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viernes, 20 de septiembre de 2013

Derechos en juego

La diaria - 20 9 13 - Por Luis Rómboli


Ayer declararon las siete personas cuyo procesamiento solicitó el fiscal Zubía por la protesta de febrero en la SCJ.


Los expresos políticos Alvaro Jaume, Jorge Zabalza e Irma
 Leites al ingresar al juzgado
Ayer de tarde, y durante más de cuatro horas, la jueza penal de 9º Turno, Gabriela Merialdo, les tomó declaraciones a la integrante de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites, al ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) Jorge Zabalza, al activista de la Asamblea Nacional Permanente (ANP) por la Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales Álvaro Jaume, a la militante de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) Patricia Borda, al secretario general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo Aníbal Varela y a los integrantes de la ANP Diego Jaume y Eduardo Jaume.

Como se sabe, el fiscal Gustavo Zubía solicitó esta semana el procesamiento con privación de libertad por el delito de atentado especialmente agravado de los cuatro primeros y el procesamiento sin prisión por el delito de complicidad de los tres últimos, por el caso que se investiga de la manifestación en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del 15 de febrero, convocada por varias organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en rechazo del traslado del ámbito penal al civil de la jueza Mariana Mota.

La magistrada estaba a cargo de medio centenar de expedientes de casos sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y apeló la decisión ante la SCJ -que obviamente negó el pedido-, y ahora su situación se analiza en la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Pero volvamos al caso del pedido de procesamiento de los militantes sociales. Ahora Merialdo se tomará un plazo de hasta 45 días para decidir si hace lugar al pedido del representante del Ministerio Público o si archiva definitivamente el caso. Según los abogados defensores, hay una tercera opción, que es continuar con la investigación, pero se trata de un procedimiento “inusual” en la Justicia uruguaya.

Sacale una foto


Los siete indagados ingresaron al edificio del Poder Judicial, en la calle Misiones 1469. Entraron todos juntos y alentados por los cánticos de cerca de un centenar de manifestantes que se apostaron detrás del vallado protegido por unos 20 efectivos policiales. Durante la larga audiencia se fue sumando más gente, convocada por varias organizaciones sociales y sindicales.

Usando la sede judicial como lugar de operaciones y protegiéndose detrás de la custodia y del vallado, un fotógrafo y un camarógrafo, uniformados con chalecos de la Policía, se dedicaron a registrar a los manifestantes durante toda la tarde y a esbozar una sonrisa cuando recibían algún grito de protesta o cuando les sacaban fotos a ellos desde el otro lado.

Dos de las pruebas sobre las que se basó el pedido de Zubía fueron un video de la manifestación en la SCJ, proporcionadas por los tres canales privados de televisión a la Policía, y otro con filmaciones realizadas por la propia institución. Pero las imágenes de la televisión estaban editadas por la Policía, por lo que los abogados defensores solicitaron a la jueza acceder y visualizar el material audiovisual en bruto. Merialdo accedió, y luego de que la Policía llevara los videos completos que tenía en su poder, se procedió a observarlos en la audiencia. Una fuente de la Policía informó a la diaria que el Departamento de Operaciones Especiales pidió las imágenes a todos los canales de televisión abierta, que Televisión Nacional Uruguay no accedió a proporcionarlos y que luego las imágenes en bruto fueron editadas por Policía Técnica.

Juan Fagúndez, abogado de Jorge Zabalza, de Álvaro Jaume y de uno de sus hijos, explicó que el alegato que presentó se basó en que “el delito por el que se pide el procesamiento no se adecua a lo que pasó”. “Lo que hubo fue una protesta y no se puede comparar una protesta con un delito. Pero el fiscal interpreta las pruebas en un sentido, que hubo instigación para impedir el acto [de asunción de Mota como jueza civil] y nosotros decimos que hubo una protesta social que lo que hizo fue demorar ese acto durante tres horas”, afirmó.

Los primeros en salir del juzgado fueron Zabalza, Varela y los tres Jaume; media hora después lo hicieron Borda y Leites.

Todo preso es político


Zabalza expresó que “éste es un caso penal que se sale de lo habitual y entonces hay que seguir esperando”. El ex referente del MLN opinó que “la acusación del fiscal es política” y que pretende “escarmentar a los que luchan por verdad y justicia, a los que quieren juicio y castigo para los criminales de Estado, y por eso se utiliza a siete compañeros como vehículo para desalentar la lucha”.

Zabalza contó que el día de la manifestación en la SCJ, no pretendió “interrumpir ningún acto”. Según dijo, estaba vestido “de chinelas y bermuda”, y cuando se cerraron las puertas del Palacio Piria algunos quisieron entrar “para presenciarlo, no para interrumpirlo”, y entonces él le preguntó al vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, si podía ingresar al acto, y éste le respondió que sí.

Una estrategia de defensa diferente fue la que tomó Ignacio Durán, abogado defensor de Borda. Durán dijo que después de observar los videos “se puede apreciar que ella fue pacíficamente a la manifestación, porque tiene vínculos familiares con la doctora Mota y concurrió a expresarle su solidaridad”. Para Durán, el dictamen del fiscal “es apresurado, no está fundado y le falta solidez”, y dijo que solicitó que la jueza citara a declarar a cinco testigos, entre los que se encuentran un fotógrafo y un docente compañero de Borda, quienes estuvieron en la manifestación, y la propia jueza Mariana Mota. Durán explicó que si bien no cree que Zubía “cambie el dictamen”, la jueza Merialdo “tiene la potestad de archivar el expediente y el caso puede concluir en esa posibilidad”.

Leites dijo que su alegato se basó en que éste es “un juicio político”, y que solicitó que el proceso fuera “oral y público”, pero que la jueza “no lo consideró”. Agregó que “se eligieron siete personas para estigmatizarlas y acusarlas de lo que pasó, porque no hay una conducta diferencial de esos siete con respecto a todos los demás que estuvieron en la manifestación”. Finalmente, Leites expresó que en el fallo de Merialdo “se juega mucho del futuro”, y que en la declaración realizó “un alegato a favor del derecho a la protesta” y pidió a la jueza “amparo contra la prepotencia de la Policía con sus abusos y seguimientos”.

Cuestión de genes


El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT expresó en una declaración que el procesamiento de militantes sociales solicitado por Zubía “es una forma de judicializar las movilizaciones populares”. En una declaración emitida ayer, la central de trabajadores agrega: “Siempre hemos respetado a la Justicia uruguaya, pero esto no significa que la misma no sea plausible de críticas; en este caso, nosotros tenemos la convicción de que, de no modificar esta postura, cometerá un profundo error que perjudicará a las organizaciones de la sociedad”. 

Edgardo Oyenart, uno de los dirigentes del PIT-CNT que participaron en la movilización en la SCJ e ingresaron al lugar para hablar con el jefe del operativo policial para “evitar una masacre”, agregó que “procesar a personas por participar en una manifestación es un disparate”. 

El dirigente expresó que el 15 de febrero fue testigo de que “no hubo ninguna agresión, no se rompió nada” y que tuvo que participar en un cordón humano para “proteger” a personas ancianas del atropello policial. “Me parece que los genes del fiscal Zubía pueden más que su responsabilidad profesional e institucional”, concluyó Oyenart, en referencia a los lazos familiares del representante del Ministerio Público con militares.
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El reino del revés

La diaria - 18 9 13


Fiscal pidió procesamiento con privación de libertad para Leites, Zabalza, Jaume y Borda por manifestación en SCJ.

El fiscal penal de 8º Turno, Gustavo Zubía, pidió ayer el procesamiento con privación de libertad por el delito de atentado especialmente agravado para cuatro militantes políticos. Se trata de la integrante de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites, el ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros Jorge Zabalza, el integrante de la Asamblea Nacional Permanente (ANP) por la defensa de la tierra y los bienes naturales Álvaro Jaume, y la profesora Patricia Borda.

Además, el fiscal Zubía solicitó el procesamiento por complicidad del secretario general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) de Montevideo, Aníbal Varela, y de los activistas de la ANP Eduardo Jaume y Diego Jaume. Todos los pedidos corresponden a la investigación vinculada a la manifestación en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del 15 de febrero para solidarizarse con la jueza Mariana Mota, quien tenía a cargo más de 50 expedientes por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y que fue trasladada desde una sede penal a una civil.

El caso fue denunciado por la propia SCJ y está a cargo de la jueza penal de 9º Turno, Gabriela Merialdo, quien deberá decidir si hace lugar al pedido del fiscal y citó a una audiencia para escuchar los descargos para mañana a las 14.00.

Luego de que la SCJ hizo la denuncia, intervino en la investigación el Departamento de Operaciones Especiales (DOE) de la Policía, que realizó varios interrogatorios en sus dependencias, tras citar por teléfono o interceptar en la calle a los indagados. Luego fueron citados a declarar por Merialdo. El pedido del fiscal recayó sobre siete de los diez interrogados, entre los que estaban también los fotógrafos Iván Franco y Santiago Mazzarovich, que el día de la manifestación se encontraban trabajando en el lugar, y el dirigente del PIT-CNT y del sindicato de funcionarios judiciales, Gustavo Signorele, que fue citado por la magistrada como responsable de una de las organizaciones convocantes.

El abogado de Leites, Gustavo Salle, dijo a la diaria que el delito de atentado especialmente agravado se refiere a un desacato por no permitir a un funcionario público asumir sus funciones y que entiende que Zubía no pidió la pena de prisión sino la de “privación de libertad” porque “le deja a la jueza la puerta abierta para un procesamiento con arresto domiciliario”.

El delito es castigado en el Código Penal con una pena de tres meses a tres años de privación de libertad. Para el abogado, la denuncia de la SCJ contra los manifestantes es un tema “netamente político” y la decisión de la Fiscalía que se conoció ayer también es de “naturaleza política”. “Si hubo un acto jurídico que afectó el ejercicio de la función administrativa” de la SCJ, esa acción “fue protagonizada por todos los individuos que estaban adentro y afuera del lugar”, agregó Salle.

Por su parte, el pedido de procesamiento por complicidad para Varela y los hermanos Jaume no es con pena de prisión. Zabalza dijo ayer a Montevideo Portal que se siente “muy orgulloso” de que se pida su procesamiento “por luchar por verdad y justicia”, más aun tratándose de una SCJ “que está protegiendo a aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad”. Agregó que Zubía “fue educado por su padre y su tío, que fueron autores del golpe de Estado, y que existe “una revancha” por parte de los jueces “que hicieron carrera en la dictadura”.


Más temprano, Zabalza había comunicado la decisión de la Fiscalía en un correo electrónico, en el que se lamentaba por no poder concurrir mañana a un acto de camaradería en Bella Unión, ya que el Instituto de Colonización resolvió entregarle un predio al histórico dirigente cañero Ney Thedy. “La idea era dar un abrazo a don Ney y sus hijos, así como pasar una jornada de camaradería en el sindicato UTAA [Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas], pero el hombre propone y el Fiscal Gustavo Zubía dispone”, se lamentó Zabalza en su correo.
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viernes, 13 de septiembre de 2013

Daño colateral

Rico: “La Ley de Caducidad dejó como efecto una cultura de la impunidad y la pérdida del sentido de responsabilidad”


La diaria - 13 9 13


Marcha del Silencio el 20/5 en Carmelo. Foto: Javier Calvelo
Con motivo de la presentación del libro de la editorial Trilce Ley de Caducidad, un tema inconcluso. Momentos, actores y argumentos (1986-2013), coordinado por Aldo Marchesi y escrito por Gianella Bardazano, Álvaro de Giorgi, Ana Laura de Giorgi y Diego Sempol, con la colaboración de Nicolás Duffau y Diego Luján, ayer se desarrolló una mesa redonda con la participación del presidente del Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Juan Raúl Ferreira, el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, y el catedrático de la Facultad de Derecho Óscar Sarlo. Si bien estaba anunciada la presencia de la senadora del Frente Amplio (FA) Constanza Moreira, la legisladora se excusó por problemas de agenda y envió una carta con sus consideraciones sobre la obra.
La actividad se proponía, además de presentar el libro, reflexionar sobre las consecuencias del proceso político que se dio luego de aprobada la Ley de Caducidad en 1986 y cómo se vio afectada la mirada de la sociedad sobre los derechos humanos y el sistema jurídico.
En primer lugar se leyó la nota de Moreira, que señalaba que el libro “constituye un aporte valiosísimo en la agenda de derechos humanos” y destacaba que contiene “la intensa reflexión que se dio en los años 80 sobre lo que estaba pasando”. Moreira escribió que “la ley hoy no existe pero sí sus efectos” y que dejó de ser necesaria “porque hizo todo lo que tenía que hacer”. 
“De hecho, desaparece cuando los delitos empiezan a prescribir y perduran los efectos que su espíritu robusto y expansivo produjo en la inoperancia de todos los poderes del Estado mucho más allá de lo que la ley efectivamente decía”. Para Moreira, “la doctrina de la impunidad fue políticamente posible porque sólo afectaba a los derechos humanos de las personas de izquierda” que en ese momento “no era un igual en el sistema de partidos, sino un intruso”. 
Pero aunque la ley ya no está, “estamos como al principio”, ya que “no hay testimonios de las Fuerzas Armadas, son pocos los procesos que encuentran causa en la Justicia” y se asiste “a los desplazamientos de jueces comprometidos”, añadía Moreira. Se depende “de la voluntad de operadores jurídicos valientes” pero que no pueden solos, a menos que “el poder, incluyendo al gobierno, decida que la causa vale y que los derechos están por encima de cálculos”, finalizaba.
Sarlo comenzó la ronda de exposiciones destacando la producción como “una reconstrucción hasta preciosista de los argumentos históricos como para seguir reflexionando sobre estos temas”. El libro dedica un capítulo a los argumentos esgrimidos por los partidos tradicionales, otro a los del FA, un tercero a los planteos de las organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales y, al final, uno sobre cuestiones jurídicas. Sobre este último punto, Sarlo dijo que existía “una carencia teórica” y explicó que la Ley de Caducidad “fracturó a la academia” y la dejó “casi sin Cátedra de Derecho Constitucional”, porque “el derecho terminó siendo absorbido por la política”. 
Explicó algunas tesis que sostienen, respecto de este tema, que los derechos humanos “no son gratuitos” porque “no salen de una entidad sobrenatural”, sino que “tienen costos”, y puso como ejemplo que “la base de los actuales” derechos “costó 60 millones de muertos en cinco años”, en referencia a la Segunda Guerra Mundial. También expresó que “no hay derechos humanos colgados de un texto”, sino que hay que “consolidar un sistema confiable” y que “la causa de los derechos humanos se fortalece cuando se fundamenta en cuestiones éticas y lejos de los escenarios electorales”. Finalmente, preguntó si la sociedad uruguaya “está ajena a la impunidad, o será que todos queremos mantener cierta cuota de impunidad”, y criticó la “judicialización” de los derechos humanos, cuando en realidad se trata de un “problema político”.
Por su parte, Ferreira dijo que el libro tiene “una objetividad histórica admirable pero no con falta de compromiso” y que “el de la Ley de Caducidad es un tema inconcluso”. Ferreira contó que en el proceso que comenzó con su adhesión a la campaña por la anulación de la ley se dio cuenta “del daño que había causado” la norma y de “las cosas que había roto” en el país. Destacó como una de sus consecuencias “la destrucción de un capital político importantísimo, como la acumulación de fuerzas del frente antidictatorial. 
Fue un punto de quiebre fatal entre los que levantaron las mismas banderas”. Luego señaló que en la actual integración del Directorio del Partido Nacional “son muchos más los que no votaron la ley o integraron la comisión del voto verde”, y sin embargo festejaron que no se alcanzaran los votos en el plebiscito de 2009. Ferreira explicó que se fue instaurando “una deformación” de la historia, que proclama que la Ley de Caducidad fue impulsada por “la teoría de los dos demonios”. “Eso es una mentira”, añadió.
Rico señaló que los “efectos” de la ley “son estructurantes del presente” y dijo que si bien no sabe si Julio María Sanguinetti puede ser considerado “un príncipe”, la Ley de Caducidad “es una ley fundante del Uruguay posdictadura”. Uno de los efectos “más importantes” fue “instalar una cultura de impunidad” en el país, que está presente “en la cotidianidad” en situaciones como manejar a alta velocidad porque “no me va pasar nada”, y generar una “pérdida del sentido de responsabilidad” que se percibe en las relaciones “laborales, vecinales, de pareja”, cuando las personas “no asumen las consecuencias” de sus acciones, añadió. La impunidad se ha trasformado en “un elemento cultural y cohesionador en un sentido destructivo”, y si bien hay avances en materia legislativa, “se da en un contexto cultural y social cada vez más conservador y dentro de un sistema legal y penal cada vez más punitivo”, concluyó Rico.
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En familia

Belela Herrera y sus hijas recordaron cómo vivieron el golpe contra Allende.


La diaria - 13 9 13



Belela Herrera. Foto: Nicolás Celaya
La ex vicecanciller uruguaya (2005-2008) María Belela Herrera era la esposa del encargado de negocios en Chile, César Charlone, único representante de Uruguay en la nación trasandina cuando ocurrió el golpe de Estado del 11 de setiembre de 1973. A 40 años de ese día, frente a lo que era la residencia de la Embajada uruguaya, Belela y sus dos hijas recordaron junto a la diaria dicha jornada.
Belela Herrera recuerda que esa mañana, como tantas otras, se puso una bata por arriba de la ropa de casa para acercar a su hija menor, Macarena Charlone Herrera, que entonces tenía 18 años, a la Facultad de Arquitectura. La familia Charlone-Herrera vivía en el barrio residencial Las Condes, en una bonita casa de esa municipalidad santiaguina. 
En esa casa fue que se reunieron ese día Charlone, que estaba a cargo de la Embajada, el agregado militar, Pedro Aranco, el cónsul y el primer secretario de la sede diplomática uruguaya para “sesionar” sobre la situación en Chile, cuando aún estaba fresco el quiebre democrático uruguayo de menos de tres meses antes, el 27 de junio. 
También llegó hasta ahí, asustado por el bombardeo a La Moneda, el que asumiría como embajador, Roberto González Casal, quien desde hacía unos días estaba en Chile pero todavía no había presentado sus credenciales. 
La reunión fue interrumpida por una llamada de Montevideo: el entonces presidente Juan María Bordaberry se comunicó para ordenar que “en esa casa no entraba ningún asilado”, según recuerda hoy Herrera en la vereda, frente a lo que fue su residencia entre 1970 y octubre de 1973. 
Esa orden, asegura, se cumplió “rigurosamente”, aunque no por eso ella y sus hijas dejaron de ayudar hasta donde pudieron a chilenos, uruguayos y otros extranjeros que estuvieron en peligro a partir del golpe de Estado que instauró la dictadura de Augusto Pinochet, que se prolongaría hasta 1990.

11 por tres

Macarena estudiaba arquitectura en la Universidad de Chile, que estaba en Cerrillos, unos 30 kilómetros al oeste de Santiago, frente a la sede de las Fuerzas Armadas de Chile (FACH). “Era una época en que era difícil ir a estudiar, pero yo iba igual porque la consigna era estar en los lugares de trabajo y de estudio. Me tocaba hacer muchos viajes a dedo para llegar hasta allá”, recuerda. “El día del golpe mamá me lleva hasta plaza Italia, me hace el primer recorrido y desde ahí me tomo el primer dedo. Entonces empezamos a escuchar las noticias en la radio”.
“Los militares estaban propalando todo el tiempo por radio y televisión que denunciaran a los extranjeros porque eran los que habían traído la subversión a Chile”, recuerda. La hija de la ex canciller explica que en esos viajes a dedo había aprendido a cuidarse de hablar, pero ese día, recuerda, le tocó un chofer que “estaba sintiendo dolor por lo que estaba pasando” y resolvió ir hasta la facultad y se sumó a un grupo de 40 estudiantes “de miles” que se quedaron “defendiendo” la Universidad “de nada, o sea, [se trataba de] estar ahí, por si llegaban” los militares. Macarena se quedó tres días en Cerrillos. Al tercero “llegaron cinco camiones llenos de gente de las FACH”. En un momento, pidieron a los extranjeros que se separaran, ella lo hizo pero mostró su pasaporte diplomático y un militar le dijo: “Bueno, pero va a tener que entender la situación que está viviendo el país en este minuto”, aunque después no tuvo problema.
En tanto, su hermana, Belela (hija), estaba en el municipio de Macul, en El Pedagógico, la Facultad de Ciencias de la Educación, que entonces albergaba también, en un campus, carreras de letras, idiomas y periodismo, entre otras. “Un antro de izquierda”, aclaró irónicamente su madre. Ese día había ido con una compañera, porque tampoco se le hacía fácil llegar. Cuando llegó al centro de estudio, el entonces presidente de la Federación de Estudiantes de Chile pidió que algunos estudiantes se quedaran a defender el lugar y que los demás se fueran. Ella quería quedarse, pero él la mandó para la casa. De regreso en Las Condes, llegó a escuchar el último discurso de Allende y poco después ocurrió el bombardeo a La Moneda.
Herrera, en tanto, se enteró del golpe a bordo de su Fitito, cuando se dio cuenta de que el tránsito se alejaba de Santiago en vez de entrar, como solía ocurrir todas las mañanas. Al llegar, su marido le confirmó que había habido un golpe de Estado.

Manos tendidas

Enseguida después del golpe comenzó a llegar gente a la residencia de Herrera y Charlone. Se trataba de “personas que no tenían problemas en Uruguay, que podían volver, pero que se sentían en peligro” debido a los llamados a denunciar a todos los extranjeros, explicó Herrera. Entre quienes pasaron por la casa durante esas semanas posteriores al golpe de Estado había una mujer uruguaya de la edad de Belela hija y compañera suya, embarazada de casi nueve meses, que llegó junto con su compañero. “Pero ella no se quedó en la casa”, aclaró Herrera, “la asilamos en la Embajada argentina”. Cuando la fueron a llevar, Belela hija se encontró con el novelista Ariel Dorfman, que era profesor suyo en la universidad, “cubierto con una cortina de la embajada”, recuerda.
“Como teníamos muchos vínculos con las embajadas, tratábamos de hacer que los que no podían volver a Uruguay pudieran refugiarse en otros lados”, contó Herrera. En ese sentido destacó que “en particular, la Embajada argentina recibió a mucha gente”, ya que en Argentina la dictadura no llegó hasta tres años más tarde. 
En esa sede diplomática “llegó a haber como 900 personas de todas las nacionalidades”, dijo la ex vicecanciller. Esa cantidad de gente se debe a que se demoró la negociación con la cancillería chilena para que se abrieran finalmente cinco refugios para extranjeros en ex conventos. Las normas internacionales implican que se asile a quienes no pueden regresar a su país de origen, por persecución política o riesgo de vida, así que mientras los centros no estaban disponibles, Herrera y otros recurrieron a las embajadas. “Naturalmente teníamos muy buenas relaciones con los embajadores de los países de Europa del Este, pero todos rompieron relaciones con Chile, menos Rumania”, recuerda Herrera, quien tiempo después del golpe pasó a trabajar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
La ex canciller también ayudó a muchos compatriotas en esos momentos. Consultada por la diaria, reconoció haber entrado al Estadio Nacional cuando servía de centro de detención y tortura, en el que permanecieron secuestrados más de 50 uruguayos, hombres y mujeres. “Estábamos con el embajador sueco [Harald Edelstam], y fue una gestión que hizo principalmente él, que yo apoyé, nada más”, dijo.
Por otro lado, destacó lo “maravillosos” que fueron para ella los años del gobierno de Allende, para balancear “el horror” que se recuerda respecto de la fecha del 11 de setiembre. Durante ese período “la gente del pueblo eran hermanos” con los que se sentía unida por un “proyecto en común”, en el marco del cual “había muchas cosas que hacer”. Remarcó los logros de la Unidad Popular, entre ellos que los niños recibieran medio litro de leche por día. Ésa fue una de las 40 medidas de Allende, varias veces mencionada en el marco del aniversario que se cumplió el miércoles. También destacó la elección de autoridades que se hacía en la Universidad. “Yo le decía el otro día a mi hijo: fui una privilegiada” por haber vivido esos momentos. Según ella, “los 1.000 días de Allende fueron días de mucha lucha, pero también de muchas gratificaciones y esperanza”.
Marina González desde Santiago, Chile

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miércoles, 11 de septiembre de 2013

Sin olvido


Chile recuerda la caída de Allende y aún busca la reconciliación.

Los chilenos recuerdan hoy el golpe de Estado de hace 40 años, con actos de conmemoración de todo tipo y con reclamos de más justicia. Pero la jornada de ayer estuvo marcada, para los dirigentes del Espacio de Memoria Londres 38, por el desmantelamiento, por parte de la Policía militarizada, de intervenciones urbanas que habían instalado en los puentes del río Mapocho.
La diaria - 11 9 13

Roberto Garretón con Luis Manuel Silva
Santiago de Chile amaneció ayer, como siempre, con su tránsito recargado y su gente apurada. Pocos indicios mostraban que hoy se cumplen 40 años del golpe de Estado en contra del gobierno de la Unión Popular (UP), dirigido por el presidente Salvador Allende, que al suicidarse ese día en la Casa de la Moneda bombardeada por la Fuerza Aérea pasó a la inmortalidad. 
La memoria del golpe está aún muy presente, en particular porque fue muy documentada. Los dos años de gobierno de la UP, y las 40 medidas impulsadas por Allende, habían atraído tanto a la prensa mundial como a miles de extranjeros, que huían de países vecinos (como Uruguay) donde si no había gobiernos de facto el clima político no era muy afín al progresismo, y también a otros que sin tener militancia política, tenían curiosidad y simpatía por esa experiencia socialista que había llegado al poder por las urnas. 

Eso permitió que se hicieran decenas de documentales con las imágenes en blanco y negro de ese día traumático, en el que los cadáveres aparecieron flotando en el río Mapocho (que atraviesa la capital chilena) y las radios comenzaron a emitir llamados a delatar a los extranjeros, acusados de haber importado la “sedición” y el desorden. Ese día empezó la dictadura de Augusto Pinochet, que entregó el poder recién en 1990.
Al llegar a Santiago el lunes de noche, estos periodistas cenaron en un bar de Macul, un barrio de clase media, conocido durante el gobierno de la UP porque allí se encontraba El Pedagógico, un campus estudiantil dedicado a la pedagogía (albergaba tanto lo que es nuestro IPA como al magisterio), pero también a los idiomas y al periodismo. 

La Federación de Estudiantes de Chile (FECH) tenía una fuerte presencia allí. En medio de una decoración colorida y original, una enorme pantalla plana difundía uno de los muchos documentales que se emiten en estos días y que los chilenos comentan mucho, Informe especial de la Televisión Nacional chilena. Consultadas por la diaria, varias personas coincidieron en que, aunque es habitual que en estas fechas se emita este tipo de programas, no suelen ser “tan a fondo”.
Ayer, la diaria se reunió en el centro de Santiago con el abogado Roberto Garretón, uno de los fundadores de la Vicaría de la Solidaridad, organización católica que se movió desde adentro del país en los meses que siguieron al golpe. Garretón estuvo a cargo de argumentar, ante el Parlamento inglés, por qué no correspondía que se extraditara a Pinochet a Chile cuando éste estuvo detenido en ese país en 1998, por orden del ex juez Baltasar Garzón. En democracia fue embajador de Ricardo Lagos para los Derechos Humanos y también ocupó varios cargos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El lugar del encuentro fue un ex centro clandestino, recuperado hace dos años y que ahora recibe, en una pequeña calle central, entre 1.000 y 2.000 visitantes por mes, explicó su coordinador, Libio Pérez. Por ese lugar pasaron por lo menos 98 personas que fueron torturadas, ejecutadas o desaparecidas. De momento, los carteles dicen que fueron 96, pero hace poco la Justicia estableció que hubo dos más; una de ellos fue la uruguaya desaparecida en Chile Nelsa Gadea (ver http://ladiaria.com.uy/ACWj). 

Por eso, el 25 de setiembre está previsto agregar su nombre, junto a su edad -29 años-, en las placas que hay al lado de los adoquines que están frente a la entrada de Londres 38. El lugar fue rápidamente identificado por los defensores de los derechos humanos chilenos, según relató Garretón, gracias a la iglesia que está en la esquina, pero demoró mucho en ser recuperado; eso se debe a que Pinochet ordenó cambiarle el número de calle. En vez de 38 pasó a ser 40, para que se pudieran borrar las pistas y se dificultara el trabajo de quienes denunciaban lo ocurrido, entre ellos Garretón. 

Es el único de los cuatro centros clandestinos principales de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) en Santiago que no fue destruido, y su dirección, al ser restituida, se convirtió en un emblema. Se sabe que Gadea pasó por ahí por una serie de coincidencias entre fechas y testimonios que concuerdan, y también porque ella y muchos de los que pasaron por Londres 38 estuvieron en el campo de concentración Tejas Verdes, cerca de la ciudad de Valparaíso. 

Esto demuestra que las centenas de investigaciones judiciales que se siguen realizando en Chile permiten ir reconstruyendo la historia y avanzando, alimentando espacios como Londres 38.
Respecto de los documentales y programas especiales que se están emitiendo en estos días, Garretón recordó que el tabú que prevalecía en los medios chilenos sobre el tema cayó en 2003, cuando el canal de la Universidad Católica, afín a la derecha, emitió un “muy buen” documental sobre la Caravana de la Muerte en el norte del país, un operativo que había consistido en el recorrido de oficiales de Ejército chileno para “agilizar” los procesos de los detenidos, en el marco del cual se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos.
Garretón dijo que no cree en las declaraciones de los últimos días en forma de arrepentimientos y reconocimientos de culpa que se están dando con motivo del aniversario. En su opinión, que el presidente Sebastián Piñera haya señalado las complicidades “por acción o inacción” de sectores como la prensa o la Justicia, así como de muchos chilenos de a pie, “es ridículo”.

Consideró que cuando es un Estado el que comete crímenes contra la humanidad “la palabras no bastan”, y reclamó “políticas públicas” en ese sentido. Aunque éstas ya existen, se refirió por ejemplo a la necesidad de que se detengan definitivamente los “beneficios carcelarios” que a veces reciben los condenados por esos crímenes.
Si bien ayer a pesar de los numerosos eventos conmemorativos la vida siguió su curso en la capital chilena, para hoy sus habitantes esperan un clima caldeado, con un servicio de transporte menor a partir de las 16.00 y enfrentamientos en las “poblaciones” (barrios carenciados), donde es frecuente que se registren hechos conflictivos. 

Pero es importante recordar que al margen de esos sucesos aislados, que luego ocupan las portadas de la prensa, habrá numerosos actos, encuentros e incluso estrenos teatrales para recordar lo que muchos consideran “logros” del gobierno de Allende, que un 11 de setiembre de hace 40 años quedaron aniquilados, aunque otros chilenos siguen creyendo que fueron esas mismas medidas las que llevaron al país al golpe.

Va el saludo


Mientras la diaria dialogaba con Garretón en Londres 38, se acercó Luis Manuel Silva Ancapil. Con un documento probatorio en la mano, explicó que es hijo de Jorge Miguel Silva, uno de los líderes de la reforma agraria impulsada por Allende. Silva explicó a la diaria que su padre fue detenido y torturado, y que él mismo sufrió apremios durante todo su servicio militar. Como si fuera poco, es de la comunidad mapuche, grupo al que se le sigue aplicando hoy una ley antiterrorista por reclamar sus derechos. Silva se quebró al contar su historia. Abrazó a Garretón, quiso sacarse fotos y filmar un video con él para un documental que está preparando. 

Además lo invitó a un encuentro “de agradecimiento” que está organizando para todos los que “ayudaron”. Garretón y otros “nos dieron una voz”, dijo entre lágrimas, destacando que “hay que ser agradecido”.
Marina González desde Santiago, Chile

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domingo, 8 de septiembre de 2013

Las grandes alamedas

Página 12 - 8 9 13 

Por José Pablo Feinmann



Ni que se haya convertido en la fecha de la caída de las Torres Gemelas evitará que –para nosotros, para los hombres y mujeres de América latina– el 11 de septiembre sea la fecha del golpe de Estado más detestable de los tantos que padecimos. 

Se trataba de un gobierno elegido democráticamente. Se trataba de un país con un ejército que –a diferencia de los de nuestro continente– había sido guardián del orden constitucional. Se trataba de un presidente que era un hombre noble, con ideas e ideales, un hombre honesto y un hombre valiente. 

Había tenido un gran apoyo de las masas obreras. Y una queja constante, un repudio sin tregua, del MIR, el principal grupo armado de Chile. 

Finalmente, todos los sectores de la sociedad –menos los obreros– se unificaron para voltearlo: el ejército, los medios de comunicación, los gremios, las clases altas, las clases medias y –con un empeño criminal, furibundo– los Estados Unidos de Nixon y Kissinger. Las clases medias inauguraron la modalidad de salir a la calle con cacerolas y atronar el país pidiendo la renuncia de Allende.

Allende fue el más original, el más creativo de los líderes socialistas del siglo XX. Descreyó de la célebre dictadura del proletariado y eligió el camino democrático, pacífico al socialismo. Si ese camino fracasó, no menos fracasaron los otros. 

Con una enorme diferencia. Allende no dejó decenas o decenas de miles o millones de cadáveres tras de sí. Ni presos políticos tuvo. Confiaba en solucionar la antinomia entre socialismo y democracia, que el mandato de la dictadura del proletariado (que viene de las páginas de Marx y que éste asume como su mayor aporte a la teoría política) obliteraba. 

La derecha –beneficiada por los errores y por las muertes de los socialismos triunfantes y luego derrotados– no tiene rédito alguno para sacar de la experiencia de la Unidad Popular. Salvo que digan que nacionalizar el cobre equivale a fusilar enemigos políticos, o peor aún.

En su último mensaje, don Salvador Allende dijo a su pueblo y a todos los pueblos de América: ¡Trabajadores de mi Patria!: Tengo fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!

La historia es nuestra y la hacen los pueblos.

Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.

El criminal de guerra Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, peor criminal de guerra aún, odiaban a Allende con una pasión enfermiza. En octubre de 1970, Nixon dijo sobre él palabras injuriosas: “That son of a bitch, that bastard...”

Pero esa imagen de este hombre sereno –aunque capaz de encarnar la fuerza de un tornado–, que lo único que nos dejó, como pertenencia, fue el pedazo ensangrentado de uno de los vidrios de sus anteojos, este hombre maduro, con canas, que sale de La Moneda con casco de guerra y metralleta, para morir peleando, tal vez insensatamente, pero como él lo sentía, es, para mí, el símbolo más puro de la rebeldía, porque trató de cambiar el mundo por los caminos de la democracia y de la paz, y porque no pudo, porque los asesinos del poder internacional no lo dejaron, agarró una metralleta, se puso un casco de guerra y decidió (como esos bravos, legendarios marinos con sus barcos) hundirse con su causa. 

¡Ah, don Salvador Allende, ojalá hubiera yo tenido alguna vez en mi patria un líder como usted! Simple, duro, pero sensible, amigo y compañero de la gente de su pueblo, sin sinuosidades, con una sola palabra, la misma de siempre, la que marcó la coherencia de sus días y, por si fuera poco, con ese coraje, don Salvador, que le hizo decir: De aquí no me voy, que sigan otros, no van a faltar, y van a llevarme en sus corazones como a un hombre puro, como a un guerrero y como a un demócrata que les va a henchir el pecho de orgullo y de exigencias perentorias. 

Porque, de ahora en más, todo chileno que sepa que tiene detrás la figura de Salvador Allende, sabe que no se viene a la vida a jugar, a gozar de las liviandades y las tentaciones, sino a meterle el alma y el cuerpo a las causas duras, las de la injusticia, las del hambre, las de la tortura y la muerte. Es mi legado.

Lo es. Tenía la cara de un hombre bueno. Vestía de civil. No andaba ostentando armas ni uniformes bélicos. Se metía entre los obreros. Hablaba en sus asambleas. Les pidió, al final, que se cuidaran. Que no se dejaran sacrificar fácilmente por los carniceros que se cernían sobre Chile. Cuando Castro lo visitó le dijo que tenía que recurrir a la violencia si quería sostenerse. Allende no lo hizo. 

De la violencia se ocupaban los guerrilleros del MIR que, desde luego, lo acusaban de burgués conciliador. ¿Por qué se habrán preocupado tanto los de la CIA y Nixon y Kissinger por un burgués conciliador? ¿Por qué el ejército habrá bombardeado La Moneda? ¿Por qué el diario El Mercurio (al que Nixon le dio dos millones de dólares para desestabilizar su gobierno) lo atacó sin piedad ni vergüenza? ¿Por qué las conchetas chilenas, que son terribles, salieron con sus cacerolas para injuriarlo? ¿Sólo porque era un burgués conciliador? 

Los del MIR fueron funcionales a los golpistas que, salvo los que se fugaron, murieron todos, en el Estadio Nacional o en las más siniestras mazmorras, tan cruelmente como los líderes de la Unidad Popular. 

No, Allende no era un burgués conciliador. Era un socialista temible. Porque había elegido la democracia (el arma ideológica que la derecha cree suya) para ir hacia el socialismo. Pero, luego, hizo algo peor. Murió con su causa. Dejó, para el socialismo, un ejemplo moral incuestionable. Y murió sin perder sus esperanzas. El hombre libre volverá. Las altas alamedas lo esperan. Bajo ellas se fue Allende de este mundo.

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Un mea culpa que llega tras 40 años

LA CORTE SUPREMA CHILENA RECONOCIÓ QUE OMITIÓ SUS RESPONSABILIDADES DURANTE LA DICTADURA

El máximo tribunal reconoció su responsabilidad en graves acciones y omisiones durante la dictadura de Pinochet. Dijo que no defendió los DD.HH. tras el golpe de Estado. Sin embargo, en su declaración pública, no incluyó la palabra “perdón”.
Página 12 - 8 9 13 - Por Christian PalmaDesde Santiago

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación
 de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
El Poder Judicial hizo su mea
culpa 40 años después.

A cuatro días de conmemorarse 40 años del golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet en 1973, liderada por los militares.

Tras varias horas en una larga sesión plenaria, el presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, leyó una “histórica” declaración pública preparada durante la mañana. En la misiva se señala que el Poder Judicial, y fundamentalmente la Corte Suprema, por “acciones u omisiones”, no cumplieron su deber en defensa de los derechos humanos.

El texto agrega que los ministros consideraron “un deber” reconocer que “el quiebre de la institucionalidad democrática, a partir de septiembre de 1973, permitió un régimen cívico militar, que violentó las garantías de los ciudadanos de nuestro país, que terminó con la muerte de muchos de ellos, desaparecidos, con detenciones irregulares y otros atropellos”. Donde se registraron también atropellos como “muerte, desaparición forzosa, detenciones irregularidades y torturas”.

“No cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, en parte se debió a la omisión de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas –las que, por cierto, ofenden a cualquier sociedad civilizada– pero principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia toda vez que les fueron denunciadas, a través de numerosos requerimientos jurisdiccionales que se promovían dentro de la esfera de su competencia, negando de esta manera la efectiva tutela judicial que gozaban los afectados”, sostiene el documento.

Pero no es todo, el texto destaca que “en tales condiciones, este máximo tribunal, reflexionando sobre los hechos de la época, como también del rol que correspondió al Poder Judicial en los desgraciados sucesos, llega a la conclusión de que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió, arrastrando con ello a parte de la judicatura del país, que claramente, a la hora presente, y con la mesura y altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita, por contradecir un Estado de Derecho propio de una República democrática”.

La declaración del máximo tribunal llegó dos días después del llamado de la Asociación Nacional de Magistrados que el pasado miércoles instó a la Corte Suprema a pedir perdón por los actos y omisiones cometidos por los jueces durante el período de dictadura, “a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena porque, en su mayoría, los jueces –durante los 17 años de represión– miraron para el techo”.

El pasado fin de semana, el presidente Sebastián Piñera fustigó a los tribunales de Justicia por su papel en la dictadura: “Hubo jueces que se dejaron someter y que negaron recursos de amparo que habrían permitido salvar tantas vidas”, dijo a través de un diario. Para el ministro Milton Juica, que tuvo en sus manos dos causas emblemáticas –el caso Degollados y Operación Albania–, donde no le tembló la mano para investigar. De hecho, en 1998, la derecha lo vetó para ascender a la Corte Suprema, pudiendo recién el 2001 llegar a ella”.

“Al poco tiempo era clarísimo que había una represión total, que había detenciones totalmente ilegales, una tortura permanente (...) los tribunales consultaban al Ministerio del Interior, este decía que la persona no estaba detenida y si lo estaba, que era en virtud del estado de sitio. Bastaba ese informe para aceptar que era así...Aquí hay mucha gente que dice que no sabía lo que estaba pasando y eso es una mentira del porte de una catedral. Todas las personas que vivieron en esos años, sobre los 15, 16, 18 años, sabían perfectamente que se estaba viviendo una situación atroz. Una persona medianamente informada, con discernimiento, no podía ignorar lo que estaba sucediendo”, sostuvo Juica a El Mostrador.

Agregó que todos estos mea culpa “debieron haberse producido mucho antes, dicen ahora lo que debieron haber creído 20 o 30 años atrás”.

Desde la otra vereda, el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans, del derechista partido político UDI, criticó a Piñera respecto de sus dichos sobre los “cómplices pasivos”.

“Me parece delicado decir eso, puesto que la complicidad no se da con pasividad, sino con una actuación completa, muchas personas que colaboraron con el gobierno militar no sabían las atrocidades que se cometían, sin tener ningún tipo de compromiso con esos actos.”

“Uno, con la perspectiva del tiempo puede mirar con menos pasión las cosas y darse cuenta que nunca vamos a llegar a un claro entendimiento sobre si fueron justificadas o no la actuación de las fuerzas armadas durante el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende”, sostuvo. Agregó que “en la década del ’70 era muy común que los militares tomaran el poder por la fuerza. En ese sentido, yo justifico, y aplaudí en aquel momento lo realizado por las fuerzas armadas. Y no sólo yo, sino la inmensa mayoría de los chilenos que entendían que el país estaba viviendo una situación caótica”.

“Las atrocidades que ocurrieron después no las avalo bajo ninguna circunstancia. Algunos políticos deben dejar de sacarle provecho al tema de los derechos humanos. Yo he conversado con muchos familiares de detenidos desaparecidos y me parece que es válido su deseo de justicia. Pero algunos políticos ocupan el tema como bandera de lucha, y eso no me parece”, concluyó.

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