la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Telefax: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@yahoo.com.ar



Horario de atención en nuestra sede social: de lunes a viernes de 14.45 en adelante. Cuota social: $ 120.-




jueves, 28 de junio de 2012

Lo que faltaba: arremeten contra los denunciantes








Todos los procesos judiciales por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el terrorismo de Estado han sido iniciadas por los familiares de las víctimas o por los propios sobrevivientes de ellas.


Luego  que la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH) en febrero de 2011 sentenció que la Ley de Caducidad aprobada en 1986 carecía de efectos jurídicos, el Poder Ejecutivo revocó los actos administrativos por los cuales más de 80 casos habían sido amparados por ella. Al mismo tiempo se iniciaron, con el amparo de las organizaciones sociales y el respaldo de profesionales honorarios, decenas de nuevas denuncias ante la justicia y centenares ante las seccionales policiales de todo el país.


Las víctimas testigos y su compromiso con la justicia.


A pesar de que es obligación del Estado, de sus poderes y órganos investigar y esclarecer  las violaciones a los DDHH, ninguna causa judicial ha sido iniciada de oficio por el órgano del Estado que tiene las potestades para ello.


Desde el retorno a la institucionalidad democrática la justicia uruguaya ha actuado de oficio en episodios de riñas y trifulcas en actividades deportivas. En ningún caso los magistrados han considerado conveniente iniciar las investigaciones correspondientes ante los hechos de pública notoriedad que han conmovido a la sociedad por su crueldad y barbarie al encontrarse restos humanos en dependencias militares o denuncias periodísticas sobre torturas sufridas.


Conscientes de que la investigación y el esclarecimiento de las graves violaciones a los DDHH y el castigo penal y administrativo a sus responsables es el único camino para la plena vigencia de las normas y para impedir que los hechos vuelvan a ocurrir, los familiares de los detenidos desaparecidos, de los asesinados y decenas de víctimas directas tomaron la decisión de presentar las correspondientes denuncias para lograr que la justicia asuma sus obligaciones.


Solos contra el mundo.


Ninguna repartición oficial hasta el momento ha tomado la iniciativa de apoyar y respaldar a los ciudadanos que han tenido el coraje y la valentía de presentar denuncias por los delitos, imprescriptibles, cometidos durante la larga noche del terrorismo de Estado.


El movimiento sindical y las organizaciones de DDHH, Crysol entre ellas, con el apoyo de juristas que actúan en forma honoraria, honrando su profesión y su compromiso democrático, han promovido las denuncias, apoyando logística y emocionalmente a los denunciantes ante la inercia y la pasividad de los poderes y dependencias estatales.


La justicia es un calvario.


Para los denunciantes promover las causas a nivel penal es un proceso difícil, doloroso y también riesgoso. Supone volver a revivir todas las circunstancias, todas las humillaciones, los dolores, las angustias, los detalles, de lo sufrido décadas atrás para formularlo por escrito a los efectos de que la denuncia pueda ser formalizada.



Luego de algunas semanas o meses deberán volver a comparecer para ratificar verbalmente lo manifestado por escrito. Supone traslados, horas de espera, tensionantes, desgastantes, en los pasillos judiciales, generalmente inhóspitos. Incluso, en algunos casos, deberán enfrentar operadores judiciales que harán preguntas inadecuadas o absolutamente fuera de lugar, que denotan hostilidad, insensibilidad, desinterés y que en los hechos revictimizan a las víctimas contrariando principios elementales de la justicia y de las normas de DDHH ratificadas por el país. O enfrentar careos con los implicados en condiciones inapropiadas.



Campaña pública de desacreditación.


Si bien todas las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen en numerosos casos violaciones y abusos sexuales, han sido presentadas ante sedes penales, el expresidente Julio María Sanguinetti ha señalado recientemente en una nota de prensa, jugando con un prejuicio extendido en la sociedad uruguaya e incluso en círculos de izquierda parlamentaria y no parlamentaria, que las motivaciones de las presentaciones judiciales son de carácter meramente económico: a los denunciantes los motivan el simple y vulgar afán de lucro económico.



El Dr. Sanguinetti sabe muy bien que si el interés fuera meramente económico las denuncias deberían ser iniciadas ante las sedes civiles y que seguramente prosperarían como ya ha ocurrido en los primeros años del retorno a la democracia. Lo sabe muy bien.


Según las normas internacionales y actualmente nacionales de DDHH, la reparación estatal debe tener un carácter integral y abarcar todas las esferas. En ese marco se inscribe la obligación por parte del Estado de indemnizar por los daños, los sufrimientos y los perjuicios ocasionados. Prima en este sentido el mismo concepto que establecen las disposiciones constitucionales para las situaciones en las que dependencias del Estado ocasionan daños o perjuicios a ciudadanos o personas jurídicas.


Conceptos similares a los del Dr. Sanguinetti han formulado el expresidente Luis Alberto Lacalle,  otros publicistas y voceros oficiosos de los centros militares nostálgicos. Han sido difundidos masiva y reiteradamente por el órgano de prensa oficial  de la dictadura: El país.



El propósito es claro.  A pesar de la resolución de la Corte IDH obligando a Uruguay a castigar las graves violaciones a los DDHH,  siguen militando en favor de la impunidad. Se cuestiona a los fiscales que han promovido las causas de DDHH, se organizan campañas mediáticas y administrativas contra los jueces y operadores judiciales que implementan las normas de DDHH y cumplen con la sentencia de la Corte IDH, se presenta  públicamente a los criminales como víctimas, se justifican las chicanas jurídicas dilatorias, se pone en duda la honestidad y probidad de los abogados patrocinantes.



Ahora también se arremete contra las víctimas demandantes para condicionar psicológicamente a los operadores judiciales e incluso a la Suprema Corte de Justicia.


Protocolo para las víctimas testigos.


Hace ya dos meses que Crysol solicitó a la Suprema Corte de Justicia que  adopte, mediante una acordada, que respete la independencia técnica de los jueces, un protocolo para el tratamiento de las víctimas testigos, proponiendo como modelo a seguir el protocolo argentino adoptado por el máximo órgano judicial del país hermano.


A los efectos de dignificar y de humanizar la comparecencia de los denunciantes hay otros modelos a tener en cuenta como el protocolo de Estambul si no se quiere basarse en el ejemplo argentino. Pero adoptar un protocolo que impida que las víctimas sean o se sientan revictimizadas por los procesos judiciales es urgente y apremiante. La Suprema Corte de Justicia tiene que actuar con energía y decisión y el Parlamento concederle los recursos necesarios para su efectiva implementación.


Límites a la arbitrariedad estatal.


Las normas de DDHH fueron adoptadas para poner límites a la actuación de los órganos del Estado y de sus funcionarios, para dignificar la vida humana y humanizar dignamente la vida en sociedad. Esta es la esencia, el espíritu básico de la normativa de DDHH que Sanguinetti, Lacalle y otros connotados voceros de la derecha vernácula siguen ignorando y despreciando. Solamente los órganos y funcionarios del Estado son quienes violan las normas de DDHH.


La batalla por la plena consolidación democrática, por el fortalecimiento y el desarrollo de ella se da ahora, una vez eliminados todos los obstáculos legales que durante décadas impuso la Ley de Impunidad, también en el plano judicial y con intensidad aunque no sea advertido por la opinión pública. Apoyar y defender, militantemente a los denunciantes sigue siendo un compromiso de todas y de todos. Convocamos a todas y todos los expresos políticos, en primer lugar, y al conjunto de sociedad a materializarlo para que efectivamente haya justicia.

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Opinando - Año 1 - N° 22 - Jueves 28 de junio de 2012

domingo, 24 de junio de 2012

Crysol homenajeó a Alejandro Artuccio, Ricardo Elena y Oscar López Goldaracena








En el marco de la buseca celebratoria del 12 aniversario de la organización, Crysol homenajeó al Dr. Alejandro Artuccio, al Prof. Dr. Ricardo Elena y al Dr. Oscar López Goldaracena entregando a cada uno de ellos una plaqueta alusiva en agradecimiento por la contribución prestada al colectivo organizado y al logro de sus metas en la lucha por Verdad, Justicia y Memoria.



De izquierda a derecha:  presidente de Crysol, Gastón Grisoni,
Dr. Oscar López Goldaracena, Dra. Ivonne Klingler, Prof. Dr. Ricardo Elena,
Chela Fontora, Dr.  Alejandro Artuccio y Ana Amorós.


La actividad se llevó a cabo en la noche del viernes 22 de junio en la sede de SIMA, (sindicato del medicamento) y a salón colmado.


En la breve y sencilla ceremonia hizo uso de la palabra el presidente de Crysol, Gastón Grisoni. El Prof. Dr. Ricardo Elena expresó en una breve alocución su agradecimiento.


Las plaquetas fueron entregadas a cada uno de los homenajeados por Chela Fontora, la Dra. Ivonne Klingler y Ana Amorós.


Al comienzo de la jornada actuó el grupo musical El Octeto conformado por expresos políticos.




Grupo musical El Octeto




Vista general de la concurrencia




Vista parcial de la concurrencia



De izquierda a derecha: Javier Tassino, Osvaldo "coqueiro" Sardiñas,
Antonio "el zurdo" González, Francisco "teka" Martínez, "negrito" Moretti

 y Jorge "mochuelo" Epíscopo.


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N° 21 - Sábado 23 de junio de 2012



Comenzó a andar la INDDHH

Asumieron el viernes 22 de junio los cinco integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, un organismo independiente y autónomo que se encargará de proteger y promover los derechos humanos en todas sus manifestaciones.


Con un buen marco de público, autoridades del gobierno y legisladores de todos los partidos, en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, firmaron el acta de constitución del Instituto Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo sus integrantes: Juan Faroppa, Mariana González Guyer, Juan Raúl Ferreira, Mirtha Guianze y Ariela Peralta, tras unas palabras del vicepresidente Danilo Astori, que encabezó el acto.


Los cinco integrantes fueron designados por la Asamblea General, aunque no hubo acuerdo político, lo cual hizo que ni blancos ni colorados acompañaran la designación de la exfiscal Guianze porque no la consideran "imparcial".


Astori admitió que pese a esa situación "ha habido un amplio apoyo" a todos los integrantes del Instituto.

Presidenta de la Institución Nacional de DDHH
Soc. Mariana González Guyer


El vicepresidente consideró "fundamental" seguir fortaleciendo el trabajo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y pidió "no ser indiferente al armamento nuclear, a los conflictos armados, a las atrocidades en masa, los crímenes de guerra y los genocidios, los crímenes al servicio de la depuración étnica".

Este Instituto se votó por unanimidad en 2008, durante el gobierno de Tabaré Vázquez.


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jueves, 21 de junio de 2012



Hoy cumplimos 12 años.

Gracias a l@s fundadores 

y a tod@s los que lo han hecho
 
y lo hacen posible.


¡Viva la vida!


¡Verdad, justicia y memoria !



miércoles, 20 de junio de 2012

Cortá pa´ la corte

La Diaria – Miércoles 20 de junio de 2012 


SCJ rechaza acción de inconstitucionalidad contra ley de reparación para ex presos políticos.  

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó por unanimidad varios recursos de inconstitucionalidad contra la ley 18.033 que prevé una “pensión especial reparatoria” para las personas que durante la dictadura no pudieron acceder a un trabajo por razones políticas o sindicales. El abogado de los ex presos políticos demandantes, Fabritzio D’Angelis, entiende que esta norma condiciona el otorgamiento de la reparación a la renuncia de otro derecho y concurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


La ley 18.033 entró en vigencia en octubre de 2006 y comprende en su conjunto a las personas que por motivos políticos, ideológicos o gremiales se vieron obligadas a exiliarse, estuvieron detenidas o fueron despedidas de la actividad privada entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985. En el artículo 11º prevé una “pensión especial reparatoria” para aquellos que durante ese período fueron detenidos y procesados por la Justicia militar o civil y como consecuencia estuvieron privados de libertad. 

El recurso de inconstitucionalidad presentado ante la SCJ por el abogado Fabritzio D’Angelis -en 13 expedientes individuales corres-pondientes a 13 ex presos- cuestiona el inciso segundo del artículo 11, que establece que “no tendrán derecho a percibir la prestación los titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que optaren por la pensión especial reparatoria”. En diálogo con la diaria, D’Angelis explicó que el hecho de tener que “optar” significa que la reparación está condicionada a la renuncia a otro derecho legítimo -jubilaciones o pensiones- y que esto es violatorio de la Constitución. 

“Esta opción va en contra de todos los tratados y pactos internacionales que imponen la obligación a los estados que hayan cometido actos de terrorismo de Estado contra la población a una reparación integral a las víctimas. [...] La reparación de manera íntegra que no debe estar sujeta ni condicionada a nada”, expuso el abogado en el escrito presentado ante el máximo órgano judicial. Entre otros artículos, alega que viola el artículo 8 de la Constitución porque la norma no prevé un tratamiento igualitario a personas que padecieron las mismas violaciones. 

No advierte 

En coincidencia con el dictamen del fiscal de Corte -cargo que al momento de la consulta ocupaba Rafael Ubiría-, la SCJ desestimó por unanimidad, el 13 de junio, tres de los recursos presentados con los mismos argumentos. Los ministros entienden que la norma “se aplica a todos los integrantes de la categoría” sin crear “diferencias entre ellos”. “No se advierte que la norma en sí establezca una diferenciación, sino que trata por igual a quien está en el mismo grupo, no existiendo entonces discriminaciones basadas en una situación individual”, señala el fallo al que accedió la diaria. 

Asimismo se afirma que el derecho a la reparación por los daños causados durante la dictadura a los demandantes no puede verse limitado por la ley 18.033, ya que la misma norma “excluye del beneficio a quienes tengan otro del mismo origen” y agrega que “más allá de su denominación de reparatoria es una prestación de seguridad social”. Los demandantes, en cambio, entienden que la pensión de la ley 18.033 tiene “carácter absolutamente indemnizatorio-reparatorio” y que por tanto se trata de una prestación “absolutamente diferente” respecto de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios transitorios por incapacidad parcial. 

El primero, explica el abogado, es un derecho adquirido por haber estado preso por motivos político ideológicos y gremiales, y el otro -en el caso de las jubilaciones- por haber aportado para que el día en que dejara de trabajar tuviese un “retiro adecuado”. “Estamos frente a un caso de reparación de la violación a un derecho, un derecho humano, y éstos están por encima de cualquier otro derecho”, concluye. 

La SCJ reconoce que el principio de la reparación integral del daño está previsto en tratados de derechos humanos pero no advierte “que haya sido vulnerado por limitar una forma de reparación que es la prevista en la norma impugnada”. “La norma impugnada debe integrarse con el inciso tercero [del artículo 11º] del cual puede deducirse la línea que siguió el legislador al crear una pensión especial reparatoria, es decir la procedencia de la misma a falta de otro beneficio previsional o en su defecto de ingresos que superen las 15 Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales”, reza en el dictamen. 

Justamente el inciso tercero establece que tampoco pueden acceder a la pensión reparatoria quienes perciban ingresos de cual-quier naturaleza superiores a 15 BPC mensuales (36.255 pesos al día de hoy). Contra este inciso también se presentó un recurso de inconstitucionalidad que también fue rechazado por la SCJ el 12 de marzo de 2010, con argumentos similares. “La Corte no juzga el mérito o desa-cierto legislativo, sino tan sólo si la Ley es o no constitucionalmente válida. La norma legal que, dentro de su competencia institucional, dispone una solución equivocada, errónea, desacertada, respecto al punto que regula, será una mala ley, pero no por ello es inconstitucional”, valoró entonces. 

D’Angelis adelantó en diálogo con la diaria que el próximo paso, agotada la vía interna, es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “El tema es que el tiempo pasa y estamos hablando de personas mayores. La reparación no admite espera porque no es reparación”, apuntó el abogado. 

Lourdes Rodríguez
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martes, 19 de junio de 2012

Nunca Más u otra vez

Cuando desaparecieron a nuestros familiares, cuando las cárceles se llenaron de presos políticos, cuando la tortura era cotidiana y se asesinaba a discreción, cuando la justicia militar mandaba y el parlamento había sido avasallado, los partidos, los sindicatos y la prensa opositora no podían existir, nosotros empezamos su búsqueda. 

¿Dónde están?, ¿quiénes lo hicieron?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué? son las preguntas que desde entonces nos guían. 

Tras el rastro de nuestros familiares cruzamos fronteras, nos encontramos con nuestros pares de otras latitudes. Compartiendo preguntas fuimos encontrando respuestas. Empezamos a conocer qué era realmente la Doctrina de Seguridad Nacional, la contrainsurgencia, la Escuela de las Américas con sus cursos y sus alumnos, la cantidad de bases, armamentos y asesores diseminados en nuestras tierras… fuimos conociendo situaciones, testigos y pruebas. Fuimos conociendo cómo, y porqué se trataba de aniquilar personas, gobiernos o pueblos que tenían el “privilegio” de ser considerados enemigos. También el quiénes: personal de las fuerzas armadas y de seguridad de nuestros países, instruidos, entrenados, equipados, asesorados, inducidos cuando no dirigidos por agencias, personal y estructuras de los EEUU destinadas a salvaguardar “la seguridad hemisférica”. 

Lamentablemente, la realidad sigue dando víctimas de una represión arbitraria, indiscriminada, ilegal, infame, que mata, desaparece, desplaza, tortura, encarcela a todo aquel que, con criterios renovados y actualizados de clasificación, vuelva a ser considerado enemigo o pérdida no deseada. 

Allí están los frutos de la colaboración de los EEUU con Colombia y México, a través de los respectivos planes: miles de muertos, desaparecidos, desplazados, en una guerra declarada al narcotráfico. Mientras tanto éste sigue creciendo y nutriendo a empresas y banca con un dinero mal habido pero siempre bienvenido para ser lavado.

Guerra que permite vender armas y municiones a los que alegan combatir al narcotráfico como a los que lo efectivizan, entre quienes no media un abismo sino numerosas conexiones múltiples veces descubiertas y probadas.

Estas cuestiones no son producto de delirios paranoicos. Cualquiera, medianamente informado, las conoce.

Cualquiera tiene elementos para saber que las Américas tienen un gran socio-jefe que piensa en ellas lleno de iniciativas para garantizar su prosperidad, su seguridad, bienestar y, porqué no, su libertad. Es un socio poderoso, el que gasta solo igual cantidad de dinero en sus fuerzas armadas que todo el resto del mundo junto, de forma de mantener su supremacía. El que no ahorra a la hora de sembrar bases, asesores, armamento, personal de combate militar y/o paramilitar y agencias de ayuda en el hemisferio. El que está en una actualización permanente de sus técnicas y de sus argumentos, el que piensa en el futuro y nos regala su Visión Conjunta (Joint Vision) 2020 y la estrategia de dominación de espectro completo. El que combina los esfuerzos de todas sus agencias, independientemente de que pertenezcan al Departamento de Justicia, al de Estado o al de Defensa. El que crea todas las piezas necesarias para que funcione el aparato que monta. 

Una de estas piezas son los SEALs. Los eficientes cuerpos de elite que, oriundos de la Armada de Estados Unidos, pueden actuar –como su sigla, en inglés, lo indica - en el mar, el aire o la tierra. 

Hoy sabemos que el gobierno de nuestro país ha elegido para formar al personal FUSNA de la Armada (esa fuerza tan renuente a abrir los archivos que está en la palestra por los robos y estafas de varios de sus oficiales) a los SEALs. ¿Alguien tiene la puerilidad de creer que a los SEALs se los llama (y vienen) con la misma soltura y compromiso con que se contratan clases particulares para un examen? ¿Alguien puede creer que vienen sólo para instruir en las habilidades concretas de abordaje de un buque que haya penetrado ilícitamente en nuestras aguas? 

El Presidente y los Ministros, especialmente el de Defensa Nacional, que firmaron el proyecto de ley que mandaron con urgencia al Parlamento, deben saber bien no sólo a quiénes traen sino que tras de toda instrucción militar está la consiguiente formación doctrinaria. Deben conocer los convenios, derechos, deberes y compromisos subyacentes a esta colaboración. Deberían saberlo los parlamentarios que, sin pena ni gloria, votaron la ley de autorización requerida para semejante aporte. Debe enterarse la ciudadanía a pesar de que el MDN ordenó hacer todos los eventos con el mayor sigilo, para que no lo sepa. 

¿Por qué todo esto nos importa a nosotros, un puñado de familiares de víctimas del terrorismo de Estado? 

Porque somos ciudadanos; porque ante el horror pasado levantamos la consigna de nunca más. Porque sabemos que éste se plasma en normas jurídicas, en declaraciones y actos públicos, pero que sólo es efectivamente posible si pasa a integrar la conciencia de todos nuestros compatriotas, especialmente de aquellos que revistan en las fuerzas armadas y de seguridad, que detentan el poder coercitivo del Estado. 

Entonces, cuando estamos conmemorando el natalicio del Protector de los Pueblos Libres, nos preguntamos si trayendo semejantes “maestros” estamos honrando su legado y construyendo el nunca más o lo estamos traicionando y abonando el otra vez. 

Invitamos a todos a poner atención en estos temas. Exhortamos a todos los partidos políticos, a los gremios y a los centros de estudio de nivel superior a difundir y reflexionar sobre estas cuestiones y a defender nuestra soberanía. 

Necesitamos una política de defensa inspirada en la paz y en el derecho. Instituciones integradas por personal capaz y digno, con lealtad democrática y republicana. Si los gobernantes actuaron con buenas intenciones, les recordamos que es justamente de ellas con la que está empedrado el camino del infierno. 

Escribimos estas líneas con dolor, con alarma y con la firmeza que la situación obliga. No queremos llorar mañana por víctimas de la ligereza y prescindencia ética de hoy.
 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
18 de junio de 2012




domingo, 17 de junio de 2012

Uruguay: acto sin reparos

Malestar por dichos del diputado Pérez

Caras y Caretas. Viernes 8 6 12


Por Roger Rodríguez


Las víctimas del pachecato y la dictadura no quedaron conformes con el acto de reconocimiento y reparación por la actuación del Estado entre 1968 y 1985, cumplido el 4 de junio. Las ausencias oficiales fueron notorias. Un legislador del MPP hizo una infeliz declaración que profundizó el malestar y generó reacciones entre los familiares de las víctimas. La ley de reparación integral, aprobada en 2009, evidenció que, si bien es otro paso en la lucha por los derechos humanos, tiene vacíos que se deberán resolver. 

No estuvo el presidente de la República. No fue en la sala de sesiones de la Asamblea General sino en la antesala de la Cámara de Diputados. El acto duró unos pocos minutos y no fue difundido en cadena de radio y televisión. Sólo se transmitió en las radios del Sodre. En nombre del Poder Ejecutivo habló el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich. Por el Poder Legislativo lo hizo el titular de la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, diputado Esteban Pérez. No hubo representantes del Poder Judicial. 

El acto público de reconocimiento y reparación por la actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, previsto en el artículo noveno de la Ley 18.596, no terminó de conformar a las víctimas del pachecato y la dictadura, quienes recibieron un diploma que acredita su condición por parte de un Estado que reconoció su “responsabilidad institucional” al haberlos afectado en “su dignidad humana por motivos políticos, ideológicos o gremiales”. Cinco rúbricas, sin aclaración, suscribían el documento oficial que recibieron 250 personas. 

La ceremonia celebrada el lunes 4 de junio no parecía algo posible de concretar en setiembre de 2009, cuando se aprobó la llamada ley de reparación integral. En aquellos días del gobierno de Tabaré Vázquez aún regía con fuerza la ley de caducidad, y la admisión del concepto de reparación integral ante las insuficiencias de la reparatoria Ley 18.033 había implicado una larga lucha de la organización de ex presos políticos Crysol, representados por el jurista Óscar López Goldaracena, quien se basó en la resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los “principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos” aprobados por la ONU en su período número 64 de sesiones, en diciembre de 2005, constituían entonces novedades del derecho internacional que parecían “demasiado” avanzadas para la jurisprudencia uruguaya. Aquella Ley 18.596 también había impuesto una declaración fundamental ante la historia: reconocían delitos del Estado desde la primera aplicación de medidas prontas de seguridad, en 1968. 

Sin embargo, los casi tres años de demora en la concreción de este acto de reparación simbólica y el desgaste que en ese tiempo tuvo la comisión especial creada en el marco de la ley llevaron a que semejante reconocimiento del Estado no tuviera su real trascendencia, más aún cuando hace sólo tres meses el propio presidente José Mujica encabezó un desagravio similar ante la familia Gelman, obligado por una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. En el actual contexto, el acto del lunes quedó devaluado. 

PALABRAS QUE DUELEN 

La ausencia del presidente José Mujica y la negativa del Poder Ejecutivo a conceder la cadena de televisión para la difusión del acto se constituyeron en señales políticas que se sumaban a anteriores ‘guiñadas’ del gobierno en el tema derechos humanos. El colmo fue una desafortunada frase del diputado Esteban Pérez (MPP) quien, luego de aludir a los mártires víctimas del Estado, agregó: “Por respeto a todos ellos, ruego que hoy apartemos todo sentimiento de odio y rencor, que son paralizantes”. 

La frase de Pérez volvía a validar la ‘teoría de los dos demonios’ en un acto en el que formalmente se admitía que sólo había existido el demonio de la represión del Estado. Las palabras del diputado emepepista dejaron un retrogusto amargo entre los que habían asistido a la ceremonia de entrega de los primeros 250 certificados (varios de los presentes lo increparon al finalizar el acto) y tuvieron muy duras repercusiones en las redes sociales en las que se expresan familiares de las víctimas. 

Marys, hija del asesinado Nuble Yic, escribió en Facebook: “Todavía el Estado (gobierno, representantes, etcétera) no logra comprender que las víctimas y sus familiares no buscamos venganza, sólo queremos verdad y justicia […] No fue para nada un acto sentido, de verdadero reconocimiento. Fue un simple y corto protocolo formal para cumplir con una parte de lo que debería ser una ley de reparación integral […] Señores, me siento doblemente víctima, fue una verdadera payasada, es querernos conformar con lo que necesitamos […] Dicen que poco es más que nada… pero por lo menos, en lo poco que hicieron, se hubieran esmerado más… Nos lo merecíamos”. 

Más duro fue el poeta Miguel Ángel Olivera (El Cristo), quien difundió versos titulados “Las Cocardas (El 5 de Oro del torturómetro)” que comienzan:“Escondiditos ahí/ entre bastidores/ en un baldío del Parlamento/ –casi un contenedor de residuos–/ un cuartucho para las escobas/ en el rincón de las arañas/ funcionarios de medio pelo/ entregaron cocardas victimosas/ revictimizando a las víctimas/ con un papelón”. Y terminan exclamando: “¡No gasten más plata en papel!/ ¡Compren el georradar para las excavaciones/ a ver si además de desenterrar/ los huesitos de los compañeros/ desenterramos sus ideas/ de una buena vez!”. 

“La reparación integral es una lucha de años de quienes fuimos presos políticos. Mucho se logró en esta etapa: el reconocimiento de la responsabilidad del Estado desde 1968, la señalización de lugares donde ocurrieron cosas para que queden en la memoria, el otorgamiento de prestaciones médicas y la indemnización económica que corresponde a muchos. Quedan casos por los cuales hay que seguir luchando, para terminar con la cultura de impunidad que aún sobrevive”, explicó a Caras y Caretas Gastón Grisoni, dirigente de la organización. 

QUE LA BRONCA TIRARON 

La comisión especial creada por la ley de reparación integral ha recibido críticas y cuestionamientos desde su propia formación. Integrada por delegados de los ministerios de Educación, Economía y Salud, se complementó con sendos representantes de Crysol y Familiares de Desaparecidos. Su cometido fue “instruir, sustanciar y resolver” sobre los pedidos de amparo a la ley y para ello podía requerir toda la información y antecedentes necesarios como medios de prueba que confirmaran la condición de víctima de los solicitantes. 

Los primeros que se sintieron excluidos de la reparación fueron grupos de uruguayos radicados en el exterior, quienes consideraron que su condición de exiliados no estaba amparada en la normativa. Reivindicaban la restitución e indemnización por daños materiales y psíquicos sufridos por su condición de parias y fundamentaban su alegato en el concepto “proyecto de vida” reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el que se reconoce el derecho a la realización integral de las personas durante el desarrollo de sus vidas. 

También hubo críticas cuando, al asumir el nuevo gobierno del Frente Amplio, se produjeron sustituciones en los delegados de los ministerios ante la comisión especial. Esto implicó un nuevo comienzo, una vez que el grupo ya había pasado una etapa de adaptación, aprendizaje y coordinación para resolver casos que trascendían sus facultades originales y los colocaban en la necesidad de decidir si aplicaban normas del Código Civil, si admitían criterios de los asesores técnicos o tomaban resoluciones políticas ante determinados casos. 

Un episodio particular fue el denunciado por Mario Nino De Negri, secuestrado en diciembre de 1975 en Buenos Aires, trasladado a Uruguay, devuelto a Argentina y regresado a Montevideo, donde quedó como desaparecido en centros de tortura durante ocho meses, antes de ser encarcelado en el penal de Libertad. Un peritaje le negó el amparo a la Ley 18.596 por considerar que no había sufrido lesiones gravísimas según lo estipulado en el Código Penal (enfermedad incurable, pérdida de un sentido, mutilación o deformación del rostro). 

En su recurso contra el pronunciamiento, De Negri reclamó que se le reconociera por su condición de víctima del Departamento III del Servicio de Información y Defensa (SID) en el marco de la operación Cóndor, situación que no estaba contemplada en la ley y por tanto pedía un mecanismo de analogía que, en el formulario de petición, sólo consideró posible en opción “lesiones gravísimas”. La comisión terminó por admitir que el caso no estaba previsto en la ley y que la situación trascendía sus potestades. De Negri no pidió su certificado.
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viernes, 15 de junio de 2012

Un oportuno pico de estrés

Nuevas maniobras para dilatar inminente procesamiento de Barneix.


Un oportuno pico de estrés 


Escrito por: Samuel Blixen – Brecha 15 6 12


El general Pedro Barneix, principal implicado en el asesinato de Aldo Perrini, ocurrido en el cuartel de Colonia en 1974, tuvo un oportuno ataque de estrés que le impidió concurrir al juzgado donde presumiblemente iba a ser procesado por homicidio especialmente agravado.
 

¿Cuántos de sus prisioneros del cuartel de infantería de Colonia tenían el privilegio de pedir la suspensión de los interrogatorios alegando que estaban sufriendo estrés? Ninguno, ni los vivos ni los muertos. Pero hoy el general Pedro Barneix puede darse el lujo de introducir esa monumental chicana para dilatar un procesamiento por homicidio especialmente agravado que debía haberse concretado en la audiencia que el miércoles 13 dispuso la jueza penal Mariana Mota en la indagatoria del asesinato de Aldo Perrini, ocurrido en marzo de 1974.
 

El miércoles concurrieron al juzgado, además de Barneix, los coroneles retirados José Puig-vert, José Baudean y Washington Perdomo, responsables del interrogatorio al que fue sometido Perrini y que culminó con su muerte en la sala de interrogatorios del cuartel de Colonia. Pero, como se detalla más abajo, el abogado de Barneix renunció a la defensa y fue necesario suspender la audiencia para ayer jueves, a la que sólo debía concurrir el general.


En la tarde de ayer, en lugar de Barneix concurrió al juzgado un abogado de apellido Suárez Franco, quien presentó en la sede un certificado médico según el cual su defendido fue internado en el Hospital Militar aquejado de estrés, una dolencia de síntomas difusos porque no presenta sarpullidos ni fiebre alta, ni espuma en la boca. Según el certificado médico, Barneix no puede recibir visitas ni ser interrogado ni ser sometido a situaciones de estrés.


La jueza Mota se disponía, al cierre de esta edición, a remitir a la Suprema Corte de Justicia todo el expediente de Perrini, que el máximo órgano judicial pretende analizar para determinar la validez de un recurso de inconstitucionalidad. La orden de la Suprema Corte ocurre en el momento en que Barneix monta una chicana mayúscula.


Por esa razón el abogado de la familia Perrini, Óscar López Goldaracena, solicitó a la magistrada que ordene inmediatamente el cierre de fronteras para todos los indagados; que la Policía verifique si el general Barneix está efectivamente internado; en caso afirmativo, que se disponga guardia policial permanente; que médicos forenses informen si Barneix está o no en condiciones de ser interrogado; y en ese caso, que la magistrada instale la sede judicial en el hospital. El abogado fundamentó sus pedidos: "Valoro que hay un intento de sustracción a la acción de la justicia".

La jornada del miércoles estuvo también dominada por las chicanas. Los abogados defensores interpusieron recursos –de queja, de nulidad, de inconstitucionalidad– para dilatar el pronunciamiento de la jueza Mota, en función del pedido de la fiscal Ana Tellechea, que reclamaba el procesamiento de los cuatro militares indagados por delitos de lesa humanidad.

Cuando los abogados defensores exigieron la nulidad de la audiencia de los médicos que habían realizado la autopsia histórica, la jueza automáticamente la otorgó. Al parecer, la magistrada había dispuesto la audiencia para ofrecer mayores garantías a los demandados; de hecho, el resultado de esa autopsia era concluyente: Aldo Perrini había muerto "en el contexto" de torturas que explicaban las múltiples heridas, contusiones y hematomas internos.

Asimismo, la jueza Mota tomó nota del recurso de inconstitucionalidad del delito de "homicidio político" previsto en la ley 18.026, aprobada en 2007, presentado por el abogado de Barneix, el ex juez penal Ruben Eguiluz. La magistrada se permitió puntualizar que aún no había dictado ningún procesamiento, que no se podía presumir qué delito iba a tipificar y que por lo tanto el recurso se adelantaba a los hechos; pero de todas formas reivindicó la potestad del juez de continuar las actuaciones judiciales y que no necesariamente éstas deben suspenderse mientras se sustancia el reclamo.

Fue entonces que el abogado Eguiluz anunció su decisión de renunciar "por falta de garantías". El anuncio no pareció sorprender a los indagados ni a sus abogados, pero Barneix reclamó tiempo para nombrar un nuevo abogado privado, y la magistrada suspendió la audiencia por 24 horas.

El abogado de la familia Perrini, uno de los primeros en abandonar la sede judicial, comentó la decisión de su colega Eguiluz: "Esa película ya la vi. Cuando el juez Luis Charles se disponía a procesar al general Gregorio Álvarez por múltiples homicidios, utilizó la chicana de la renuncia de su abogado para dilatar un pronunciamiento. Y también la defensa de Álvarez interpuso un recurso de inconstitucionalidad respecto del delito de desaparición forzada, con el mismo objeto de dilatar su procesamiento. La Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso en menos de diez días". Visiblemente molesto por las chicanas ("llevan treinta años de impunidad y no les parecen suficientes las garantías de que gozan"), López Goldaracena agregó: "Si cobran penal, yo lo pateo, con arquero o sin arquero".

La suspensión de la audiencia tuvo imprevistas repercusiones en la puerta del edificio de los juzgados penales en la calle Misiones, donde se congregaron periodistas, militantes de derechos humanos y familiares de Perrini. Desconociendo qué había ocurrido en la sala de juzgado, Dino Perrini, uno de los hijos del heladero de Carmelo asesinado en 1974, supuso que Barneix había eludido un pronunciamiento de la justicia, al verlo salir de los ascensores en compañía de su abogado; la familia Perrini daba por descontado que Barneix y los otros tres militares indagados quedarían recluidos después de una dilatada indagatoria judicial, que fue extremadamente cuidadosa en el respeto de los derechos y exhaustiva en la búsqueda de los elementos de prueba.

Rodeado de periodistas, cercado por micrófonos, Barneix no alcanzó a completar una frase cuando se acercó Dino y le gritó: "Yo soy el hijo de Perrini. Vos lo mataste". Barneix contestó: "Yo no lo maté", y Dino alcanzó a lanzarle dos puñetazos antes de que lo separaran, mientras lo insultaba. Barneix, dirigiéndose a los micrófonos, repitió una y otra vez: "Yo nunca le pegué a nadie, son ustedes los que ahora golpean, yo nunca pegué", una afirmación que muchos han puesto en duda, considerando que Barneix era, en el cuartel de Colonia, un oficial de inteligencia encargado de los interrogatorios a los prisioneros; un oficial que durante toda la dictadura realizó una carrera siempre ascendente y llegó a ser director de Inteligencia del Estado.

Inmediatamente después de los incidentes, Dino Perrini se excusó y declaró a la prensa que él nunca actúa así, agresivamente, pero que sintió impotencia al ver salir a Barneix. "Salen diciendo que no hicieron nada, cuando mataron, torturaron, violaron. No sé por qué salió si ahí (en el juzgado) está todo." El abogado López Goldaracena dio una explicación: "Estos son los problemas que surgen cuando la justicia no actúa de inmediato. Si la muerte de Perrini se hubiera indagado en la justicia ordinaria inmediatamente, en 1974, los familiares no llevarían a cuestas esta carga, durante más de treinta años".
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martes, 12 de junio de 2012


 

Presagio de un entierro de lujo. 
Las voces del sistema en torno a la delicada
 situación de la jueza Mota

Escrito por: Walter Pernas - Brecha viernes 8 6 12


El poder corporativo ante quienes perturban el aire de impunidad en el que parecen moverse algunos grupos de elite. El papel que le cabe al gobierno y a la Suprema Corte en un "traslado" que resuena por los pasillos de las sedes judiciales. 

En los corredores de los juzgados se suelen escuchar voces y temas variados. Algunos acumulan páginas del anecdotario cotidiano, pero otros son dignos de atención profunda, pues del rumor surge el dato y con el acopio mayor de información puede llegar a verificarse que algo importante ?focalizado desde el interés público? puede estar pasando en el sistema. 

Cuando un abogado acodado en la llamada "baranda" (el mostrador) de una sede comenta a su colega que van a "correr" a tal o cual juez o jueza, es imposible que no se active la curiosidad. 

Y cuando, un día después, en otro edificio judicial, un fiscal charla con otro sobre el mismo tema, y hay un nombre, el del candidato o candidata a "correr", que se repite, el asunto tiende a jerarquizarse, aun cuando no haya un documento probatorio. 

Si estas conversaciones derivan en llamadas y reuniones de integrantes del sistema para analizar posibilidades y acciones que impidan o no lo que comienzan a denominar ya como una "corrida segura", el interés del caso aumenta. Y más si las voces resuenan también en las escalinatas, salas y patios iluminados del Palacio Piria, donde por las tardes los máximos jerarcas del Poder Judicial suelen adoptar decisiones. 

No será la primera vez, ni probablemente la última, en que de este modo se configuren los momentos previos a lo que en el sistema de justicia se conoce como "entierro de lujo": traslado de un magistrado a un puesto considerado de mayor jerarquía, bajo el argumento, sobre el que pesará el cuestionamiento de "falaz", de brindar un mejor servicio a la sociedad. 

Pues del entierro de lujo de Mariana Mota, jueza en lo penal que será "corrida" a una sede civil, es de lo que se habla en forma insistente en todos los lugares mencionados. 

Por supuesto que no hay documento, al menos todavía, que compruebe tal decisión. Pero hasta en ámbitos políticos, y sobre todo en los de gobierno, se descuenta que el traslado "es un hecho". 

En casos como este, la frontera que constitucionalmente consagra la independencia de poderes se vuelve borrosa, y por ello parece natural que en Uruguay algunos políticos, y no sólo políticos, sepan con antelación acerca de movimientos en el sistema de justicia. 

De hecho, los senadores Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Jorge Larrañaga (Partido Nacional) admitieron en sus cuentas de Twitter saber de boca del propio Jorge Díaz ?entonces juez del crimen organizado y candidato a la Fiscalía de Corte? que de asumir el nuevo cargo que se le proponía por parte del gobierno, trasladaría al fiscal Ricardo Perciballe, quien intervenía en expedientes como el de la presunta conjunción del interés personal y del público del ex secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, y el de la eventual maniobra millonaria en casinos del Estado, que compromete a varios jerarcas del gobierno y de la oposición (véase Brecha, 11-V-12).


Perciballe fue al primero que se le construyó el sarcófago para un entierro de lujo. Y los funestos carpinteros parecen tener credenciales para hacer su trabajo tanto en el ámbito político como en el sistema de justicia. 

Las tablas del puente sobre las que se estiró una alfombra de honor para el pasaje de Díaz, quien debía decidir en el caso Fernández,  desde una silla de juez al sillón de jefe de los fiscales fueron ensambladas por algunos ebanistas conocidos: el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, el abogado del MPP, Homero Guerrero (hoy firme candidato a ocupar la secretaría de la Presidencia), y el ex diputado colorado Jorge Barrera, de buenas relaciones con personalidades del gobierno, mejores con los partidos tradicionales, y amigo de Díaz y de Fernández (véase Brecha, 3-II-12). 

Si estas cosas sucedieron a los ojos de todo el mundo y el sistema político asumió una actitud de apoyo corporativo a la decisión oficial, es de esperar una actitud similar en el momento de ver a la jueza Mota en la pompa negra rumbo al juzgado civil. 

Hace tiempo que colorados, blancos, más de un frenteamplista  legisladores e integrantes del Poder Ejecutivo, militares presos y en libertad, abogados de represores presos (con Miguel Langón a la cabeza), y el semanario Búsqueda, piden la cabeza de la jueza Mota. Y ante cada declaración pública contra la magistrada, el ministro de la scj Jorge Chediak no ha tardado en salir a la prensa para lanzar advertencias más o menos directas sobre la sospechosa, pasible, muy pasible de condena. 

El sistema se vuelve corporativo en el punto donde se entrelaza el poder, el económico y político con el de logias militares o masónicas, por ejemplo,, y la actuación de Mota en varios casos ha soliviantado el aire de impunidad del que parecen gozar ciertos grupos. 

Sus decisiones en casos de derechos humanos vinculados a los gobiernos represores determinaron procesamientos históricos, como el del ex dictador Juan María Bordaberry, y de represores militares, integrantes de logias castrenses, y algunos de ellos masones. 

Pero también actuó en el expediente de los hermanos Peirano, donde figura el dato revelado por Brecha que resultó determinante para la investigación contra Fernández, por alentar en el Parlamento la aprobación de una ley derogatoria de un delito, la que luego promulgó y posteriormente utilizó en el juzgado a fin de pedir la clausura del caso para su cliente procesado, el ex vicepresidente del Banco Montevideo Juan Ratti. 

UN GRAN VACÍO.

Por su parte, Barrera recorrió los juzgados y fiscalías pertinentes para deslizar que el procesamiento de Fernández era "una locura", según varias fuentes del sistema penal consultadas por Brecha en las últimas semanas. Conversaciones similares, e íntimas, de acuerdo a otras fuentes, tuvieron a Chediak como participante, aunque es lógico que el ministro no saliera públicamente a defender a su colega, pues de hacerlo prejuzgaría. 

Con este panorama, se puede apreciar que hay más de un carpintero interesado en desenfundar el martillo para asegurar las tablas del cadalso sobre el que se quiere ver a Mota. 

Las diversas fuentes, abogados, magistrados, políticos,  consultados por Brecha advierten que el "entierro de lujo" de Mota tendría lugar en medio de decenas de traslados que la scj piensa realizar en las próximas semanas,  por "razones de servicio",  y para resolver las problemáticas que generan algunas vacantes en las sedes. 

El vacío que puede dejar Mota en la sede penal es muy importante, en tanto es la única jueza que aplica a rajatabla las convenciones internacionales de derechos humanos en cuanto a la aplicación del delito de desaparición forzada y a considerar que las conductas delictivas de los represores de los años setenta y ochenta constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles e inamnistiables, por ejemplo. 

De ocurrir su salida de la órbita penal, agrandaría el vacío que dejará la fiscal Mirtha Guianze, pionera de las arremetidas jurídicas más importantes contra la impunidad, quien obtuvo la venia parlamentaria para ocupar un puesto en el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. 

La Fiscalía Penal de 2º Turno, que hasta el 22 de junio ocupará Guianze, concentra la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos vinculados con la dictadura. Por ello, de la decisión que se adopte para llenar esa vacante , Díaz y el gobierno tienen de nuevo la palabra, dependerá el rumbo que adquieran decenas de investigaciones. 

Con Perciballe, y eventualmente Mota, en la órbita civil, y Guianze  fuera del Ministerio Público, sólo quedaría Ana Tellechea como una magistrada destacada en la aplicación del derecho nacional e internacional en este tipo de casos. Sin embargo sus duros cuestionamientos al fiscal de Corte, por ejemplo cuando decidió el traslado de Perciballe, auguran momentos complicados para la magistrada en la interna del Ministerio Público. 

Al menos eso ya es tema de conversación entre algunos abogados a los que se suele ver apoyados sobre la baranda de las sedes penales, mientras esperan que un funcionario ubique algún expediente, o se enteran de qué otra cosa puede estar sucediendo tras las bambalinas, por no decir mortajas,  del sistema de justicia uruguayo.
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N° 21 - Martes 12 de junio de 2012