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sábado, 28 de julio de 2012

La operación Cóndor y el Estado paralelo

J. Patrice McSherry, Ph.D. (*)


Me siento muy honrada de estar aquí con tantos colegas y amigos distinguidos y ante una audiencia tan destacada. Quiero expresar mi reconocimiento a Jair Krische del Movimiento por la Justicia y los Derechos Humanos de Brasil, y la congresista Luiza Erundina de Sousa, Coordinadora de la Comisión Parlamentaria para la Memoria, la Verdad y la Justicia. 

Confío en que este proceso en curso para descrubrir la verdad acerca de la Operación Cóndor contribuya a la lucha por la verdad y la justicia, tanto en Brasil como en otras partes, incluido mi propio país, y a impedir la repetición de otras operaciones de este tipo en el futuro.

En mi exposición de hoy, voy a presentar algunas evidencias y conceptos de mi libro, especialmente evidencias sobre el rol de los EEUU en la Operación Cóndor y mi concepto del Estado paralelo.

La Operación Cóndor se ajustó completamente dentro de la doctrina y estrategia contrainsurgente como un programa de “caza y muerte”. Como sabemos, los agentes operativos de Cóndor llevaron a cabo encubiertas detenciones-desapariciones de disidentes exiliados a través de las fronteras, entregaron a estos a otros países, y los sometieron a tortura y ejecución extrajudicial. 

Los escuadrones de Cóndor también asesinaron o intentaron asesinar a dirigentes clave de la oposición política que estaban exiliados en América Latina, Europa y los Estados Unidos. La Operación Cóndor funcionaba en tres niveles: compartiendo entre sí información de inteligencia y coordinando la vigilancia política de disidentes seleccionados; acciones encubiertas, usualmente operaciones transfronterizas de caza y muerte y otras formas de guerra ofensiva no convencional; y, de manera más secreta, una capacidad para realizar asesinatos que se denominó “fase III”.

Como parte de la fase III, se formaron equipos especiales de asesinos provenientes de los países miembros para viajar por el mundo con el propósito de eliminar a los “enemigos subversivos”, es decir, dirigentes políticos que pudiesen organizar y dirigir movimientos a favor de la democracia en contra de los regimenes militares. Uno de esos asesinatos de Cóndor fue dirigido contra Orlando Letelier, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y crítico prominente del régimen de Pinochet, y Ronni Moffitt, su colega estadounidense, que fueron asesinados con una bomba colocada en su auto, en Washington, en 1976. 

Otros blancos de ataque incluyeron a Carlos Prats, general constitucionalista chileno, y su esposa, Sofía Cuthbert, que fueron asesinados en Buenos Aires (1974), y dos parlamentarios uruguayos que eran opositores del régimen militar uruguayo, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, que fueron desaparecidos, torturados y muertos en Buenos Aires (1976).

En general, la Operación Cóndor se debe entender en el contexto del sistema de hegemonía, o dominación, configurado por Washington en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, esto es, un sistema diseñado para preservar las estructuras existentes de poder y riqueza en la región e impedir que se les desafiara. 

Washington volcó enormes recursos en el sistema interamericano de defensa, del cual Cóndor fue una parte totalmente secreta, para movilizar y unificar a las fuerzas militares, con el propósito de impedir que dirigentes izquierdistas se hicieran del poder y controlar y destruir los movimientos de izquierda y populares en América Latina.

Después de la Segunda Guerra Mundial y, especialmente, luego de la revolución cubana en 1959, surgieron nuevos movimientos progresistas y nacionalistas en América Latina y en el mundo, que exigían justicia social, control de los recursos nacionales, la nacionalización de las empresas extranjeras, mayor participación política, reforma agraria, el fin de la represión, educación gratuita e igualdad para los oprimidos, es decir, esencialmente, exigiendo derechos nuevos y la reestructuración del poder político y económico. 

Muchos trabajadores, campesinos, religiosos, estudiantes y maestros se sumaron a las organizaciones que exigían el cambio social. También surgieron varios movimientos guerrilleros. En la medida en que dirigentes de izquierda y nacionalistas ganaron elecciones en toda América Latina en los 60s y principios de los 70s y nuevos movimientos revolucionarios y progresistas ganaron fuerza, los estrategistas estadounidenses temieron el desarrollo de una amenaza inspirada por el comunismo contra los intereses económicos y políticos de los Estados Unidos en el hemisferio. Las élites locales temieron igualmente que estaba en riesgo su tradicional dominación política y su riqueza.

A partir de los 40s y especialmente después de la revolución cubana, funcionarios estadounidenses reorganizaron el sistema interamericano de defensa para combatir a las fuerzas de la revolución y el cambio social, ampliando la presencia militar estadounidense en la región, incorporando socios latinoamericanos al interior de una densa matriz de instituciones hemisféricas de seguridad y lanzando esfuerzos contrainsurgentes. El documento NSC-141 (1952) enunció la política estadounidense para el continente americano:

Para América Latina [sic] buscamos en primer lugar y primordialmente el desarrollo ordenado político y económico que haga que las naciones de América Latina se resistan al crecimiento interno del comunismo y la guerra política soviética…En segundo lugar, buscamos la solidaridad hemisférica para apoyar nuestra política mundial y la cooperación de las naciones latinoamericanas para salvaguardar el hemisferio mediante medidas de defense individuales y colectivas contra la agresión externa y la subversión interna. (1)

Existe mucha evidencia de que la Operación Cóndor funcionó dentro del sistema interamericano de defensa y seguridad. Washington había comenzado a exhortar la colaboración entre las fuerzas militares del continente americano después de la Segunda Guerra Mundial mediante organizaciones tales como la Escuela del Ejército de los Estados Unidos en el Caribe (USACARIB), creada en 1946 y después denominada Escuela de las Américas (SOA), y acuerdos tales como el Pacto de Río de 1947, que proclamó el concepto de defensa hemisférica. 

Otras instituciones que integraron a los ejércitos del continente incluyeron a la Junta Interamericana de Defensa y las conferencias de los ejércitos de América. Las conferencias fueron iniciadas por comandantes estadounidenses en 1960 para fusionar a las fuerzas militares de la región en el combate de la Guerra Fría contra la subversión y la revolución.

El segundo de los artículos que forman parte de la Carta de la Conferencia de los Ejércitos Americanos declaraba que la misión de los ejércitos era “proteger al continente de las acciones agresivas del Movimiento Comunista Internacional,” un movimiento que instigaba la subversión interna. 

En la planificación, el intercambio de inteligencia y la formulación de estrategias de la Conferencia se hacía énfasis, de manera abrumadora, en la amenaza subversiva. 

Según una historia militar de las Conferencias de 1985, las primeras reuniones en el decenio de 1960s se centraron en la generación de una doctrina continental para combatir “la agresión comunista;” el intercambio de inteligencia acerca de los grupos subversivos; el establecimiento de un Comité interamericano permanente de inteligencia, situado en la zona del Canal de Panamá; el establecimiento de escuelas de inteligencia en cada país; la configuración de un sistema codificado de telecomunicaciones entre los ejércitos; y programas de capacitación para todos los ejércitos en estrategias de contrasubversión, contrarevolución y seguridad interna. 

La Operación Cóndor, organizada posteriormente, fue obviamente un producto de estos programas y estructuras transnacionales.

La revolución cubana de 1959 había aumentado la sensación de amenaza entre los sectores conservadores en toda la región, llevándolos a una coordinación más profunda. De manera más importante, se redefinió la misión primaria de las fuerzas armadas latinoamericanas: de la defensa nacional a la seguridad interna. Se transformó totalmente el pensum de la SOA en 1961 para poner énfasis en la amenaza planteada por los “enemigos internos”. 

Los manuales de adiestramiento de los militares de los EEUU de la CIA, que fueron desclasificados a medianos del decenio de 1990, brindaron evidencias documentadas de que los instructores enseñaban métodos de tortura, tales como la utilización de la descarga eléctrica; el uso de drogas e hipnosis para inducir la regresión psicológica; la utilización secuencial de la deprivación sensorial, el dolor y otros medios en los interrogatorios; los métodos de asesinato; y amenazas contra los miembros de la familia y el secuestro de ellos para desmoronar la resistencia del prisionero.

Personal estadounidense y francés reorganizaron y adiestraron a las fuerzas militares de América Latina para emprender operaciones contrainsurgentes agresivas dentro de sus propias sociedades. El aparato de seguridad de los Estados Unidos de manera dramática reorientó, reconfiguró, amplió y movilizó el sistema hemisférico existente para voltear a las fuerzas militares hacia adentro.

El régimen continental de contrainsurgencia sirvió como vehículo para unificar las fuerzas militares, policiales y de inteligencia y ampliar la influencia de los Estados Unidos en la región. Las doctrinas nacionales de seguridad que los Estados Unidos y otros países promovieron, incluidos Brasil y Argentina, incorporaron las ideas de “seguridad y desarrollo” con feroz anticomunismo y bajo el concepto de que “el fin justifica los medios”. Esto es, se requerían métodos ilegales y despiadada represión para combatir al “enemigo interno”. 

La doctrina de la seguridad nacional de la Guerra Fría también legitimó un rol político central para las fuerzas armadas, en su condición de actores anticomunistas clave. Si bien algunos sectores militares se resistieron a la influencia estadounidense, con el tiempo las instituciones armadas de toda la región adoptaron la misión contrainsurgente, cada cual con sus propias variaciones, y participaron en la integración más profunda de las fuerzas militares.

En los 60s, 70s y principios de los 80s, las fuerzas armadas apoyadas por los Estados Unidos llevaron a cabo golpes en toda América Latina, procediendo a aniquilar las fuerzas de izquierda y extirpar sus ideas. Si bien las formas de represión fueron distintas de un país a otro, los grupos contrainsurgentes tenían objetivos comunes clave: la eliminación de los “enemigos internos” reales o potenciales y la reorganización de sus Estados y sociedades para consolidar el poder militar. 

Es esencial darse cuenta de que Washington temía a los dirigentes izquierdistas electos tanto, si no es que más, como a las guerrillas revolucionarias en la región, como se demostró con los complots contra Goulart y Allende, entre otros.

En 1973 o principios de 1974, antes de que el aparato de Cóndor adquiriera su nombre de código y su estructura formal, los grupos contrainsurgentes crearon el prototipo de Cóndor, un sistema coordinado para desaparecer, torturar y trasladar ilícitamente a los exiliados a través de las fronteras. En febrero de 1974, tuvo lugar una reunión en Buenos Aires para planificar una colaboración más profunda de las fuerzas policiales de cinco Estados de América del Sur. 

Entre 1973 y 1974 dieron inicio las desapariciones transfronterizas y las transferencias forzadas y extralegales de exiliados (“entregas”) a cargo de escuadrones multinacionales de Cóndor, con base en un acuerdo no escrito que permitía a los militares asociados perseguir a individuos que habían huído a los países vecinos. 

Un informe secreto de la CIA, National Intelligence Daily de 23 de junio de 1976, declaraba: “A principios de 1974, funcionarios de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para organizar acciones coordinadas en contra de objectivos subversivos [5 LINEAS TACHADAS] Desde entonces [3 LINEAS TACHADAS] los argentinos han conducido operativos antisubversivos conjuntos con los chilenos y los uruguayos.” Ésta era la esencia de Cóndor, si bien aún sin nombre.

El coronel chileno Manuel Contreras, jefe de la DINA, fue un organizador clave de Cóndor. Convocó en 1975 a una reunión de fundación para institucionalizar el prototipo de Cóndor. En el año 2000, la CIA reconoció que Contreras había sido un “bien” (“asset”) pagado por la CIA entre 1974 y 1977, el período durante el cual la red de Cóndor planificaba y realizaba asesinatos en Europa, América Latina y los Estados Unidos.

Funcionarios de la CIA habían ayudado a colocar las bases para Cóndor a principios de los 70s, al organizar reuniones de funcionarios militares y de policía de América Latina, de derecha y torturadores de escuadrones de la muerte, como Sergio Fleury de Brasil. Las fuerzas estadounidenses les alentaron a coordinar sus operaciones contrasubversivas y a compartir técnicas represivas con sus contrapartes. 

El jefe de la estación de la CIA en Chile, ayudó a organizar la DINA en 1973-1974 y pidió específicamente a sus contactos militares brasileños que adiestraran a los agentes operativos de la DINA en tácticas “no convencionales”. Brasileños dieron capacitación a los funcionarios de la DINA sobre técnicas de tortura y, a su vez, funcionarios de la DINA colaboraron con derechistas argentines, tanto civiles como militares, para asesinar al general chileno constitucionalista Carlos Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, en 1974, tal como mencioné anteriormente. Pinochet temía la influencia de Prats en su condición de opositor a la dictadura chilena. 

Se trató de un asesinato temprano cometido por el prototipo de Cóndor aún sin nombre. Hay otros ejemplos de secuestros y “desapariciones” en 1973, que tienen el sello de la colaboración de Cóndor.

En 1974, un escuadrón uruguayo para realizar secuestros y desapariciones se trasladó a Buenos Aires y trabajó con sus contrapartes argentinas y chilenas para capturar, torturar, interrogar y transferir ilícitamente a exilados a sus países de origen (muchos de los cuales tenían condición de protegidos políticos con las Naciones Unidas). 

Unidades seleccionadas de la marina uruguaya empezaron a coordinar acciones represivas secretas con personal de la infame Escuela de Mecánica de la Marina Argentina (ESMA) en 1974 y una delegación de la ESMA viajó ese año al Uruguay para adiestrar a los oficiales en técnicas de tortura como parte de los cursos de contrainsurgencia. 

En uno de los casos, el ciudadano uruguayo Antonio Viana fue secuestrado en su casa en Buenos Aires por una escuadra conjunta argentina-uruguaya, llevado a la sede de la policía federal y torturado por oficiales uruguayos que él reconoció. Viana supo después que eran de la Policía Federal Argentina y de las agencias OCOA y DNII del Uruguay. A mediodía fue llevado a la sede de la Policía Federal Argentina, La Superintendencia de Seguridad Federal, en donde continuaron torturándolo, tanto física como psicológicamente (2). 

Viana testificó que sus torturadores e interrogadores en la Superintendencia incluían a los policías argentinos Miguel Angel Iñiguiz and Alberto Villar y a los tristamente conocidos uruguayos Carlos Calcagno, José Gavazzo, Campos Hermida, Silveira y Castiglioni. Viana fue enviado de vuelta para el Uruguay, en donde permaneció “desaparecido” por años.

Cóndor, que fue “oficialmente” institucionalizado en noviembre de 1975, llegó a llenar una función esencial para el régimen interamericano de contrainsurgencia. Mientras que las fuerzas militares llevaban a cabo la represión masiva dentro de sus propios países, el sistema transnacional de Cóndor silenció a los individuos y grupos que habían escapado de las dictaduras y les impidió organizarse políticamente o influenciar la opinión pública.

La misión anticomunista, de la cual Cóndor era parte, trituró en última instancia tanto a los movimientos e individuos radicales como a los demócratas. Cóndor no fue solamente una iniciativa latinoamericana (o chilena), ni tampoco fue un simple instrumento de Washington. 

Cóndor fue un componente secreto del regimen continental de contrainsurgencia. Las fuerzas estadounidenses también colaboraron para hacer avanzar a los oficiales de línea dura alineados con los objetivos de los Estados Unidos al interior de las estructuras militares de la región, a fin de promover al sector contrainsurgente de las fuerzas armadas por encima de los sectores constitucionalistas.

El rol de Estados Unidos en la Operación Cóndor

Cóndor no surgió de la nada en los 70s o menos en respuesta a la formación de coaliciones revolucionarias tales como la Junta Coordinadora Revolucionaria en 1974: las semillas de Cóndor se plantaron mucho antes, en los programas de capacitación al interior del sistema militar interamericano. Cóndor fue un elemento totalmente secreto del régimen contrainsurgente en el continente americano y documentos desclasificados dejan en evidencia que funcionarios en Washington de alto nivel estaban bien informados de Cóndor y brindaban colaboración, compartían información de inteligencia y daban apoyo político.

Como se hizo notar previamente, los militares de Washington y América Latina tenían temor de los dirigentes izquierdistas electos tanto como de los movimientos guerrilleros. La democracia no se podía tolerar si se hacían del poder los izquierdistas o los nacionalistas. 

Ese temor a los líderes electos queda bien ilustrado mediante los documentos desclasificados que detallan las discusiones entre Richard Nixon y el dictador militar brasileño Emilio Garrastazu Médici, en diciembre de 1974. (3) Los dos líderes de mentalidad similar hicieron planes para socavar o derrocar a los líderes izquierdistas y progresistas en todo el hemisferio mediante operaciones encubiertas que esconderían la mano de los Estados Unidos. 

Nixon le dijo a Médici que “habían muchas cosas que Brasil en su condición de país sudamericano podría hacer que los Estados Unidos no podrían” – se implicaba que Brasil podía actuar en representación de los Estados Unidos—para socavar a los dirigentes izquierdistas de Chile, Bolivia, Uruguay, Cuba y Perú, todos los cuales ellos analizaron.

Médici propuso que Brasil y los Estados Unidos colaboraran para detener la “tendencia de la expansión marxista e izquierdista” y Nixon se comprometió a “dar asistencia a Brasil en todo lo que fuera posible y cuando fuese factible”, específicamente con fondos y recursos para socavar el gobierno izquierdista de Salvador Allende en Chile. 

Médici informó a Nixon que Brasil colaboraba con oficiales chilenos para derrocar a Allende (esto se dio dos años antes del golpe de 1973) y Nixon respondió que era “muy importante que Brasil y los Estados Unidos colaboraran estrechamente en esta esfera” de manera de que pudieran “prevenir nuevos Allendes y Castros y tratar en donde fuese posible de revertir estas tendencias” . (4) 

Ambos acordaron establecer un canal secreto para las comunicaciones (para impedir que personas no autorizadas leyeran explosivos intercambios de extremo secreto y evitar dejar huellas con documentos) y Nixon manifestó que nombraría a Henry Kissinger como su enlace.

Estos documentos, que fueron liberados en agosto de 2009, proporcionan nuevas evidencias sobre las maneras en que dirigentes anticomunistas poderosos conspiraban para sabotear a gobiernos progresistas electos que promovían el cambio social en la región. 

De manera importante, un preocupado general brasileño le dijo a su contacto en la CIA que pensaba que “Es obvio que los Estados Unidos desea que Brasil ‘realice el trabajo sucio’” (5) expresando de esa manera las reservas internas acerca del rol de Brasil en vías de expansión para subvertir a los gobiernos vecinos como un agente en favor de Washington. Pese a esas ocasionales reservas, no obstante, los militares brasileños desempeñaron una función importante como actor contrarrevolucionario en la región. 

Formas de cooperación de esa naturaleza sentaron las bases para la Operación Cóndor.
Las fuerzas militares y de inteligencia de los Estados Unidos estaban bien informadas de las operaciones de Cóndor y los Estados Unidos desempeñaron una función encubierta clave para modernizar y extender el aparato de Cóndor. 

Una fuente militar argentina dijo en 1976 a su contacto en la Embajada de los Estados Unidos que la CIA había estado profundamente involucrada en el establecimiento de vínculos por computadora entre las unidades de inteligencia y operativas de los seis Estados de Cóndor. 

Un ex agente de Cóndor de Bolivia manifestó a un periodista a principios de los 90 que un sistema avanzado de comunicaciones había sido instalado en el Ministerio del Interior en La Paz, junto con un sistema de télex interconectado con los otros cinco países de Cóndor. Indicó que la CIA había hecho una máquina especial para codificar y descodificar mensajes especialmente para el sistema de Cóndor.

Muchos documentos desclasificados de los Estados Unidos se referían a Cóndor con lenguaje favorable. Un informe de 1976 de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) destacaba que una unidad de asesinatos de Cóndor estaba “estructurada de manera muy similar a un equipo estadounidense de Fuerzas Especiales” y, como algo común, describía las “operaciones conjuntas de contrainsurgencia” para “eliminar actividades marxistas terroristas” (6) 


Cables militares y de la CIA y Pentágono informaban acerca de las operaciones secretas de Cóndor, incluidas las desapariciones forzadas en Buenos Aires en 1976 de docenas de miembros del Partido de la Victoria del Pueblo del Uruguay, indicando con ello las estrechas relaciones con las unidades clave de caza y muerte de Cóndor. (7) 


Las agencias de seguridad de los Estados Unidos proporcionaron a los militares cooperación en inteligencia, incluidas listas de sospechosos. Documentos desclasificados demuestran que el personal estadounidense estaba directamente involucrado en algunas operaciones de Cóndor en materia de secuestro-desaparición y “entregas”. 


La Comisión Rettig de Chile se enteró, por ejemplo, que la captura del militante chileno Jorge Isaac Fuentes Alarcón en Paraguay fue un esfuerzo cooperativo entre los servicios de inteligencia argentines, personal de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y la policía paraguaya.

Tal vez la evidencia más contundente del involucramiento de Washington en Cóndor es que los EEUU facilitaron las comunicaciones de Cóndor en todo el continente americano. En 2001 durante mis investigaciones de los documentos desclasificados del EEUU encontré un cable de 1978 que decía que los EEUU pusieron a la disposición del aparato de la Operación Cóndor su red interamericana de comunicaciones. 


Los oficiales de Cóndor tenían una base secreta de comunicaciones en la sede militar de los EEUU en la zona del Canal de Panamá. En esos años existían ahí una gran estación de la CIA, la sede del Comando Sur, el centro de las Fuerzas Especiales y la Escuela de las Américas. La base siempre fue un nexo para las operaciones encubiertas y una plataforma para intervención estadounidense en América Latina. 


Los oficiales de Cóndor usaron dicho sistema, “codificado dentro de la red de comunicaciones de EEUU”, para coordinar información de inteligencia en toda América Latina. Ésta es una prueba clave del rol encubierto de los EEUU en Cóndor, en su condición de patrocinador secreto: estaba involucrado directamente en el ámbito operativo de funcionamiento. 


Esta red sofisticada permitió que los oficiales de Cóndor pudieran comunicarse con sus centros operativos y vigilar los movimientos de personas en áreas grandes de Sudamérica. Según Robert White, ex embajador en Paraguay (y autor de la cable), este tipo de sistema de comunicaciones fue establecido para el uso de los militares aliados, para que personal de los EEUU pudiera monitorear sus comunicaciones y avisar a sus superiores sobre las operaciones planificadas.


En otras palabras, las fuerzas de los EEUU tenían conocimiento completo sobre las operaciones de Cóndor coordinadas en la red estadounidense. Aunque no sabemos quien autorizó esta operación, ella demuestra que Washington consideró que Cóndor fue una operación negra que sirvió a los intereses de los EEUU.

Conclusiones

Es clave analizar Cóndor como parte de lo que he nombrado el Estado paralelo, que fue un componente fundamental en la doctrina y práctica de contrainsurgencia. Parte del modelo de contrainsurgencia fue la creación de fuerzas paralelas—las fuerzas parapoliciales y paramilitares, que están ancladas en el Estado y son dirigidas por éste, pero secretamente–y una vasta infrastructura paralela, en las sombras, que incluye prisiones clandestinas, flotillas de vehículos sin identificación y aparatos aéreos sin registro, cementarios secretos y sistemas protegidos de comunicación. 

En América Latina, el Estado paralelo aumentó las capacidades letales de las dictaduras, al tiempo que permitían a éstas retener la apariencia de legalidad. Las fuerzas paraestatales incluían grupos clandestinos, organizaciones secretas de inteligencia, fuerzas de tareas y redes de informantes civiles que actuaban de manera encubierta a favor del Estado. Fue un sistema para garantizar la impunidad.

El aparato del Estado paralelo era el lado invisible del Estado militar, pero estrechamente ligado a la cara visible, si bien de manera secreta. Escuadrones de la muerte paraestatales llevaron a cabo, de manera encubierta, las desapariciones, los actos de tortura, los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales, en su condición de apéndice del Estado visible y bajó sus órdenes, a la vez que proporcionaban a los gobiernos militares la capacidad de negar su participación. 


El Estado paralelo fue un instrumento para lograr de manera secreta lo que no se podía conseguir de manera legal o política. Fue creado para poner en práctica políticas que violaban todas las leyes y normas y para sortear cualquier límite impuesto al poder coercitivo del Estado.

¿Por qué apoyó Washington a las dictaduras militares de la era de las dictaduras militares y presto sustento a la Operación Cóndor? Resulta obvio que funcionarios de alto nivel en los Estados Unidos encargados de tomar decisiones consideraban esas políticas como favorable a los intereses estadounidenses. 


La promoción de fuerzas de derecha y de guerras contrainsurgentes en el mundo en desarrollo era más que un proyecto antisoviético de la Guerra Fría. Washington actuaba para retener y hacer avanzar la hegemonía de los Estados Unidos en América Latina y en todas partes y consideraba que las fuerzas anticomunistas eran los aliados de mayor confianza para preservar los intereses políticos, económicos y estratégicos de los Estados Unidos.

Washington aprobó las operaciones encubiertas y las campañas de contrainsurgencia particularmente en países en donde el poder parecía pasar de estar concentrado en las élites pro capitalistas y pro fuerzas de los Estados Unidos a sectores sociales nacionalistas o izquierdistas con interés en la reestructuración política y del poder económico. 

En la medida en que tales dirigentes ganaban elecciones en toda América Latina en los 60s y 70s y surgían nuevos movimientos revolucionarios y progresistas, los estrategas estadounidenses temieron que el informal imperio estadounidense en el continente americano fuese amenazado. Las élites locales temieron de manera similar la amenaza a su dominación tradicional. La política de los Estados Unidos sirvió, en la mayoría de los casos, para fortalecer a las élites tradicionales y las fuerzas militares y de seguridad, mientras se diezmaban a los individuos y los movimientos sociales izquierdistas y progresistas. 

La guerra contrainsurgente fue el medio para desmovilizar a los movimientos izquierdistas y nacionalistas, aterrorizar a las sociedades y mantener bajo control las zonas de interés de los Estados Unidos. 

Cóndor fue una operación negra dentro del esfuerzo contrainsurgente y tuvo un protector y benefactor poderoso. Sin lugar a dudas, hay mucha más información acerca de Cóndor en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sería muy importante que la Comisión solicitara a Washington que desclasifique los documentos sobre Cóndor en el Brasil, con el propósito de encontrar nuevas informaciones.

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(*)  Ponencia en el “Seminario Internacional Operação Condor”, Brasilia, Brasil, 4 y 5 de julio, 2012.
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 (1) Ver Brian Loveman, For La Patria: Politics and the Armed Forces in Latin America (Wilmington, DE: Scholarly Resources, Inc., 1999), 151.

(2) Comunicaciones de Antonio Viana a la autora, 17 y 18, 2006, y materiales enviadas por Viana , incluyendo “Aide Mémoire” 12 de agosto, 1981; United Nations, “Communication No. 110/1981,” UN Doc. CCPR/C/OP/2 at 148 (1990); “Memorandum” por Raúl Benitez Caches, DNII, on Viana, n.d. (but 1974); Policia Federal de Argentina, “Exposición de: Antonio Viana Acosta;” y Swedish Ministry of Foreign Affairs, “Aide Memoire,” July 7, 1993. Ve también: A Todos Ellos: Informe de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Montevideo: Madres y Familiaries, 2004), 383-86; Walter Pernias, “Una dupla de terror,” Brecha (Uruguay), July 1, 2006; and “¿Un tercer muerto en Boiso Lanza?” La República (Uruguay), May 16, 2006.

(3) See National Security Archive, “Brazil Conspired with U.S. to Overthrow Allende,” National Security Archive Electronic Briefing Book No. 282, Posted - August 16, 2009, at http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB282/index.htm

(4) “Memorandum for the President’s File,” de Henry Kissinger, December 9, 1971, p. 5. See also Predatory States, 53-58.

(5) Secret CIA Memorandum, “Alleged Commitments Made by President Richard M. Nixon to Brazilian President Emilio Garrastazu Médici,” n.d. on document.

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viernes, 27 de julio de 2012

"Escribo y lloro"

Mirta Macedo (1939-2012)

Brecha. 28 7 12. Por Roxalba Oxandabarat


Mirta Macedo falleció el martes. Había nacido en Minas, en 1939, fue militante y funcionaria de la Unión de Juventudes Comunistas primero y luego del Partido Comunista, antes y durante la dictadura militar, estuvo presa desde 1976 hasta 1981. 

Una más entre decenas de mujeres que sufrieron prisión bajo la dictadura, su nombre saltó a la atención pública cuando, en noviembre del año pasado, ella y otras ex presas políticas denunciaron las torturas y abusos sexuales padecidos durante su tiempo de prisión.

Murió después de una dolorosa enfermedad. Enfermedad que no fue tratada a tiempo, dice a Brecha Charna Furman, amiga y compañera desde la militancia en el Partido Comunista, compañera también –de Mirta y de su hermana Selva– “en la cana y después”, enfermedad en fin sobre la cual quizá hubo errores u omisiones médicas, y también hasta un proceso de negación por parte de la misma Mirta. Pero que se desató, está segura Furman, a partir de la angustia de ese doloroso duelo con la memoria que siempre llevó a cabo Mirta, y que llegó al paroxismo desde el trabajo con sus compañeras en torno a esa denuncia.

Mirta era dura, era rebelde, era peleadora, lo que le hacía las cosas aun más difíciles en el penal, recuerda Charna. Así, terminaba demasiado a menudo en el calabozo. 

En el penal obligaban a las mujeres a hacer caminería, muchachas frágiles y maltratadas manejando pesados pilones, y Mirta, con su aorta de plástico, castigada a cada rato por no acompasarse al ritmo requerido. 

“No sólo el penal, el trabajo, hasta penas de amor y traición que llegaban desde afuera golpearon duramente a Mirta. Pensábamos que con ese corazón tan frágil no resistiría. Y sin embargo, fue ese corazón el que resistió hasta el final”, dice Furman.

La mujer con la aorta de plástico tuvo, o sacó de sus convicciones y sus ganas de vivir, fuerzas para las tareas de resistencia contra la dictadura, para sobrevivir a la tortura, las violaciones y la cárcel, y también para recomenzar su vida, en todos los sentidos, después de recuperar la libertad en 1981. 

Volvió a las aulas con cuarenta años, se recibió de asistente social, tuvo un hijo, escribió libros. Un día, una noche, todos los días, en 1999; Tiempos de ida, tiempos de vuelta, en 2002; Atando los tiempos: reflexiones sobre las estrategias de sobrevivencia en el penal de Punta de Rieles, 1976-1981, en 2005; De la prisión a la libertad: reflexiones sobre los efectos sociales de la prisión, en 2008. 

Tres libros de largo nombre –publicados por Orbe– y mucho más largo trabajo de reflexión, de enfrentar los fantasmas que acosaban la memoria, tratando de comprender para seguir.

“Escribo y lloro”, le confiaba a su amiga. Volver a mirar de frente todo aquello que ella y otras y otros habían vivido, que en su caso, como en el de otras mujeres, incluía también la humillación y la repugnancia del abuso sexual. Ella y casi treinta ex presas políticas más presentaron esa denuncia (véase Brecha 4-XI-11) sobre tortura y violencia sexual contra decenas de militares, policías, médicos y enfermeras. 

“En el grupo (Denuncia) somos 28 mujeres y aparecieron dos casos de violación; y hay otra compañera que tiene testigos de que la violaron pero ella no lo recuerda. Es horrible, es la forma que encontró para poder sobrevivir”, contaba Mirta durante las peripecias del trámite. 

Ella eligió recordar, aplicar su temperamento guerrero para apuntalar su búsqueda de verdad y justicia, aunque implicara poner frente a la mirada del público ese oscuro tramo donde lo íntimo queda expuesto a la vez que lo político.

Mirta fue una de las mujeres que contó lo que había vivido frente a las cámaras de Canal 12, en el programa Esta boca es mía, conducido por Victoria Rodríguez. ¿Cuántos momentos de angustia, de duda, de resurrección de viejos espantos costó ese salir afuera para hacer evidente lo que se sabía había pasado, pero muchos negaban o lo difuminaban en un vago recuerdo oscuro? 

La lectura –en la Sala de Redacción de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Udelar– del testimonio de Mirta sobre las torturas, manoseos, humillaciones y violaciones padecidas es absolutamente insoportable. La sola lectura. Ciérrese la imaginación para bloquear esas imágenes horrendas. 

Mirta hizo lo contrario; hurgó en ello, lo meditó, lo escribió, lo expuso como intuyendo que los demonios encerrados, aplastados, siguen siendo demonios. Al declarar así, “en vivo y en directo”, Mirta y sus compañeras dieron rostro, presencia, voz, carnalidad, a esas cosas que no se quieren saber. 

Fatídicas, la persiguieron hasta el final: cuando ya estaba grave, su historia repicaba por Internet. Para su amiga de tantos años ese ejercicio torturante de hurgar en el pasado está ligado a la aparición de la enfermedad. El dolor, ya se sabe, enferma. Y también mata. Aunque, milagrosamente, el coraje y la luz humana siempre sobreviven.

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Una red contra el Cóndor

Brecha 29 7 12.  Por SAMUEL BLIXEN       

Parlamentarios, jueces, abogados y periodistas acordaron en Brasilia la instalación de un tribunal y un foro permanente de coordinación que impulse la investigación y el castigo de los crímenes de la Operación Cóndor.

La necesidad de incrementar las acciones contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado en todo el continente, fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil empeñadas en la búsqueda de la verdad y acompañar los avances democráticos que procuran la reconciliación sin renunciar a la justicia impulsó a los participantes del Seminario Internacional Operación Cóndor a proponer la creación de un Foro Permanente sobre Justicia y Derechos Humanos y la instalación de un “Tribunal Russell para Sudamérica”.

El seminario tuvo lugar en Brasilia, entre el 4 y el 6 de julio, convocado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil y el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos-Brasil. Contó con la presencia de parlamentarios, magistrados, académicos, abogados y periodistas de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. 

Entre otros, participaron el juez federal argentino Daniel Rafecas, los diputados Remo Gerardo Carlotto, de Argentina, Luis Puig, de Uruguay, y Hugo Gutiérrez Gálvez, de Chile; el médico, profesor y escritor Alfredo Boccia Paz y el maestro Martín Almada, ambos paraguayos; los periodistas Luiz Cláudio Cunha, de Brasil, y Mónica González, de Chile; la profesora Patrice McSherry, de la Long Island University, de Nueva York; y el director del Archivo de Seguridad Nacional de la George Washington University, Carlos Osorio.

El encuentro, coordinado por la diputada Luiza Erundina, presidenta de la Comisión Parlamentaria de Memoria, Verdad y Justicia, y el abogado Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, permitió confrontar los distintos procesos nacionales respecto del terrorismo de Estado implementado por la Operación Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras de América del Sur durante las décadas del 70 y del 80.

Las distintas exposiciones revelaron los diferentes “ritmos” de las estructuras judiciales para castigar los delitos contra la humanidad, en función de la vigencia de normas legales que facilitan la impunidad, o la remoción de las mismas. 

En Chile, tras la prisión del dictador Augusto Pinochet en Londres a raíz de una orden del juez español Baltasar Garzón, la justicia superó debilidades intrínsecas, según el diputado Hugo Gutiérrez, de destacada participación como abogado de familiares en la querella por el desafuero de Pinochet. 

El juez Rafecas, responsable de la investigación judicial sobre el plan Cóndor, detalló los criterios que se aplican en Argentina, en especial la definición del testimonio como elemento de prueba y el papel desempeñado por los “juicios de la verdad” en la compilación de elementos que facilitan los fallos contra los violadores de los derechos humanos. El abogado paraguayo Alfredo Boccia refirió la casi nula acción judicial contra los delitos revelados en el “archivo del terror”, descubierto por Martín Almada, salvo las prisiones decretadas contra los funcionarios policiales y militares en el momento del descubrimiento, que provocó una gran conmoción social.

El diputado uruguayo Luis Puig detalló las luces y sombras de la desactivación de la ley de caducidad y las dificultades que enfrentan algunos magistrados para aplicar en los procesos judiciales los principios de imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada. La diputada Luiza Erundina fustigó la falsa contradicción entre reconciliación y justicia, una oposición que emerge en Brasil, quizás el país de la región más atrasado en el combate a la impunidad de los crímenes de la dictadura militar, a medida que avanza el reclamo de verdad que, dijo, “incomoda, y por ello debe tornarse en un arma para desarticular la cultura de violencia que existe en nuestra sociedad”. 

Erundina se refirió a la vigencia de la ley de amnistía como una “ley manca, un producto de la estrategia política de la dictadura”, que debe eliminarse porque confiere impunidad a los militares responsables de los delitos. 

Por su parte, tanto Patrice McSherry como Carlos Osorio destacaron la importancia de descubrir los archivos de las dictaduras y señalaron la necesidad de exigir la desclasificación de documentos; el ocultamiento de dichos archivos, en opinión de varios de los participantes, constituye un problema, particularmente en Uruguay y Brasil, donde las autoridades militares han reiterado su destrucción o inexistencia, una afirmación que ciertos episodios han revelado que es falsa.

El análisis de situación en los diferentes países permitió concluir que “existen avances democráticos en la búsqueda de la verdad sobre la trama trasnacional de dictaduras cívico militares fundada en la doctrina de seguridad nacional”, pero que “la conciencia de la impunidad de estos crímenes es un generador de la delincuencia y de la corrupción sistémica”. 

Los participantes coincidieron en que “se requiere una nueva interpretación de los instrumentos jurídicos que todas las dictaduras impusieron a los ordenamientos jurídicos nacionales, como autoamnistía y prescripción”, y se comprometieron, por tanto, a “enfrentar a cualquier ley, ordenanza o reglamento que pueda reducir, cancelar o restringir la protección de los derechos humanos”.

En un documento titulado “Carta de Brasilia”, firmado por todos los participantes pero en especial por los legisladores presentes, el Seminario Internacional se comprometió a “propugnar que los estados, en nuestras constituciones, permitan la investigación y la sanción de los crímenes contra la humanidad, como ya se ha establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y así los agentes del Estado, así como sus cómplices civiles que violaron los derechos humanos, sean enjuiciados y castigados con penas proporcionales a sus crímenes”.

El documento enfatiza: “Creemos que ha llegado el momento para que los países afectados por la Operación Cóndor, en sus diferentes dimensiones, pongan a la disposición todos los archivos del Estado que conduzcan a la aclaración de los crímenes y violaciones de los derechos humanos. 

Esta actitud permitiría cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Araguaia (Brasil) y Gelman (Argentina y Uruguay)”. Al respecto, el seminario asumió el compromiso de “iniciar desde ahora la recopilación de todos los archivos y documentos relacionados con la Operación Cóndor que están en manos de organismos oficiales, universidades, fundaciones privadas, periodistas e historiadores, para que se conviertan en una contribución activa y de uso masivo de la verdad y de la justicia”.

La “carta de Brasilia” introduce dos iniciativas innovadoras: la creación de un Foro Permanente sobre Justicia y Derechos Humanos, que buscará “la integración de nuestros parlamentos, con la participación fundamental de la sociedad civil”; y la instalación de una corte civil sudamericana al estilo del Tribunal Russell. 

El objetivo del foro es “compartir y llevar, por la comprensión fraterna, hacia las legislaciones nacionales más retrasadas, los progresos institucionales ya alcanzados en el carácter supranacional de las convenciones y de los tratados internacionales a que nuestros estados se hayan sumado, asumiendo una jerarquía equivalente a la medida en que estas normas reciban el derecho de las personas y de los pueblos, y permitan la convivencia entre nuestras naciones”.

El seminario (que a su finalización aprobó también una moción de condena al “golpe blanco, como destello de un nefasto espíritu civil de la Operación Cóndor”, que destituyó a Fernando Lugo en Paraguay) resolvió iniciar los contactos para la coordinación tanto de las estructuras parlamentarias como de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de poner en marcha la recopilación de documentación que permitirá la instalación del foro y del tribunal.

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jueves, 26 de julio de 2012

Lo urgente, las prioridades y lo importante




Lo urgente, las prioridades y lo importante para avanzar:

la Resolución 60/147 de la ONU es el camino a seguir transitando



El pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del 22 de octubre de 2009 declarando la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley 15 848) hirió de muerte  las pretensiones de quienes anhelaban que Uruguay tuviera una democracia frágil y por siempre insegura asentada en la impunidad.

El fallo de la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH) en febrero de 2011 en el caso Gelman estableciendo que dicha norma carecía de efectos legales fue un  elemento acelerador de la nueva situación que comenzaba a alumbrar en el país. 

La decisión del Poder Ejecutivo de revocar todos los actos administrativos por los cuales se habían amparado en dicha norma más de 80 denuncias por graves violaciones a los DDHH y la aprobación por parte del Parlamento de la Ley 18 831 terminaron por eliminar todos los obstáculos legales que impedían la plena vigencia de las disposiciones constitucionales, las normas propias de un Estado de derecho y la normativa de DDHH que Uruguay ha ratificado como país en el ejercicio de sus potestades soberanas.

Los involucrados en las atrocidades cometidas al amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional con el concurso generoso de quienes en su momento les abrieron las puertas legales de par en par para su actuación criminal, han desatado desde hace años, una intensa y prolífica actividad para presionar al Poder Judicial e impedir que cumpla con su cometido constitucional: impartir justicia.

Para ello han dado muestra de un gran ingenio, con interferencias delicadas y diplomáticas en algunos casos, con amenazas groseras y burdas en otras, con campañas de prensa y mediáticas organizadas desde el hotel 5 estrellas de Domingo Arena, contra los jueces, los fiscales, los abogados patrocinantes, contra las víctimas denunciantes, con editoriales,  editorialistas y analistas semanales, con demandas legales, chicanas grotescas, con internaciones urgentes en el Hospital Militar por estrés pre traumático y hasta presentándose ante la opinión pública como víctimas. Solamente les falta denunciar malos tratos, apremios y castigos por parte de quienes encapuchados, esposados, incomunicados e indefensos estaban siendo torturados.  

La dictadura: un drama nacional

El terrorismo de Estado fue una tragedia nacional en múltiples planos y no solamente desde el punto de vista de las violaciones a los derechos humanos y de la degradación de la vida social. Los trabajadores y los sectores populares perdieron el 50% del poder adquisitivo de sus salarios, los jubilados y pensionistas su aguinaldo, se generó en dicho momento la inmensa deuda externa que hasta el día de hoy agobia al país y obstaculiza su crecimiento, se procedió a una concentración y extranjerización de los recursos y de las riquezas que hasta el día de hoy no han sido revertidas.

La experiencia internacional ha demostrado que no hay antídotos seguros para que estas tragedias que golpean a los pueblos no vuelvan a ocurrir. Pero hay acciones que los Estados y sus poderes deben impulsar para generar las condiciones que impidan que los hechos se reiteren. Son las consagradas por la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas (Principios y directrices para la reparación a las víctimas de las graves violaciones a los DDHH y violaciones al derecho humanitario internacional).

La Resolución 60/147: un instrumento estratégico.

La aprobación de la Resolución 60/147 por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2005 fue un hito fundamental en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos a nivel mundial. Es el instrumento jurídico internacional que especifica los derechos inalienables a la verdad, a la justicia, a la memoria, a la dignidad y a la reparación de las víctimas.

La Resolución 60/147 de la ONU establece pormenorizadamente, asimismo, las obligaciones de los Estados para afirmar los principios y las normas de DDHH, la institucionalidad democrática reconquistada por los pueblos y construir sociedades libres del flagelo militarista, represivo y terrorista. Es la hoja de ruta de la plena vigencia de los DDHH.

Grandes avances y desafíos pendientes.

La plena vigencia de la institucionalidad democrática, de las libertades y garantías constitucionales, las múltiples leyes reparatorias aprobadas hasta el momento, la eliminación de los obstáculos legales para la actuación de la justicia, la creación de la Institución Nacional de DDHH (INDH), la plena disposición a continuar la búsqueda de los detenidos desaparecidos fortaleciendo la Secretaría de Seguimiento son grandes avances logrados en los 27 años del retorno a la democracia. Muy especialmente desde el 1° de marzo de 2005 cuando desde el discurso inaugural el Dr. Tabaré Vázquez  dio un nuevo impulso renovador y refrescante a la batalla por superar las heridas del pasado reciente que se ha mantenido hasta el día de hoy.

La implementación efectiva y hasta sus últimas consecuencias de la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas es el camino a recorrer para seguir avanzando y profundizando la transición democrática iniciada en marzo de 1985. Es el mapa orientador, insoslayable, para construir un país democrático que valore la vida y la convivencia civilizada.

Aunque la agenda gubernamental incluya también otras variables y otros problemas urgentes, a veces agobiantes o imprevistos, seguir avanzando en restañar las heridas del pasado reciente sigue siendo un asunto importante que no puede ser descuidado y que exige una estrategia discursiva y de acción apropiada. Atañe a los poderes del Estado, a todas sus instituciones, agentes, dependencias y funcionarios.

Todo el Estado involucrado y responsable.

Es responsabilidad ineludible del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de la Presidencia y de todos los ministros en primer lugar. El Estado debe promover e impulsar activa y comprometidamente la investigación y el esclarecimiento de las graves violaciones a los DDHH, muy especialmente de los detenidos desaparecidos, debe acompañar y respaldar a las víctimas testigos que promuevan juicios, debe disculparse pública y oficialmente ante las víctimas y ante la sociedad, potenciar y jerarquizar la Dirección de DDHH como un instrumento en tal sentido, debe dotar al Poder Judicial de los recursos imprescindibles para su actuación y debe, también,  enviar una ley que supere las carencias e insuficiencias de las leyes reparatorias aprobadas durante la administración anterior para no perpetuar las injusticias e incongruencias de las mismas.

Transitando ya en el tercer año de gobierno, el envío de esta ley, destinada a profundizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado hacia las víctimas, es impostergable e ineludible por parte del primer mandatario. Debe asumirlo como una necesidad imperiosa en función de las disposiciones constitucionales y antes de que sea muy tarde. Reparar los daños ocasionados a todas las víctimas del terrorismo de Estado, sin exclusiones, sin restringir derechos ciudadanos y con equidad, de acuerdo a las normas de DDHH, es un asunto no menor.

El Parlamento debe realizar su contribución con energía y convicción. La aprobación de la Ley 18 831 y la constitución de la Institución Nacional de DDHH han sido muestras elocuentes de su disposición mayoritaria al respecto.

Debe dotar a la misma de los adecuados recursos para que pueda desarrollar una labor eficaz para mejorar la institucionalidad, también crear juzgados especializados para los DDHH para acelerar y profundizar las causas, además de establecer que el 27 de junio sea el Día Nacional por la Verdad, la Memoria y la Justicia en homenaje a todas las víctimas del terrorismo de Estado.

Al Poder Judicial, a todos sus integrantes, compete rechazar las presiones destinadas a paralizar su actuación y entorpecer el normal desarrollo de las múltiples causas, hacer caso omiso a las chicanas jurídicas de los involucrados, cumplir con la sentencia de la Corte IDH de carácter vinculante, incluso en la tipificación de los delitos, acelerar las investigaciones y las actuaciones y brindar las máximas garantías para las víctimas testigos, aprobando un Protocolo a tales efectos, para que ellas no sean o puedan sentirse revictimizadas como sigue ocurriendo en la actualidad.

El sistema político interpelado.

A casi 7 años de su aprobación, la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas debe ser asumida por todo el sistema político, por sus dirigentes, parlamentarios y militantes,  especialmente por todos los partidos, grupos y movimientos de manifiesta y ostensible vocación democrática, incorporándola a sus programas y líneas de acción, para adaptarse a los cambios y a los avances, como herramienta democrática y afirmativa de las normas de DDHH.  

Los expresos políticos, un sector específico de las víctimas del terrorismo de Estado, transformados por la fuerza de la vida en viejos luchadores, agrupados en Crysol, consideramos  nuestra obligación  seguir batallando por la plena y total democratización del país. Nuestra agenda de acción va en tal sentido. Es amplia y abarcativa, de cara a la realidad de la cual somos parte, con vocación constructiva y transformadora. Nuestra prédica, nuestra militancia, nuestra movilización, nuestras propuestas, demandas y reclamos, son una contribución a ese esfuerzo junto a los trabajadores organizados, las organizaciones de DDHH, la sociedad civil organizada y toda la ciudadanía.

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Opinando N° 24 - Año 1 - Jueves 26 de julio de 2012