la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Telefax: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@yahoo.com.ar



Horario de atención en nuestra sede social: de lunes a viernes de 14.45 en adelante. Cuota social: $ 120.-




viernes, 28 de diciembre de 2012

Entregaron restos de Mechoso a Familiares


Con memoria


Montevideo.com

28.12.2012 10:23


El gobierno entregó los restos de Alberto Mechoso, detenido desaparecido en 1976 en Argentina, a sus familiares en un acto privado en el que participó el presidente José Mujica.



     
Es un momento "contradictorio", con una cuota de "mucho dolor" pero también en parte con "cierta alegría" por haber podido devolver los restos de un ciudadano uruguayo desaparecido en Argentina, destacó la coordinadora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, Graciela Jorge.

La funcionaria consideró como "importante" que los restos de Mechoso "vuelvan a su país para que los familiares le den un entierro digno".

El presidente José Mujica participó en el acto pero no realizó declaraciones.

"Fue un momento de mucho recato y gran respeto, no hubo discursos y solo se firmó un acta de entrega de los restos a la familia", explicó Jorge a Efe tras el acto.

La urna con los restos fue recibida por la viuda del detenido desaparecido, Beatriz Castellonese, y sus hijos Alberto y Beatriz Mechoso Castellonese.

Alberto Mechoso, fundador del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y sindicalista, fue secuestrado en septiembre de 1976 en la capital argentina por fuerzas de seguridad como parte del Plan Cóndor de acción coordinada entre los regímenes militares que gobernaron en el Cono Sur americano en la década de los años 1970 y 1980 contra sus opositores políticos.

Posteriormente, fue llevado al centro de detención clandestino Automotores Orletti, de Buenos Aires y desapareció.

Sus restos fueron localizados tiempo después en el interior de un tanque en el canal San Fernando y la identificación de los mismos fue realizada el pasado mayo por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), tras comparar con muestras genéticas de su familia, enviadas por la secretaría de Derechos Humanos de Uruguay.

Cuando hace siete meses se informó sobre la identificación de los restos, la viuda, que también estuvo exiliada y detenida clandestinamente en Buenos Aires a mediados de la década de 1970, dijo a Efe sentirse "muy triste y en shock" por la noticia.

Graciela Jorge destacó que la familia de Mechoso inició tiempo atrás dos reclamaciones judiciales para tratar que se castigue a los responsables del homicidio, uno en Argentina y otro en Uruguay.

Los restos de Alberto Mechoso serán velados durante la jornada en el teatro Ateneo del Cerro, y para la tarde está previsto que una marcha los traslade a pie por un kilómetro y medio, aproximadamente, para su sepultura en el Cementerio del Cerro, de Montevideo.

Fuente. EFE

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miércoles, 26 de diciembre de 2012

De oficio


Institución de Derechos Humanos recomendó al Ejecutivo adecuar leyes para compatibilizar reparaciones y prestaciones sociales


La Diaria - 26 12 12 - Por Luis Rómboli

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) envió al Poder Ejecutivo la primera recomendación  de  oficio,  pronunciándose acerca de las demandas presentadas sobre las leyes de reparación a víctimas de la dictadura. Desde su puesta en  marcha, en junio, y hasta ahora, la INDDHH sólo se había pronunciado a pedido de comisiones parlamentarias sobre leyes que se estaban discutiendo en esos ámbitos. La recomendación, elevada el 6 de diciembre, trata de “problemas en cuanto a las leyes de reparación, una demanda que se reiteraba sistemáticamente desde diferentes lugares por parte de organizaciones y personas.

Decidimos que era una temática sobre la que importaba hacer una recomendación,  porque  es  un tema cuya solución ha sido parcial”, explicó Mariana González Guyer, presidenta de la INDDHH. Si bien la institución ha recibido múltiples demandas sobre la dictadura y el terrorismo de Estado, las relativas a reparaciones “han sido las más reiteradas”, agregó.

El informe recomienda “la adecuación de la legislación” en materia de reparación por violaciones a los derechos humanos a “las obligaciones internacionales”. Se hace referencia a las leyes 18.033 (Recuperación de derechos jubilatorios y pensionarios de ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985) y 18.595 (Reparación integral a víctimas de la actuación ilegítima del Estado en el período entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985).

La  institución  entiende  que la reparación a las víctimas tiene “carácter obligatorio” y se basa en el principio de que “el responsable de un daño debe repararlo o compensarlo”, obligación que debe ser asumida por los estados como sujetos del orden jurídico internacional. La reparación tiene una doble dimensión, una sustantiva, que refiere a la “restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición” y otra procesal, como medio “que posibilita la reparación”.

Se señalan las diferentes convenciones internacionales adoptadas por Uruguay, que obligan a los estados a reparar las violaciones cometidas, y señala la imposibilidad de éstos de “invocar disposiciones de derecho interno” para no cumplirlas. La falta de recursos “rápidos y efectivos” para reparar, así como una “implementación inadecuada” que no dé satisfacción a los derechos generados, puede “deslegitimar la política” establecida y “someter a las víctimas a una revictimización”, agrega el informe.
Se subraya que hay que diferenciar  las  políticas  públicas  de emergencia o los beneficios sociales generales de la reparación como consecuencia “ de graves violaciones a los derechos humanos”, y distinguir éste de otros beneficios que les corresponden a las víctimas, como “cualquier otra persona”.

La ley 18.033 excluye de la reparación  a  las  personas  que  no cumplen con los requisitos de edad mínima y años de servicio para jubilarse, así como a quienes cobran otra jubilación o pensión. Por esta razón “un número considerable de  víctimas no puede acceder a una reparación del daño sufrido”, indica la INDDHH.

Es por esto que recomienda al Poder Ejecutivo que “en un plazo razonable”, considere la edad de las personas beneficiarias,  el tiempo transcurrido y que la Pensión Especial Reparatoria se perciba “independientemente de la fecha de liberación y del monto de ingresos percibidos de cualquier otra naturaleza”, para que sea compatible con jubilaciones, pensiones, subsidios, etcétera. También recomienda esto para la jubilación especial prevista para la actividad privada y que a las personas despedidas de la actividad privada en base al decreto 518/973 de 4 de julio de 1973 “no les será requerida la exigencia de edad mínima ni de años de servicio”. Finalmente establece que en caso de fallecimiento de las personas beneficiarias, podrán recibir la jubilación sus sucesores.

El presidente de la asociación de expresos políticos Crysol, Gastón Grisoni, dijo que la recomendación “es muy valiosa” y si bien el INDDHH  “es un tribunal que no tiene valor jurídico vinculante”, las sugerencias que hace deberían ser  “implementadas a la mayor brevedad” porque “todo el sistema político apoyó” su creación. En este caso la recomendación se dirige al Poder Ejecutivo porque es “el que tiene la posibilidad de enviar un proyecto de ley de esta naturaleza”, indicó Grisoni. El dirigente advirtió que el Ejecutivo “debería enviarla en tiempo y forma al Parlamento”, antes de octubre de 2013, porque no se pueden presentar iniciativas de este tipo durante el año pre electoral, agregó.

Crysol se propone para el año que viene movilizarse por tres causas: reclamar la elaboración y aprobación de un proyecto que adopte las recomendaciones del INDDHH, lograr la creación de tribunales de justicia específicos  de derechos humanos con una unidad de apoyo del Ministerio del Interior y que el 27 de junio sea declarado Día Nacional por Verdad, Justicia y Memoria, teniendo en cuenta que el año que viene se cumplen 40 años del golpe de Estado que disolvió el Parlamento.

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lunes, 24 de diciembre de 2012

Argentina: el año de los grandes juicios


BUENOS AIRES (IPS/Marcela Valente) - 24 12 12


Sin gran impacto mediático, la justicia de Argentina finaliza el año de mayor actividad respecto de las actuaciones por los crímenes contra la humanidad perpetrados por la última dictadura, tres décadas después de su fin. Represores de toda la escala de responsabilidades fueron condenados por decenas.

Datos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado indican que casi 400 represores fueron llevados ante los tribunales este año, 86 de los cuales recibieron sentencia, 72 por primera vez. 


Los acusados, en su mayoría exmilitares y expolicías, responden por delitos contra la humanidad, como secuestros, detenciones ilegales, torturas, ataques sexuales, apropiaciones de menores, homicidios y desapariciones forzosas. 

"La política de acumulación (de casos) que implementamos está dando resultado", dijo a IPS el fiscal coordinador de la Unidad, Pablo Parenti. "Más que la cantidad de juicios, lo importante es que aumentó la cantidad de acusados en cada causa", remarcó. 

El enjuiciamiento a la represión dictatorial, iniciado apenas se recuperó la democracia en 1983, se reanudó solo en 2006 luego de que se declararon inconstitucionales las leyes de "obediencia debida" y "punto final", promulgadas en la segunda mitad de la década del 80 y de los indultos firmados por el presidente Carlos Menem (1989-1999) apenas comenzado su mandato. 

La lista oficial de personas detenidas desaparecidas entre 1976 y 1983, que se mantiene siempre abierta por la continua suma de nuevas denuncias, indica que ya superan las 12.000, aunque organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen desde siempre que rondan las 30.000. 

Los primeros casos que pudieron ser pasados a juicio oral y público, tras las investigaciones e instrucciones, tenían uno o muy pocos acusados y por una reducida cantidad de víctimas, todos rasgos que desvirtuaban y alargaban el proceso y fatigaban a testigos y sobrevivientes. 

Este año, sin embargo, se resolvió en diversas causas acumular expedientes de delitos cometidos dentro del mismo centro clandestino de detención o de un mismo distrito militar y, entonces, los acusados pasaron a ser decenas en cada juicio. 

"Cuando se puso en marcha la Unidad (en 2007), había mucha dispersión", contó el fiscal Parenti. "Algunos juicios tenían el valor de ser los primeros y había que apoyarlos, pero eran contra uno o dos acusados", añadió. 


Frente a ese panorama y con instrucciones de la Procuraduría General de la Nación, la Unidad diseñó una serie de medidas para acumular expedientes conexos de manera de lograr juicios significativos en plazos razonables, añadió. 


"Hubo resistencia de jueces y fiscales, porque nuestra administración de justicia está acostumbrada a trabajar en pequeña escala, con menores volúmenes de prueba, pero al final se está avanzando y eso lo vimos reflejado este año", remarcó Parenti. 

Uno de los juicios más grandes y emblemáticos que comenzó en noviembre fue el que reúne todas las atrocidades cometidas en la hoy desactivada Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino de detención que tenía la marina de guerra en la ciudad de Buenos Aires y por donde pasaron unos 5.000 prisioneros. 

En 2007 había sido elevado a juicio oral el caso de un solo acusado de la ESMA, el prefecto Héctor Febres, quien se suicidó en vísperas del veredicto. En 2011 fueron condenados otros 16 represores de ese centro en un segundo juicio. 

Pero el proceso de este año sentó en el banquillo a 68 imputados, entre ellos seis ex oficiales que pilotaron aviones en los "vuelos de la muerte", como se llamó al transporte aéreo de detenidos que eran arrojados vivos al Río de la Plata o al océano Atlántico. 

En ese proceso actualmente en curso, identificado por el tribunal como causa "ESMA unificada", se está enjuiciado a ese más vasto número de represores por delitos cometidos contra 796 víctimas, una cantidad acumulada sin precedentes. 

A comienzos de este mes arrancó en la provincia central de Córdoba otro proceso a gran escala en el que se unieron 16 expedientes contra 46 represores y por 450 víctimas. Este juicio, como el de la ESMA, culminará en 2013. 

El tercer juicio oral de gran magnitud que comenzó en las últimas semanas de este año se tramita en la noroccidental provincia de Tucumán, con 43 acusados y 235 víctimas. La justicia unificó los casos de detenidos en dos grandes centros de detención. 

Finalizó esta semana con 23 condenas, 16 de ellas a cadena perpetua, el juicio contra represores de la oriental provincia de Buenos Aires, que aglutinó los casos de 280 víctimas en seis prisiones ilegales, en un proceso llamado Circuito Camps, por el nombre del entonces jefe de la policía del distrito, el ya fallecido Ramón Camps. 

Según datos de la Unidad Fiscal, actualmente están en curso 20 juicios por delitos de lesa humanidad. "Hasta 2008 solo había 70 condenados y ahora ya hay 339" hasta noviembre, detalló Parenti. No obstante, el fiscal no está conforme con el ritmo de los procesos. 

"Se avanza, pero ojo con creer que ya está. Falta mucho, tenemos casi 1.000 procesados y, si bien se están haciendo juicios más grandes, el ritmo deja mucho que desear. Hay procesos con audiencias dos veces por semana", protestó. 

Parenti remarcó que la acumulación de causas sirve para dar a la cosa juzgada una visibilidad más acorde al delito. "Al ver el conjunto y no las partes sueltas, se pone en escena la magnitud del terrorismo de Estado", subrayó. 

El fiscal consideró que la suma de casos también ayuda a reconstruir el fenómeno en un contexto amplio. "No es lo mismo acusar a 50 que a uno o dos". La valoración de la prueba se vuelve, además, más sencilla con más casos que refuerzan testimonios. 

La Unidad se apoyó mucho también en una serie de reglas prácticas fijadas este año por la Cámara de Casación Penal para agilizar juicios complejos, con muchas víctimas. Esas reglas recomiendan cómo proceder. 

Una de las cuestiones en las que más se insiste es en el traslado de prueba a través de versiones en video, de manera de no revictimizar a testigos y sobrevivientes que están declarando una y otra vez en múltiples causas desde hace más de tres décadas. 

En otro orden, el fiscal mencionó que está preocupado por la falta de control eficaz sobre los condenados con prisión domiciliaria por razones de edad o enfermedad -38 por ciento del total de condenados- que suelen ser vistos en la calle en salidas que no cuentan con el debido permiso. 

Por último, mencionó que, si bien "se agilizó un poco" el proceso de revisión de sentencias, aún son pocas las que quedan firmes. De 339 condenados, solo a 50 no le quedan instancias de apelación, mientras que el resto aguarda la confirmación, en algunos casos desde 2009. 

"Ese es otro gran desafío en el que tenemos que trabajar. Para que una vez finalizado el juicio oral, la sentencia definitiva, que debe venir de instancias superiores, llegue lo antes posible", definió.

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¡ Seguiremos en la misma !






viernes, 21 de diciembre de 2012

Formulario para el pago de la cuota social a través del BPS




Crysol


Asociación de ex pres@s polític@s jubilados y 

pensionistas  del Uruguay


Joaquín Requena 1533 – CP 11 100 - Telefax: 2408 4465


Montevideo – Uruguay


crysol2003@yahoo.com.ar



Formulario de adhesión


Por la presente, autorizo a Crysol, a descontar de mis haberes por prestaciones de pasividad que percibo del Banco de Previsión Social (BPS),  por el rubro 792, la cuota social y/o las partidas que la organización haya aprobado.

Declaro también haber recibido la correspondiente información sobre los beneficios que me pueden corresponder por el hecho de ser afiliado a la misma.


Nombres  ____________________________________

Apellidos  ____________________________________________

Documento ______________________

Fecha de nacimiento ________________

Dirección  ____________________________________________

Localidad  ____________________________________________

Departamento  ________________________________________

Teléfono  ______________________  

Celular____________________


Correo electrónico__________________________________


Fecha   ______________________ 


___________________

FIRMA  



* llenarlo con todos los datos y mandarlo a 

crysol2003@yahoo.com.ar



Más claro, echarle agua















La Institución Nacional de DDHH y defensoría del pueblo, es el  máximo tribunal  en materia de DDHH en el país de acuerdo a lo establecido por la Ley 18 446. A solicitud expresa de nuestra organización, debidamente fundada y documentada, ha emitido un pronunciamiento con respecto a las insuficiencias de las leyes reparatorias que fueron promulgadas durante el anterior gobierno. En líneas generales, su juicio, preceptivo pero no vinculante para los órganos del Estado, es coincidente con lo sostenido hasta el momento por Crysol.



Presidenta de la INDDHH,
Socióloga Mariana González
El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos. En caso de no hacerlo, debe proceder a resarcir en forma rápida y efectiva, de acuerdo a la gravedad de los daños ocasionados, a todas las víctimas de su accionar delictivo. Este resarcimiento debe abarcar el conjunto de las esferas dañadas, debe ser integral y sin exclusiones.

Mediante la Ley 18 033, promulgada el 13 de octubre de 2006, el Estado uruguayo, a más de 20 años del retorno a la democracia, dio un fuerte impulso al cumplimiento de sus obligaciones  en el plano económico para quienes habían sido despedidos en la huelga general de 1973, para los detenidos y presos políticos, exiliados y clandestinos, en el período pre dictatorial y del terrorismo estatal desembozado.

El proceso resarcitorio iniciado por el primer gobierno del Dr. Sanguinetti cuando aprobó las leyes 15 737 y 15 783, ampliado parcialmente por el Dr. Jorge Batlle con la Ley 17 449, avanzó sustancialmente durante la presidencia del Dr. Tabaré Vázquez en base a la movilización desplegada por Crysol, el Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS (ERT) y otras organizaciones vinculadas a la temática con el respaldo del Pit Cnt.

El propósito humanitario de la norma, la urgencia por aprobarla para brindar soluciones a una problemática que abarcaba a unas 10 000 familias, muchas de la cuales estaban en situación crítica y de alta vulnerabilidad, el no prestar la debida atención a las sugerencias de Crysol como organización civil representativa conocedora de la problemática, llevó a que la misma presentara graves carencias, omisiones e incoherencias que fueron, incluso, señaladas por la oposición durante el debate parlamentario.

La aprobación en el año 2009 de la Ley 18 596, modificando el Artículo 11 de la Ley 18 033, permitió superar algunas pequeñas insuficiencias, ampliar el área de cobertura, se incluyó a los ex presos políticos que eran funcionarios públicos, con limitaciones, y a las víctimas del Plan Cóndor. Fue otro pequeño avance en el camino de hacer justicia y superar los estragos del terrorismo de Estado. La propuesta que presentó Crysol con el concurso del Dr. Oscar López Goldaracena indicaba claramente el camino a recorrer pues se basaba en la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas. La misma, lamentablemente, no prosperó.

El pronunciamiento emitido por la INDDHH el pasado 6 de diciembre es claro y contundente. Proporciona recomendaciones explícitas para la acción inmediata por parte de los actuales gobernantes, específicamente para el Poder Ejecutivo, orienta a las Comisiones Especiales en la órbita gubernamental, proyecta enseñanzas a todos los tribunales y servicios jurídicos del Estado, involucra al partido de gobierno y a todo sistema político como tal.

Los derechos jubilatorios

El Estado tiene que resarcir el daño ocasionado a nivel previsional a todos los expresos políticos computando como efectivamente trabajados los años en que estuvieron privados de libertad y debe hacerlo efectivamente hasta el retorno a la democracia. Debe hacerlo, además, teniendo en cuenta que para la actividad privada, al retornar al Estado de Derecho no hubo ninguna iniciativa destinada a promover y/o posibilitar la reinserción laboral y que muchos de ellos, una parte muy importante, no lograron recomponer formalmente, dentro del sistema, su vida laboral.

Los derechos previsionales de todos los ciudadanos están consagrados por la Constitución de la República. Tienen el mismo rango que otras garantías legales y son, básicamente, una conquista de los trabajadores, del movimiento sindical organizado en alianza y trabajo conjunto con los sectores progresistas y avanzados del sistema político uruguayo a lo largo de la historia.

La destrucción del proyecto de vida

El debido resarcimiento estatal a las violaciones graves a los DDHH,  privación de la libertad agravada, destrucción del proyecto de vida, realizado mediante el otorgamiento de la Pensión Especial Reparatoria (PER), debe abarcar a todos los ciudadanos que las padecieron, al margen de sus ingresos, de su modo de vida, sobrevivencia o de su posición económica. En caso contrario, pierde su carácter reparatorio, se transforma en un subsidio, desnaturalizando su sentido.

A diferencia de lo sostenido por los sectores más reaccionarios del país que niegan o minimizan los daños y sufrimientos ocasionados por el accionar represivo del terrorismo de Estado, la Pensión Especial Reparatoria (PER) no es una recompensa económica por haber militado en las filas de la resistencia desarrollando actividades ilegales. Es un resarcimiento, en el marco de las normas de DDHH que Uruguay ratificó, por los perjuicios ocasionados en múltiples planos, por violaciones graves, imprescriptibles e inamnistiables,  como lo es la privación ilegítima de la libertad, considerando que ella estuvo asociada a la tortura masiva, sistemática y generalizada y a períodos prolongados de reclusión en condiciones inhumanas y degradantes.

En materia reparatoria el beneficio no permite exclusiones como hasta el presente. Al mismo tiempo debe ser realista y adecuado a la historia represiva del país, a la cronología de las graves violaciones a los DDHH que se reparan, que no comenzaron precisamente a partir del 9 de febrero de 1973 como ha quedado ya, incluso a nivel judicial, claramente documentado.

Como lo señala la INDDHH, los Estados tienen que reparar y al hacerlo, no pueden ni deben en honor a las mismas normas de DDHH que se invocan, obligar o inducir, compulsiva o implícitamente, a renunciar a otros legítimos derechos ciudadanos, de naturaleza jurídica diferente, como ha ocurrido con las leyes mencionadas.

La INDDHH es la máxima instancia

La creación e instalación de la  INDDHH  con el apoyo de todo el sistema político ha sido un gran avance en el fortalecimiento institucional del país en defensa de todos los ciudadanos y de las normas que los dignifican. La INDDHH es el máximo tribunal del país en materia de DDHH. Tiene amplias potestades y obligaciones. Debe defenderlos, protegerlos, promoverlos, difundirlos. En materia de leyes reparatorias se ha pronunciado. El Poder Ejecutivo, su titular, deberá demostrar una vez más, su compromiso con la legalidad institucional, con la paz, con la vida, con las normas destinadas al pleno ejercicio digno de la ciudadanía. Es el sentido básico de las normas de DDHH: dignificar la vida de la población. Queda muy poco tiempo, además, para hacerlo.

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N° 28 - Año 1 - Miércoles 19 de diciembre de 2012



lunes, 17 de diciembre de 2012

Crysol reclamó justicia para los Fusilados de Soca


Por Carlos Medina Viglielm


Se llevó a cabo en el día de ayer, un acto de homenaje a los Fusilados de Soca. El acto, con una asistencia de alrededor de 250 personas, se celebró en el propio lugar donde el 21 de diciembre de 1974 fueron ejecutados por los sicarios del Plan Cóndor, Mirtha Hernández, su esposo el deportista Floreal García, María de los Ángeles Corbo (embarazada de 5 meses), Graciela Estefanell y Héctor Brum.


El lugar sigue siendo hoy, un tranquilo y casi deshabitado espacio de la campiña uruguaya. Una carretera de balasto, la Ruta 70, a la que se accede desde la Ruta interbalnearia ó, desde la Ruta 9. La localidad más cercana, está sobre ésta última, en el km. 75 desde Montevideo  y se trata de Capilla de Cella, (a menos de dos kilómetros del lugar de los hechos).


Todos habían sido secuestrados en Buenos Aires y trasladados clandestinamente hacia Uruguay con el fin de matarlos, simulando un acto de venganza por la muerte del Coronel Ramón Trabal, asesinado (por los mismos militares), dos días antes de aquella fecha en Francia. La decisión de matarlos había sido tomada por un grupo de destacados militares uruguayos, entre ellos el Gral. Gregorio Álvarez, hoy preso en cárcel VIP y el propio dictador Juan María Bordaberry, (muerto en prisión).




  
Ana María Fernández y Aracelli Roel, integrantes de la Comisión 
por la Memoria de los Fusilados de Soca



El acto de ayer fue organizado por la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca y CRYSOL, la asociación de ex presas y presos políticos. Ambas organizaciones bregan hoy por la denominación de la Ruta 70 como el Camino de los Fusilados.




  
Chela Fontora, de la Comisión por la Memoria, mostrando 
el cartel con el nombre que tendrá la Ruta 70 


En el acto se escucharon las palabras de Chela Fontora, de la Comisión  por la Memoria, Julio Abreu, sobreviviente de los fusilamientos, Juan Ferreiro, amigo de la infancia de Floreal García, y Baldemar Taroco de CRYSOL.




Julio Abreu uno de los sobrevivientes y testigo en la causa 


El acto culminó con la actuación del infaltable en estas actividades y a menos de dos horas de abordar un avión para el exterior, Daniel Viglietti. Suscribió las palabras de los discursos allí leídos e hizo un llamamiento para la mayor participación de jóvenes, con el fin de evitar que hechos como los que motivaron el acto se repitan en el futuro.




Daniel Viglietti


Hoy estamos aquí, para  decirles presente como lo hemos
 hecho en estos últimos años. (*) 

A ti Mirtha Hernández, la militante, que junto a tu “negro” Floreal García, el deportista y el militante, les robaron la vida. A ti,  Ma de los Angeles Corbo, a quien no sólo te robaron la vida, sino lo más preciado para  una mujer: ser madre. Por supuesto te tocó a ti, Héctor Brum, nuestro Cañito, ese imposible que la vida nos regala cada tanto.  Y quedas tú, Graciela Estefanell , quién antes de tu asesinato nos legaste un mensaje de convicción y coraje que tus miserables asesinos no serán jamás capaces de tener.

¡Cómo nos gustaría tenerte caminando por esas calles de tu querido Paysandú natal!

Pero de esta manera y de aquí en más trataremos de seguir a vuestro lado buscando que se aclare este hecho abominable.

Pero también hay dos víctimas más, dos sobrevivientes : un niño, - Amaral -, robado a  sus padres, entregado al círculo infernal de sus captores, quienes le robaron su identidad, su niñez y le trampearon su futuro.

Julio Abreu, querido Julio, que quedaste atrapado en la lógica del terrorismo de Estado, quedaste vivo en medio de una situación que pocas veces se da en la historia, esa máquina bestial, ciega, sin corazón te condenó a más de 30 años de silencio, a cambio de tu vida y la de tu familia. Pero tu dignidad y ese loco y gran corazón que tú tienes rompieron el silencio, quebraron el ocultamiento y gracias a ello transitamos con más luz este camino en la búsqueda de la verdad.

Esta comisión les agradece  vuestra presencia, debemos decir que en el hacer estamos aprendiendo a combatir contra la impunidad que nos impusieron, de los errores  sacamos la experiencia para no volver a cometerlos , los aciertos nos impulsan.

Vamos creciendo, eso supone nuevas dificultades por lo tanto exige responsabilidad, cautela, humildad  y respeto.

Pretendemos ir con el don de la palabra, para encontrar la verdad y que se haga justicia.   Hace pocos días, homenajeamos a estos cros en la Casa Mayor de nuestra cultura, donde la investigación y la ciencia se desarrollan junto a la  extensión en el campo social.

En el Paraninfo de la Universidad de la República nos acompañaron muchos, muchas, tantas que nos colmó de orgullo la respuesta de decenas de organizaciones sociales políticas y culturales que nos apoyaron.

Y un Panel  que con sus intervenciones nos informaron, nos invitaron a pensar qué nos había pasado y señalaron responsables.

Salvo un  pequeño grupo de medios, ninguno divulgó esto, el resto, “los grandes medios” como algunos los llaman, callaron. No nos sorprende, la historia de ellos es meramente afín al poder económico, son una de las patas en que se sustenta el poder. Ese mismo poder de ayer es el mismo de hoy, sólo que más poderoso. Su dedicación al ocultamiento, a la distorsión, a la confusión es proverbial . Su vocación y su objetivo no son más que la obediencia al "Gran Amo, el Capital".

No importa, seremos una piedra en  sus zapatos.

Nuestra Comisión ha ido creciendo en la medida que vamos sembrando memoria, exigiendo verdad y justicia.

Sabemos de lo largo del camino , pero qué es la vida sino un largo peregrinar para obtener los frutos que anhelamos.

Crysol expuso ante el Alto Comisionado de DDHH del Mercosur para que este Memorial se constituya en un Mojón del Plan Cóndor  en nuestro país.

Estamos proponiendo a las autoridades Municipales del Departamento de Canelones para que esta ruta, lugar donde dejaron tirados los cuerpos de estos compañeros, se llame RUTA 70  CAMINO DE LOS FUSILADOS.  
  
Si uds nos sigue acompañando trataremos de llevar estos hechos y otros al interior del país donde pocas veces llegan estas cosas.

Para terminar  primero agradecerles vuestra  presencia aquí  y creannos, sin vuestro apoyo se hace difícil seguir adelante sembrando memoria.

Unas palabras de alguien que ha trabajado mucho en el tema de la Memoria desde su doble calidad, como técnico  y como comprometido socialmente : el Dr Marcelo Viñar  El escribe en el prólogo del  libro "Resistencias Contra El Olvido"  esto:

“La verdad histórica, la ventilación de los hechos criminales, que durante décadas fueron sofocados en el silencio o en la trivialización requiere mirar una y otra vez hacia ese punto abyecto de nuestra historia. No es tiempo de rencores ni venganzas, pero la justicia  ante la ley y sobre todo ante La Memoria es un requisito ineludible para revertir el  pesimismo, la amargura y la desidia que impregnaba nuestra convivencia  reciente, para tener un lazo social que nos habilite a ser una comunidad orgullosa de su pasado y anhelante de su porvenir.” 
Gracias.   
(*) Discurso pronunciado por Chela Fontora a nombre de la Comisión de Homenaje a los Fusilados de Soca.
  
Justicia para los Fusilados de Soca (*) 


Nos hemos convocado nuevamente en este memorial recordatorio que hemos construido junto con  vecinos de la zona, en homenaje a luchadores sociales y políticos que como María de los Angeles Corbo, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García, a pesar de los años transcurridos, no son sólo memoria. Siguen siendo, para sus familiares, para nosotros, para el país,  vida abierta al futuro, a la dignidad, a la esperanza y a la aspiración incansable por un mundo mejor. 

A 38 años de su asesinato los recordamos y los homenajeamos. Lo hacemos como lo merecen todos los  hombres y  mujeres de esta tierra que  optaron por el compromiso, por  la militancia social y  política,  por la utopía de la felicidad de los pueblos, por una  sociedad justa  donde se pudiera soñar, luchar y vivir en libertad.

Víctimas del Plan Cóndor 

Los homenajeados en el día de hoy eran uruguayas y uruguayos sencillos y comunes como todos nosotros. Debieron emigrar, como lo tuvieron que hacer miles de uruguayos, para preservar su libertad, su integridad, sin saber que el Cóndor diseñado en EEUU empezaba a levantar vuelo.  El Cóndor de la represión de las dictaduras del Cono Sur no respetaba fronteras geográficas, de la misma manera que no respetaba Derechos Humanos, ni vidas ni haciendas, ni moral, ni libertades, para imponer un proyecto político en la región al servicio de los grandes intereses económicos que se beneficiaron con él.

Fueron secuestrados el 7 noviembre del año 1974 en Buenos Aires por comandos uruguayos que actuaban clandestinamente con el visto bueno de las autoridades de dicho país y en forma coordinada con ellas. Fueron recluidos en centros clandestinos en dicha ciudad y posteriormente trasladados en el operativo represivo que se conoce como “vuelo cero” a nuestro país para ser asesinados como supuesta represalia cuando se ejecutara al coronel Ramón Trabal en Francia.

La decisión de ejecutarlos, luego de semanas  de terror y torturas, fue adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena, órgano asesor y con poder de decisión, al más alto nivel, de la dictadura cívico militar. Sus integrantes son plenamente conocidos. Algunos de ellos aún están vivos, en condiciones de ser indagados por la justicia. Presidía el fallecido dictador Juan María Bordaberry y el Tte. Gral. Gregorio Alvarez, procesado por otros crímenes y recluido hoy en la cárcel de Domingo Arenas, lo integraba como Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

La justicia no avanza

Durante más de dos décadas la Ley de Caducidad, que fue votada para consagrar la impunidad de estos crímenes imprescriptibles e inamnistiables bajo la presión de los militares al retornar a la vida democrática, impidió que la justicia cumpliera con sus obligaciones y cometidos básicos.

Aunque la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para esta causa en el año 2010, a 38 años de los sucesos, judicialmente hablando, aún estamos en veremos. El proceso judicial no ha podido avanzar sustancialmente, a pesar de la buena disposición, de los esfuerzos desplegados por la jueza, la Dra. Mariana Mota, a quien se sigue hostigando y atacando desde diferentes ámbitos, con campañas de prensa incluidas, y a quien ahora se pretende, impúdica y maliciosamente, apartar de la misma para beneplácito de la impunidad.

Lo que ocurre con el proceso judicial de los fusilados de Soca es sintomático de lo que ocurre con la investigación de la mayoría de las denuncias por las graves violaciones a los DDHH cometidas durante el terrorismo de Estado, ya sea en el caso de las torturas cometidas en la Base Aérea Boiso Lanza, en la denuncia presentada por torturas y abusos sexuales por un grupo de expresas políticas o en Artillería 1 por citar solo algunos ejemplos.

Con el patrocinio de los centros militares que ofician de estado mayor de los criminales de ayer, los terroristas estatales, los nostálgicos del proceso, han desplegado una estrategia global focalizada en el terreno judicial que incluye maniobras dilatorias, postergación de las comparecencias argumentando razones de salud, negativas y mentiras falaces, presiones directas e indirectas sobre los distintos operadores, incluso sobre los miembros de la Suprema Corte de Justicia, mientras despliegan campañas mediáticas en las que se presentan como víctimas ante el sistema político y  ante la opinión pública.

Las actuales dificultades para el avance judicial en las diferentes causas es sumamente preocupante para todos quienes desean la plena consolidación democrática. Llama a la movilización ciudadana. Convoca a las organizaciones de DDHH, al movimiento sindical, al sistema político y a las autoridades gubernamentales, a pensar en iniciativas enérgicas y comprometidas tales como la creación de juzgados especiales para las causas de derechos humanos del pasado reciente, la formación de una unidad especializada en el Ministerio del Interior que sirva de apoyo a los jueces y fiscales cuando sea necesario y  demanda acciones similares en el Ministerio de Defensa Nacional al cual están supeditados la inmensa mayoría de los presuntos involucrados.

Seguir transitando las obligaciones de la Resolución 60/147 y cumplir con la Sentencia de la Corte IDH 

Para afirmar plenamente la democracia superando los traumas y las secuelas del pasado terrorista, para cimentar una sociedad con pleno respeto de los DDHH, para construir un Uruguay con sólidos cimientos de no repetición, el Estado uruguayo debe seguir transitando el camino indicado, detallada y pormenorizadamente, por la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas.

El cumplimiento de las directrices de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas para asegurar la plena transición democrática compromete a todos los poderes del Estado. Compromete al Poder Ejecutivo, compromete al Poder Legislativo y también al Poder Judicial. La sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman vs Uruguay es de cumplimiento obligatorio, también, para todos los operadores judiciales, a todos los niveles.

La investigación y el esclarecimiento pormenorizado de todas las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, la identificación de los responsables intelectuales y materiales de ellas, la determinación de las condiciones en que ocurrieron y se desarrollaron, la sanción penal y administrativa con sus correspondientes tribunales de honor, es un requisito esencial y básico para evitar que ellas vuelvan a ocurrir. Es indispensable para afirmar las normas de DDHH como modelo integral de vida plena, dignificar la vida y la convivencia social, democratizar plenamente todos los órganos del estado, educar a los servicios de seguridad y afirmar la institucionalidad democrática de una manera sustentable y firme.

Así como reivindicamos que el  ex Centro de Altos Estudios Nacionales, CALEN, la base operativa del Servicio de Información de la Defensa (SID) de las fuerzas armadas durante el terrorismo de Estado, hoy en manos de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo sea declarado oficialmente un Centro de Memoria y DDHH en repudio a las prácticas del Estado en dicho período y para mantener viva la memoria de lo ocurrido, reivindicamos también que este Memorial, en este rincón apartado del país sea monumento oficial y la Ruta 70 oficialmente denominada Camino de los Fusilados.
En el marco de las políticas públicas de memoria del Mercosur, este memorial, erigido hace 5 años por los vecinos de la zona, con sus propias manos,  debe ser declarado oficialmente, Memorial Recordatorio de las y de los Fusilados de Soca por parte del Estado como homenaje a las víctimas en el marco del repudio  al Plan Cóndor y como compromiso de Nunca Más repetir estos crímenes.

27 de junio: Día Nacional por la Verdad, la Memoria y la Justicia

Cuando nos aproximamos a los 40 años de la disolución del Parlamento y del inicio de la huelga general de los trabajadores que pautó la resistencia popular dentro y fuera del país, declarar el 27 de junio Día Nacional por la Verdad, la Memoria y la Justicia, en carácter de feriado no laborable, para homenajear la libertad y la lucha por la democracia es una necesidad para seguir avanzando. La implementación del reciente pronunciamiento de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del pueblo en materia de reparaciones es parte de las obligaciones pendientes del Estado hacia el pasado reciente para superarlo a cabalidad.

María de los Angeles Corbo, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García: ustedes siguen estando con nosotros. Son y serán inolvidables. Tan inolvidables como todos nuestros detenidos desaparecidos por quienes también seguimos reclamando Verdad y Justicia.

Están y estarán presentes con nosotros, en nuestra lucha diaria y en la lucha de las generaciones venideras que siguen vuestro camino.

Por Verdad, Justicia, Memoria y Nunca, 
pero Nunca Más, terrorismo de Estado.

(*) Mensaje pronunciado por Baldemar Taroco, vicepresidente de Crysol a nombre de la organización
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16 12 12