la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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martes, 29 de octubre de 2013

Empezar por casa


Expertos advirtieron que Suprema Corte uruguaya “no garantiza la independencia judicial interna”


La diaria - 29 10 13 - Por Lourdes Rodríguez



Ana María Jerez y Daniel Urrutia. Foto: Pablo Rincón
Ante las últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Red Iberoamericana de Jueces (RIJ), una organización no gubernamental creada en 2003, decidió visitar Uruguay con el fin de recabar información y confeccionar un análisis del “estado del sistema de Justicia en Uruguay”. 


Los comisionados culminaron su labor el viernes, con un informe en el que destacan la falta de aplicación del derecho internacional, la preocupación por la criminalización de la protesta ante decisiones de la SCJ y los traslados arbitrarios de jueces y fiscales. “Los jueces uruguayos dentro del Poder Judicial no tienen garantías”, afirmó a la diaria el juez y comisionado chileno Daniel Urrutia Laubreaux.

La RIJ está integrada por jueces y operadores jurídicos de Haití, Nicaragua, El Salvador, Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, España, México, Guatemala, Honduras y Chile; y tiene como principal objetivo la promoción de los derechos humanos y las garantías judiciales. Comenzó a gestarse en 2003, pero su existencia fue oficializada en Chile el 27 de marzo de 2004 y sus visitas internacionales se iniciaron en 2009, tras el golpe de Estado en Honduras.

El juez Urrutia y la actuaria cordobesa Ana María Jerez llegaron el martes 22 a Uruguay en su calidad de comisionados ante la RIJ. Mantuvieron encuentros con ministros de la SCJ, con organizaciones (Serpaj, Institución Nacional de Derechos Humanos, Colegio de Abogados, Asociación de Magistrados, Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay), con los legisladores Ope Pasquet (Partido Colorado) y Óscar López Goldaracena (Frente Amplio), abogados especializados, jueces y fiscales.

Las conclusiones de la visita fueron plasmadas en un informe preliminar (http://ladiaria.com.uy/media/attachments/COMUNICADO_URUGUAY_FINAL.pdf), que establece como preocupación general que la SCJ “en forma expresa y reiterada ignora en su actuación jurisdiccional y administrativa el derecho internacional de los Derechos Humanos y la falta de adecuación del derecho interno a la Convención Americana sobre derechos Humanos vigente en el país, incumpliéndose así […] las recomendaciones dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman”.

En el mismo sentido, hace unas semanas, el relator especial de la ONU sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición, Pablo de Greiff, concluyó que “nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de la Justicia que decisiones recientes de la SCJ” (ver la diaria del 07/10/13). “Las nuestras son conclusiones de observaciones de especialistas en temas del derecho y tienen un peso ético. Ya no somos islas, en algún momento damos exámenes ante la comunidad internacional y éste es un examen”, explicó Urrutia a la diaria.

El informe de los comisionados de la RIJ hace referencia a la denuncia que la SCJ radicó tras las protestas frente a su sede en febrero de 2013, durante la ceremonia donde se concretó el traslado de la jueza Mariana Mota: “Se observa con especial preocupación la judicialización penal y pretendida criminalización de la protesta social impulsada por la misma SCJ [y] llamamos a respetar en toda su extensión el derecho a la legítima protesta social”.

Supremo mensaje

La RIJ alerta sobre la “concentración -no reglada y falta de criterios uniformes públicos- de facultades jurisdiccionales y administrativas de la SCJ”; señala que esto se manifiesta en la “discrecionalidad para el ingreso, ascensos, traslados y egresos de la carrera judicial” y que se necesita “mayor transparencia y rendición de cuentas a través de mecanismos de control ciudadano”. “No es sólo Mota, cuyo caso tuvo repercusión internacional. Escuchamos otros jueces que nos dijeron que estaban investigando determinados temas y de repente los ascendieron”, puntualizó Urrutia a la diaria. El comisionado chileno indicó que nuestra estructura judicial hace que los jueces uruguayos “tengan que pensar que lo que resuelvan no tenga un costo para ellos”.

Explicó que la independencia judicial puede verse afectada mediante actos externos -presiones del Ejecutivo, por ejemplo- o internos. “En el caso uruguayo, estructuralmente los jueces no tienen independencia judicial interna. Los jueces pueden sentir que son independientes y actuar con honorabilidad, pero lo que está en cuestión es que estructuralmente no se asegura su independencia. La SCJ está dando una señal equivocadísima: señores jueces, si quieren hacer carrera no apliquen el derecho internacional. No ocurre en casi ningún otro país del mundo que sin preguntarle a nadie, sin rendir transparentemente nada, toma a un juez y lo traslada. La garantía de inamovilidad es una garantía para los ciudadanos, no es primeramente para el funcionario”.

Otro punto relevante del informe de la RIJ es el incumplimiento de la SCJ de sus compromisos internacionales. Uruguay, por intermedio de la SCJ, forma parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que en los últimos años aprobó documentos de autorregulación para limitar sus propias normas. “La SCJ uruguaya no cumple con el Estatuto del Juez Iberoamericano, ni con el Código de Ética Judicial, ni con la declaración que conforma las 100 reglas de Brasilia para la mejor administración de justicia”, señalan los comisionados.

Surtido

Entre las recomendaciones de la Red Iberoamericana de Jueces (RIJ) se encuentran: garantizar los recursos humanos y económicos para el funcionamiento de la INDDHH; asegurar el acceso de las mujeres a los espacios de poder del Poder Judicial y la transparencia del procedimiento en el nombramiento de los miembros de la SCJ; concretar la reforma del sistema procesal penal que “no cumple los estándares de garantías judiciales y del debido proceso”; y asegurar la investigación de los delitos de lesa humanidad ocurridos durante el terrorismo de Estado.

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sábado, 26 de octubre de 2013

El querellante


Por Iara Bermúdez y Waldemar García – El reporte – 




El martes 22 del corriente se realizó, en la sede de Crysol, (Asociación de ex pres@s polític@s) una conferencia a cargo del Dr. Federico Álvarez Petraglia, informando de la propuesta de introducción de la figura del “querellante” en la reforma del código de proceso penal que se encuentra en marcha actualmente, con el objetivo de una mayor democratización de la justicia.



De izquierda a derecha: Gastón Grisoni (Presidente

de Crysol) y el Dr. Federico  Alvarez Petraglia 
En la presentación de la conferencia, Gastón Grisoni , presidente de Crysol, dijo que “caminamos hacia una sociedad diferente, una sociedad basada en la libertad y la democracia, una sociedad que va a superar lo logrado hasta ahora en cuanto a derechos básicos, que tiene que ver con la democracia, con la separación de poderes, la libertad, los derechos humanos, y que va a tener como pilar básico las normas de derechos humanos, no solo como derechos de los ciudadanos, sino como límites para la actuación de los gobernantes y de los funcionarios del Estado. En ese marco, el poder Judicial, uno de los poderes del Estado, se ha de democratizar y aumentar la participación ciudadana. Eso tiene que ver con la mejora y la profundización de la Democracia por la cual nosotros (Crysol) hemos luchado para reconquistarla, para afirmarla, para profundizarla. En ese sentido estamos propiciando la reforma del código de proceso penal introduciendo legalmente la figura del querellante.”

La Carta de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, establecen que todos los individuos deben tener el derecho a la tutela judicial efectiva. El gobierno ha de garantizar que cada individuo tenga la posibilidad de tener un juez ante el cual puedan hacer cualquier tipo de planteos y puedan recibir una respuesta por parte de ese juez a cualquier demanda, sea civil, sea penal, sea tributaria, sea cual fuere.

“La experiencia nuestra en Uruguay –dijo el Dr. Álvarez Petraglia- es que la víctima no tiene más derecho que la de ser un testigo o la de subir hasta la escalera del juzgado, declarar y volverse a su casa sin tener otro derecho: ni exigir una tutela, ni exigir una respuesta, ni tampoco a pedir que se juzgue o que se condene a cual o tal persona.”

“Actualmente en nuestro país -continuó explicando- el proceso penal reconoce tres sujetos que participan en el mismo. Por una parte el juez, por otra el fiscal, y finalmente el imputado. El fiscal tiene, según la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal, la hegemonía absoluta del ejercicio de la acción penal. Eso quiere decir que los fiscales son los únicos que pueden pedir el procesamiento o la condena de alguien. Son también los únicos que pueden iniciar un proceso penal en Uruguay. La víctima solo tiene un papel marginal. Puede ser el denunciante, participar como testigo, tiene derecho a declarar y contar lo que haya visto, lo que haya padecido, el daño que ha sufrido, pero ahí se acaba su participación en el proceso.”

Para aclarar este punto el Dr. Álvarez puso un ejemplo muy ilustrativo. Si tenemos un problema con un vecino podemos, en un juicio civil, ir al juzgado, denunciarlo y pedir que lo condenen a que nos repare el daño que nos ha hecho; podemos participar del proceso civil. Pero si ese mismo vecino nos mata un familiar, entonces podemos hacer la denuncia, declarar como testigos, pero no podemos pedir su condena ni su procesamiento, porque en un proceso penal, en Uruguay, el único que puede hacerlo, es el órgano fiscal.


Esta es una situación,” incuestionablemente, muy injusta”, dijo. “Que el Estado, en un proceso penal, le haya expropiado, completamente, a la víctima el conflicto y se lo atribuya a una persona, una persona que es un funcionario público. Un funcionario público que es nombrado por órganos políticos y que está, nos guste o no, sometido a una determinada política criminal que decida el gobierno de turno. Es una situación injusta, inadecuada, violatoria de los tratados internacionales o la constitución nacional, que tengamos como único protagonista del proceso penal al fiscal o al ministerio público.”

En la mayoría de los países del mundo se le reconoce a la víctima la posibilidad de participar no solo como denunciante o como testigo sino también como querellante.

La figura del querellante da la posibilidad de que la víctima, o el ofendido por el delito -que puede ser un sucesor, si la víctima falleció, puede ser un familiar de la víctima, padre, madre, hijo, esposo, esposa, o pueden ser también organizaciones, ya sean de derechos humanos, ya sean de la lucha contra la violencia de género, cualquier organización con personería jurídica que defiendan cualquier tipo de interés o grupo minoritario- pueda participar, junto con el fiscal y además del fiscal, como parte del proceso. 

Si admitimos que aparte del fiscal exista la figura del querellante -es decir una persona que tenga las mismas posibilidades que el fiscal para participar de todo el proceso penal, desde que se inicia hasta que se culmina, que pueda pedir pruebas, que pueda pedir el procesamiento de las personas que crea que han participado en el hecho delictivo, que en otra etapa, pueda apelar las resoluciones que se dicten en el curso del pre-sumario y el sumario y que a su vez pueda participar en el juicio penal propiamente dicho, pidiendo la condena lo que implica la imputación de delitos, el pedido de condena preciso (tantos años de prisión), que pueda también recurrir la sentencia de primera instancia que absuelva o que condene pero que le convenza y que pueda también recurrir ante la corte, en lo que es el último recurso, en tercera instancia mediante el recurso de casación- daremos más garantías al proceso penal y la justicia será un poco más justa.


La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el proceso penal de cada país debe de garantizar el acceso de la víctima a la tutela judicial efectiva, sin embargo según el Dr. Álvarez, “el proceso penal uruguayo de hoy es un proceso penal anacrónico, es un proceso penal escrito, no es oral, no hay un juicio oral, no se ve al acusado, es un proceso lento y es un proceso penal, este de 1980, que excluye a la víctima absolutamente.”

“En este momento –explicó Álvarez Petraglia- hay un proyecto de ley que modifica el proceso penal, que pasa de ser escrito a ser un proceso penal por audiencia, oral, más moderno, pero en el que se sigue insistiendo en que la víctima solo tenga una participación como testigo o como denunciante, no pudiendo participar como querellante en ninguna etapa del proceso. No puede pedir enjuiciamiento, no puede pedir condena, no puede participar del proceso, no puede recurrir, sigue dependiendo de un fiscal que es omnipotente, que puede pedir el archivo de un expediente, como ha pasado en algunos casos.”


El Dr. Álvarez Petraglia propone la implantación, en este proyecto de ley, de la figura del “querellante autónomo”, una persona que, como víctima, pueda participar en todo el proceso penal. El artículo 22 de la Constitución ya prevé la posibilidad de que el juicio penal no solo se inicie a través del ministerio fiscal, sino que también pueda iniciarse a pedido de un acusador privado y ha habido algún caso en que se ha invocado este artículo para reabrir un proceso que había sido archivado por parte del fiscal.

Las razones que da el Dr. Álvarez para la implantación de la figura del querellante son: primero, “porque la víctima es quién mejor sabe lo que ha pasado, lo que ha sufrido y en muchos casos conoce mejor que nadie el accionar de los victimarios, por lo que la víctima no tiene que conformarse con ser solo un testigo sino que tiene que tener voz y voto en el proceso penal, voz y voto para impulsarlo y voz y voto para impulsar líneas de investigación y no conformarse con las verdades “oficiales” sino buscar la verdad material que muchas veces se le niega porque muchas veces los órganos oficiales no solo persiguen un afán de justicia o de legalidad sino que a veces defienden a pares políticos.”


Segundo, “porque en un proceso de democratización de la justicia, es importante que el pueblo, la gente que es afectada por un delito, que pueda acceder a un instrumento idóneo, ya que no podemos votar a los jueces, no podemos votar a los fiscales, ya que no podemos votar a los abogados de los imputados, esta es una forma de participación directa o a través de una organización, sindicato, asociación que los defienda.”

En tercer lugar “porque la figura del querellante implica que se terminen determinadas impunidades. Ha pasado que se ha quitado un fiscal porque intentaba imputar a algún político y sustituirlo por otro que ha archivado el caso. La figura del querellante autónomo permite reabrir la causa ya que puede actuar con independencia del ministerio fiscal.”

Finalmente-apuntó- “sirve también para evitar los acuerdos que se hacen entre jueces, fiscales e imputados a espaldas de las víctimas y sin que éstas hoy en día puedan hacer nada, pero que si tienen acceso al proceso podrán denunciar y evitar que se lleven a cabo.”

El Reporte tuvo la oportunidad de hablar con el Dr. Álvarez Petraglia una vez terminada la conferencia.


El Reporte: ¿Que precedentes hay a nivel internacional de la figura del querellante?

Álvarez Petraglia: En realidad deberíamos hacer la pregunta al revés, ¿dónde no está instalada la figura del querellante? 

Prácticamente en todos los países existe, Uruguay es de los pocos que no lo tienen.

ER: Poniendo como ejemplo el caso de las víctimas del terrorismo de Estado. Éstas se han unido en organizaciones, contratan un abogado y este los representa. ¿En que cambia que exista la figura del querellante?


AP: Actualmente el abogado presenta la denuncia pero no puede hacer nada más. La acusación, el pedido de la pena, todo queda en manos del fiscal. La víctima no tiene acceso al sumario, no participa en el pedido de pena, en definitiva no participa del proceso, queda al margen y solo es informado al final de la sentencia. Con la figura del querellante, la víctima estará al tanto del sumario, podrá participar en el juicio, pedir la condena para el acusado, aportar pruebas, presentar recursos. Tendrá mucho más garantías de tener un juicio justo.

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lunes, 7 de octubre de 2013

La biología lo permite

Relator de la ONU: “Es muy importante tomar acciones concretas que van mucho más allá que esperar que los viejitos se mueran”

La diaria - 7 10 13 - Por Lourdes Rodríguez



Relator de la ONU, Pablo de Greiff. Foto de Pablo Rincón


La primera visita oficial del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción de la verdad, la Justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el colombiano Pablo de Greiff, culminó el viernes con la presentación de un informe preliminar* con recomendaciones y observaciones al Estado uruguayo. La versión final será elevada al Consejo de Derechos Humanos en setiembre de 2014.

El nombre de la relatoría enumera los cuatro pilares de la Justicia Transicional (JT). No es un tipo de justicia sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado. La visita de De Greiff tuvo como cometido evaluar las medidas adoptadas por Uruguay con relación a la última dictadura en cada uno de los cuatro pilares. Desde el inicio de su estadía, el 30 de setiembre, mantuvo encuentros con organizaciones vinculadas al tema así como con actores de los tres poderes, incluyendo al presidente José Mujica; los ministros de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y del Interior, Eduardo Bonomi; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

De Greiff admite que hubo avances, pero señala que Uruguay “tiene un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente” y entiende que “nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de la justicia que decisiones recientes de la SCJ”. Además llamó la atención sobre el hecho de que no recibió “información suficientemente detallada acerca de los planes concretos de las reformas realizadas a las fuerzas de seguridad y a aquellas todavía en desarrollo, para asegurar que las violaciones pasadas no se repetirán”.

-De la lectura de su informe podría interpretarse que la Justicia es, de los cuatro, el pilar más debilitado. ¿Es correcto?

-Mi intención no era hacer un énfasis en alguno de los pilares. Desde el principio he intentado insistir en la importancia de los cuatro pilares. Cada área es asunto de derechos, no se hace en términos de favores o solidaridad con nadie. Hay experiencia internacional como para poder afirmar que las medidas funcionan mejor cuando son diseñadas e implementadas como parte de una política integral. En Uruguay se le ha prestado muchísima más atención a la vía judicial que a cualquiera de las otras tres y sería conveniente establecer un mejor balance entre las diferentes medidas. Una recomendación muy fuerte es establecer mecanismos de esclarecimiento que beneficien a un grupo muy grande de víctimas -el más grande que tiene este país-, que son las víctimas de la detención y la tortura. No se reduce a una cuestión de números, pero si se quiere entender bien el fenómeno es muy importante establecer mecanismos de esclarecimiento que tomen muy en serio y que le presten mucha más atención a estas víctimas. No es un argumento para prestarles menos atención a las víctimas de desaparición y sus familiares, es en favor de darle más atención a un grupo de víctimas que ha sido relativamente desatendido.

-Usted llamó la atención sobre las recientes decisiones de la SCJ. Cancillería anunció que el traslado de Mariana Mota será incluido en el informe para el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿También debería incluir la declaración de inconstitucionalidad de la ley que dejó sin efecto la Ley de Caducidad?

-En este momento quiero abstenerme de hacer recomendaciones a la cancillería sobre qué incluir, pero hago una observación general. El EPU funciona mejor en la medida en que los temas más sustantivos y que generan precisamente más retos, son incluidos como parte de la agenda. El sistema está diseñado como un mecanismo mediante el cual los diferentes estados pueden apoyar a otros en temas de importancia fundamental del cumplimiento de las obligaciones con respecto a derechos humanos. Por lo tanto, hacer una agenda amplia pero que seleccione muy bien los temas de discusión mejora el mecanismo.

El relator

Asumió el cargo en mayo de 2012. Desde 2001 es director de Investigaciones del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York. Es autor de numerosos artículos sobre los procesos de transición hacia la democracia, la teoría democrática y la relación entre moralidad, política y Derecho; ejerció como docente de Filosofía en universidades de Europa y América; y realizó asesorías a gobiernos y ONG vinculados a Justicia Transicional, cuestiones de género y vínculos entre la Justicia, la seguridad y el desarrollo.

-Imaginemos un escenario en que los cuatro pilares funcionan plenamente. ¿Cómo puede operar el Estado frente al silencio de los victimarios?

-Las normas de derecho se aplican en forma igual para todos los ciudadanos. Dentro de procesos judiciales no se puede obligar a nadie a hablar o a autoincriminarse, por lo tanto hay un límite del Estado. Pero creo que un aumento en la eficacia de la capacidad investigativa del Estado aumenta la posibilidad de que se conozca la verdad acerca de hechos que conciernen a individuos que se rehúsan a hablar. Además, hay mecanismos no judiciales, incluyendo comisiones de verdad, que en algunos casos han logrado obtener información acerca de hechos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos con y sin la colaboración directa de los perpetradores.

-Al tratarse de hechos recientes, es habitual que sus protagonistas se conviertan en integrantes de gobierno y, por lo tanto, en representantes del Estado. ¿Cómo juega esto teniendo en cuenta que éstos son los actores que deben diseñar las políticas que usted menciona?

-Es importante establecer una diferencia entre la participación y la membresía de grupos -aun de grupos armados en conflictos- y la responsabilidad por perpetrar serias violaciones a los derechos humanos. Es cierto que muchas transiciones negociadas se constituyen por gobiernos mixtos, es decir, que tienen participación de antiguas fuerzas en conflictos, pero eso no quiere decir que ésos sean individuos que hayan tenido participación directa en la violación de derechos humanos. La tendencia legal es que hay ciertas categorías de violaciones que no merecen la amnistía, y la imposibilidad de amnistiar ese tipo de crímenes hace difícil, por lo menos a corto plazo, la participación directa [en los gobiernos] de individuos responsables por la comisión de esas categorías de crímenes. Estos cuatro pilares no impiden en absoluto la conformación de gobiernos de unidad nacional ni la participación en la vida política de forma prospectiva de agentes que participaron en contiendas aun armadas, bajo la asunción, por supuesto, de que no son directos responsables de violaciones a los derechos humanos.

-En el caso de Uruguay, la teoría de los dos demonios es sostenida por algunos de los protagonistas de los hechos del pasado reciente que ocupan cargos de gobierno claves en la formulación de medidas de reparación, verdad, justicia y garantías de no repetición.

-Conlleva cierto peligro asumir que un conflicto armado legitima cualquier comportamiento. Aun en contextos de guerra hay normas que no se pueden violar. Uruguay no estuvo en situación de guerra. Pero la teoría de los dos demonios parece sugerir que las consecuencias de haber participado en la insurgencia, puesto que eran predecibles, no merecen atención especial, y yo creo que ése es un debate que sería saludable dar, porque aún en situación de conflicto, la tortura, por ejemplo, es ilegal.

-Mujica sostiene que el tema de la dictadura acabará “cuando se mueran todos”. Procesos como el franquismo contravienen esas palabras. ¿Cómo aborda la JT la herencia generacional?

-Tuve la ocasión de discutir esto con el presidente. Esa posición conlleva un problema y es que asume que los comportamientos no dejan rastros en las instituciones ni en los individuos que sobreviven. 

Para prevenir la repetición de los hechos es que se aspira a que haya cierto efecto en la transformación de convicciones individuales, sociales e institucionales acerca de lo que es aceptable y lo que no. 

La alternativa, que es no hacer nada o concentrar los esfuerzos sólo en un pilar, ha demostrado que no es suficiente para hacer que la gente olvide. Para la transformación de las prácticas institucionales como de los posibles traumas culturales de quienes sobreviven es muy importante tomar acciones concretas que van mucho más allá que esperar que los viejitos se mueran.

-Tuvo la oportunidad de visitar el Batallón 14. ¿Qué impresiones se lleva?

-Escuchar de las condiciones en las cuales los cuerpos fueron enterrados es una expresión bastante concreta de lo que venimos hablando. Me resultó increíblemente conmovedor.

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sábado, 5 de octubre de 2013

La Corte amenaza el progreso de la justicia

Relator de ONU dijo que la Corte amenaza progreso de la Justicia

El Observador - 5 10 13

De Greiff señaló que la SCJ adopta posiciones que despiertan “alarma”



Pablo de Greiff se reunió con Mujica
"Lo que está en juego no es poco”, advirtió Pablo de Greiff, relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 


De Greiff presentó ayer su informe acerca de Uruguay, en el que criticó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por “amenazar” con sus decisiones “las posibilidades de progreso en el área de la Justicia”.

“Uruguay es noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de derechos a diversos colectivos. Sin embargo, tiene aun un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente”, advirtió. Según De Greiff, en los últimos 30 años hubo “poco progreso y en todo caso no constante” en cuanto a verdad y justicia en Uruguay.

El relator de ONU se refirió concretamente a la declaración de inconstitucional de la ley interpretativa de la ley de Caducidad. Por esta decisión de la Corte, los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura militar no son considerados delitos de lesa humanidad. “Estas decisiones han despertado alarma tanto en Uruguay como en la comunidad internacional”, advirtió el relator.

“La Corte adopta posiciones que claramente no coinciden con tendencias jurisprudenciales actuales manifiestas por decisiones de cortes en diferentes partes del mundo” que “han llegado a conclusiones diferentes”, dijo De Greiff.

“Las señales que envía la Corte –y no solo a través de sus sentencias– no son particularmente alentadoras. Es de esperarse que la Corte uruguaya vuelva a unirse en la corrientes de cortes en lugares diversos del mundo donde se han enfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados, como también los derechos de las víctimas”, expresó.

Mota y Gelman, presentes

De Greiff presentó ayer su informe en las oficinas de ONU, en la calle Barrios Amorín y la rambla, mientras lo escuchaban atentamente Macarena Gelman, hija de María Claudia García y nieta del poeta argentino Juan Gelman, y la jueza Mariana Mota, que fue trasladada por la Corte contra su voluntad de un juzgado Penal (en que tenía unas 50 causas de crímenes durante la dictadura) a uno Civil. 

En la conferencia de prensa, una periodista consultó a De Greiff acerca del traslado de esta magistrada. “Es un caso visible no solo en Uruguay, sino internacionalmente”, aclaró el relator de ONU, quien agregó que la Corte debe establecer “mecanismos institucionales” y “normas” que permitan regular los traslados de los jueces.

El relator también criticó a todo el sistema judicial, por “su lentitud, la debilidad de la capacidad investigativa, y la casi nula participación de las víctimas en el proceso penal”.

La naturalización de la tortura

En su informe, el relator recomendó recoger el testimonio de las víctimas de la dictadura. “El precio de no hacerlo es no solo incumplir los derechos de las víctimas, sino también dejar instalada lo que puede decirse que es la naturalización de la tortura, como por ejemplo, el precio de la protesta”. El grupo Plenaria Memoria y Justicia denunció casos de tortura a manifestantes en las tradicionales marchas de agosto.

De Greiff también convocó a las fuerzas de seguridad a “presentar información requerida” y a “cumplir con las obligaciones legales”. En setiembre de 2012, Fernández Huidobro prohibió tomar fotografías en el Batallón 13 durante una inspección ocular dirigida por la jueza Mota, aunque luego lo permitió. 

A su vez, el relator advirtió que no recibió “información suficientemente detallada acerca de los planes concretos de las reformas que se han hecho a las fuerzas  de seguridad”.

Además de estas críticas, De Greiff reconoció ciertos avances en la materia. “En Uruguay se procesó penalmente a un expresidente electo (Bordaberry) y un expresidente de facto (Álvarez), a un exministro”, destacó. Durante su visita en Uruguay, el relator de ONU se reunió con el presidente José Mujica, los ministros del Interior, Eduardo Bonomi, y Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y con la SCJ, entre otros. El informe final será presentado en setiembre de 2014.

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lunes 7 de octubre a las 19:00 

en la Sala Cassinoni 
de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, 

Magallanes 1577 esquina Uruguay

Montevideo.

Participan:

*Dra. Francesca Lessa (Universidad de Oxford, autora);

*Profesor Carlos Demasi (CEIU, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación);

*Profesor Aldo Marchesi (CEIU, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación);

*Profesora Marisa Ruiz (CEIL, CEIL) / Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación).

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Relator de ONU cuestiona a la Suprema Corte

Relator de ONU advierte a Uruguay sobre decisiones de Corte Suprema


La república - 5 10 13


Un relator de la ONU llamó el viernes a la Suprema Corte de Justicia de Uruguay a prestar tanta atención a los derechos de las víctimas como a los de los imputados, y sostuvo que una decisión reciente del organismo amenaza avances en materia de justicia.


Pablo De Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación garantías de no repetición, cerró el viernes una visita oficial a Uruguay con la difusión de sus observaciones preliminares al informe que presentará en setiembre de 2014 en la ONU.

“El país se encuentra comprometido con los derechos humanos y el derecho internacional y está siendo noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de derechos a diversos colectivos”, sostuvo De Greiff en conferencia de prensa.

“Sin embargo, tiene aún un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente”, añadió. “No se trata de revanchismo ni de mirar solo el pasado, sino de crear bases sólidas para una sociedad justa, equitativa”.

“Nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de justicia que decisiones recientes de la Corte Suprema de Justicia”, advirtió el relator. “Estas decisiones han despertado alarma tanto en el Uruguay como en la comunidad internacional”.

A 40 años del golpe de Estado en Uruguay, unas 15 personas han sido procesadas por crímenes cometidos durante la última dictadura (1973-1985), y los abogados de las víctimas buscan sortear una decisión de este año de la SCJ que considera que estos delitos prescribieron.

“Es de esperarse que la Corte uruguaya vuelva a unirse a la corriente de cortes en lugares diversos del mundo donde se han enfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados como también los derechos de las víctimas”, sostuvo.

El relator consideró logros significativos las leyes de reparación de las víctimas aunque consideró que no incluyen a todas y consideró “llamativo” que los esfuerzos respecto al pasado se han concentrado en los casos de desaparecidos cuando son muchas más las víctimas de detención y tortura.

“Uruguay llegó a tener el número de detenidos per cápita más alto de cualquier país de la región”, indicó. “Ese universo inmenso de víctimas merece ser escuchado y reconocido”, añadió, llamando a no postergar esa tarea debido a la avanzada edad de las víctimas.

Finalmente, llamó a invertir recursos humanos y materiales en la capacitación efectiva de jueces y fiscales en materia de derechos humanos.

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Cancillería enfrenta a la SCJ

Caso Mota y Batallón 13  Cancillería enfrenta a la scj 

Brecha - 4 10 13


La cancillería uruguaya decidió dejar en evidencia a la Suprema Corte de Justicia (scj) ante la onu por el caso del traslado de la jueza Mariana Mota (removida el 15 de febrero, cuando debía decidir en cerca de 50 causas de graves crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura). El anuncio del canciller Luis Almagro cayó como un balde de agua fría en la Suprema Corte, que hasta el momento no ha recibido un revés tan directo por parte del Poder Ejecutivo.

Si bien es conocida la mirada divergente del gobierno y de la scj en este tipo de casos, ahora la situación parece ingresar en un campo de mayor tensión. De hecho, es la cancillería la que debe dar la cara a la hora de enfrentar a organismos internacionales que requieren la adopción de medidas de Estado acordes al derecho internacional de derechos humanos. 


Almagro ya había mostrado su disgusto por decisiones de la corporación que han desatendido el cumplimiento de la sentencia del caso Gelman, aun cuando la Corte Interamericana (cidh) insistió en que la scj uruguaya debía rever sus posturas y resolver que los delitos cometidos bajo terrorismo de Estado constituyen crímenes de lesa humanidad.


Con ese asunto abierto ante la cidh, Almagro decidió jugar sus cartas con mayor agresividad institucional, por cuanto incluirá el caso de Mota en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la onu (febrero de 2014).


También deberá exponer sobre los avances en cuanto a los temas vinculados a la desaparición forzada de personas y la responsabilidad que le cabe al Estado. En ese sentido, se mantienen buenas expectativas de que las nuevas excavaciones en el Batallón 13 por parte del equipo de arqueólogos a cargo de José López Mazz determinen hallazgos de restos de detenidos desaparecidos.



Los trabajos se realizan con base en información cotejada entre planos y testimonios de personas que en estos últimos tiempos se han acercado a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente o, incluso, ante el propio antropólogo, dijeron a Brecha fuentes oficiales.

Se cuenta con testimonios de ex soldados, cuyos nombres se mantienen en el anonimato por razones de seguridad, que han señalado lugares donde se habrían enterrado cuerpos.

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Un padre de 83 años ante el hallazgo de los restos de su hijo

Brecha - 4 10 13

Otra familia de un detenido desaparecido uruguayo en Argentina pudo confirmar la crueldad de la represión regional que terminó con la vida de un joven de 22 años, integrante de la Juventud Peronista. Su nombre era Heber Eduardo O’Neill Velázquez. 


“Yo sabía que vivo a mi hijo no lo iba a encontrar, pero al menos estos huesitos que aparecieron en Argentina me dejan la tranquilidad de que, después de 37 años de búsqueda, y al final de mi vida, puedo saber la verdad.” 

Ever O’Neill tiene 83 años y vive en Rocha, donde atendió la llamada de Brecha. Con hablar sereno, de frases cortas y largos silencios, reflexionó de esta manera ante el hallazgo de los restos de su hijo, Heber Eduardo O’Neill Velázquez, desaparecido en Buenos Aires en 1977. Y agradeció el trabajo de técnicos y autoridades de Uruguay y Argentina que colaboraron en todos estos años. 


En los últimos tiempos mantuvo una comunicación constante con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, y en las últimas semanas, consciente de la fragilidad de su salud pero sin que sus fuerzas amainaran en la lucha, le confió a uno de sus miembros que no quería morir sin encontrar a su hijo.


El lunes 30 de setiembre recibió esa llamada que de alguna manera él siempre esperaba: ahora puede llorar a su hijo muerto.


Eduardo O’Neill tenía 22 años cuando el 18 de enero de 1977 fue detenido “en el trayecto de su reparto de vino, en una plaza ubicada entre las calles Estomba y Montenegro, barrio La Paternal” de la ciudad de Buenos Aires, según consta en la investigación histórica sobre detenidos desaparecidos ordenada en 2006 por la Presidencia de la República. 


Lo encerraron en la comisaría número 39 y luego fue trasladado al centro clandestino de detención Pozo de Quilmes. El 18 de febrero de ese año, “en muy malas condiciones físicas por las torturas recibidas, es conducido al centro clandestino de detención El Vesubio”, señala el documento. 


Celmar Alves Heredia, otro joven detenido en aquellas circunstancias, brindó testimonio ante el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay, en audiencia que el 8 de agosto de 1978 se desarrolló en París: “(...) Momentos más tarde Eduardo O’Neill es liberado, se le entregan objetos personales y se le hace firmar el libro de salidas. Luego es llevado a un calabozo donde se lo escucha gritar momentos después: ‘No firmen ningún tipo de papel, esto es una trampa, no van a ser liberados’. Al escucharlo, los guardias entran en su celda y comienzan a golpearlo (...)”, declaró.


Este hecho es atribuido a “policías uniformados pertenecientes a la Seccional número 39 de la Policía Federal. Según la circular número 12 del sijau, la seccional estaba a cargo del comisario Carvallo”.


La familia O’Neill comenzó a buscarlo de inmediato por comisarías e instituciones del gobierno argentino, sin resultado. Obteniendo mentiras en cada organismo al que se presentaban. 

Un parte diplomático describe: “Con fecha 15 de agosto de 1978 su padre señor Heber Germán O’Neill García denuncia su desaparición ante el señor ministro de Relaciones Exteriores” de la República Argentina. Y entre los documentos que se acopiaron para la investigación consta un ejemplar de Compañero, periódico del Partido por la Victoria del Pueblo, fechado el 1 de setiembre de 1978, que bajo el título “¿Dónde están?” registra su nombre en la “nómina de uruguayos vistos en prisión en Buenos Aires, en fecha 18 de enero de 1977”. 


Por “Oficio confidencial número H3-2/978 (2255), de la Embajada de Uruguay en la República Argentina, fechado en Buenos Aires el día 17 de octubre de 1978” se informa que según la División Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina “el día 21-I-977 fue procesado por actividades subversivas” con intervención del “Consejo de Guerra Estable número 1” a donde fue “remitido” el detenido el “día 28-I-977”.


Pero al solicitarse información a ese organismo de la dictadura, se obtuvo por respuesta la siguiente: “En mi carácter de presidente del Consejo de Guerra Especial Estable número 1/1, tengo el agrado de dirigirme al señor cónsul a los efectos de informarle que en este Consejo de Guerra no existe ningún antecedente relacionado con el ciudadano uruguayo Heber Eduardo O’Neill Velázquez”.


Desde entonces Ever soportó obstáculos de toda índole, pero no claudicó en la búsqueda de su hijo, quien dejaba una hija pequeña, Yamila, quien ahora también podrá dar sepultura digna a los restos de su padre. La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente ha comenzado los contactos para cumplir con los pasos del sepelio que decida la familia. Las investigaciones penales tomarán en cuenta esta nueva información que puede servir como prueba para eventuales acciones contra criminales de lesa humanidad.


Se trata de un caso de coordinación represiva regional, como los que se practicaban bajo el Plan Cóndor. Ya en su momento, al pedir la condena de varios criminales militares uruguayos, la entonces fiscal Mirtha Guianze se había referido al caso de O’Neill para significar cómo se daba la coordinación del aparato represivo y cuál era la actitud del gobierno uruguayo: “No admitieron las operaciones en Argentina, ni en otros países, ni las detenciones-desapariciones, y aun brindaron reiteradamente informes en los que se falseaban los hechos”, aseveró.


Durante el gobierno de facto, el Ministerio de Relaciones Exteriores integraba el Consejo de Seguridad del Estado. En función de ello, una de las tareas primordiales de la Unidad de Derechos Humanos era servir de enlace y de ejecutor de las políticas que diseñaba el Servicio de Información e Inteligencia de las Fuerzas Armadas, en particular del Departamento II, Exterior. Cuando la reapertura democrática, en 1985, se localizaron diversos archivos con abundante información sobre lo que el Servicio de Información de Defensa ordenaba trasmitir al exterior en relación con los desaparecidos. Muchos de estos documentos revestían la autodenominación de “secretos”.


“Así, por ejemplo –explicaba la fiscal Guianze–, en el caso de Heber Eduardo O’Neill, detenido desaparecido en la República Argentina, existía un ‘memo’ secreto que informaba, mucho tiempo después de su desaparición, que dicho ciudadano estaba vivo, en la República Argentina, a disposición del ‘Tribunal de Guerra’ argentino”, señaló. Durante la dictadura esta información integró un amplio archivo guardado en la cancillería. 


La fiscal recordó que “en los estertores del gobierno autoritario se dio orden de destruir dichos documentos, pero la misma no se ejecutó” y que “los documentos referidos se hallaban en el Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores”, según surge textualmente de un informe confidencial firmado el 3 de mayo de 1996 por la abogada Silvia Izquierdo, del Departamento de Derechos Humanos de la cancillería. 

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viernes, 4 de octubre de 2013

Relator de ONU advierte a Uruguay

OBSERVACIONES PRELIMINARES REALIZADAS POR PABLO DE GREIFF


Relator de ONU advierte a Uruguay sobre decisión de Suprema Corte


El país digital - 4 10 13


Un relator de la ONU llamó este viernes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a prestar tanta atención a los derechos de las víctimas como a los de los imputados y sostuvo que una decisión reciente del organismo amenaza avances en materia de justicia.


Pablo De Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación garantías de no repetición, cerró este viernes una visita oficial a Uruguay con la difusión de sus observaciones preliminares al informe que presentará en setiembre de 2014 en la ONU.

"El país se encuentra comprometido con los derechos humanos y el derecho internacional y está siendo noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de derechos a diversos colectivos", sostuvo De Greiff en conferencia de prensa.

"Sin embargo, tiene aún un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente", añadió. "No se trata de revanchismo ni de mirar solo el pasado, sino de crear bases sólidas para una sociedad justa, equitativa".

"Nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de justicia que decisiones recientes de la Corte Suprema de Justicia", advirtió el relator. "Estas decisiones han despertado alarma tanto en el Uruguay como en la comunidad internacional".

"Es de esperarse que la Corte uruguaya vuelva a unirse a la corriente de cortes en lugares diversos del mundo donde se han enfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados como también los derechos de las víctimas", sostuvo.

El relator consideró logros significativos las leyes de reparación de las víctimas aunque consideró que no incluyen a todas y consideró "llamativo" que los esfuerzos respecto al pasado se han concentrado en los casos de desaparecidos cuando son muchas más las víctimas de detención y tortura.

"Uruguay llegó a tener el número de detenidos per cápita más alto de cualquier país de la región", indicó. "Ese universo inmenso de víctimas merece ser escuchado y reconocido", añadió, llamando a no postergar esa tarea debido a la avanzada edad de las víctimas.

Finalmente, llamó a invertir recursos humanos y materiales en la capacitación efectiva de jueces y fiscales en materia de derechos humanos.

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