la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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viernes, 30 de noviembre de 2012

Notoria mala conducta


"Es bravo"

Dictador Goyo Alvarez será separado de los otros militares presos por su mala conducta.


La República – 30 11 – 12


El ex dictador Gregorio Álvarez será separado del resto de los ocho militares que se encuentran recluidos en la cárcel especial de Domingo Arena, porque destrata a sus compañeros de celda.


El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, compareció este jueves ante la Comisión parlamentaria para el seguimiento de la situación carcelaria. En dicho ámbito el secretario de Estado se refirió a la situación de los ex militares recluidos en la cárcel de Domingo Arena donde cumplen sentencia por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar (1973-1985).


Bonomi aseguró que el ex dictador y presidente de facto, Gregorio Álvarez será recluido en un “contenedor en la cárcel de Domingo Arena”, para separarlo de los otros ocho militares que están allí presos.


La razón es que el resto de los reclusos acusan a Álvarez de “destrato” y de intentar imponer allí la jerarquía que ostentó durante la dictadura, en especial a quienes tenían cargos menores.

Según se informó en la Comisión parlamentaria, el dictador tiene un pésimo relacionamiento con el resto de los reclusos quienes en alguna ocasión habrían solicitado el traslado hacia la Guardia de Coraceros, petitorio que les fue denegado por parte de las autoridades del Interior.

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viernes, 16 de noviembre de 2012

Se eligieron autoridades en Crysol


El pasado miércoles 7 de noviembre se llevó a cabo la elección de autoridades de Crysol para el período 2013 – 2014 en la sede social.


Como resultado del acto electoral las nuevas autoridades de la institución son:


Comisión Directiva


    Titulares


1.     Presidente: Gastón Grisoni

2.     Vicepresidente: Baldemar Taroco

3.     Secretario: Uberfil Martínez

4.     Tesorero: Carlos “Tito” López

5.     Vocal: Enrique Chalar

6.     Vocal: Juan Carlos Valledor

7.     Vocal: Roberto “Mono” Herrera


    Suplentes


8.     Joaquín Baisón

9.     Juan Miguel “Sibarita” García

10.    Ana Amorós

11.    Héctor  “Tarta” Grimón

12.    Juan Carlos Fontela

13.    José “Borrón” Olivera

14.    Osvaldo “Coqueiro” Sardiña


Comisión Fiscal


    Titulares


1.     Presidente: Eduardo Volpe

2.     Víctor “Gallego” Garabal

3.     Gustavo “Tato” Gravina


    Suplentes


4.     Angel “Queque” González

5.     Juan “Toro” Cabrera

6.     Alfredo Ramos




El equipo crysolero para el período 2013 - 2014

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Políticas regionales sobre sitios de memoria

Iniciativas: Mercosur y derechos humanos


Por Víctor Abramovich (*)

Brecha - 10 11 12


Tras las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras del Cono Sur, la implementación de políticas públicas en materia de sitios de memoria representa un compromiso ineludible de los estados democráticos de la región. Estos lugares son fundamentales para brindar reparación simbólica a las víctimas, contribuir a la construcción de memoria social sobre lo ocurrido, y para probar los crímenes de lesa humanidad investigados en los procesos judiciales en curso en varios países de la región.

En los últimos años se han creado en nuestros países múltiples sitios de memoria en lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, donde se resistieron o enfrentaron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas, sus familiares o las comunidades los asocian con esos acontecimientos, y que son utilizados para recuperar, repensar, y trasmitir procesos traumáticos, y para homenajear y reparar a las víctimas.

Estos sitios adquieren un valor pedagógico destacado al ayudar a trasmitir información y conocimiento a las nuevas generaciones, y al activar discusiones públicas sobre las condiciones sociales y políticas que favorecieron esos procesos históricos. En este sentido se han creado sitios de memoria en diversas guarniciones militares y policiales donde funcionaron centros clandestinos de detención y en los cuales hubo torturas, desapariciones y ejecuciones sumarias de dirigentes políticos o militantes sociales. 

En muchos casos, además, la implementación de estos espacios se enmarca en proyectos que procuran trazar diferencias, puentes y relaciones entre el pasado autoritario y los problemas de derechos humanos aún pendientes en nuestras democracias, como la violencia policial y la tortura en las cárceles.

PAÍS POR PAÍS.

Por cierto, hasta hace algunos años la preservación de estos predios no era entendida como responsabilidad de los estados ni objetivo de las políticas públicas gubernamentales. Afortunadamente el contexto político e institucional regional hoy es bastante diferente.

En Argentina, por ejemplo, el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), dentro de su estrategia de "dar vuelta la página", procuró demoler la Esma, el centro clandestino de detención más grande y emblemático de la dictadura. En 1998 un grupo de familiares de víctimas logró una medida judicial que obligó a preservar el lugar como parte del patrimonio cultural de los argentinos. 

Fue recién en 2004 que el presidente Néstor Kirchner (2003-2007) tomó la decisión histórica de afectar el predio para el desarrollo de un espacio de memoria y promoción de los derechos humanos, desalojando a las unidades de la Armada que funcionaban en el lugar. Como un paso más allá en la institucionalidad de estas iniciativas, en 2011 se sancionó la ley 26.691, denominada de "Preservación, señalización y difusión de sitios de memoria del terrorismo de Estado".

En Brasil funciona desde el año 2009 el Memorial de la Resistencia, en San Pablo, y en 2012 la Secretaría de Derechos Humanos propuso al Mercosur la construcción de un memorial sobre el Plan Cóndor en Porto Alegre, entre otras iniciativas en curso. Cabe destacar también que la presidenta Dilma Rousseff ha creado recientemente la Comisión de la Verdad, la cual brinda un nuevo impulso a la problemática, fortaleciendo su marco institucional y ubicando a Brasil en sintonía con las acciones llevadas a cabo por sus pares del Mercosur.

En Paraguay, luego del informe de la Comisión de Verdad y Justicia que documentó las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Stroessner, el gobierno del presidente Fernando Lugo promovió la creación de la Red de Sitios Históricos y de Conciencia, con el fin de preservar archivos y lugares con valor histórico, obligando en algunos casos a desalojar unidades policiales y militares para instalar allí museos. 

Un ejemplo de esta política es la creación de un sitio de memoria en donde funcionó el Departamento de Investigaciones de la policía, en la capital, utilizado como cárcel clandestina y centro de tortura de presos políticos durante la dictadura.

En Uruguay varios jueces dispusieron medidas de aseguramiento en predios militares, que en la práctica significaron la prohibición de modificar su estructura con el objeto de salvaguardar su valor probatorio en el marco de causas judiciales relativas a los crímenes de la dictadura. Recientemente el gobierno nacional destinó el predio donde funcionó el Servicio de Información de Defensa (sid) que operó como un centro clandestino de detención? a la nueva Institución Nacional de Derechos Humanos, y el presidente José Mujica colocó una placa en memoria de las personas ilegalmente detenidas en ese lugar, como María Claudia Iruretagoyena y su hija Macarena Gelman. 

Al mismo tiempo, tanto a nivel gubernamental como desde las organizaciones sociales, se ha impulsado la creación de lugares de la memoria, tendientes a evocar el recuerdo y construir memoria colectiva sobre los crímenes ocurridos en el marco de la última dictadura militar en Uruguay.

DE RESPONSABILIDAD ESTATAL.

En ese escenario regional, el pasado 6 de setiembre en Porto Alegre, la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur (raaddhh) adoptó los "Principios fundamentales para las políticas públicas sobre sitios de memoria". Se trata de un documento elaborado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos** del Mercosur (ippdh) que reafirma el deber de los estados de crear y gestionar sitios de memoria y, en particular, de preservar los lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

Dicho instrumento contiene 29 postulados orientadores de las políticas de los gobiernos en la materia, que se derivan de la obligación de los estados de disponer mecanismos efectivos para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, así como de garantizar los derechos a la verdad, a la memoria y a la reparación integral de las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto.

Algunos de estos principios establecen "pisos" mínimos que se deben tener en cuenta en toda política pública sobre sitios, "sean éstas iniciativas de organismos estatales o de instituciones sociales, o de familiares de víctimas"; otros están dirigidos a explicitar obligaciones específicas de los estados. En particular proponen pautas para la preservación física de sitios, con énfasis en el deber de adoptar medidas judiciales, legales o administrativas que la garanticen. 

También se estipulan criterios para la identificación, señalización y determinación del contenido de los sitios de memoria, entre ellos la necesidad de asegurar la más amplia participación de víctimas, familiares, comunidades locales y diferentes sectores de la sociedad. Por último, se plantean principios para el diseño institucional de los sitios de memoria que, por ejemplo, destacan la obligación de contar con marcos jurídicos adecuados, así como la conformación de equipos interdisciplinarios, mecanismos de transparencia y de participación social en su gestión.

La aprobación de estos principios se apoya en el objetivo regional de recuperar a la vez que construir memorias del pasado común de los países del Mercosur, vinculado a la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur y al denominado Plan Cóndor. En esta línea se inscribe también la reciente creación de un grupo técnico intergubernamental para mejorar la cooperación administrativa y jurídica relacionada con las investigaciones sobre el Plan Cóndor, y sistematizar, censar y desclasificar de manera coordinada los principales archivos públicos y sociales que existen sobre estos hechos. 

Vale recordar que dicho plan fue una alianza represiva conformada en los años setenta por los servicios de inteligencia de los países sudamericanos bajo dictaduras militares, con el objetivo de combatir a quienes consideraban "subversivos", término amplio que les permitió incluir a una multiplicidad de sujetos definidos como enemigos ideológicos. En un documento fundacional establecieron líneas de acción que llevaron a la creación de estructuras militares clandestinas, dirigidas por las cúpulas castrenses pero que funcionaban con relativa autonomía, y, a la vez, a la implementación de un sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura donde detener a los prisioneros extranjeros.

Mediante las experiencias sociales, gubernamentales y regionales de preservación y gestión de sitios de memoria, y con la adopción de los mencionados principios, los gobiernos del Mercosur contribuyen a profundizar el proceso de integración regional. Ello es así pues la recuperación y construcción de memorias e identidades compartidas sobre el pasado dictatorial, las políticas destinadas a garantizar la no repetición de las graves violaciones de derechos humanos, y la fijación gradual de un piso común de derechos y ciudadanía, permiten hoy concebir al Mercosur no sólo como un bloque económico o una alianza comercial sino también como una incipiente comunidad política.

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*     Víctor Abramovich es secretario ejecutivo del Instituto de  Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (ippdh).

**     El ippdh fue creado en 2009 (decisión 14/09 del Consejo de Mercado Común del Mercosur) como una instancia de cooperación técnica, investigación aplicada y coordinación de las políticas públicas en derechos humanos de los países que integran el bloque regional. Su sede permanente está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, y según el acuerdo suscripto entre el Mercosur y la República Argentina tendrá sus oficinas definitivas en el predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los centros clandestinos de detención más terribles de la última dictadura militar (1976-1983), hoy recuperado como espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos.

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