la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Telefax: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@yahoo.com.ar



Horario de atención en nuestra sede social: de lunes a viernes de 14.45 en adelante. Cuota social: $ 120.-




viernes, 30 de diciembre de 2011

Juicios contra los represores, modelo 2012

LA CAMARA DE CASACION REALIZARA UN PLENARIO PARA AGILIZAR LAS NORMAS EN LOS JUICIOS POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

Página 12. 30 12 11. Por Irina Hauser.


La mayoría de los camaristas consensuaron la necesidad de introducir cambios para evitar la reiteración de testigos y la permanente discusión sobre si hubo un plan de exterminio. En febrero se precisarán los alcances de las reformas.


La Cámara de Casación Penal, en plena renovación de sus integrantes, se dispone a hacer una revisión crítica de su actuación y a fijar “reglas prácticas” para agilizar los juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Es una facultad que tiene este tribunal pero que jamás usó en este sentido, incluso hizo todo lo contrario al menos hasta hace algunos meses. Para diseñar las modificaciones y ponerlas en marcha, la mayoría de los camaristas consensuaron convocar a un plenario especial que se haría en febrero, según pudo confirmar Página/12. Los principales cambios que se analizan apuntan a evitar la reiteración de testigos y pruebas en distintos juicios, a impedir que en cada proceso se vuelvan a discutir definiciones doctrinarias tan elementales y firmes como –por ejemplo– si hubo un plan sistemático de exterminio durante el terrorismo de Estado y hasta a pautar el tiempo o número de audiencias que puede demandar un caso.

Esta iniciativa de la Casación aparece como una primera respuesta a denuncias y reclamos de organismos de derechos humanos que desde hace cinco años la señalaban como el gran embudo responsable de la demora de la resolución de las causas contra represores. En 2007 acumulaba más de cien recursos sobre expedientes de lesa humanidad, algunos de los cuales llevaban tres años ahí, congelados. Con el tiempo y el empujón de la Corte Suprema, los planteos se fueron destrabando y los juicios se van concretando. Pero según un informe reciente de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas de Derechos Humanos de la Procuración General, los problemas remanentes siguen focalizados en Casación, que retarda la confirmación de las sentencias. Este año revisó seis. De los 66 represores condenados, sólo 43 tienen condena firme.

Una de las misiones de la Cámara de Casación es reevaluar las conclusiones a las que llegan los tribunales orales. Otra, analizar situaciones de imputados privados de su libertad. Es excepcional que se pronuncie sobre procesamientos dictados en primera instancia.

Las “reglas prácticas” que planea implementar el tribunal no solucionarán directamente su propio retardo en la revisión de sentencias de crímenes de lesa humanidad, pero lo obligarán a ser consecuente. No sólo porque las plantea como un cambio cultural sobre cómo se deben manejar los juicios por violaciones a los derechos humanos, sino porque para que un tribunal oral incorpore como probados en un juicio los hechos que ya se juzgaron en otro, hará falta una sentencia previamente confirmada.

No volver sobre hechos juzgados y probados es uno de los pilares en los que se apoyaría la futura reglamentación para lograr apurar el inicio de los juicios y acortar su duración. Las audiencias se concentrarían entonces en “juzgar la autoría y la responsabilidad del imputado”, explican en Casación.

Un miembro del tribunal justificó ante este diario que si les quedan muchas condenas sin revisar es “por los problemas de integración y vacantes en la cámara que dificultaron el trabajo”, pero aun los subrogantes –admitió– más un sector de los camaristas más antiguos carecían de interés en darles prioridad.

La propuesta para convocar a “la reunión plenaria” en febrero la hizo la Sala II de Casación y se la entregó por escrito anteayer a la presidenta saliente Angela Ledesma. Le dice que el objetivo es “establecer pautas y normas prácticas ordenatorias y/o doctrinarias sobre los procedimientos a seguir en juicios por crímenes de lesa humanidad”. Luego recuerda que existe un artículo del Código Procesal, el cuarto, que le da facultades a la Cámara de Casación, para fijar todas las normas que crea necesarias para los juicios orales. Algunas de las que analizan, inspirados en tribunales internacionales, serían:

n Además de evitar volver sobre lo que ya se juzgó y se probó, buscarían generar un sistema para que no se reiteren los testigos el proceso de producción y estudio de las pruebas. El razonamiento es que la superposición conlleva un desgaste para los testigos y víctimas, a lo que se suma que se alargan los tiempos y crecen las chances de que los imputados mueran (por cuestiones de edad) antes de recibir sentencia. Habría audiencias previas entre las partes para acordar la incorporación de videofilmaciones y evidencias puntales.

n Aunque parezca mentira, dicen en Casación, en algunos juicios los defensores vuelven a poner en discusión cuestiones como si hubo un plan de exterminio en la dictadura o insisten en alegar el concepto de “guerra interna”. Algunos de los jueces de Casación ya plantean que “son cosas que no se pueden analizar cada vez, son parte de la doctrina y así se las debe incorporar en cada juicio: hubo plan sistemático, no cabe la idea de guerra interna y lo mismo cabe respecto de definiciones como quién estaba a cargo de cada cuerpo de ejército, de cada centro clandestino”.

n En función de un diagnóstico presentado por los fiscales acerca de las “disfunciones” en el primer juicio sobre los crímenes de la ESMA, y de otras experiencias similares, el tribunal podría establecer pautas prácticas que van desde fijar cantidad mínima de audiencias por semana y su duración, cuánto pueden extenderse las últimas palabras de un acusado y eliminar la lectura de todo el requerimiento de elevación a juicio, que puede llevar días.

Dos de los jueces que integran la Sala II, que tomó la iniciativa –Ana María Figueroa y Alejandro Slokar– son de los más nuevos, incluidos en las últimas designaciones de Cristina Kirchner. El tercero es Pedro David, un histórico del tribunal, que siempre desentonó con la mayoría de Casación y que acaba de volver de La Haya, donde estuvo desde 2008 juzgando los crímenes de la ex Yugoslavia.

David asumirá como presidente de Casación en febrero. Su nombramiento desató una batalla campal en el 2º Piso de Comodoro Py 2002 y dividió incluso a los camaristas más nuevos. Mariano Borinsky y Juan Gemignani se opusieron a que ocupara ese puesto y apoyaron a su compañero de la sala IV, Gustavo Hornos. Pero más allá de estas rencillas –documentadas en un acta–, la cuestión de los juicios de derechos humanos no suscitaría grandes diferencias conceptuales. Borinsky y Figueroa, por caso, fueron los primeros en volcar sus propuestas para agilizar los juicios por escrito haciéndose eco de las que envió días atrás el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, lo que también marcó el paso. Ledesma hace tiempo viene trabajando en la misma línea, pero meses atrás carecía de apoyo interno. A lo sumo puede esperarse algún atisbo de resistencia de quienes llevan casi veinte años como casadores.

La última convocatoria a una reunión del pleno del tenor de la que habría en febrero fue en noviembre de 2008 pero tuvo un sentido totalmente opuesto. Allí se firmó un “fallo plenario” conocido como “(Ramón) Díaz Bessone” –por el ex general– que estableció que aun ante delitos de los más graves se debe priorizar la excarcelación de los procesados sin condena si no hay peligro de fuga o entorpecimiento de la causa. No pareció un gesto de garantismo sino una decisión a medida de los represores, algunos de los cuales fueron liberados en consecuencia, hasta que la Corte comenzó a revocar esas excarcelaciones. La Casación, que con cuatro jueces nuevos está en plena renovación, parece dispuesta –aunque está por verse– a contribuir a cambiar la historia.
---------------

Familiares propone a Mirtha Guianze para la Institución Nacional de DDHH

                                                              Montevideo, diciembre de 2011




Madres y Familiares de Uruguayos   Detenidos Desparecidos por el presente comunicado hace pública   su decisión unánime de promover - oportunamente y ante la Comisión  Especial creada a tales efectos en la  órbita de la Asamblea General por la Ley Nro.  18.446 -, la  candidatura  de la Dra. Mirtha Alcira Guianze Rodríguez como  miembro de la Institución Nacional  de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.



Es así que Familiares,  en tanto asociación     social que ha asumido desde la larga data la lucha contra el    flagelo de la desaparición forzada de personas en nuestro   continente, entiende que la Dra. Guianze reúne,   tanto en su trayectoria personal como institucional,  todos y cada uno de los          requisitos que el citado cuerpo legal demanda a aquellos  ciudadanos que aspiren integrar la referida institución  nacional.

En efecto, resulta insoslayable  destacar que la misma ha asumido a cabalidad y durante toda la  extensión que su trayectoria profesional conlleva, las    responsabilidades inherentes a su función pública en tanto   integrante del Ministerio Público y Fiscal de nuestro país,  asumiendo la voz de   quienes han sido víctimas silenciadas por el terrorismo de  estado ante los estrados judiciales y combatiendo la mentada  “cultura” de la impunidad que se pretendiera imponer, rol que dignifica la función que le es propia a la institución que  representa en el marco de una sociedad democrática y   garantista y que, por demás, contribuye a la construcción de  nuestra memoria colectiva.



Por cuanto, su   participación en una institución pública que asumirá la    defensa, promoción y protección de los derechos humanos   reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por el Derecho  Internacional, resulta incuestionable en tanto asegura una   actitud irreductible e independiente en la defensa integral de  todos y cada uno de los derechos esenciales.
--


Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos


Tel: -598-2-9291625


Nicaragua 1332 apto. 205


Montevideo-Uruguay


www.familiaresdedesaparecidos.blogspot.com


----------

Camino por delante

Actores vinculados a los derechos humanos evalúan un año cargado de episodios significativos.


La diaria. 30 12 11. Por Lourdes Rodríguez.


Ex presas políticas denuncian
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso Gelman y la aparición de los restos de Julio Castro fueron dos hechos centrales en materia de derechos humanos vinculados al pasado reciente. Para algunos, 2011 constituye un antes y un después, un punto de quiebre en la historia de la dictadura, y para otros es el resultado de un proceso acumulativo. En todo caso, militantes de organizaciones, abogados, historiadores e integrantes del gobierno consultados por la diaria coinciden, desde diferentes perspectivas, en que este nuevo contexto político abre un camino con posibilidades para seguir adelante.

Desde la militancia se enfatiza en que la respuesta del gobierno, como la ley de prescripción y la revocación de los actos administrativos, fue consecuencia de la sentencia de la Corte IDH. Para el abogado Pablo Chargoñia fue un "año clave" enmarcado en los contenidos de este fallo por los efectos que produce y seguirá produciendo. "Pero fue causa y efecto. La Corte fijó la agenda política, social y judicial y el fallo es una consecuencia del trabajo de la sociedad civil y de las víctimas. El sistema político se vio frente a la orden de un tribunal y tuvo que actuar", remarcó.

Chargoñia, uno de los patrocinantes en las denuncias masivas, indicó que es "trascendente" que las personas que fueron torturadas estén yendo "en decenas" a denunciarlo, al entender que "el crimen que soportaron es imperdonable". "Esperemos que la caída de la impunidad legal no aparezca con una justificación", añadió.

Sus colegas Juan Errandonea y Javier Miranda, director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, tampoco esperan que este año abra "un antes y un después". "No me animaría a decirlo así porque siempre el año siguiente nos sorprende. Claramente es un proceso acumulativo que comenzó hace años", valoró Errandonea. Ejemplificó que en 2009 se declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para el caso de Nibia Sabalsagaray y en 2010 se procesó al primer general en actividad, Miguel Dalmao. Continuó diciendo que en 2011 el mojón hasta noviembre fue el fallo de la Corte por las consecuencias políticas y jurídicas, pero luego la aparición de Castro fue un cambio sustancial que tiene como consecuencia inmediata el pronunciamiento del comandante en jefe del Ejército Pedro Aguerre.

"El cuerpo de generales es el mismo ahora que antes, con otro comandante, Jorge Rosales, que respaldó a Dalmao", apuntó. "Esto demuestra un avance constante, que a veces pega saltos, a veces uno piensa que se llegó a un callejón sin salida y se encuentra otra vía", concluyó.

Miranda considera que es difícil hablar de "un antes y un después" estando "arriba del hecho". "Hay acumulaciones de hechos que a veces producen que un hecho o una serie de hechos de esa cadena provoque un cambio cualitativo. La chispa que incendia la pradera o la gota que rebasa el vaso", desarrolló.

En ese sentido, para el jerarca, 2011 estuvo marcado por hechos que significan cambios cualitativos. Ejemplificó que las manifestaciones de Aguerre son "absolutamente relevantes" pero es difícil valorarlas ahora: "Hay que prestarles atención y ver qué posibilidad tienen de producir un cambio sustancial". Añadió que un tema del que "no ha habido noticias" es que sigue siendo "muy difícil" pensar los derechos humanos más allá del pasado reciente y pensar el pasado reciente más allá de los derechos humanos. "Pero apuesto a una acumulación que lo posibilite más adelante, en algún momento se va a pegar el salto", dijo.

Sin fechas

Para el historiador Nicolás Duffau no es correcto hablar de 2011 como un año de "transición democrática". "El concepto de transición es vacuo en la medida en que queden cuentas pendientes y sólo es funcional a los sectores que intentan poner punto final a la discusión sobre la dictadura cívico-militar y buscan limitar el accionar de la Justicia", argumentó.

En ese sentido, a Duffau le gusta la idea de un "pasado abierto a la discusión". "Esto abarca todos los períodos pero en el caso de la historia reciente sirve para pensar un futuro más democrático. Para eso hay que contextualizar y comprender una de las épocas más negras de nuestra historia", completó.

Para su par Álvaro Rico, coordinador de la Actualización Histórica sobre Detenidos Desaparecidos, 2011 es "un punto de inflexión muy importante". Entiende que se han "superado dolores y vergüenzas" y que pese al tiempo transcurrido "cientos de uruguayos salieron a testimoniar y a iniciar causas judiciales". Rico destacó haber "alejado la prescripción" tras el fallo de la Corte, lo que "permitirá trabajar sin fechas" y que el caudal de documentos recabados durante la investigación aportará en ese sentido. Asimismo, agregó, el fortalecimiento de la secretaría de seguimiento "abre la dimensión de los asesinados" en un contexto en el que los desaparecidos son el principal foco de atención.

Nunca más

Para la senadora Constanza Moreira (Espacio 609), 2011 puede ser considerado un antes y un después "en el proceso de consolidación de un Estado de derecho pleno" dados los avances legislativos, la aparición de Castro y la revocación de los actos administrativos. "Aunque Uruguay tiene un Estado de derecho pleno, los derechos humanos estaban virtualmente cercenados", dijo. Para el diputado Luis Puig (PVP) esos hechos "fortalecen la capacidad de lucha" por el camino de verdad y justicia: "Éste es un año fundamental porque se desmoronaron muchos argumentos, por ejemplo que hubo ejecuciones".

Para Mara Martínez, integrante de Familiares, comenzó una nueva etapa. "El gobierno asumió que no se va a cerrar esta gran etapa del pasado reciente, que no va a tener un fin inmediato y mucho menos con el tema de la justicia. En Actualización Histórica se publicaron muchísimos archivos, hay muchos más elementos. Un quiebre importante fue el fallo de la Corte, porque fue entonces cuando el gobierno se puso las pilas", graficó.

Desde el PIT-CNT, Washington Beltrán, referente de la comisión de derechos humanos, está convencido de que 2011 fue un "quiebre" que crea "todo un camino para andar". "Si pensamos en el franquismo español, puedo decir que no hay una etapa de transición en sí misma como consecuencia de determinados hechos. Pero sí dependerá de nosotros seguir consolidando logros", valoró.

El presidente de Crysol, Gastón Grisoni, valoró que este año tiene un "enorme significado" y que tuvo un "factor decisivo" con la aprobación de la Ley de Prescripción "para avanzar en la transición democrática". Y añadió: "Empieza una etapa, con nuevos horizontes y desafíos para instalar las condiciones materiales, ideológicas y culturales para que nunca más haya terrorismo de Estado".
--------------


martes, 27 de diciembre de 2011

Un paso decisivo para profundizar la democracia



La sentencia de la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH) que el pasado 24 de febrero condenó a Uruguay en el caso Gelman, declarando fácticamente la nulidad de la ley 15 848, permitió que nuestro país diera un enorme paso adelante para superar el pasado reciente.

Obligado por la sentencia y la masiva y contundente movilización del 20 de mayo, el Parlamento restableció la pretensión punitiva del Estado, dejó sin efecto los efectos de la Caducidad y legisló que las graves violaciones a los DDHH cometidas por los cívico – militares eran Crímenes de Lesa Humanidad.

En el interín hubo fuertes presiones y amenazas de los golpistas encerrados, de los clubes militares que hacen de voceros oficiales de los mismos y de los que aún están en libertad, de jerarcas militares en actividad señalando que la Verdad era incompatible con la Justicia. Obviamente no faltaron las estruendosas declaraciones de los dirigentes políticos que han asumido en las dos últimas décadas el rol de guardianes de la impunidad al amparo de la alicaída “teoría de los dos demonios”.

La aprobación de la Ley 18 831 por parte del Poder Legislativo a fines de octubre no convocó multitudes a festejar en las calles. La procesión fue por dentro. La presencia multitudinaria, en realidad, se expresó en la jornada del 20 de mayo. Una verdadera pueblada manifestó en la calle al viejo estilo su indignación ante el fracaso de aprobar la ley interpretativa de la caducidad. Conmovió y conmocionó. Obligó tanto como la misma sentencia de la Corte IDH.

Comenzó a surgir un nuevo Uruguay.

La falta de festejos públicos no le quita valor y contenido al enorme paso logrado. Quienes llevamos años luchando sabemos cuánto costó. La eliminación tácita de la Ley 15 848 ha permitido restablecer la total independencia del Poder Judicial que durante dos décadas estuvo sometido al Poder Ejecutivo para abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

La plena separación de poderes ha sido restablecida plenamente reafirmando los principios constitucionales por los cuales tanto lucharon los trabajadores y el pueblo uruguayo desde el 13 de junio de 1968. La institucionalidad democrática, en este sentido, se ha visto robustecida, aunque se haya hecho sin el concurso de la mayoría de los partidos que integran el sistema político. Se ha mejorado la calidad democrática desechando una norma inmoral que había sido aprobada en 1986 ante la presión de los militares golpistas.

Al mismo tiempo se han reafirmado principios constitucionales básicos y cardinales para una convivencia democrática: el derecho a la justicia de todos los ciudadanos. Los miles de uruguayos que sufrieron en carne propia violaciones a los derechos humanos han recuperado su capacidad de recurrir al sistema judicial para que se investigue, se identifique a los responsables y si corresponde se los castigue penalmente. Ahora somos todos iguales ante la ley.

En el pago nos tienen idea.

Desde su nacimiento en el año 2000, Crysol repudió la Ley de Caducidad y se involucró en su cuestionamiento en el contexto posible de la época. Surgimos como instancia de encuentro y de reencuentro, de organización de la solidaridad en las nuevas condiciones y también como instrumento de trabajo para contribuir a construir un Uruguay democrático, justo y digno.

Desde el año 2005 las acciones y actividades destinadas a promover su anulación fue un eje central de nuestro colectivo, aunque ello llevara a que  en el pago gubernamental, a veces, nos tuvieran idea, hasta el día de hoy. Desde la aprobación de la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 2005, el derecho a la Verdad, a la Memoria, a la Justicia y a la reparación para democratizar la democracia nos convocó a promover la creación de la Coordinadora Nacional contra la Impunidad junto al Pit – Cnt y otras organizaciones hermanas de DDHH.

En esta gran victoria popular para anular los efectos de la Caducidad nuestro colectivo aportó su granito de arena. Lo celebramos. Estamos orgullosos de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. No miramos hacia atrás. Miramos el presente y el futuro. Y hacia allá vamos.
------------
Nº 005 - 27 de diciembre de 2011

sábado, 24 de diciembre de 2011

Argentina: los juicios a los represores en números

SUMAN 266 LOS CONDENADOS POR CRIMENES DE LA ULTIMA DICTADURA. LOS PRESOS SON 593
Página 12. 24 12 11. Por Victoria Ginzberg

En 2011 terminaron veinte juicios y 67 personas recibieron condenas por primera vez. Los datos surgen de un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de estas causas en el que se advierte sobre la demora en confirmar las sentencias.


Durante 2011, 193 personas fueron juzgadas o están siendo juzgadas por crímenes de lesa humanidad. La cifra es la más alta desde la reanudación de los juicios por violaciones de derechos humanos en la última dictadura y es cinco veces más alta que la de 2009. Hasta el momento, los condenados suman 266 y los presos, 593.

 Los números surgen del informe anual de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos de la Procuración General de la Nación. El documento registra los avances y obstáculos del proceso de justicia por los delitos vinculados con el terrorismo de Estado. Las demoras en la revisión de las sentencias por parte de la Cámara de Casación son, para este organismo, el principal motivo de preocupación.

Avances

En 2007, cuando la Unidad que dirigen Jorge Auat y Pablo Parenti hizo el primer análisis de la situación de las causas contra los represores de la última dictadura, encontró que existía una demora significativa en la etapa de instrucción, es decir, que las investigaciones tardaban más del tiempo justificado en ser elevadas a juicio oral y que se advertía una “atomización” de los casos, lo que implicaba que no se acumulaban hechos que debían ser investigados juntos y se realizaban juicios aislados y repetitivos.

Estos problemas, señalaron ahora, fueron abordados y mejorados. “En los últimos tiempos pudo observarse una consolidación del proceso de juzgamiento en casi todo el país. El anterior fue el año en el que más casos fueron llevados a juicio oral y la cantidad de condenas logradas se incrementó exponencialmente con el período completo desde el retorno de la democracia”, dice el informe. Sobre 2011, sostiene que “se mantiene una tendencia positiva” y que “se iniciaron juicios significativos en jurisdicciones en las que ello era una deuda pendiente”, como Bahía Blanca, en donde se está realizando un juicio que involucra a 17 acusados por 92 víctimas del centro clandestino La Escuelita.

Números

Actualmente hay 842 personas procesadas y 296 que fueron juzgadas (desde 1983 hasta ahora) por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado; 266 fueron consideradas culpables y 30 fueron absueltas. Hasta 2008, las condenas eran 68, al final de 2009 ascendieron a 98, en 2010 a 199 y este año a 266 (ver cuadro 2). Es decir que entre 2008 y 2011 la cantidad de condenados casi se cuadruplicó.

En 2011, además, terminaron veinte juicios, en los que se condenó a 81 personas (a 66 por primera vez) y la Cámara de Casación revocó la absolución del represor Alejandro Guillermo Duret por el caso de Carlos Labolita. Todavía hay 12 debates orales y escritos en trámite, en los que se juzga a 118 acusados, y para los próximos meses se espera que se inicien otros ocho juicios que involucran a 60 procesados. Así, a lo largo de este año, 193 personas fueron o están siendo juzgadas en todo el país (ver cuadro 1).

Desafíos

La Unidad Fiscal señaló como desafíos para el futuro el avance en las investigaciones sobre violencia sexual durante el terrorismo de Estado, las complicidades civiles, en particular en el ámbito judicial y el trabajo con los archivos de las Fuerzas Armadas. Pero lo que identificó como “especialmente preocupante” es “la demora que se viene registrando en el ámbito de la Cámara de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales”.

De los 66 represores condenados, sólo 43 tienen condena firme y la mayoría son de juicios realizados durante la década del ’80 o por apropiaciones de niños. Este año, sólo tres condenas quedaron firmes. Durante 2011, Casación revisó seis sentencias con relación a 13 imputados. Uno de los ejemplos graves que ya había sido mencionado en el informe del año pasado es el del Regimiento IX de Corrientes. El caso ingresó a Casación hace casi 34 meses y todavía no se resolvió.

La Cámara de Casación fue uno de los grandes obstáculos a salvar luego de la reapertura de los procesos por delitos de lesa humanidad. En febrero de 2007, Página/12 publicó que el tribunal acumulaba más de cien recursos sin resolver vinculados con crímenes de la última dictadura y que algunos de esos expedientes estaban allí hacía tres años.

Los organismos de derechos humanos denunciaban que se trataba de un plan deliberado para demorar el inicio de los juicios. Esto fue confirmado por el entonces presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, que luego de una confrontación pública con el entonces presidente Néstor Kirchner renunció y se dedicó a ejercer como abogado defensor de los represores que antes apañaba desde el Poder Judicial. Luego, las causas comenzaron a destrabarse, aunque ahora otra vez los ojos están puestos en ese tribunal.

En el último tiempo, Casación entró en un proceso de renovación: fueron nombrados tres nuevos magistrados y el jurista Pedro David fue designado como su presidente. Resta ver si se produce un avance en la confirmación de las condenas a los represores.
------------

jueves, 22 de diciembre de 2011

martes, 20 de diciembre de 2011

Fusilad@s de Soca: 37 años de impunidad




Nos hemos convocado nuevamente, a 37 años, en este memorial recordatorio que hemos erigido, desde la sociedad civil, con la voluntad de trabajo de los vecinos de la zona, en homenaje a luchadores sociales y políticos que como María de los Angeles Corbo, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García, a pesar de los años transcurridos, no son sólo memoria sino vida abierta al futuro, a la dignidad, a la esperanza y a la lucha por un mundo mejor.



 
A 37 años de su asesinato los recordamos y los homenajeamos como hombres y mujeres de esta tierra que optaron por el compromiso, por la militancia social y política, por la utopía de la felicidad de los pueblos, por una sociedad justa donde se pudiera soñar, luchar y vivir en libertad.


Eran uruguayas y uruguayos sencillos y comunes como todos nosotros. Debieron emigrar, como lo tuvieron que hacer miles de uruguayos, para preservar su libertad, su integridad sin saber que el Cóndor que empezaba a levantar vuelo, el Cóndor de la represión de las dictaduras del Cono Sur no respetaba fronteras geográficas, de la misma manera que no respetaba Derechos Humanos, ni vidas ni haciendas, ni moral, ni libertades.



Secuestrados en el marco del Plan Cóndor


Fueron secuestrados el 7 noviembre del año 1974 en Buenos Aires por comandos uruguayos, recluidos en centros clandestinos en dicha ciudad y trasladados en el operativo represivo que se conoce como “vuelo cero” a nuestro país para ser asesinados como supuesta represalia cuando se ejecutara al coronel Trabal en Francia.


 
La decisión de ejecutarlos fue adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena de la época. Sus responsables no son anónimos, tienen nombre y apellido. Algunos de ellos aún están vivos y en condiciones de ser indagados por la justicia. Presidía el fallecido dictador Juan María Bordaberry y el Tte. Gral. Gregorio Alvarez, procesado por otras crímenes y recluido en la cárcel de Domingo Arenas, lo integraba como Jefe de Estado Mayor de las FFAA.


 
Durante más de dos décadas la Ley de Caducidad, que fue votada para consagrar la impunidad de estos crímenes imprescriptibles e inamnistiables, impidió que la justicia cumpliera con sus obligaciones.



La justicia tiene que actuar con celeridad


A 37 años de los sucesos es imprescindible que la justicia investigue a fondo y con celeridad, se expida y adopte las decisiones condenatorias que correspondan para que las heridas de la democracia no sigan sangrando, para que haya Verdad y haya Justicia donde se asiente el futuro de los uruguayos.



Hasta el día de hoy, a 26 años del retorno a la institucionalidad democrática, las fuerzas armadas siguen sin repudiar y sin condenar enérgicamente y como corresponde el crimen alevoso de estos uruguayos ocurrido hace ya 37 años.



Siguen sin proporcionar la información en su poder que permita identificar a sus responsables.  Por lo mismo, siguen amparándolos y encubriéndolos. Siguen cargando la mochila del terrorismo de Estado.


María de los Angeles Corbo y el hijo que llevaba en su cuerpo, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García, al igual que el maestro Julio Castro, no murieron durante la tortura a que se sometía a todas y a todos los uruguayos cuando eran detenidos. Luego de semanas de interrogatorios y torturas fueron ejecutados fría y alevosamente como un acto de represalia institucional y gubernamental por la muerte del Cnel. Trabal en Francia.


La Resolución 60/147 de la ONU es el camino



Para afirmar plenamente la democracia superando los traumas y las secuelas del pasado terrorista, para cimentar una sociedad con pleno respeto de los DDHH, para construir un Uruguay con sólidos cimientos de no repetición, el Estado uruguayo debe transitar el camino indicado detallada y pormenorizadamente por la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas.



El cumplimiento de las directrices de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas para asegurar la plena transición democrática compromete a todos los poderes del Estado. Compromete al Poder Ejecutivo, compromete al Poder Legislativo y también al Poder Judicial.


Estos crímenes siguen estando impunes y sus responsables, o algunos de ellos, siguen probablemente, transitando libremente por las calles como honorables ciudadanos o, tal vez, integrando los cuadros de la familia militar. Es a la justicia, al sistema judicial en su conjunto, a quien le corresponde actuar con la debida celeridad.



El Estado uruguayo debe asumir, a través de sus autoridades legítimas, la responsabilidad pública por lo ocurrido hace 37 años y expresar sus públicas disculpas  y homenajeando y dignificando a las víctimas como lo establece la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas.


Calen y Memorial de los Fusilad@s de Soca: Centros de Memoria


Así como reivindicamos que el Centro de Altos Estudios Nacionales, CALEN, la base operativa del Servicio de Información de la Defensa (SID) de las fuerzas armadas durante el terrorismo de Estado sea declarado oficialmente un Centro de Memoria y DDHH en repudio a las prácticas del Estado y para mantener viva la memoria de lo ocurrido, reivindicamos también que este Memorial, en este rincón del país sea monumento oficial.



Este memorial, erigido hace 4 años por los vecinos de la zona, con sus propias manos, con sus propias energías, debe ser declarado oficialmente, Memorial Recordatorio de las y de los Fusilados de Soca por parte del Estado como homenaje a las víctimas en el marco del repudio del Mercosur al Plan Cóndor y como compromiso de Nunca Más repetir estos crímenes.


María de los Angeles Corbo, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García: ustedes siguen estando con nosotros. Son y serán inolvidables. Tan inolvidables como todos nuestros detenidos desaparecidos.


Están y estarán presentes con nosotros, con nuestra lucha y la lucha de las generaciones venideras.



Por Verdad, Justicia, Memoria

y Nunca, pero Nunca Más,

terrorismo de Estado.



 ---------------
Nº 004 - 19 de diciembre de 2011

La casa del infierno

LA CASONA DE PUNTA GORDA: LOS FUSILADOS DE SOCA, LA

OPERACIÓN MORGAN Y LOS VUELOS DE ORLETTI



La casa del Infierno
Caras y Caretas. 16 12 11

Tras ser requisado por la dictadura, un inmueble ubicado en la rambla de Punta Gorda se transformó en centro de torturas. Allí estuvieron los tupamaros secuestrados en Buenos Aires y que hace 37 años fueron fusilados en Soca; también pasaron los comunistas desaparecidos, víctimas de la Operación Morgan, cuyos sobrevivientes testifican hoy ante los juzgados de la calle Misiones. Tras sus paredes estuvieron los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo secuestrados en Orletti. Sin caducidades ni prescripciones, la justicia comienza a revelar las pesadillas sufridas en la llamada ‘curva del ensueño’.



La amplia casona de dos plantas está ubicada en la rambla República de México al cinco mil, casi frente a la playa de los Ingleses, a una cuadra de donde la rambla O’Higgins se transforma en Coimbra para cortar la península de Punta Gorda. Es un predio de 608 m2, padrón Nº 95.308, carpeta catastral Nº 3.107, con salida de coches a la calle Mar Ártico, donde un alto muro da hoy intimidad al remodelado patio con barbacoa y piscina en forma de riñón.



A principios de los años setenta, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) adquirió aquella enorme construcción ubicada en un lugar donde nadie sospecharía de sus actividades. A su lado estaba el hotel Oceanía, en cuya planta baja funcionaba Chez Carlos, un boliche donde actuaban los principales artistas locales e internacionales de entonces. La publicidad radial de aquella ‘boite’ seducía con la frase “en la curva del ensueño”.

En mayo de 1974, en un violento operativo militar, la casa fue tomada por las Fuerzas Conjuntas. Después de que el dictador Juan María Bordaberry ordenó su expropiación, el inmueble se transformó en un centro clandestino de detención llamado 300 Carlos o Infierno Chico. Allí fueron torturados, muertos y desaparecidos militantes de diversos grupos políticos, hasta que en 1983 el Ministerio de Defensa Nacional vendió el inmueble en licitación pública.

Hoy propiedad de los dueños de un conocido frigorífico de chacinados, la casona de Punta Gorda comienza a revelar sus secretos ante los juzgados penales, donde ya han hecho juicio los sobrevivientes de Orletti, ha presentado testimonio el único sobreviviente de los fusilados de Soca y, en las últimas semanas, han comenzado a declarar las víctimas de la Operación Morgan, ejecutada en 1975 como un acto de “piratería” contra el aparato financiero del Partido Comunista.

LOS MÁS BUSCADOS



Investigadores e historiadores discrepan respecto del origen del nombre del centro de torturas. Para unos la denominación surgió de un operativo al que se llamó “300 Carlos Marx” y que en 1975 pretendía encarcelar a tres centenares de dirigentes y cuadros intermedios del Partido Comunista del Uruguay, pero otros consideran que hace alusión al “Carlos” del nombre del vecino local nocturno y la ‘R’ era por la Rambla, ya que el centro de torturas comenzó a funcionar a mediados de 1974 contra el propio MLN-T.

Cuando esta casona cayó en manos de las Fuerzas Conjuntas, el Servicio de Información y Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) habían terminado de implementar la represión contra los uruguayos opositores que se habían radicado en el Chile del derrocado Salvador Allende, y comenzaban a operar contra los ‘tupas’ que se trasladaron a Argentina.

Un documento fechado el 20 de noviembre de 1973 en Buenos Aires (un mes después de la asunción de Juan Domingo Perón) revela que el Servicio de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (Sipba) informaba a la dictadura uruguaya que el dirigente tupamaro Natalio Dergan se había asilado en la embajada argentina de Santiago de Chile y había solicitado salvoconducto para radicarse en ese país. Un año después sería desaparecido en la capital porteña.

Para los represores uruguayos, las ‘operaciones’ en Chile alentaban la acción en el nuevo escenario de Argentina. El tupamaro Antonio Viana Acosta sería secuestrado y trasladado ilegalmente a Montevideo en febrero de 1974. Natalio Dergan y Washington Barrios pasaron a ser los más buscados. La esposa de Barrios, Silvia Reyes, junto a sus amigas Diana Maidanik y Laura Raggio, fueron asesinadas en abril de aquel año, un mes antes de que cayera la casa de Punta Gorda en manos de la OCOA.

FUSILADOS EN SOCA



El OCOA de la Región I del Ejército, con jurisdicción en Montevideo y Canelones, centraba sus operaciones en el Batallón de Artillería Nº 1 del cuartel de La Paloma, en el Cerro, y tenía su ‘chupadero’ en la llamada “cárcel del pueblo” ubicada en la finca de la calle Juan Paullier 1190, que habían expropiado al propio MLN-T en mayo de 1972. La casona de Punta Gorda se transformaba entonces en un nuevo centro represivo, donde se coordinarían las operaciones con los ‘inteligentes’ del SID.

El 8 de noviembre de 1974, siete uruguayos fueron secuestrados en Buenos Aires. La familia de Floreal García y Mirtha Hernández con su hijo Amaral (de tres años), el matrimonio de Daniel Brum y María de los Ángeles Corbo, embarazada, Graciela Estefanell y Julio Abreu, quien no era militante político y terminó siendo testigo de la detención, la tortura en Argentina, el traslado en avión (“vuelo cero”), la reclusión en la casa de la rambla y la muerte de los otros cinco, fusilados cerca de la localidad de Soca aquel 20 de diciembre. El niño Amaral estuvo once años desaparecido. Abreu convivió 30 años con su silencio, hasta que salió públicamente a decir lo que bajo amenazas había callado.

Precisamente, mañana se realizará un acto recordatorio en el lugar donde fueron ejecutados, sobre la ruta 70 casi ruta 9 (km 75), hacia donde partirán vehículos desde la sede de Crysol (Joaquín Requena 1533). Los familiares aún recuerdan que sus cuerpos fueron arrojados detrás del cementerio de Soca, tapados con diarios, desnudos, con marcas de quemaduras en pies y manos, atados con alambres, acribillados y rematados con tiros en la cabeza. Pretendieron certificar las muertes por ‘causas naturales’ y las familias lograron que se pusiera en los documentos ‘heridas de bala’.

Abreu no dudó al identificar la casa de Punta Gorda y dijo: “Fue una noche. Sentíamos un ruido de armas, como que encasquillaban, trac trac, un ruido fuerte. Entraron y dijeron: ‘¡Levántense, tupamaros!’. Nosotros estábamos cubiertos con ponchos verdes del Ejército. Cuando yo me levanto, me dicen ‘¡Dije ‘tupamaros’, no ‘tarados’!’… A ellos se los llevan y al otro día, de mañana, siento que sube el de la voz más fuerte, el que mandaba. Una voz dura, imperativa, enérgica… Dice: ‘Bueno, ya los matamos, están todos muertos estos comunistas’”.

OPERACIÓN MORGAN



Los comunistas pasaron a ser las siguientes víctimas de la Casa de Punta Gorda. En octubre de 1975 se implementó la Operación Morgan, que abarcó a la dirección nacional del PCU, al área sindical y a la Unión de Juventudes Comunistas. La casa de la rambla habría estado a cargo del entonces capitán de navío Juan Carlos Volpe (Jeta), que ocupó una subdirección en el SID.

La represión contra el PCU fue inicialmente encargada a la policial Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), pero a fines de 1975 se le sumaron el OCOA y el SID. Es a partir de entonces que el edificio de la rambla vuelve a ser ocupado, al punto que la cantidad de detenidos obligó a pedir un galpón sin uso en la ‘pera’ del Servicio de Material y Armamento, a los fondos del Batallón 13 de Infantería de la avenida de las Instrucciones, donde quedó instalado el 300 Carlos (a secas), ‘Infierno Grande’ o ‘la fábrica’.

En el marco de esa primera ‘oleada’ represiva (1975-1976) desaparecen Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Fernando Miranda, Carlos Arévalo Arispe, Julio Correa, Otermín Montes de Oca, Horacio Gelós Bonilla, Ubagesner Chaves Sosa, Julio Escudero Mattos, y fallecen como consecuencia de las torturas Carlos Curruchaga, Álvaro Balbi, Carlos María Argenta, Julián Basilicio López, Ivo Fernández Nieves, Óscar Olivera Rossano, Nuble Donato Yic, Humberto Pascaretta, Silvina Saldaña, Dante Porta y Saúl Facio Soto.

La represión contra el PCU continuó en otras ‘olas’ que se concretaron entre mayo y setiembre de 1977, de febrero a marzo de 1979 y entre fines de 1981 y mediados de 1983, como extensiones de la original Operación Morgan. En todo ese período, el PCU registra 23 desapariciones forzadas, 16 muertes en la tortura, un asesinato en el exterior, seis muertes en prisión y miles de detenidos, torturados, procesados y encarcelados.

VUELOS DE ORLETTI



A mediados de 1976, la casa de Punta Gorda volvió a ser el principal centro de operaciones represivas, con la llegada desde Buenos Aires del primer vuelo de Orletti, un grupo de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que había sido secuestrado y torturado en el pozo Automotores Orletti antes de ser trasladado en un avión del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) que piloteó el ex comandante de la aviación Ricardo Bonelli. Allí negociaron su ‘blanqueo’, traslado a la sede del SID y posterior encarcelamiento.

En uno de sus testimonios, Pilar Nores, detenida que terminó colaborando con los militares y tenía mayores posibilidades de movilidad en el recinto, describe la casa de la rambla en detalle. “Llegué a esa casa de noche, en invierno, en el mes de julio de 1976. Estaba vacía, excepto por la guardia. En la casa estuve alrededor de 20 días. No sé cuándo se produjo el traslado pero sé que el 4 de agosto (es el día de mi cumpleaños) todavía estaba en la rambla. Cuando llegué no había, según pude darme cuenta, ningún otro detenido. Había una guardia de pocas personas (no sé si tres o cuatro) y yo”.



“Una noche llegó la gente que traían de Buenos Aires. La mayor parte de estas personas eran los que habían caído en los operativos del 13 y 14 de julio. Del silencio y el vacío se pasó a la casa llena de gente, llena de gritos, llena de tortura y radios a máximo volumen. Tengo un recuerdo de caos y de encierro, porque yo pasé a estar encerrada en la pieza; me avisaban cuándo podía salir y me indicaban el camino exacto para ir al baño y alguna vez a la cocina; la mayor parte del tiempo no podía salir de la pieza”.

Los 23 sobrevivientes de aquel primer vuelo confirman las torturas sufridas antes de ser trasladados a la sede del SID en Bulevar Artigas y Palmar. Las víctimas identificaron a sus victimarios, que en su mayoría se encuentran detenidos en la cárcel especial de la calle Domingo Arena, procesados por la desaparición de otra veintena de uruguayos también detenidos en Argentina y traídos en un ‘segundo vuelo’ del que no se dejaron sobrevivientes. Se desconoce si estuvieron en la casa de la rambla, pero habrían pasado por el 300 Carlos, detrás del Batallón 13, antes de ser ejecutados y desaparecidos.

Las fotos del dolor

Clarel de los Santos, una de las víctimas de la Operación Morgan, detenido en la Casona de Punta Gorda y preso en el Penal de Libertad, llegó a ser luego secretario de redacción del diario cooperativo La Hora, que se imprimió aún en dictadura. Cuando se realizaron las elecciones de 1984, el matutino editó un suplemento especial sobre la represión en el que publicó la fachada de la casa de la rambla República de México.



Cuando preparaban el suplemento, De los Santos fue con el fotógrafo Freddy Navarro a hacer tomas del exterior de la casona, que entonces estaba deshabitada, y como vieron que había obreros trabajando pidieron para entrar a tomar fotos interiores. “Son fotos comunes, de puertas, paredes, escaleras, una bañera y un alambre, pero están cargadas de recuerdos y dolor”, explica Clarel.

“Es la puerta del garaje por donde nos metían tirados al piso del vehículo en que nos secuestraron, es la angosta escalera por la que nos subían del garaje a la planta alta de la casa, es la bañera donde nos hacían submarino (para el que también tenían un tacho en otra pieza), es el cable de acero del que nos colgaban en un pequeño patio con altos muros y donde el viento del mar que soplaba allá arriba me parecía el ruido de hojas de muchos árboles”.

Las imágenes, de las que quedan algunas copias, estuvieron traspapeladas durante mucho tiempo. Ahora se constituyen en testimonio y serán entregadas por el periodista y el fotógrafo al Museo de la Memoria. “Para los que estuvimos ahí, [las fotos] están llenas de rememoraciones impregnadas en nuestro ser para el resto de nuestras vidas. Las compartimos para que también formen parte de la memoria en construcción de nuestro tenebroso pasado reciente”.

Fuente: Roger Rodriguez.
-----------