su señora esposa, 
 de ediles departamentales,  consejales del municipio
y un nutrido marco de público.

La actividad contó con el respaldo de la Junta Departamental
de Canelones, especialmente de la Comisión de Memoria
de la misma.







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