Por RAÚL
OLIVERA ALFARO – SECRETARÍA DD.HH DEL PIT CNT.
Si no se logra construir en
el país una cultura de derechos humanos, es decir si no se logra instalar en el
conjunto de la sociedad un conjunto de valores éticos, y que su transmisión no
quede encapsulada en una generación y se trasmita a las generaciones futuras en
torno a la agenda de derechos humanos, el necesario relevo generacional en
torno a este aspecto, tendrá serias dificultades.
1. Es bueno saber en qué
situación nos encontramos hoy, para poder definir lo que hay que planear para
intentar hacer en el futuro. Dicho de otra manera, es importante definir con
claridad los desafíos pendientes luego de una suerte de balance, y qué nuevos
desafíos se pueden articular a partir de los logros o avances ya logrados.
En este tema de los derechos
humanos, no hay que olvidar y se debe tener muy especialmente en cuenta, que la
lucha contra la impunidad sobre los hechos de nuestro pasado reciente, es solo
una parte de una agenda que debe ser concebida como mucho más amplia. Que
comprende un repertorio – que con la aprobación de nuevas leyes (matrimonio
igualitario, discriminación, aborto, etc.) -incorpora nuevos desafíos a los
que debemos prestar especial atención. Por distintas razones que no vamos a
profundizar ahora, es común que se asimile y se constriña el tema de los
derechos humanos a aquellos que comprende el encare de las consecuencias de la
aplicación del terrorismo de Estado durante la dictadura y los años que la
precedieron.
En ese sentido amplio, en la
agenda de derechos humanos, hay desafíos a plantearse a corto, mediano y largo
plazo. Dicho de otra manera: una consideración seria y real de una agenda de
derechos humanos, debe concebirse como algo de carácter permanente, nunca
agotada y que debe ser pensada y definida de forma tal que tenga continuidad en
el tiempo.
De lo expresado, podemos
sacar una conclusión y una tarea que encarada desde el hoy, se articule con
los desafíos al mediano y largo plazo: el obligado relevo generacional de los
protagonistas y animadores actuales de la lucha por los derechos humanos. Si no
se logra construir en el país una cultura de derechos humanos, es decir si no
se logra instalar en el conjunto de la sociedad un conjunto de valores éticos,
y que su transmisión no quede encapsulada en una generación y se trasmita a las
generaciones futuras en torno a la agenda de derechos humanos, el necesario
relevo generacional en torno a este aspecto, tendrá serias dificultades.
En lo que nos toca como
movimiento sindical, ese desafío debe incorporarse en la agenda de los sindicatos
y federaciones que integran nuestro movimiento. Es desde allí donde hay que
centrar los esfuerzos para incorporar a las nuevas generaciones de
trabajadores.
En ese marco, fue muy
importante la reunión que la Secretaría de DD.HH del PIT CNT mantuvo con el
ejecutivo de la UNTMRA, el pasado 15 de octubre. Ese tipo de relacionamiento en
el que se colectiviza con las direcciones de los sindicatos esta problemática,
deberá tener continuidad y expandirse al resto del movimiento sindical.
2. Los primeros meses de
este año, la lucha contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de
Estado, sufrió dos duros reveses: el traslado de la jueza Mariana Mota y la
inauguración de una serie de sentencias de la Suprema Corte de Justicia que
empezó a levantar una muralla de contención para los avances que se estaban
operando en el Uruguay en el sentido de poner fin a largas décadas de derechos
a la verdad y la justicia ignorados.
A otro nivel, pese a las
reiteradas gestiones del Observatorio Luz Ibarburu, no se lograba
materializar la instalación de una Unidad Especial para la investigación y
apoyo al sistema judicial en los casos de terrorismo de Estado. Mientras se
continuaban las gestiones a todos los niveles para concretar esa iniciativa que
pese a ser reconocida como una necesidad real e imperiosa no se lograba su
materialización, el Observatorio trabajaba silenciosa y activamente para
concretar los apoyos académicos – nacionales e internacionales – que
fortalecieran el papel protagónico que siempre debe tener la sociedad civil en
la defensa y promoción de los derechos humanos.
En las Sedes penales donde
se radican según los registros del Observatorio Luz Ibarburu, más de 220 causas
relacionadas al terrorismo de Estado, se producía articulada con las sentencias
de la Suprema Corte de Justicia, una serie de acciones claramente concertadas
por las defensas de los terroristas de Estado, de recursos de
inconstitucionalidad contra la Ley 18.831 (mal llamada interpretativa de la
ley de Caducidad) y de recursos contra las investigaciones penales aduciendo
la prescripción de los delitos. Mientras que la colaboración de los
organismos estatales – principalmente del Ministerio de Defensa -, seguía
siendo escasa o nula.
3. Si bien la batalla que
sigue dando la Dra. Mota, no obtuvo resultados en su primer recurso ante la
propia Corte uruguaya, el apoyo nacional e internacional que continúa
recibiendo no puede catalogarse como una batalla perdida. Nuevos recursos
nacionales y en el futuro también a nivel internacional impedirán que esta
arbitraria situación no pase en vano como ocurrió en el pasado con situaciones
similares.
Los sucesivos resultados de
los recursos de inconstitucionalidad contra la ley 18.831, continuaron siendo
tan retrógrados y violatorios de la normativa internacional, como el primero.
El apartamiento del Presidente de la Corte en la consideración de los últimos
recursos pendientes de resolución, con la incorporación al máximo órgano
jurisdiccional de diversos integrantes de los Tribunales de Apelaciones,
marcará hasta donde calaron las señales dadas por la mayoría de la Corte con
sus anteriores decisiones, en quienes en el futuro podrán pasar a integrar la
SCJ.
Sin embargo a nivel de
muchos de los fiscales, de algunos jueces de primera instancia y en algunos de
los Tribunales de Apelaciones, se percibe claramente en algunas decisiones, que
existe un claro desafío a las posiciones sustentadas por la Corte. Tanto sobre
la prescripción de los delitos, la aplicación de las normas del derecho
internacional y el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH.
Tal es el caso de la
denuncia presentada por el periodista Rodolfo Porley en la que la defensa de
los militares presentan solicitud de clausura y archivo de la denuncia con el
argumento de que los delitos denunciados habían prescripto. En esa causa, el
Tribunal Apelaciones de 1º Turno confirma la Sentencia de la jueza Penal 7º
Turno Dra. Beatriz Larrieu en el sentido de que no habían prescripto.
De igual
manera opinó ese mismo Tribunal de Apelaciones al sostener en la denuncia de la
muerte del dirigente ferroviario Gilberto Coghlan, que el plazo de
prescripción, está fuera de discusión, que no corresponde computar el período
de facto, ni tampoco es aceptable computar el período subsiguiente, durante el
cual, los delitos estaban encapsulados por la ley de caducidad. Otro tanto
aconteció en otros casos donde las jueces y fiscales debieron pronunciarse
sobre la prescripción de los delitos y la intención de los militares de que
esas denuncias fueran archivadas.
En resumen, en esas
determinaciones (Denuncia Antonio Viana, muerte de Aldo Perrini, muerte de
Norma Cedres, entre otras) se opera una clara línea de argumentaciones y
posicionamientos jurídicos desafiantes a las opiniones de la mayoría de la Corte.
También es cierto, que no
todos los jueces actúan con ese criterio. Tal es el caso de la Dra Canessa en
la denuncia de la muerte de Edgar Sosa y el juez Timbal en el caso de la muerte
de Enrique Piegas, donde ambos magistrados decidieron el archivo de las causas
por haber prescrito los delitos afiliándose a la posición de la mayoría de la
Corte. En resumen, hay un debate jurídico en el que se puede percibir avances
en la incorporación de la normativa internacional y una voluntad de cumplir con
las obligaciones internacionales del Uruguay, que por supuesto colisiona con
las de la mayoría de la Corte.
4. Si bien finalmente se
resolvió la creación de la Unidad especial que reclamó por más de un año el
Observatorio Luz Ibarburu, lo cierto es que por distintas razones su accionar
efectivo para cumplir sus cometidos, está amenazado: no se le suministran
recursos humanos y la SCJ no informa a los jueces penales de su existencia.
En el campo internacional,
las organizaciones de la sociedad civil y entre ellas el propio Observatorio
Luz Ibarburu, afianzan su accionar a los efectos de informar y alertar a los
organismos internacionales de la grave situación que aún persiste en el país
con respecto al cumplimiento de sus compromisos internacionales. En ese sentido
la presencia de dichas organizaciones en el Examen Periódico Universal que se
lleva a nivel de Naciones Unidas, presentando sus informes de situación,
constituye un factor de lucha que hay que mantener y realizarle un seguimiento.
A ello hay que sumar la
acción ante el Relator Especial sobre Verdad, Justicia, Memoria y garantías de
no repetición de Naciones Unidas, que contribuyó a que en sus recomendaciones
preliminares se recogieran aspectos importantísimos de las carencias que el
país mantiene sobre esos aspectos.
Finalmente, la participación
de un representante del Observatorio Luz Ibarburu en un taller de seguimiento
a nivel de América de los procesos de justicia que se desarrollará en
Guatemala, al que concurrirán Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Perú, El
Salvador y Guatemala, será una buena oportunidad para trabajar en la
coordinación de las distintas organizaciones de la sociedad civil de América
con el objetivo de sumar fuerzas en la defensa y promoción de los derechos
humanos.
Todos estos aspectos
sirvieron para que el pasado 17 de octubre, se reuniera el Observatorio
conjuntamente con integrantes de su Consejo Asesor Jurídico Nacional y con el
Consejo Consultivo representado por el Maestro Miguel Soler. Allí luego de un
interesante intercambio se acordó la continuación de un esfuerzo conjunto para
unificar pronunciamientos y la construcción de una reflexión jurídica que
contribuya a nivel académico a afianzar las herramientas del derecho
internacional.
Tomado de Trabajo y Utopía,
Octubre de 2013.
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