la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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miércoles, 29 de enero de 2014

ONU para todos

18ª SESIÓN DEL CONSEJO DE DDHH


Uruguay participará este miércoles de la 18.ª sesión del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El presidente de la INDDHH, Juan Raúl Ferreira, presentará un informe ante el organismo internacional. 


Montevideo Portal - 28 1 14

Uruguay participará este miércoles de la 18º sesión del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que diferentes autoridades plantearán una puesta a punto de lo actuado en materia de DDHH en nuestro país.

El presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Raúl Ferreira, presentará el miércoles un informe sobre lo actuado sobre las recomendaciones de la primera ronda del Examen Periódico Universal, en el período 2004-2008, entre las que se encuentra la creación misma de la INDDHH.

“En su proceso de instalación, la INDDHH ha enfrentado algunas dificultades, derivadas de imprecisiones de su ley de creación respecto de su naturaleza jurídica y su posición institucional, que la privaron de designar al personal imprescindible para el cumplimiento de sus múltiples cometidos. Será necesario que el Estado resuelva estas dificultades con el dictado de un nuevo texto legal, a efectos de dotarla de un marco jurídico-administrativo adecuado y mayor autonomía presupuestaria y organizativa para garantizar efectivamente su independencia y operatividad”, señala el informe.

En cuanto a la situación de la Justicia, la INDDHH señala la necesidad de poner en agenda ”la creación de un Consejo Superior de la Magistratura; la creación de un Tribunal Superior Constitucional; la reforma del Ministerio Público y Fiscal y la definitiva sanción de un nuevo Código del Proceso Penal”.

Sobre ese punto se marca la necesidad de reglas “claras y transparentes” en la administración del Poder Judicial, “en particular, en lo referido al régimen de nombramiento, ascenso y traslado de los jueces”.

“Deberán impartirse cursos obligatorios y permanentes de formación sobre derecho internacional de los derechos humanos a los magistrados, fiscales y demás operadores judiciales”, agrega el texto.

Por otro lado, señalan que la declaración de inconstitucional de la ley 18331, “tiene un impacto determinante en el avance de las causas ante la Justicia. Asimismo, constituye una orientación de política judicial que contraviene compromisos asumidos por el Estado frente a la comunidad internacional”.

En materia de no discriminación, la INDDHH sostiene que el Estado debe “profundizar las acciones afirmativas ante los diferentes colectivos de personas discapacitadas, en particular de los niños y niñas, a los que muchas veces se les niega su derecho a la educación, y expresa su preocupación por la situación de desamparo en que se encuentran las personas que sufren enfermedades mentales”.

Además, recuerda que en octubre de 2012 la INDDHH presentó el Informe sobre trabajadores migrantes, trata de personas y explotación laboral en el que señala que el Estado “tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias, sin distinción alguna y debe asegurar, a través de la implementación de medidas administrativas, legislativas o de otra índole, que ningún trabajador migratorio ni sus familiares sean sometidos a esclavitud o servidumbre, ni realicen trabajos forzosos u obligatorios”.

El informe también apunta a una reforma de la justicia de menores para complementar la reforma institucional del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente para que se utilice la privación de libertad “como último recurso, sustituyéndola por medidas alternativas”.

“La INDDHH ha constatado durante su visita al centro “SER” de la Colonia Berro, que los menores permanecen encerrados entre 20 y 23 horas diarias, sin acceso a ningún tipo de actividad. Se les habilita la salida de sus celdas para el baño diario durante aproximadamente quince minutos, salen al patio un promedio de una hora y media dos veces a la semana y reciben visitas los días sábados y domingo en horario matutino y vespertino. La posibilidad de asistir a clases es esporádica, discontinua y excepcional. Asimismo, verificó que un elevado porcentaje de adolescentes internados en dicho centro consumen psicofármacos, con prescripción médica y que no hay controles médicos frecuentes (generales o psiquiátricos), así como que el reglamento de convivencia vigente se desconoce, por lo que las sanciones son impuestas discrecionalmente y sin fundamentación”, indica el informe que será presentado ante el organismo internacional.

Otro aspecto tratado en el informe es la situación en materia de violencia de género, particularmente en lo que refiere a violencia contra las mujeres: “persisten dificultades en la respuesta que se brinda ante situaciones de violencia contra las mujeres, en particular en el interior del país; así como la existencia de prácticas institucionales que invisibilizan la problemática de la violencia doméstica y que revictimizan a las mujeres. Por ello Uruguay no logra disminuir el índice de mujeres asesinadas en situaciones de violencia en el hogar (este año ya han sido asesinadas 17 mujeres), que lo sitúa estadísticamente en el segundo lugar en América Latina”.
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martes, 21 de enero de 2014

Será una "sanción moral"

Gregorio Álvarez podrá perder los derechos de pertenecer a las FFAA


Lo juzgará un tribunal de honor y puede llegar a perder la jubilación y el de ser atendido en el Hospital Militar. 

El observador - 20 1 14


El ex dictador de 88 años Gregorio Álvarez, condenado por sus crímenes durante la dictadura (1973-1985), será juzgado por el Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas que podría degradarlo y eliminar sus beneficios por pertenecer a la institución, informó a Efe una fuente oficial.

"Lo resolvió el señor presidente de la República y el ministro de defensa -Eleuterio Fernández Huidobro-" a través de una resolución firmada el lunes, señaló el director de Asuntos Jurídicos, Notariales y de Derechos Humanos, Roberto Caballero.

El tribunal va a juzgar "su conducta moral y su comportamiento ético" y "si concluye que no representó a las Fuerzas Armadas con honestidad y ética profesional, las sanciones pueden llegar a la pérdida de su jubilación y del derecho del uso de su uniforme o de ser atendido en el Hospital Militar", agregó Caballero.

En declaraciones a Efe Caballero negó que la resolución sea una forma de "repudio" para Álvarez sino "una sanción moral" y aclaró que el Poder Ejecutivo resolvió ya la composición del Tribunal de Honor que lo juzgará, que estará integrado por los ex comandantes en jefe del Ejército, Jorge Rosales, Carlos Díaz y Ángel Bertolotti.

Los miembros del tribunal "tienen que ser de su mismo grado" y ni Rosales, ni Díaz ni Bertolotti pueden negarse a intervenir en el caso pese a estar jubilados porque "los oficiales del Ejército, una vez que pasan a retiro, durante un período de varios años, están sujetos a disciplina", agregó la fuente.

El ex general Gregorio "Goyo" Álvarez, que fue comandante en jefe del Ejército entre 1978 y 1979, y gobernó "de facto" entre 1981-1985, está en prisión desde 2007 y fue procesado y condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte de 37 opositores en 1977 y 1978.

En octubre pasado la Suprema Corte de Justicia de Uruguay absolvió al ex dictador del homicidio de Roberto Luzardo, fallecido en el Hospital Militar de Montevideo en 1973 por falta de atención médica, porque no se pudo comprobar que fuera el entonces general quien dio la orden de dejarlo morir.

Luzardo, un guerrillero tupamaro compañero de filas del actual presidente de Uruguay, José Mujica, fue herido de bala en agosto de 1972, detenido en un cuartel y falleció diez meses después en el Hospital Militar, dos semanas antes del golpe de Estado que terminó con la democracia en el país.

Como integrante de aquella guerrilla, Luzardo participó en una acción armada que derivó en la muerte del coronel Artigas Álvarez, hermano de Gregorio Álvarez.

La decisión de Mujica y el ministro Fernández Huidobro, que fue compañero suyo en las filas tupamaras y que como él pasó varios años en la cárcel por sus acciones violentas con la guerrilla contra gobiernos constitucionales, pone un poco más de sal a la compleja relación del Gobierno con las Fuerzas Armadas.

Esta relación vivió momentos de tensión en los últimos tiempos a raíz de la condena el año pasado del primer militar en activo, el general Miguel Dalmao.

Pese a ello, la voluntad expresada públicamente por el mandatario en otras ocasiones de tratar de cerrar las heridas de aquella época también ha sido criticada por los familiares de las víctimas de la dictadura, algunas de las cuales consideran que su Gobierno no ha hecho lo suficiente para acabar con la impunidad.


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viernes, 17 de enero de 2014

"Ganó muchas batallas"

MACARENA GELMAN HABLO SOBRE SU ABUELO, JUAN GELMAN


Página 12 - 17 1 14


Macarena Gelman en México,

 donde el miércoles fue velado su abuelo.
La nieta del poeta dijo que tiene “una tristeza y un dolor enorme” y que su abuelo “terminó sus días en paz”.

“Mi abuelo ganó muchas batallas a pesar del dolor, y una de ellas fue encontrarme”, dijo Macarena Gelman el miércoles por la noche en México, donde despidió los restos de Juan Gelman, el abuelo que la buscó hasta dar con ella en Uruguay. “Yo no sabía de él hasta entonces. Cuando me enteré, fue de todo: lo conocí como abuelo, como escritor, como poeta, como periodista”, contó.

Macarena Gelman viajó de Uruguay a la Ciudad de México para asistir el miércoles al velatorio de su abuelo. Allí hizo declaraciones al diario Reforma. Contó que la última vez que habló con su abuelo fue el sábado. El lunes, un día antes del fallecimiento, se comunicaron por correo electrónico. “Ya llevaba un tiempo conociendo la situación, así que, si bien es una tristeza y un dolor enorme, también fue la tranquilidad de que terminó sus días en paz. A pesar del dolor, queríamos que no estuviera sufriendo o que sufriera lo menos posible.”

“Hasta diciembre, que estuve unos días con él, estaba preocupado por escribir”, a pesar de las recomendaciones de los médicos, contó Macarena. El director del suplemento cultural del diario Milenio, José Luis Martínez, había revelado que, antes de morir, Gelman terminó de escribir Amar a Mara, un “homenaje al amor que tenía por su mujer, Mara La Madrid”.

“A pesar del dolor, de la vida que tuvo, pudo hacer muchas cosas; una de ellas, gracias a la ayuda de su esposa, fue encontrarme”, dijo Macarena.

La nieta del poeta nació en Montevideo, mientras su madre estaba cautiva. María Claudia García Iruretagoyena y Marcelo Ariel Gelman, hijo del poeta, fueron secuestrados en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976. Ella tenía 19 años y estaba embarazada de ocho meses. Marcelo fue ejecutado y su cuerpo fue encontrado en San Fernando, en un tonel de cemento. 

La mujer fue llevada del centro clandestino Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor, a Montevideo, a un edificio del Servicio de Información de Defensa (SID), en Bulevar Artigas y Palmar. Estuvo prisionera en la planta baja del lugar con otros veinte detenidos uruguayos que permanecían encerrados en el sótano. Probablemente el 1º de noviembre de 1976 dio a luz a su hija en el Hospital Militar de Montevideo y pocos días después fue nuevamente conducida al centro del SID. Cerca de la Navidad fue sacada con su niña y llevada a otro campo clandestino de Montevideo, llamado Valparaíso. Allí fue asesinada para sacarle a su hija, a mediados de enero de 1977. La niña, ya una joven, fue encontrada por Gelman en Uruguay a principios de 2000. Había sido entregada a un policía uruguayo.

La búsqueda del cuerpo de su nuera fue una de las batallas que libró el poeta hasta su muerte. Por eso, Macarena afirmó que “la historia sigue abierta”.

Ayer, el Gobierno formalizó la declaración de tres días de duelo nacional por el fallecimiento de Gelman. En el decreto publicado en el Boletín Oficial se señala que “en su obra desplegó a pleno su fuerte compromiso social, retratando fielmente la realidad de nuestro país y las injusticias de Latinoamérica”.


“Poeta y periodista, reconocido internacionalmente por la singularidad de su obra, exiliado forzoso y, en su propia definición, esperanzado sin remedio, durante toda su vida ha luchado por los derechos civiles, políticos, económicos y culturales de sus compatriotas y de los hermanos latinoamericanos”, se destaca en los considerandos. En la argumentación se recuerda que Gelman, “habiendo nacido en la ciudad de Buenos Aires el 3 de mayo de 1930, se radicó en 1989 en la Ciudad de México luego de un largo peregrinar por el exilio, fruto de la brutal persecución que sufrió él y su familia por su militancia y compromiso político”.

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Nuovo indirizzo

Fiscal de la causa Plan Cóndor en Italia pedirá a Brasil extradición de Mato, dijo 

Jair Krischke.

La diaria - 17 1 14 - Por Cecilia Alvarez



Jair Krischke. (archivo, mayo de 2007)


Foto: Sandro Pereyra
El presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Jair Krischke, contó a la diaria que se comunicó el miércoles con el italiano Giancarlo Capaldo, fiscal de la causa que investiga crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, y que éste le confirmó que iniciará un pedido de extradición ante la Justicia brasileña por el coronel retirado uruguayo Pedro Antonio Mato Narbondo. “Va a pedir la extradición a Brasil, porque en el expediente de la Justicia italiana está la dirección de Mato en Rivera, y ahora está en Brasil”, en Santana do Livramento.

Mato tiene un pedido de detención de la Justicia uruguaya por la investigación de la muerte de Luis Batalla, por torturas, el 25 de mayo de 1972 en el Batallón de Infantería Nº 10 de Treinta y Tres. 

La causa fue iniciada en 1986 y archivada -sin motivo, porque la muerte fue antes del comienzo de la dictadura-, bajo el amparo de la Ley de Caducidad. Pero después de que se aprobó el decreto que revocó los actos administrativos que se ampararon en esa ley, la organización de ex presos políticos Crysol y el Observatorio Luz Ibarburu, que hace el seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, pidieron la reapertura del caso, que se hizo en abril de 2013.

Desde entonces, explicó el abogado Federico Álvarez Petraglia, declararon más de 15 militares en calidad de indagados, otros detenidos en el Batallon Nº 10 como testigos, y se aportó el expediente de la Justicia Militar, que fue rastreado y encontrado. 

En este expediente consta qué militares estaban destinados al Batallón, sus roles, las declaraciones de los involucrados -entre ellos el propio Mato, que integraba el S2 del Batallón y que reconoce haber interrogado a Batalla- y la autopsia, que determina que la causa de la muerte fue el “estallido de hígado” como consecuencia de las torturas. Entre las declaraciones que recibió la jueza se encuentran también las de tres militares que por distintas razones se encontraban en el Batallón de Infantería Nº10, que ratifican la hipótesis de la muerte de Batalla tras la tortura.

En el marco de la investigación presumarial se citó a Mato pero no compareció. A fines de noviembre, al saber que el ex coronel tenía domicilio en Santana do Livramento, la jueza penal de 9º Turno, Blanca Rieiro, libró una orden de detención contra Mato, quien desde entonces está prófugo. Álvarez Petraglia aseguró a la diaria que “hay elementos de convicción suficiente para imputarlo por su participación en el homicidio de Batalla”, en el caso de que Mato estuviera en Uruguay. En opinión del abogado, el pedido de detención también es suficiente para hacer un pedido de extradicción.

Uno u otro

Krischke no es optimista respecto de que se concrete la extradición a Italia. Explicó que Mato Narbondo obtuvo su ciudadanía brasileña porque su madre nació en Brasil. En 1993 presentó su partida de nacimiento, con la traducción correspondiente, ante las autoridades brasileñas y consiguió la cédula de identidad de ese país. Luego, en 2003, hizo el último trámite por la ciudadanía, que consiste en declararse residente en ese país y optar por la ciudadanía brasileña ante la Justicia Federal. “Entonces se le dio la ciudadanía plena”, informó Krischke.

El antecedente más cercano de una extradición a Italia se remonta a 2010, cuando el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva no permitió la extradición de Cesare Battisti, un italiano que había participado en las Brigadas Rojas y que estaba acusado de cuatro asesinatos. Krischke agregó que la Justicia brasileña no habilita la extradición por un crimen que haya prescripto en su país, y el homicidio prescribe a los 20 años.

Explicó, no obstante, que por el Tratado del Mercosur, aunque Brasil no apruebe la extradición está obligado a juzgar en Brasil al acusado si se trata de un delito vigente en el país. 

“El homicidio prescribió, pero el secuestro con desaparición es un crimen permanente, que sigue vigente, y por este tema sí se lo podría encausar en Brasil”, añadió. Por ese motivo, Krischke se puso en contacto con el fiscal de la causa Plan Cóndor en Buenos Aires, Miguel Ángel Osorio, ya que Mato también estuvo en Automotores Orletti y podría ser imputado en ese caso. 

Álvarez Petraglia coincidió con la tesis, ya que aseguró que Mato integró el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), que actuó en Argentina y Uruguay. “Sería muchísimo más fácil si por el Tratado del Mercosur Uruguay o Argentina pidieran la extradición”, insistió Krischke.

Queda todavía


Álvarez Petraglia informó que una que vez que se levante la feria judicial mayor, en febrero, continuarán las declaraciones de testigos. Entre otros, se citará al ex diputado del Partido Demócrata Cristiano Daniel Sosa Díaz, quien fue el encargado de interpelar, en 1972, al ministro de Defensa Nacional de la época, Enrique Magnani, por la muerte de Batalla. Magnani terminó renunciando un mes después y, con la interpelación, el Parlamento reconoció la existencia de torturas, en democracia, en depedencias militares.

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jueves, 16 de enero de 2014

Golpe a golpe

La lucha de Juan Gelman, llena de perseverancia y con pocos apoyos estatales.


La diaria 16 1 14 - Por F.F.




Macarena y Juan Gelman, en el Palacio Legislativo, durante el acto
en el que el estado uruguayo  reconoció la responsabilidad y pidió
perdón en el caso Gelman, cumpliendo con la  sentencia
 impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
(archivo, marzo de 2012).
 Foto: Javier Calvelo


Si bien puede decirse que todo comenzó bastante antes, los hechos denunciados por la familia Gelman tienen su inicio el 24 de agosto de 1976, cuando Marcelo Gelman -hijo de Juan- y su compañera María Claudia García, embarazada de siete meses, fueron secuestrados en Buenos Aires y recluidos en el centro de detención clandestino Automotores Orletti. Poco después de su secuestro, Marcelo fue ejecutado de un tiro en la cabeza -lo que se supo recién en 1989- y María Claudia trasladada a Uruguay, donde esperaron que pariera antes de desaparecerla. Al poco tiempo de nacida, Macarena fue entregada a un oficial de la Policía uruguaya y su esposa. Su madre biológica permanece desaparecida.

La lucha de Juan comenzó cuando no había certezas sobre el tema y la información era nula. Las principales trancas las encontró en Uruguay, y eso lo llevó a que en 2000 escribiera una carta pública al entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, en la que pedía colaboración en la búsqueda de su nieto. La respuesta de Sanguinetti no sólo fue negativa, sino que además dijo no estar al tanto de la desaparición de niños durante la última dictadura. Ese mismo año, y a poco tiempo de que asumiera la presidencia Jorge Batlle, Juan pudo encontrarse con el resultado de su ansiada búsqueda: le era restituida su nieta, quien además optó por llevar los apellidos de sus padres biológicos, algo que finalmente se concretó cinco años después.

Lejos de terminar la lucha, ahora ambos siguieron golpeando puertas para conocer el destino de los restos de María Claudia. Algunos militares suministraron información falsa, lo cual se supo tras realizar algunas excavaciones en predios militares llevadas adelante por el equipo de Antropología Forense. 

En este sentido, la llegada a la presidencia del Frente Amplio fue clave, y luego de que Batlle también diera su negativa, Tabaré Vázquez definió que el caso Gelman no se encontraba amparado por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, lo que permitió que las denuncias penales pudieran ser investigadas. Pero el fiscal del caso, Enrique Moller, pidió al juez que lo archivara, precisamente porque entendía que estaba comprendido por dicha ley. Aunque el juez no hizo caso, el fiscal apeló y el tribunal le dio la razón, por lo que la causa debió ser clausurada.

En 2006, Juan y Macarena denunciaron al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representados por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por su sigla en inglés). La comisión entendió que había méritos para un juicio y le dio curso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en febrero de 2011 condenó al Estado uruguayo a investigar la causa sin importarle la Ley de Caducidad, a la que además consideró contraria al respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Además, ordenó indemnizar a Macarena y Juan con 513.000 dólares.

Por su parte, en 2008, Macarena presentó con éxito una denuncia penal para que el caso fuera reabierto, lo que entre otras cosas llevó a que fueran procesados con prisión cinco ex militares y policías que ya estaban en la cárcel por otras causas: José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira Quesada y Ricardo José Medina. Pese a que en 2011 el Parlamento aprobó la Ley Interpretativa que anulaba a la de Caducidad, la Suprema Corte de Justicia declaró a esa norma inconstitucional a principios de 2013, lo que fue duramente cuestionado por la Corte IDH.

En la misma

Consultada por la diaria, la abogada de CEJIL que sigue la causa, Liliana Tojo, dijo que luego de una audiencia de seguimiento del caso en la Corte IDH en marzo de 2013, la familia sigue a la espera de la información sobre dicho cumplimiento, solicitada al Estado por el organismo en ese entonces. Acerca de la investigación en Uruguay, dijo conocer informalmente que no hay muchos avances, excepto por algunas excavaciones realizadas en el último tiempo.

Por su parte, Ariela Peralta, ex abogada de la familia y actual integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), dijo a la diaria que recuerda a Gelman como un luchador por los derechos humanos y en contra de la impunidad. Peralta reflexionó que los hechos demuestran que la causa fue “una lucha individual y familiar” y sin demasiados apoyos oficiales. Además, recordó que la búsqueda por momentos fue muy desalentadora para el poeta, pero él nunca la abandonó.

Destacó lo importante de la voz de Gelman para el resto de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura, y lo definió como un hombre que luchaba también contra otras discriminaciones e injusticias sociales. “Para mucha gente es el referente de esa cosa incansable, el buscar y buscar para saber que la nieta había nacido, llamadas, comentarios de años y años; fue una lucha cotidiana”, afirmó. Además, señaló que el caso fue mencionado como emblemático por la INDDHH dentro de su plan estratégico, y específicamente en la promoción de políticas de reparación, de memoria, y contra el retraso de la Justicia en este tipo de situaciones.

Mundial

Tras su fallecimiento, el martes, Gelman fue recordado en todo el mundo por artistas, activistas, autoridades, como así también por distintos organismos internacionales literarios y dedicados a la lucha por la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, el gobierno argentino, país en el que nació en mayo de 1930, decretó ayer tres días de duelo nacional, y tanto CEJIL como Unesco han emitido comunicados en su memoria. El cuerpo de Gelman fue velado ayer y hoy será cremado en Ciudad de México, y su viuda, Mara Lamadrid, decidirá si los restos quedan definitivamente en México, Argentina o Uruguay.

De acá


Desde el ámbito político se hizo eco de la noticia el Frente Amplio, que en su página web publicó una nota recordando que gracias a su lucha, que “lo enfrentó al entonces presidente Sanguinetti, encontró a su nieta” en 2000. La presidenta de la fuerza política, Mónica Xavier, afirmó en su cuenta de Twitter que Gelman murió “sin saber dónde está Ma. Claudia. Seguiremos buscándola, no pararemos hasta encontrarla”, y varios dirigentes lamentaron su muerte. Desde el Partido Nacional, prácticamente los únicos que se manifestaron fueron los dirigentes jóvenes. El presidente de la juventud nacionalista, Gonzalo Baroni, también recordó en Twitter que no se sabe el paradero de la nuera de Gelman: “Ese silencio lamentable lo pactaron en el Club Naval”, escribió.

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miércoles, 15 de enero de 2014

Interrupciones


Juan Gelman durante la entrega de la Medalla Bellas Artes que le fue otorgada

 en Ciudad de México. (archivo, setiembre de 2013) 

Foto: Alex Cruz, Efe

La Diaria - 15 1 14 - Por Débora Quiring


A los 83 años murió en México el poeta argentino Juan Gelman, cuya vida y obra son consideradas ejemplo de integridad intelectual y artística.

“Si me dieran a elegir, yo elegiría / este amor con que odio, / esta esperanza que come panes desesperados. / Aquí pasa, señores, / que me juego la muerte”, escribió en 1959 el gran poeta y periodista argentino Juan Gelman, que falleció en la tarde de ayer a los 83 años en México DF, donde residía desde hacía más de 20.

Considerado por muchos uno de los más grandes poetas contemporáneos, su obra ha conjugado una aventura del lenguaje que no dejó de lado el compromiso social y político. Si bien en 1955 fue uno de los fundadores del grupo de poetas El Pan Duro, integrado por militantes comunistas que apelaban a una poesía comprometida y popular, en 1959 se adhirió a la lucha armada en Argentina, contradiciendo la postura del Partido Comunista (PC). Cuatro años después fue encarcelado, junto con otros escritores, por pertenecer al PC.

Luego de ser liberado comenzó a vincularse con sectores del peronismo revolucionario, y finalmente se incorporó a la organización guerrillera Montoneros, a fines de 1973.

A mediados de la década del 70, el poeta bonaerense fue enviado al exterior por Montoneros para denunciar la violación de los derechos humanos en su país durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. El golpe de Estado de 1976 no sólo lo obligó a permanecer 13 años en el exilio, sino que además la dictadura militar secuestró a sus hijos Nora -quien aparecería después- y Marcelo -cuyos restos fueron hallados en 1989- y su pareja María Claudia García -aún desaparecida-, que fue trasladada a Montevideo embarazada de siete meses y que dio a luz en cautiverio a Macarena Gelman, a quien se le restituyó su identidad en 2000, tras haber sido apropiada por la dictadura uruguaya y entregada a un matrimonio radicado en San José.

En 1998, Gelman descubrió que su nuera había sido trasladada a Uruguay en el marco del Plan Cóndor. Entonces comenzó su peripecia por los juzgados argentinos y uruguayos, en los que no encontró eco.

Por esa razón se encaminó hacia un largo proceso en el derecho internacional, que culminó con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado uruguayo, que entre otras cosas lo obligó a reconocer y pedir perdón públicamente por la violación de los derechos humanos.

Ganador de los premios Cervantes, Juan Rulfo y Pablo Neruda, entre tantos otros, Gelman es considerado ejemplo de lucha y de integridad intelectual y artística.

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jueves, 2 de enero de 2014

La hora de revisar el rol de la justicia

EL 2013 TERMINÓ CON 520 CONDENADOS Y 927 PRESOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO


Hay 272 civiles involucrados en causas que tuvieron un movimiento significativo el año que terminó y seguirán avanzando en el que empieza. Cincuenta y tres entre esos acusados están vinculados con el Poder Judicial.

Página 12 - 2 1 14 - Por Alejandra Dandan


El 2013 concluyó con varios datos significativos en las causas de lesa humanidad. Hubo un aumento de 144 detenidos: pasaron de 593 en 2011 a 813 en 2012 y ahora son 927 en 2013. Y no hay en este momento constancias de detenidos en dependencias del personal militar. El año terminó con 520 condenados: 142 más que en 2012, que representa un aumento del 27 por ciento. Los números pertenecen a las últimas estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. 


Pero el año tuvo otros datos significativos. Hay 272 civiles involucrados en distintas causas, sobre un universo de 2335 imputados. La información surge de un relevamiento hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y muestra otro de los efectos de las políticas de persecución penal de este año. Entre los civiles acusados –conjunto que incluye a hombres de la Iglesia y empresarios– sobresalen los funcionarios del Poder Judicial: son 53 casos, 32 de ellos son jueces. El número es elocuente si se tiene en cuenta que hasta aquí hay un solo juez condenado.

Los civiles y el Poder Judicial

Según datos del CELS, a diciembre de 2013 son 272 los civiles registrados en distintas causas, lo que representa el 12 por ciento de los 2335 imputados. Es significativa la presencia del personal civil de Inteligencia, de sacerdotes o profesionales de salud, entre los que hay médicos, varios de los cuales están afectados a causas de robo de niños. Pero el dato más relevante es el del Poder Judicial. Hay 53 personas mencionadas en distintos procesos. Entre ellas hay fiscales, asesores de menores, defensores, secretarios y jueces.

Los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que encabezan Jorge Auat y Carolina Varsky, indican que las causas en la que estas personas están involucradas tuvieron movimientos importantes durante este año. En esta línea, Varsky destaca que este año quedó firme la condena impuesta al ex juez Víctor Hermes Brusa. Brusa es hasta ahora el único juez condenado –la sentencia fue en 2009–, aunque cuando cometió los crímenes era secretario de juzgado.

Este año también se elevaron a juicio dos causas que involucran a seis ex funcionarios judiciales: Rolando Evaristo Carrizo Elst, Gabriel Francisco Guzzo, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz en Mendoza y Luis María Vera Candioti en Santa Fe. Y distintas Cámaras Federales confirmaron procesamientos de cinco imputados: Roberto Catalán (La Rioja), Roberto Mazzoni (Resistencia), Luis Angel Córdoba (Resistencia), Gustavo Modesto Demarchi (Mar del Plata) y Manlio Torcuato Martínez (Tucumán).

Detrás de los datos

El movimiento en torno de los funcionarios judiciales implica una revisión sobre el rol de la Justicia durante la última dictadura. Un rol que durante años se vio como “inactivo” y ahora se lo entiende como “activo”, aun en su supuesta inactividad.

Dos resoluciones consolidaron esa línea de interpretación. Una de Omar Palermo, ahora integrante de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, cuando era fiscal y tuvo que pensar responsabilidades de imputados en una provincia paradigmática en ese sentido. Y otra de la Cámara de Casación en marzo de 2013, en la que se revocó el sobreseimiento del ex juez salteño Ricardo Lona. Allí se señaló: “Con tristeza estamos descubriendo que esos abogados fueron nombrados jueces federales para cumplir el rol de denegar justicia a cualquiera que mediante su reclamo cuestionara o revelara el plan sistemático de eliminación de oponentes políticos”.

Lorena Balardini, coordinadora del área Memoria, Verdad y Justicia del CELS, sostiene: “Las responsabilidades empresariales y judiciales están tematizadas desde la época de la Conadep. Siempre hubo menciones a los distintos poderes del Estado, pero eso no se había traducido en persecución penal. La hipótesis que tenemos es evidentemente que toda la cuestión civil estuvo presente en la transición democrática, pero lógicamente no hubo un foco en esa cuestión, salvo en el tema de la Iglesia. Ese tema estuvo muy presente, y sigue estando. Lo trabajó desde Emilio Mignone a Horacio Verbitsky. Pero sin embargo no tuvo su correlato en la persecución penal. Con los jueces existe un solo caso hasta ahora de una persona condenada. En ese sentido está todo por venir.”


Brusa visitaba los centros clandestinos de detención. Su caso es paradigmático, pero “no todos los jueces fueron Brusa”, dice Balardini. El juicio que comenzará en febrero en Mendoza va a ser importante, entre otras cosas, porque permitirá ver las distintas dimensiones en las que se está pensando la intervención de la Justicia. “No todo accionar fue visitar centros clandestinos. También son ejemplos de aquello no investigar, cajonear, no citar testigos, rechazar sistemáticamente hábeas corpus o dar la espalda a familiares”, señala. “Durante mucho tiempo se discutió este tema y se decía que los jueces estaban atados de pies y manos. O que estuvieron ‘inactivos’. Lo que ahora se ve es que los jueces o integrantes del Poder Judicial tuvieron un rol ‘activo’ a su modo. Porque su rol no era picanear, sino, por ejemplo, impedir el acceso a la justicia.”

Juan Pablo Bohoslavsky trabaja en la edición de un libro de varios expertos sobre la complicidad de funcionarios judiciales y abogados durante la dictadura. “Contra lo que sugiere la literatura comparada en la ciencia política, el Poder Judicial durante la dictadura en Argentina fue activo –no sólo complaciente o apolítico– en su colaboración con el régimen, cubriendo una amplia y variada gama de conductas”, dice uno de los párrafos de presentación del proyecto.

“Desde la denegación sistemática (tanto de la Corte Suprema como de tribunales inferiores) de hábeas corpus interpuestos por los familiares de las víctimas, la confirmación de la validez de las normas de facto represivas, la participación en maniobras de ocultamiento de cadáveres y las razones de esas muertes, así como en la apropiación ilegal de niños, la intervención en tribunales militares para juzgar civiles, la ayuda prestada para interrogar e incluso torturar a detenidos ilegalmente, y la delación de abogados comprometidos con los reclamos de las víctimas a fin de que fueran disciplinados por las fuerzas represivas –señala–. Se debe tener en cuenta que al día de la fecha ha habido, por lo menos, 129 acusaciones contra funcionarios judiciales por su complicidad durante la dictadura. La mitad se desvinculó voluntariamente de sus cargos, otros fueron destituidos y una tercera parte aún continúa en funciones”.

Auat reflexiona sobre este movimiento en un año en el que estuvo de fondo el debate de Justicia Legítima. Dice que después de la caída de las leyes de impunidad, el avance de estos expedientes se vio trabado por un segundo cerco de impunidad promovido por los propios jueces y operadores que debían investigar. Unos eran jueces, fiscales y operadores del sistema judicial que habían cumplido funciones durante la dictadura y aún ocupaban puestos. Otros habían ingresado después, pero estaban imbuidos por una misma matriz cultural. 

“Al no haber sido alcanzado por la democracia, ese Poder Judicial siguió funcionando con los mismos paradigmas y los mismos operadores de entonces, así se retroalimentó hacia adentro. Esos nuevos funcionarios ingresaron al abrigo de los viejos paradigmas con apoyo y padrinazgos, familiares o de amistad y evidentemente se generaron anticuerpos para investigar a sus propios miembros y no sólo los de esa época. Ellos encontraban el manto de impunidad porque las propias estructuras se encargaban de generar esa situación. El hecho de que pertenezcan a la misma comunidad, en ciudades chicas, hace que se inhiban de actuar por distintas razones, se excusan, en un trámite que lleva muchísimo tiempo. Y la demora se paga con monedas de impunidad, no hay otro costo y es el costo más grave que tenemos”.

Aunque estos 53 casos no son todos, ni muchos, en ellos puede verse cierto quiebre de esa lógica de clan. Las razones son muchas. Los juicios orales, por ejemplo, suelen hacerse con jueces que se movilizan desde otras provincias porque no hay magistrados del lugar disponibles. Eso llevó jueces de Tucumán a Santiago del Estero, de Buenos Aires a Santiago o Jujuy, de Santiago a Salta y de Catamarca a La Rioja. A la vez, eso impide la consolidación en cada lugar de una estructura judicial que se haga cargo de avanzar con estos ejes y lentifica las causas con audiencias que se hacen una o dos veces por semana. Pero mirados en conjunto generaron algunas sacudidas interesantes en los principados territoriales.

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