la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Telefax: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@yahoo.com.ar



Horario de atención en nuestra sede social: de lunes a viernes de 14.45 en adelante. Cuota social: $ 120.-




viernes, 30 de agosto de 2013

Crysol se entrevistó con Amerigo Incalcaterra




De izquierda a derecha: Gastón Grisoni, Dr. Juan Raúl Ferreira,
Amerigo Incalcaterra, Baldemar Taroco y Uberfil Martínez
En la tarde de ayer una delegación de Crysol se entrevistó con Amerigo Incalcaterra, Representante Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 


La breve reunión se llevó a cabo en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).



Crysol manifestó su respaldo a la Institución Nacional de DDHH y su preocupación por el desconocimiento de algunas de sus recomendaciones por parte de algunas instancias del Estado uruguayo y se le solicitó su apoyo.


Especialmente, Crysol expresó su inquietud por la no implementación de la Resolución del 6 de diciembre de 2012, acerca de las leyes reparatorias, por parte del Poder Ejecutivo y la falta de compromiso, al respecto, del partido gobernante, que hasta el momento no se ha pronunciado claramente en cuanto a la necesidad de hacerlo, desvalorizando a la INDDHH por la vía de los hechos.


Con el propósito de afirmar en la vida misma las normas de DDHH, asimismo se le informó que Crysol se presentó formalmente ante el Consejo de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas solicitando al mismo que se expida al respecto y observe al Estado uruguayo por desconocer a la INDDHH y sus recomendaciones orientadas a dar cumplimiento a la Resolución 60/147 de la ONU.


La INDDHH es el órgano de la democracia uruguaya con el cometido específico y exclusivo de proteger, defender y promover los derechos humanos de todos los ciudadanos.


La creación de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en el año 2009, fue una gran conquista de la sociedad uruguaya, en cuya gestación, con nuestros  esfuerzos, participamos activamente.


Con la creación de la INDDHH se modernizó positivamente la institucionalidad democrática y se profundizó la democracia reconquistada con la resistencia y la lucha de los trabajadores y del pueblo uruguayo.


Las instituciones nacionales de DDHH son escudos para los débiles, para los ciudadanos más vulnerables y más desprotegidos de las sociedades. Los banqueros, los grandes industriales y terratenientes, los dueños de los medios de comunicación, las transnacionales, tienen los recursos, los medios, para proteger y defender sus intereses, sin tener que recurrir a órganos como la INDDHH.


El capitalismo ya ha demostrado que no es  alternativa para el futuro de la humanidad. El régimen que lo sustituya se asentará en la plena vigencia de los principios democráticos,  de la libertad, en su profundización, desarrollo y extensión. Las normas de derechos humanos son y serán el pilar básico y esencial de dicha sociedad.


El fortalecimiento, desarrollo y potenciación de la INDDHH es imprescindible para afirmar y profundizar la democracia uruguaya, para afirmar la libertad y los derechos de los ciudadanos frente al gobierno, los poderes y la burocracia estatal. Es muy veleidosa la probidad de los hombres. Los 200 años de historia de nuestro país lo han demostrado.




miércoles, 21 de agosto de 2013

Una familia devastada por el Plan Cóndor

EL TESTIMONIO DE IVONNE TRIAS EN EL JUICIO POR LA COORDINACION REPRESIVA DE LAS DICTADURAS

Página 12 - 21 8 13 - Por Alejandra Dandan

La periodista uruguaya habló del secuestro y la desaparición en Buenos Aires de su esposo, Carlos Rodríguez Mercader; de su hermana Cecilia y su compañero Washington Cram González. “Lo que pasó fue como acuchillar el vínculo entre las generaciones”, dijo.



Ivonne Trías
Ivonne Trías es periodista uruguaya y fue directora de Brecha. Ayer declaró en el juicio oral que, en Buenos Aires, juzga a parte de los responsables del Plan Cóndor. 

“Vengo a decir lo que sé y lo que no sé y quiero saber acerca del secuestro y desaparición de mi hermana Cecilia, de 22 años; de su compañero, Washington Cram González, de 27, y de mi esposo, Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, de 26 años, los tres secuestrados y desaparecidos aquí. También quisiera hablar de lo que sé y no sé de otros compañeros y amigos muy queridos que desaparecieron en circunstancias similares. Y en tercer lugar, hablar de algunos de los imputados en esta causa. A uno lo conozco hace más de cuarenta años, siempre en circunstancias de torturas y apremios físicos, tratos degradantes. Y contar por qué estaba mi familia aquí.”
Ivonne y Carlos militaron en la Federación Anarquista Uruguaya (FAU), que generó más tarde al movimiento de Resistencia Obrera Estudiantil (ROE). Cecilia se sumó al sector estudiantil del ROE con una militancia periférica. En 1972, Ivonne quedó detenida en Uruguay, situación en la que permaneció hasta 1985. A fines de 1972, su familia viajó para refugiarse en Buenos Aires, mientras se acentuaban la represión y las persecuciones en Uruguay. Primero salió su esposo. En 1973, salieron Cecilia y Washington, que aquí tuvieron un hijo, estaban legalizados y con trabajo en blanco. Entre septiembre y octubre de 1976, Carlos, Cecilia y Washington fueron secuestrados por la coordinación represiva de los dos países en el marco del Plan Cóndor. Se cree que pasaron por el centro clandestino de Automotores Orletti y partieron a Uruguay entre los prisioneros del llamado “segundo vuelo” que permanecen desaparecidos. El hijo de Cecilia y Washington se salvó porque su abuela María Irma Hernández estaba en esos días de visita en Buenos Aires.
“Todos ellos vinieron de Uruguay porque estaban perseguidos, porque eran militantes políticos o estudiantiles, como mi hermana y su compañero.” “¿Por qué éramos todos militantes?”, preguntó Ivonne en la sala. “Porque en Uruguay ya en los años ’65 o ’66 empezó un ajuste que puedo describir como conservador, que puso por primera vez a los representantes directos de los grupos financieros en los puestos del gobierno para llevar adelante las medidas de carácter antipopular, la represión más fuerte que se había conocido. Y eso chocó con unas organizaciones populares muy fuertes también: había una organización de los trabajadores unificada; partidos de izquierda fuertes, como el Partido Comunista o el Movimiento de izquierda de Liberación nacional (Tupamaros).” Un escenario que no permitía imponer esas “medidas antipopulares sin chocar con una resistencia muy fuerte”.
Ivonne relató el avance del proceso año a año hasta llegar al golpe de junio de 1973. Las primeras militarizaciones y el contexto de conflictividad en el que “la mayor parte de los jóvenes de mi generación decidimos militar”. “No tuvimos que pensar si íbamos a intervenir en política o no –dijo–, ya en nuestra formación todos tempranamente sabíamos que la realidad había que cambiarla, participar era natural.” Ante las “ofertas” vigentes, el PC o el MLN, su grupo optó por otra “salida”: la FAU, una organización “con raíces históricas profundas” que “estaba acercándose a los movimientos de liberación de toda América, a la rebelión de las orillas, como la llamábamos”. En el relato, la FAU apareció así como punto de origen del movimiento que continuó en el MOR y, ya en 1975, entre los refugiados en Buenos Aires, con la organización del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP), del que formaban parte la mayoría de los uruguayos secuestrados y desaparecidos aquí.

En Buenos Aires

Con el golpe de Estado uruguayo “se declara una huelga general” y empieza el “revanchismo de despidos, persecuciones, y es cuando mucha gente que ya estaba requerida y era perseguida empieza a ver que Argentina era el refugio (...) Se vienen muchos de mis compañeros y se instalan con intenciones de seguir lo iniciado en Uruguay en un proceso de discusión interna, recuperar fuerzas para volver y luchar contra la dictadura”.
Carlos viajó antes del golpe, a fines de 1972. Cecilia y Washington, en 1973. “Yo me comunicaba con mi hermana. Ella no tenía impedimento legal, nos escribíamos habitualmente. Sabía que estaba muy contenta y que estaban tratando de tener su primer hijo. Con mi marido, clandestino, nos enviábamos cartas ocultas en las que se podía decir muy poca cosa más que frases o ‘estamos bien’. O ‘te amo’ o ‘te espero’.”
Durante su estadía en la cárcel supo de los secuestros. Luego de un período de castigo empezaron a recibir visitas. “Vienen todos los familiares, pero no viene mi madre, cosa muy extraña porque no había faltado jamás. Faltó a la segunda visita, lo cual me alarmó, y a la tercera la noté demudada. Me dijo que mi hermana había salido a encontrarse con su compañero, ella estaba ahí porque había ido a cuidar a su niño. Me contó que no habían vuelto. Me contó que mi marido tampoco estaba y me decía entre lágrimas y medias frases cosas que no podía entender muy bien –dijo–. En parte por un bloqueo emocional, en parte porque no eran conceptos ni experiencias que teníamos como uruguayos.” Su madre le decía: “Todo fue un desastre, se llevaron a todos, están todos muertos”. Ivonne todavía pensaba que podían estar clandestinos.
De acuerdo con la reconstrucción que hizo después, supo que Cecilia, Washington y su hijo vivían en la calle Vicente López 2273, en Morón. El 28 de septiembre de 1976 dejaron al niño con la abuela. Primero salió uno, después el otro. Tenían como destino un bar en Juramento y Ciudad de la Paz. “Pasaron las horas. Mi hermana estaba amamantando a su bebé, por lo cual tenía horarios muy rígidos. Cuando no volvió, mi madre se puso muy nerviosa y más nerviosa hasta que llega mi marido y le dice: ‘Vieja, hay que salir de acá, ya, ya, ya. Llevamos al niño porque cayeron los chiquilines.” Carlos Rodríguez Mercader, a esa altura, estaba a cargo de la dirección de emergencia del PVP. Lo secuestraron el 1º de octubre.
Uno de los represores uruguayos juzgados en este juicio es Manuel Cordero. Es uno de los más mencionados por los sobrevivientes de Orletti. Estaba encargado de los enlaces de prisioneros entre Argentina y Uruguay.
Ivonne lo conoció en agosto de 1972, en el cuartel Quinto de Artillería: “Mi primer impacto fue una actitud inolvidable, porque estaban todas las presas en una habitación común y Cordero entraba y lo primero que hacía era pasar la mano por todas las bombachas que estaban en la primera cuerda y después iba y se sentaba en la cama de una detenida, una pobre muchacha de 18 años a la que le habían matado a su esposo. Manoseo y un oprobio, violaciones elementales al derecho de ella y todas las que estaban alrededor. Cuando traían al bebé de esta chica a visitarla lo tomaba en brazos y se paseaba como si fuera un trofeo. Fue tal la indignación que todo esto me produjo que cuando el comandante del cuartel me preguntó si tenía un problema particular con Cordero, le relaté los hechos.”
En 1974, Cordero intervino en el asesinato de Iván Morales Generali, un militante que llegó a Uruguay con volantes y documentos. En 1975, encabezó una suerte de negociación para intercambiar presos por una reliquia. Y fue quien le dijo a Ivonne los detalles de dónde y qué hacía su familia en Buenos Aires, situación que reflejaba la persecución. 

En 1976, aparece en la “lista infinita” de todos los detenidos de Orletti, dijo Ivonne. Y en particular en el testimonio de Sergio López Burgos, quien relató “escenas escalofriantes, en que dirigía no sólo los interrogatorios sino la tortura”. Señaló que Cordero violó a Ana C. en medio de la tortura, “que en el momento en el que termina de cometer ese acto de tortura sigue con su aparato, el disyuntor, y sigue con la tortura a López Burgos: ésa es la pintura de uno de los imputados según mi propia experiencia y la experiencia de muchas personas que entrevisté para realizar una investigación que culminó en un libro. Ninguno de los que declaran se ha retractado”.
En la sala, una de las querellas le preguntó a Ivonne si podía decir algo de los efectos de la dictadura en su familia. “En un momento de 1972, la familia era una familia que prometía –dijo ella–. Eramos mi padre, mi madre y mi marido y yo; mi hermana con su pareja y una idea del mundo y de nietos. Cuando yo salí de la cárcel quedaba mi madre y el hijo de mi hermana, nada más. Yo pienso que todos necesitamos formar parte de una historia, no digo de la Historia con mayúscula, de una historia chiquita, de familia. Ser hijos de algo, como dice Marcelo Viñals, de alguien, abuelo de alguien, nieto de alguien. Y lo que pasó fue como acuchillar el vínculo entre las generaciones y dejar un poco como que todo empieza de nuevo cada vez. Esto es para mí un sentimiento de lealtad con mi historia, con mi familia. Me parece que tiene algo de terrible esto de venir a contar historias espantosas, pero tiene algo de recomponer ese vínculo cortado, esa genealogía que quedó trunca y eso me parece que es algo positivo.”
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domingo, 18 de agosto de 2013

"Es evidencia para los procesos judiciales"

VICTOR ABRAMOVICH DIO DETALLES DEL PRIMER CATALOGO REGIONAL 

SOBRE LA REPRESION.


Página 12 - 18 08 13 - Por Alejandra Dandán



Dr. Vìctor Abramovich
El catálogo, al que se accede a través de Internet, contiene archivos de varios países que reúnen información sobre el Plan Cóndor. Lo hizo el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, coordinado por Abramovich.

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (Ippdh) acaba de poner on line el primer catálogo de fondos documentales que contienen archivos sobre las acciones y políticas represivas vinculadas a la Operación Cóndor. 

El catálogo es una guía que reúne la información de 155 fondos situados en los distintos países de la región. En general, son de las fuerzas de seguridad, aunque hay algunos vínculos hacia archivos privados como el caso de Emilio Mignone del CELS. No son los archivos de las dictaduras sino un mapa que muestra cuáles son las instituciones o lugares que los custodian o los administran. 

La iniciativa es importante porque por primera vez articula en un mismo espacio virtual a la región y las políticas de Estado que impulsan la organización y apertura de archivos. También muestra quiénes están más avanzados y dónde hay cuestiones pendientes. A la vez, es una herramienta que puede contribuir a potenciar los procesos de justicia en aquellos países en los que están pendientes y los reclamos de desclasificación donde esos procesos avanzaron, como el caso argentino, pero muchos de los fondos documentales siguen sin desclasificar.

Víctor Abramovich, coordinador del Ippdh, describe la iniciativa y sus sentidos políticos: “Antes se construía memoria desde enfrentar al Estado, las organizaciones de derechos humanos tenían sus archivos. Como director del archivo del CELS, me acuerdo que era un archivo de la resistencia, estaba atrás, cerrado con llave, nadie entraba porque era el archivo con el cual uno iba a impugnar un ascenso, a presentar un juicio. 

Pero ahora, la idea es buscar documentos para salir a la esfera pública para generar debates sociales. Me parece clave que esté ocurriendo. Y esto creo que es porque hay un punto común: hay políticas de archivo. Lo novedoso es el intento de coordinarlo en el espacio del Mercosur”.

–La guía no son los documentos, sino un muestrario de dónde están. ¿Cuál es su potencialidad?

–Es una herramienta para acceder más fácilmente a la información sobre los archivos que contienen, o podrían contener, datos relevantes respecto del Cóndor y, más allá del Cóndor, sobre la coordinación represiva del Mercosur. No concentra documentos, es una guía con la descripción de los principales centros documentales. Orienta al historiador, a un investigador, un fiscal o a las comisiones por la Verdad que tienen que tener pistas para saber dónde buscar. 

Pone en un único espacio virtual toda esa información: cuáles son los fondos, qué tipo de documentos e información tienen o qué institución la produjo para que uno pueda comparar. Por lo general, producen información instituciones de seguridad, Ejército o Inteligencia. Pero también, hay organizaciones vinculadas a los trabajos de resistencias, como organizaciones sociales o de personas. Está el dato sobre el fondo de archivo de Mignone, de dirigentes sociales brasileños. 

El mapa permite a su vez reconstruir la historia de las coordinaciones represivas porque cruza varios fondos sobre una misma información. No está el documento que cuente cómo se mató a una persona, pero sí los datos de contexto aunque no quiere decir que a futuro esto también esté.

–¿Cuál es la importancia en términos políticos?

–Tiene también un análisis de cómo acceder y los niveles de acceso: si son reservados, si hay un procedimiento para acceder a ellos. Muchos, sobre todo los brasileños, están más adelantados en cuanto a digitalización. Cuelgan todos los documentos en la web, un proceso que acá nunca se dio de esa manera. Hay un link a los archivos que están desclasificados. 

En ese sentido, la guía puede pensarse que orienta pedidos de exhorto o a los investigadores de las comisiones por la Verdad o los intercambios entre distintos países. Detrás hay un objetivo político que es apuntalar el proceso que se está dando en los países de la región y no es tan conocido como el proceso de justicia, pero es el relevamiento, ordenamiento y desclasificación de archivos. Es menos conocido porque es más burocrático, más lento. Los archivos se ordenan, pero no se publican. Quedan archivos localizados, muchos son confidenciales, pero un juez o una comisión podría pedirlos.

–Los fiscales de la región pidieron articular espacios de investigación sobre el Cóndor. ¿Esto es otra cosa o plantea alguna relación?

–Creo que son procesos que se van retroalimentando. El archivo tiene un valor, es evidencia para los procesos judiciales. Los procesos tienen testimonios y archivo. Como se investigan hechos que ocurrieron hace 30 o 40 años, los testimonios cada vez son menos y los archivos tienen un peso de evidencia muy fuerte. En las causas de las dictaduras, cuando aparece un archivo es decisivo. 

A veces, no tiene la prueba de un crimen pero cuenta relaciones, destinos de funcionarios, aparatos burocráticos, quién ordena a quién. Eso es clave para construir las cadenas de mando para la autoría mediata en materia penal. Tienen peso de evidencia. Ahora bien, hay países que no están juzgando. 

Por ejemplo, Brasil no juzga pero tiene el proceso de verdad, de memoria muy fuerte. Allí los archivos están teniendo un peso muy fuerte en la discusión pública sobre la dictadura. Aparece un archivo y dispara un debate, como cuando aparece un cuerpo y se identifica no podés frenar la discusión sobre quién era la victima. Por un lado, entonces, está esa Comisión por la Verdad que funciona con reglas de confidencialidad reservadas pero los archivos disparan discusión pública: ese valor político que tienen los archivos para el debate público es muy importante.

–¿Cómo están los otros países?

–En Argentina, desde que se abrieron los juicios, hay una política de ordenamiento de archivos así como hay una política de sitios de memoria. Y existe la mejor política: unidades de búsqueda de documentos que combinan gente con formación archivística con quien sabe qué buscar porque tiene conocimiento histórico que le viene de su propia militancia política. Eso permite hacer búsquedas, armar colecciones, fondos documentales. Se está haciendo en muchos lugares. La (ex) Dipba, Córdoba, Mendoza. 

Los archivos de las Fuerzas Armadas en Defensa. En Cancillería, en Seguridad. En Uruguay se hizo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y algunos archivos policiales. En Chile hay un trabajo de archivos en varios espacios. Los archivos funcionan para distintos propósitos, pero para que existan tiene que haber una decisión política y una política de archivo. Yo creo que ese es un cambio importante. Hay políticas de archivo impulsadas desde el propio Estado.

–En ese sentido, también permite ver lo que falta.

–La guía es también una forma de ver qué está pasando en la política de archivos. Hay campos en los que no se empezó a buscar y ordenar documentos que pueden ser importantes para el tema de la coordinación represiva. El de las organizaciones sociales, las iglesias. Memoria Abierta armó una guía de archivos de organizaciones no gubernamentales. También hay áreas estatales que será clave que estén como Migraciones. Y, por supuesto, el trabajo que acá hace Seguridad y Defensa en Brasil no se hace. Son otros los archivos que aparecen, algunos de policía que hacía control político. Pero hay otras áreas que todavía faltan.

–Al poner a todos los países juntos, los compara. ¿Es como una línea que marca hacia dónde hay que ir?

–Otra cuestión que surge son debates todavía abiertos sobre las reglas de acceso. Toda documentación vinculada con violación grave de derechos humanos tiene que ser pública en principio. Es cierto que hay información de seguridad o defensa que son más sensibles. Ahí empiezan a cruzarse intereses que son contrapuestos. Lo que señalamos es que hay países que tienen legislación o decretos que parecerían propiciar mayor apertura, pero cuando llegás a la institución con el archivo no tiene un protocolo claro de cómo es el criterio de reserva, cuándo o cómo desclasificar. No tiene procedimiento estandarizado.

–¿Es un primer paso hacia la apertura definitiva?

–Exactamente. Pueden existir causales de reserva, pero la reserva tiene que estar sujeta a una interpretación muy estricta, ante la duda tienen que estar por la publicidad. Muchas veces la inercia burocrática hace lo opuesto: por lo general reservan todo cuando podría haber sólo algo para reservar y abrir el resto.

–Ahora bien, así como en Brasil una desclasificación genera debates, ¿puede pensarse que ese debate empuje procesos de justicia?

–Como en todo, como pasaba acá. En Brasil hay actores refractarios a la apertura de los juicios y otros sociales y políticos que quieren que se juzgue. La regionalización del debate no es neutral, tiene impacto. Las sociedades son distintas, las transiciones fueron distintas, pero llevar esto al espacio regional tiene peso sobre los procesos nacionales. 

Por otra parte, el juzgamiento está vinculado con principios internacionales y regionales. El principio de que estos crímenes tienen que ser juzgados es un principio internacional que los países van incorporando en sus sistemas nacionales. Creo que cada país atraviesa procesos distintos pero tienen una dimensión regional que influye en lo local. Qué puede pasar en Brasil, es difícil anticiparlo, pero si uno mira para atrás creo que el tema está mucho más fuerte. Uno puede decir que optan por informes de la Comisión de la Verdad, pero los procesos de Verdad no son inocuos en términos de justicia, porque más verdad hace más difícil justificar que no vas a juzgar como si nada hubiera pasado.

–Una de las demandas de los fiscales respecto del Cóndor era cómo pensar en términos de imputación el rol de Estados Unidos. ¿Esta guía cómo incluye ese rol?

–Las instituciones que relevamos son de países de Mercosur y Chile. Pero no hay ninguna investigación en la región que no muestre el papel central sobre el rol de Estados Unidos en el Mercosur. Pero también estamos discutiendo ampliar dentro de los fondos los documentos desclasificados, por ejemplo, de la National Security o de organizaciones que siguieron estos procesos y su coordinación represiva. O los del Acnur sobre los casos de exiliados.

* La guía puede consultarse en la página web del Ippdh. O en




La idea del catálogo


¿Por qué surge en 2011 la idea de hacer el catálogo?


–Dentro de la región, se creó una comisión para contar lo que hacía cada país en materia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Empieza a discutirse el tema de la Comisión de la Verdad de Brasil. En ese contexto, Argentina, Uruguay y Brasil plantean generar una iniciativa de coordinación sobre este tema de los archivos. 

Pero cada vez más, el Mercosur funciona no sólo como un lugar de intercambio de información sino de coordinación de políticas y en algunos casos de fijar posiciones comunes ante foros. En el campo de derechos humanos, cada vez más se constituye un espacio de discusión de políticas regionales que a veces son iniciativas para apuntalar el proceso regional. No hay solo un Mercosur económico sino un ámbito cada vez más válido, legítimo, de trabajo en otros espacios. 

Es interesante porque los gobiernos son los que deciden llevar estos temas a esos ámbitos. No son los mismos modelos de política que se aplican a otras regiones. Hay un elemento diferencial: casi todos los países sufrieron graves dictaduras o terrorismo de Estado y es como algo compartido. Ahí construyen. La relación entre derechos humanos y democracia no es lo mismo en el Cono Sur que en otras regiones, porque está muy vinculado a un pasado en común. Después hay otros ámbitos en los que comienzan a construirse acuerdos. 

Migraciones, con un enfoque basado en el reconocimiento del migrante como sujeto de derecho que tiene que tener acceso controlado y demás, pero a los mercados de trabajo, a los sistemas sociales. Es decir, valorizar el aspecto positivo es una contracara con la mirada de las migraciones como tema de seguridad, de control de fronteras o hasta de preservación de identidades culturales.

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miércoles, 14 de agosto de 2013

Detienen a militar uruguayo buscado por desapariciones

El Observador - 14 8 13

El ex integrante del OCOA, mayor (r ) Antranig Ohannessian, es buscado por la Causa Cóndor abierta en Italia. Fue capturado antes de viajar.

El mayor (r ) uruguayo Antranig Ohannessian, requerido por la Justicia italiana en la Cuasa Cóndor abierta en ese país, fue detenido en Montevideo antes de emprender un viaje para dejar Uruguay, informó La República.

El ex integrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) era buscado desde Italia, donde un fiscal lo acusa de participar en la en la desaparición de los uruguayos Gerardo Gatti, Bernardo Arnone, Juan Pablo Recagno y María Emilia Gatti de Islas, todos secuestrados en Buenos Aires en setiembre y octubre de 1976 y recluidos en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, agregó el matutino.

La investigación se abrió hace más de 15 años luego de que familiares de los desparecidos hicieran las denuncias de los casos.

En el Buceo

Ohannessian fue detenido el pasado domingo, cuando se disponía a viajar fuera del país. En Uruguay era buscado desde hace pocas semanas por Interpol y la Dirección General contra el Crimen Organizado.

Tras investigaciones, se determinó que el requerido estuvo un tiempo desempeñándose en un establecimiento agropecuario del interior, informó La República.

Luego, se obtuvieron datos que indicaban que el militar vivía en un lujoso edificio de la rambla del Buceo de Montevideo, donde finalmente fue detenido.

Tras ser interrogado, se dispuso prisión administrativa en la Cárcel Central con miras a extradición y se informó a la Justicia italiana, desde donde se espera que lleguen los documentos correspondientes.  

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Cumplir con las recomendaciones de la INDDHH


En la tarde de ayer, martes 13 de agosto, Crysol realizó una concentración frente a la Torre Ejecutiva, en Plaza Independencia, reclamando se cumpla con la recomendación formulada por la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) de que se promulgue una nueva ley, antes del 25 de octubre de este año, que subsane las carencias y omisiones de las leyes reparatorias aprobadas durante el gobierno anterior.

A pesar del frío reinante, alrededor de un centenar de expresos políticos se congregaron a las 15 horas y se retiraron, luego de entonar las estrofas del Himno Nacional a las 16 horas.

Juan Carlos Valledor, pronunció un mensaje expresando los puntos de vista de Crysol en la actual coyuntura que reproducimos a continuación.




Cumplir con las recomendaciones de la INDDHH


Nos hemos concentrado nuevamente en el día de hoy frente a esta Torre, sede del Poder Ejecutivo, para reiterar, en forma militante y participativa, nuestro reclamo de que el Presidente de la República envíe al Parlamento, a la mayor brevedad, un proyecto de ley destinado a ser promulgado antes del 25 de octubre de este año, que subsane las principales carencias y omisiones de las leyes reparatorias aprobadas hasta el momento, tal como lo recomendó, en el marco de sus legítimas atribuciones, el 6 de diciembre del año pasado, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, (INDDHH). 

Lo hacemos, además, porque el envío de una ley de esta naturaleza es una prerrogativa exclusiva del titular del Poder Ejecutivo. 


Juan Carlos Valledor
Cumplir con la recomendación formulada por la INDDHH es el camino para hacer justicia con decenas y, tal vez, centenares, de ex presos políticos que no han sido alcanzados por los beneficios de la Ley 18 033 y con centenares de expresos políticos que han debido renunciar a sus legítimos derechos jubilatorios y pensionarios, consagrados en las normas constitucionales, para acogerse a dicha ley.

No le reclamamos al Presidente de la República que modifique sus puntos de vista u opiniones personales si ellos fueran contrarios a lo establecido por la recomendación de la INDDHH y siendo conscientes de su natural incomodidad de tener que propiciar un proyecto de ley que lo involucra personalmente.

Le reclamamos que considere la institucionalidad de DDHH  y el pronunciamiento de la INDDHH para no sentar el precedente de que las recomendaciones de la misma pasen a ser  “papel pintado” para los  órganos, agentes y funcionarios involucrados en sus resoluciones.

La INDDHH es el órgano de la democracia uruguaya con el cometido específico y exclusivo de proteger, defender y promover los derechos humanos de todos los ciudadanos, incluyendo los nuestros, los que nos conciernen por haber sufrido en carne propia graves atropellos violentando las normas internacionales de Derechos Humanos.

INDDHH: proteger y defender las normas de DDHH.

Uruguay fue en su momento, tal como lo denunciara a nivel internacional Wilson Ferreira Aldunate, el país con la mayor cantidad de presos políticos en proporción a su población. La prisión política prolongada y la tortura fueron la metodología represiva deliberadamente seleccionada por la dictadura para gobernar y mantenerse en el poder.

Diez mil ciudadanos fueron sometidos inconstitucionalmente a tribunales militares, cinco mil de ellos fueron formalmente procesados sin pruebas, en base a testimonios incriminatorios propios o de terceros, formulados bajo apremios, tormentos, torturas, físicas y psicológicas, sin garantías de ningún tipo, en procesos absolutamente viciados de nulidad desde una óptica constitucional, democrática y legal.

Baste considerar, al respecto, que la presentación ante los tribunales militares se produjo ante jueces sumariantes en los propios recintos de interrogatorio, luego de 102 días de detención e incomunicación  en promedio, aunque en muchos casos los plazos fueron, aún, mayores.

Cuando planteamos nuestros puntos de vista no “trabajamos de víctimas” como afirman quienes niegan o minimizan las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Fuimos, y somos, luchadores sociales y políticos, por la libertad, la justicia y la liberación nacional con horizontes socialistas.

Por eso creamos Crysol, por eso militamos en Crysol,  por eso Crysol es nuestra organización y levantamos las banderas de Verdad, Justicia, Memoria y Reparación de acuerdo a las directrices de la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas, para que Nunca Más haya terrorismo de Estado.

La INDDHH fue una gran conquista y un avance de la sociedad.

La creación de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en el año 2009, fue una gran conquista de la sociedad uruguaya, en cuya gestación, con nuestros  esfuerzos, participamos activamente. Se modernizó positivamente la institucionalidad democrática y se profundizó la democracia reconquistada con la resistencia y la lucha de los trabajadores y del pueblo uruguayo.

Las instituciones nacionales de DDHH son escudos para los débiles, para los ciudadanos más vulnerables y más desprotegidos de las sociedades. Los banqueros, los grandes industriales y terratenientes, los dueños de los medios de comunicación, las transnacionales, tienen los recursos, los medios, para proteger y defender sus intereses, sin tener que recurrir a órganos como la INDDHH.

El capitalismo ya ha demostrado que no es  alternativa para el futuro de la humanidad. El régimen que lo sustituya se asentará en la plena vigencia de los principios democráticos,  de la libertad, en su profundización, desarrollo y extensión. Las normas de derechos humanos son y serán el pilar básico y esencial de dicha sociedad.

El fortalecimiento, desarrollo y potenciación de la INDDHH es imprescindible para afirmar y profundizar la democracia uruguaya, para afirmar la libertad y los derechos de los ciudadanos frente al gobierno, los poderes y la burocracia estatal. Es muy veleidosa la probidad de los hombres. Los 200 años de historia de nuestro país lo han demostrado.

Por lo mismo, convocamos a todas las organizaciones de la sociedad civil, a los gremios y sindicatos, al sistema político todo, a trabajar para que la INDDHH sea respetada por todos los órganos del Estado y a bregar por generar una auténtica cultura de acatamiento a sus disposiciones.

Las resoluciones de la INDDHH y su consideración por parte del Estado uruguayo, aunque  se denominen “recomendaciones” aún sin carácter jurídico vinculante, si lo tienen desde el punto de vista político y moral. Por lo menos para quienes estamos convencidos de que las normas de derechos humanos son la base indispensable de una convivencia democrática, pacífica, civilizada, humana y justa.

La pretensión punitiva del Estado fue restablecida

Los sostenedores de la impunidad, con los grandes medios de comunicación a su servicio, han extendido la versión a nivel de la sociedad, para confundir a la opinión pública, para que no se movilice y entre otras cosas para presionar a los jueces, fiscales y operadores judiciales, de que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional lo que denominan “ley interpretativa” de la Ley de Caducidad.

La ley 18 831 no es una ley “interpretativa” de la ley de caducidad. La ley 18 831    restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado para todas las graves violaciones a los derechos humanos en concordancia con lo establecido por la Corte Interamericana de DDHH en la Sentencia Gelman vs. Uruguay de febrero de 2011.

La ley de caducidad, la maldita ley de impunidad que estuvo vigente durante dos décadas, ya no es un obstáculo legal para que el Estado investigue, esclarezca y sancione todas las graves violaciones a los derechos humanos para impedir que ellas vuelvan a repetirse.

El fallo de la Corte IDH en el caso Gelman vs. Uruguay declaró la nulidad fáctica de la Ley 15 848 y el apartado 254 mandató al Estado uruguayo a que no haya obstáculos para la investigación y sanción de los responsables de las graves violaciones a los DDHH y que, ninguna otra norma análoga a ella, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier otro excluyente similar de responsabilidad sean considerados al diligenciar las causas.

Ya sea que se las considere crímenes de Lesa Humanidad, que lo son, o no, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado no han prescripto.

Las graves violaciones a los DDHH no prescribieron

El instituto de la prescripción de los delitos, por el transcurso del tiempo supone  el pleno Estado de derecho, el funcionamiento de los órganos constitucionales y la plena vigencia de las garantías legales de un sistema democrático. Si estas condiciones no se dan, si los poderes del Estado no pueden actuar libremente y si los ciudadanos no pueden ejercer sus derechos, ya sea porque ponen en riesgo su propia integridad física o su libertad o porque existen impedimentos legales para hacerlo, el plazo prescripcional de los delitos no se aplica por el mero transcurrir del tiempo.

El tiempo en que estuvo vigente la Ley de Caducidad no se puede computar a los efectos del plazo de prescripción. Las desapariciones forzadas, los crímenes, asesinatos, las torturas, pueden y deben, ser investigadas, esclarecidas y sancionadas como corresponde.

Es obligación del poder judicial que ello se realice, ya que ese es el cometido constitucional, por el cual cobran sus sueldos y beneficios.  No queremos que los miembros de la Suprema Corte de Justicia sean los principales “ñoquis” del Estado: cobran sin trabajar, sin cumplir con sus funciones básicas de impartir justicia hacia el pasado reciente.

Solidaridad y respaldo a los indagados por los sucesos del 15 de febrero.

Expresamos nuestra total solidaridad y nuestro respaldo a todos los ciudadanos que están siendo indagados judicialmente por los incidentes ocurridos en la sede de la Suprema Corte de Justicia en el mes de febrero, por negarse a salir de un acto público en base a métodos prepotentes y autoritarios, al concurrir a respaldar a la Dra. Mariana Mota y expresar su rechazo a una decisión de la Suprema Corte que ha sido condenada y repudiada, incluso a nivel internacional.
   
La investigación judicial acerca de los sucesos del 15 de febrero debe ser archivada sin más trámite y el poder judicial debe abocarse a perseguir a los criminales seriales que aún están en libertad y que son una verdadera afrenta a la libertad, a la democracia y los derechos humanos.

Crysol se presentó ante el Consejo de DDHH de la ONU.

En enero del año próximo, Uruguay será sometido al Examen Periódico Universal por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Crysol ya se ha presentado formalmente ante dicho órgano internacional reclamando que el Estado cumpla con la recomendación de la INDDHH con respecto a las leyes reparatorias en un pronunciamiento claro y explícito.

Más tarde o más temprano, el Poder Ejecutivo tendrá que enviar al Parlamento un proyecto de ley al respecto. Aspiramos a que lo haga a la brevedad, para que sea promulgado antes del 25 de octubre de este año, puesto que se mantiene una situación injusta, para un colectivo cuyo promedio de edad es de 69 años.

Es lo que le reclamos al Presidente de la República y, también, al partido de gobierno que tiene las mayorías parlamentarias para concretarlo.


¡Viva la unidad de todas y de todos los expresos políticos!

Cumplir con la recomendación de la INDDHH ya!

Una ley sin exclusiones, con plenos derechos jubilatorios y pensionarios

 para todas y todos!





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