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sábado, 30 de julio de 2011

Los "interrogadores"


SUBOFICIALES EGRESADOS DE LA SCHOOL OF AMERICAS “TIENEN CONOCIMIENTO”

Caras y Caretas 29 7 11. Por Roger Rodríguez

Son sesenta sargentos, cabos y soldados que el Estado uruguayo envió a Panamá entre 1968 y 1976 para capacitarse en “contrainsurgencia”. Varios de ellos han sido denunciados como represores. Realizaron cursos especiales como el de “interrogador de inteligencia militar”. Estuvieron en las detenciones, torturas, muertes y enterramientos de las víctimas de la dictadura. Ningún fiscal ni juez los ha llamado aún a testificar.

Sesenta suboficiales uruguayos que realizaron cursos especiales en la norteamericana Escuela de las Américas de Panamá entre 1968 y 1976, podrían aportar información a la justicia sobre la represión de la dictadura en varios casos que ya se instruyen y en otros, particularmente las causas por tortura contra cada unidad militar, que serán presentadas en las próximas semanas por las propias víctimas.

Los sargentos, cabos y subalternos que pasaron por la School of Americas (SOA) participaron de la llamada “lucha antisubversiva” y estuvieron presentes en las operaciones de represión, en los “interrogatorios” a los detenidos, en los episodios en los que hubo muertes y probablemente en algunos de los enterramientos de las víctimas de desaparición forzada.

Ninguno de ellos ha sido llamado a declarar como testigos o indagados.
Bajo el nombre de “Centro de Adiestramiento Latinoamericano: División Terrestre” la escuela comenzó a operar en 1946 en el Fuerte Amador de Panamá y a partir de 1950 se afincó en el Fuerte Gulick donde se denominó “Escuela del Caribe del Ejército de Estados Unidos”, para transformarse desde 1963, ya designada como “School of America”, en el principal centro de adiestramiento en “contrainsurgencia” de los militares latinoamericanos.

Desde 1949, un millar de oficiales y subalternos uruguayos pasaron por los cursos de la Escuela de las Américas que a partir de los años sesenta se constituyó en la base de operaciones norteamericana donde se formó a más de 60 mil soldados latinoamericanos en técnicas de combate, tácticas de comando, inteligencia militar y, particularmente, sistemas de tortura, para luchar contra el “comunismo internacional” en el marco de la guerra fría.

Es a partir de 1967 que el Estado uruguayo sistematizó la participación de militares en la SOA, con el envío de todas las generaciones de cadetes del Ejército que cada año fueron egresando de cursos de mayor nivel represivo: “Cadet Orientation” (1967), “Special Cadet Course” (1968), “CC-1” (1969 y 1970), “Internal Security Operations CC-6” (1971, 1972 y 1973), “Basic Combat and Counterinsurgency Course C-6” (1974 y 1975) y “Small Unit Leader's Orien C-6” (1976).

De esos cursos de la SOA surgieron algunos de los más conocidos represores de la dictadura: Gustavo Criado Carmona y Eduardo Ferro (1967), Armando Méndez, Manuel Cardeillac, Juan Delpino, Jorge Silveira y Carlos Silva (1968), Guillermo Abella y Antranig Ohannessian (1969), Glauco Yannone (1970), Gustavo Taramasco (1971), Daniel Blanco, Miguel Dalmao, Tranquilino Machado, Gustavo Mieres y José Boudean (1972), Elmar Castiglioni (1973), Tomas Casella (1974), Carlos Calcagno (1975), Luis Maurente (1976).

También son egresados de la Escuela de las Américas la mayoría de los hoy integrantes del generalato del Ejército: Daniel Castellá (División I), Miguel Dalmao (procesado), Raúl Gloodtdofsky (Misión ONU Pakistán), Juan Villagrán (División III), Pedro Aguerre (División IV), Willie Purtscher (División II), Felicio De los Santos (Misión ONU Haití), Neris Corbo (Sanidad Militar), José Burone (Estado Mayor de Defensa), Sergio D’Olveira (IMES) y Juan Saavedra (IMAE).

Uruguay volvió a enviar efectivos a los cursos a partir de 1986 y hasta marzo de 2006, cuando la ministro de Defensa, Azucena Berrutti, anunció que nunca más se enviaría militares al adiestramiento norteamericano que desde el año 2001 se realizan en Fort Benning, Estado de Georgia, bajo el nombre de Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation - WHINSEC).

Los “interrogadores”

Entre 1967 y 1976 (cuando cesaron los cursos de la SOA para Uruguay porque Estados Unidos retiró su ayuda militar a la dictadura a través de la “enmienda Koch”), hubo más de 120 suboficiales (varios de ellos denunciados como torturadores) que realizaron cursos en Panamá. La mitad de ellos egresó de sospechosos “cursos especiales” o de específicos cursos de “interrogador de inteligencia militar”.

Estos “NCO” (Non-commissioned officer), como se denomina a los suboficiales en la jerga militar estadounidense, comenzaron a “especializarse” mucho antes de la dictadura y aún antes de que el gobierno de Jorge Pacheco Areco les encomendara la dirección de la lucha antisubversiva en 1971. En 1968, catorce suboficiales ya realizaron un primer “Special Course” en Panamá.

Aquel grupo que “estudió” en agosto de 1968, estaba integrado por los sargentos Juan Antonio Deniz, Aníbal Díaz Rojas, Dectino Micol, Esmir Rambao, Omar Gómez Curi, Liserio Toledo y Ariel Torres, y por los cabos Ignacio Alvez Brum, Gilberto Alvez, Mario Cardozo Reboiras, Ruben Lavega, Carmelo Cardozo y Juan Fermín. Todos pasaron luego a aplicar lo aprendido.

En 1969, el cabo de primera Arístides Torres y los cabos de segunda Lisandro Corbo, Emilio González, Alberto Sappia y Alesis Valentti, realizaron el curso “NCO General Supply E-26” y para 1970 ya se recibían cursos de “Interrogador de Inteligencia Militar E-15” de los que egresaron el suboficial mayor Alfonso Fachelli y los sargentos de primera Wilson Vega Fonseca y Ricardo Coitinho.

Un curso de “Inteligencia Militar para Alistado E-16” realizaron el suboficial mayor José López Alvez y el sargento de primera Andrés Fernández Silvera en 1971, y un año después se recibían cursos de “Military Policie NCO E-10” por los cabos de segunda Hugo Milesi y Regelio Veiga, por el marinero de primera Washington Del Río y por el suboficial de primera Augusto Lauber.

En 1972, también egresaban como “Military Intelligence NCO E-16” los cabos de segunda Mario Díaz, Isolino Martínez y Rubén Santos y en 1973 se sucedieron los cursos denominados “E-42” para los sargentos Julio Antúnez, Alfredo Bottaro, Pedro Cabrera, Luis López y Carlos Pedreira, “E-44” para el sargento Luis Leites, y los cabos Atilio Denis y Hugo Muniz, “E-26” para los sargentos Antonio Da Silva, José Del Pino, Néstor Lemos y el cabo Victor Madruca, y “E-11” para los sargentos Juan Charquero y Luis Nuñez.

Entre mayo y julio de 1974, los sargentos Clever Cotelo y Jacinto Paiva, junto a los cabos Heber Quiñones y Hugo Gómez Fagúndez realizaron el curso “NCO General Supply E-26”, mientras los sargentos Raul Barraco, Ivo Lima Chagas, Julio Marín y René Segovia cursaban “Military Intelligence Interrogador E-15”, Lucas Terra Silva estudiaba como “Military Police NCO E-11” y Carlos Techera, Rodolfo Suárez y Manuel Zapata hacían el “Military Intelligence NCO”.

En 1975 y 1976, los sargentos Obdulio Custodio Amaro, Manuel López Vila y y Cándido Santana fueron los últimos en recibir el “Military Intelligence NCO E-16”, un curso que un suboficial chileno de apellido González denunció internacionalmente porque allí “los militares latinoamericanos era torturados por sus propios instructores y a su vez se torturaban entre ellos para poder luego ejecutar mejor ese mismo procedimiento de interrogación a su enemigo”.

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miércoles, 27 de julio de 2011

Piden indagar a Eduardo Ruffo por sus abusos sexuales a la niña de la que se apropió

Un represor con otro problema judicial

Página 12. 27 7 11. Por Irina Hauser

El fiscal Federico Delgado señaló que el ex agente de inteligencia sometió a Carla Artés Company con la misma “lógica” que torturaba. “Las agresiones sexuales tienen un rasgo de autonomía de un grado tan intenso que exige un significado jurídico puntual”, argumentó.

El 19 de agosto del año pasado, después de dar su testimonio en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Automotores Orletti, Carla Artés Company dijo que era “reparador” haber comprobado que su apropiador, el parapolicial Eduardo Ruffo, no había podido sostenerle la mirada durante la audiencia.

Ese día Carla reconstruyó su secuestro en 1976 junto a su madre, Graciela Rutila, en aquel centro clandestino de donde Ruffo se la llevó cuando tenía un año, y pudo agregar retazos y flashes de la niñez que vivió cautiva del represor y su mujer, hasta que recuperó su identidad a los diez años, tras la intensa búsqueda de su abuela Sacha. Ante el tribunal oral se animó a contar que Ruffo había abusado sexualmente de ella, por lo menos desde los tres o cuatro años.

Su relato, uno de los momentos más impactantes del juicio, fue rescatado por el fiscal Federico Delgado, quien reclamó que el ex agente de inteligencia sea indagado específicamente por las “agresiones sexuales” que, entiende, “constituyen una suerte de patrón” de “esa sustancia general que era aplicación del terror”.

“Las causas en las que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad, revelan con nitidez que el terror radicó en la negación del otro no sólo en términos físicos, sino también mediante la colonización de su subjetividad a través de la despersonalización; es decir objetualizando a los sujetos, reduciéndolos a una cosa”, explica el dictamen de Delgado, al que accedió Página/12.

“La violación constituye un rasgo distintivo de esa lógica represiva y, en consecuencia, desde nuestra mirada debe tener una respuesta autónoma desde el sistema judicial estatal”, advierte, al argumentar el pedido de indagatoria, que deberá analizar el juez federal Daniel Rafecas. Según Delgado, las “agresiones sexuales” deben tener un tratamiento específico en las causas por crímenes dictatoriales.

Los padres de Carla eran militantes populares que recorrían el continente luchando contra las dictaduras. Ella nació en Perú, el 28 de junio de 1975. Su papá fue asesinado en Bolivia por la dictadura de Hugo Banzer. Allí se fue con su mamá, detenida tras apoyar una huelga de mineros en Oruro. Ambas fueron trasladadas a la Argentina como parte del Plan Cóndor y llevadas al centro clandestino Automotores Orletti.

Carla fue apropiada por Ruffo cuando tenía un año y tres meses. “Debo suponer que la persona que me llevó debe ser la misma que asesinó a mi madre”, dijo en el juicio donde Ruffo terminó condenado a 25 años de prisión por torturas y desapariciones. Entonces recordó algunos rostros de la banda de Gordon a quienes había visto alguna vez con su apropiador, describió los sitios donde vivieron y el modo en que el represor trató de ocultarse cuando la Justicia lo buscaba después del regreso de la democracia.

Carla amplió en la fiscalía de Delgado su relato sobre las situaciones de abuso sexual a las que la sometía Ruffo. Ella sitúa esos recuerdos desde los tres y cuatro años en adelante. Con trabajo terapéutico, contó, pudo recordar que “el espacio de la ducha era donde Ruffo” la “asaltaba”. “Era él siempre quien quería bañarme a mí (...) los asaltos eran básicamente manoseos”, describió.

También recordó una época, cuando dejó de compartir la habitación con Alejandro, su hermano de crianza, en que “las visitas de este señor se hicieron más frecuentes” con la excusa de que “tenía que darle las buenas noches a la nena y las buenas noches eran manoseos, toqueteos, restregarse”. “Durante muchos años después recordé su cara encima de la mía, sobre todo durante las noches”, dijo. Pero señaló que “la peor época” fue “cuando nos pusimos prófugos”. Por un período incluso vivió sola con él, mientras Alejandro se quedó con su apropiadora. “Como no podía salir de casa (...) los asaltos eran continuos (...) y si no accedía me golpeaba.”

Para ese entonces Carla ya tenía nueve años. Su abuela materna, Matilde Artés, había comenzado a buscarlas a ella y a su hija desde España, donde se había exiliado. Sacha –el apodo de Matilde– llegó a la Argentina en julio de 1984. Las Abuelas de Plaza de Mayo habían dado con el nombre del apropiador. El 25 de agosto de 1985 Carla fue restituida tras un operativo en el que Ruffo fue detenido. Dos años más tarde su abuela se la llevó a España por temor ya que Ruffo había quedado en libertad por las leyes de punto final y obediencia debida durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Carla volvió a vivir a la Argentina en mayo último con sus hijos Graciela (16), Anahí (12) y Enrique (7), nacidos en España. El juicio de Automotores Orletti, en el que dio un testimonio fundamental el año pasado, terminó no sólo en la condena de su apropiador, sino del general Eduardo Rodolfo Cabanillas, Honorio Carlos Martínez Ruiz y Raúl Antonio Guglielminetti. A este último, ella misma lo había podido reconocer al recordar el trato que tenía con Ruffo.

Ahora el fiscal Delgado pidió avanzar contra Ruffo también por los abusos sexuales a los que sometió a Carla con la misma “lógica” con que torturaba, con la misma que se perpetraban los ataques sexuales en todos los centros clandestinos. Pero, dice Delgado, “las agresiones sexuales tienen un rasgo de autonomía de un grado tan intenso que exige un significado jurídico específico".

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Violencia sexual en las cárceles de la dictadura

“Porque no quieren morir sin decirlo”

Brecha. Por MARIANA CONTRERAS

“Dejadme entrar, que bien puedo
en consejo de los hombres;
que bien puede una mujer,
si no a dar voto, a dar voces.
¿Conocéisme?”
Laurencia, en Fuenteovejuna (1619), de Félix Lope de Vega

EL LUNES PASADO Uruguay recordó los 38 años transcurridos desde que Juan María Bordaberry y su claque civil y militar dieran el golpe de Estado. El 26 de junio, un día antes de esa fecha nefasta en el calendario nacional, se celebró a instancias de la ONU el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

Este año, en su mensaje, el secretario general de la institución, Ban Ki Moon, calificó la tortura como “un intento brutal de destruir el sentido de la dignidad y el valor del ser humano. Funciona como un arma de guerra y no sólo aterroriza a sus víctimas directas sino que trasciende a las comunidades y sociedades”.

Uruguay sabe de eso, lo saben quienes fueron torturados y quienes vivieron durante años con el temor de que les “tocara a ellos”. Lo saben quienes, ya en la apertura democrática, cerraron sus oídos ante el relato del horror.

A su vez, quienes participaron el pasado fin de semana en el II Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia* –cuyo tema central fue la tortura– saben también lo difícil que sigue siendo hoy sostener la mirada ante quien testimonia.

Fue en ese mismo encuentro que Pablo Chargoñia recordó que Uruguay sigue sin tener presos por el delito de tortura. Esas palabras se llenan de sentido apenas se piensa en las innumerables formas de dolor y sadismo que aplicaron los militares uruguayos frente a sus víctimas.

Y llaman a la reflexión cuando apenas horas después Ban Ki Moon afirma que los estados “no podrán invocar circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública o situación de seguridad nacional” para cometer actos de tortura. Y agrega que entre sus “obligaciones” se incluye el deber de proporcionar a todas las víctimas de tortura los medios de obtener reparación de manera efectiva y rápida, y de recibir indemnización y rehabilitación. Nada que ver a Uruguay.

En el marco de todo lo que queda por hacer, de todo lo que queda por conocer, Brecha eligió entrevistar a Soledad González Baica (S G B) y Mariana Risso (M R) –estudiante de ciencias políticas la primera, psicóloga la segunda–, dos jóvenes que llevan adelante el proyecto Las Laurencias, donde buscan generar reflexión en torno a uno de los aspectos más acallados de la tortura: la violencia sexual que perpetraron los militares sobre sus víctimas.

Las Laurencias lo llaman, y presentan su proyecto con el acápite que da inicio a esta nota, recordando a aquella labradora de Fuente¬ovejuna que conmina a los habitantes de su pueblo a hacer justicia frente al sometimiento sexual que aquel comendador, amparándose en el derecho de pernada, cometía contra las mujeres. Casi 400 años después, las formas que se da la justicia son otras, muy distintas a las del pueblo de Fuente¬ovejuna, pero la trama del relato parece seguir intacta.

—Ustedes trabajan en dos proyectos que son independientes entre sí, ¿es así?

S G B —Yo hice un trabajo para el taller Género y Política, de la Facultad de Ciencias Sociales, en el que planteé el tema de la violencia sexual en el terrorismo de Estado uruguayo, a partir sobre todo de las realidades latinoamericanas y de los testimonios hechos públicos aquí. No recabé testimonios porque considero que dado el tema hay que tener protocolos de entrevista; hay que tener mucho cuidado en cómo se relevan y generar mecanismos de contención. Por otro lado está Las Laurencias, el proyecto en que trabajamos con Mariana.

M R —Que coincide con que un grupo de ex presas políticas se está reuniendo y estudiando la posibilidad de abrir una causa judicial por casos de violencia sexual durante el terrorismo de Estado en nuestro país. Es un grupo importante de mujeres, representativo de un número mucho mayor. En ese contexto nos planteamos hacer una compilación de trabajos que generen discurso y reflexión sobre tres ejes: el género, la violencia sexual y el terrorismo de Estado.

Si bien hay mucha necesidad de empezar a hablar, ya existen testimonios públicos. En 1985 Germán Araújo expuso en la Cámara de Senadores, entre muchos crímenes de la dictadura, situaciones de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual. Con la ley de impunidad, con todo el proceso histórico de estos años, la violencia sexual vivida en la prisión política o en la detención, no sólo de mujeres, fue una de las cosas que quedó más sepultada en el olvido.

—Justamente, ¿por qué hablar de violencia de género cuando los hombres también sufrieron estas violencias?

S G B —En los dos casos son violencias de género, con significados distintos. Al hombre, cuando sufre violencia sexual, se lo trata de feminizar, de quitarle su masculinidad. Tiene otra implicancia. Es tan tabú como la violencia sexual femenina sólo que se vive distinto y se resuelve distinto. En la mujer se trata de la apropiación del cuerpo, son tus dueños.

—¿Y el trabajo aborda los dos ejes?

S G B —En principio estamos más abocadas a las mujeres.

M R —Son ellas las que se están reuniendo para iniciar una causa, pero también hay testimonios públicos de hombres que han sido objeto de abuso y humillaciones sexuales en prisión. Tengo la impresión de que esto es un grano de arena para empezar a hablar de violencia sexual durante el terrorismo de Estado, para ubicarlo como categoría de reflexión y de investigación, además de las posibilidades de judicialización. El tema del silencio opera en hombres y mujeres por igual, pero creo que la trasmisión intergeneracional del silencio se da generalmente en la mujer.

S G B —Elizabeth Wood analiza la violencia sexual en la guerra y conflictos armados. Habla de las diferentes calidades y objetivos: en algunos casos se usa para obtener información. En otros casos para sellar silencios. Hay conflictos donde no hay violencia sexual, y en otros fue usado para fertilizar poblaciones enteras, para instalar una etnia sobre otra. En otros es una venganza: el Ejército Rojo entró a Berlín y violó cientos de miles de mujeres como forma de venganza contra los nazis. En el conflicto de El Salvador la violencia sexual es ejercida desde el ejército contra la guerrilla, contra las mujeres de la guerrilla, o las mujeres del enemigo aunque no fueran guerrilleras. Pero no sucedió al revés, la guerrilla no usó la violencia sexual. Tiene funciones distintas, se aplica de maneras distintas. Pero sobre todo esto en Uruguay no tenemos respuestas sino preguntas.

SILENCIOS

—Dicen que con la ley de caducidad se tejió un manto de silencio sobre aquellos primeros testimonios de las mujeres, ¿no hubo otros factores?

S G B —La discriminación de género es un problema a todo nivel. Lo vemos en la cantidad de homicidios resultado de la violencia doméstica; sin embargo el Ministerio del Interior está preocupado por la violencia en el fútbol más que por la violencia doméstica. A uno lo trata como un problema cultural y al otro como un problema a atender. Tiene que ver con el marco del sistema patriarcal en que vivimos. En ese marco, la violencia que se ha estudiado y analizado y las memorias de las que se habla son principalmente las masculinas: la mayoría de los libros trata de los hombres, salvo ejemplos como el grupo de presas que hizo Memorias para armar o el documental de Virginia Martínez, Memorias de mujeres; pero son cosas muy pequeñas que se rescatan. Quizás esté más a la vista el tema de los familiares, el de “las viejas”, que desde su rol más tradicional de madres, está rescatado.

Rita Segato, una antropóloga que ha investigado los crímenes de Juárez (en México), ve que la violencia sexual cumple una doble función: la dominación física y la moral. Por el rol que tiene la sexualidad genera un estigma, culpa, vergüenza en la víctima, el abusador queda como dueño de la vida de la víctima. Eso produce silencio en su entorno. En ese sentido habría que investigar qué pasó en Uruguay, cuánto de esto que estoy diciendo sucede aquí.

M R —Se impone también el sufrimiento de que no hay palabras para hablar de eso. Hablar de sexualidad siempre implica un nivel de esfuerzo en el discurso. Se impone ese juego perverso donde el abusador es protegido por la sensación de angustia silenciada de la víctima, y la víctima se termina transformando –por su propio dolor y necesidad de recomponerse para salir adelante, bloqueando el recuerdo doloroso– en portadora de ese silencio. Ese silencio se relaciona con las omisiones jurídicas de Uruguay, porque el hablar público implica la construcción de un sentido, y hablar de violencia sexual para los que han sido detenidos políticos tiene que tener sentido. Si no es sólo martirologio. Creo que lo más valioso que están haciendo estas mujeres que se reúnen es encontrar un sentido, un sentido político y uno humano de denunciar los crímenes a los que fueron sometidas.

—Esto me recuerda lo que dijo Enrico Irrazábabal durante el encuentro del sábado, cuando señaló que “las palabras no alcanzan para expresar y lo expresado vivido no encuentra escucha”, según palabras de quienes fueron torturados y en referencia a la necesaria trasmisión de lo vivido.

S G B —A todos les cuesta hablar de la tortura. Y una cosa que tienden a hacer todos es igualar: todos sufrieron tortura. No todo el mundo sufre la violencia de la misma manera, no todas las personas sufrieron las mismas violencias. Desentrañar es difícil por esa homogeneización. No hay análisis de particularidades y a eso también apuntamos. Todo esto tiene un fin reparatorio, sanador, no sólo personal sino social.

MR —Ese es un tema que en Uruguay tenemos que poder pensar. Me refiero a cómo uno le trasmite a sus hijos, a sus nietos, a su pareja, luego de la cárcel, un nivel masivo de daño. Lo que decías, que es difícil encontrar palabras y oídos, también lo es porque muchas veces se calla por protección, por protegerse uno mismo pero también por no dañar al otro. Y eso va generando el vínculo de lo perverso que tiene este tipo específico de castigo. Nuclear gente que pueda pensar sobre esto es intentar romper un muro de trasmisión intergeneracional del silencio.

Maricel Robaina, una de las psicólogas que acompaña al grupo de presas, nos decía que muchas de ellas están hablando ahora porque no se quieren morir sin decirlo. Fueron presas muy jóvenes. También fueron liberadas siendo mujeres jóvenes, fértiles, que tenían que salir a pelear una reconstrucción vital, pero ahora están en otra etapa de la vida y no quieren seguir cargando con silencios, no quieren llevárselos sin que nadie haya escuchado lo que tienen para decir.

SIN LÍMITES

—En una entrevista radial,** Soledad dijo que estaba bueno no enfocar esto en una persona –en referencia al “Pajarito” Silveira, emblema de la violencia sexual en dictadura– porque no fue el único. Sumado esto a la referencia que hacen al terrorismo de Estado, me pregunto si puede hablarse de práctica sistemática.

M R —Además de Silveira, Gavazzo y Cordero también son acusados. Ésos son los más representativos, los que están presos (no por violencia sexual y torturas, por cierto) pero hubo muchos más involucrados. Wood también dice que el silencio implica la complicidad: aquellos que han participado en la violencia sexual sellan un pacto de silencio. El primer silencio es de los agresores, la carencia de testimonios de quienes participaron en el terrorismo de Estado.

S G B —Pero hay algunos. En el trabajo cito a un militar de los que testimonió “lo que vio”. Y cuenta que había soldados que aunque tuvieran libre, si sabían que llegaban presas, iban al cuartel a abusar de las mujeres. Y tenés testimonios que hablan de mujeres violadas por 15 hombres, o la violaron durante una semana entera. Hay que tener en cuenta que la violencia sexual no es sólo la penetración, ya sea con un órgano sexual o un objeto; es estar desnuda, y que te hagan bailar, que te manoseen, que te martiricen los genitales, los senos. Que te amenacen con violarte es violencia sexual. Cuando mirás la categoría en ese nivel, no hay mujer presa que no la haya vivido, porque todas fueron desnudadas para ser interrogadas. A pesar de que si uno habla con algunas ex presas, la desnudez no la consideran violencia sexual, por lo general se refieren más especí¬ficamente a la penetración.

—¿Y qué es lo que opera ahí para hacer esa diferenciación?

M R —El cuerpo, si bien es todo uno, está cargado de distintas significaciones. Es así en la tortura y en la vida cotidiana: no es lo mismo ir a hacerse rayos equis o que te revisen la mano, que ir al ginecólogo, y no es lo mismo cuando los hombres tienen que ir al urólogo. La sexualidad y los órganos sexuales están cargados con la máxima significación social en cuanto a la reproducción, a la identidad de la víctima. Uno es alguien: un hombre o una mujer. El cuerpo es sexuado, y el sexo del cuerpo tiene que ver con la identidad de la persona. Si uno ataca la sexualidad, ataca la identidad de la persona, en forma directa. Estamos hablando de esto con conjeturas muy parciales, no hay investigación sólida, ni siquiera sabemos con certeza cuántas mujeres presas hubo, por ejemplo.

—Plantean la temática en tono de reflexión, pero ¿los testimonios dónde entran? ¿No hay necesidad de ellos?

M R —Es que se podría hacer un libro con los testimonios ya publicados. Nuestra hipótesis inicial es que hay testimonios suficientes para que haya evidencia de que hubo violencia sexual sistemática durante el terrorismo de Estado ¿Por qué no ha tenido lugar suficiente en la investigación académica, de escucha, de desarrollo, indagatoria, y obviamente tampoco en el campo legal?

S G B —La ley de reparación no tiene tipificado este delito. Y si no cumpliste tantos meses de prisión no sos reparado. Yo citaba un testimonio que leí de una mujer que estuvo presa una semana, en la que todos los días fue violada. Ella no tiene ningún marco de reparación en la realidad legal del Uruguay de hoy.

M R —Ni legal, ni simbólica, ni posibilidad de acceso privilegiado a sistemas de asistencia en salud mental, nada. Queremos invitar a pensar estas cosas. Escuchar tiene que tener un sentido, de la misma manera que uno habla con un sentido, si no, ¿para qué estoy escuchando? ¿Para llorar con la persona? ¿Para desgarrarme en el sufrimiento como quien mira un informativo amarillista en la televisión?

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* Organizado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, SERPAJ, Hijos, Fundación Zelmar Michelini, Casa Bertolt Brecht, Crysol, Fundación Mario Benedetti y el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales.

** En el programa Hasta las doce, de radio Uruguay, por las periodistas María Inés Obaldía y Lourdes Rodríguez.
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Ex Presas en el Teatro

Antígona somos todos

Brecha Por MARIANGELA GIAIMO

“YA NO TE quiero conmigo. Hacé lo que quieras. Yo lo voy a enterrar.” repetían las ex presas políticas en el casting que se realizó en febrero para la obra de teatro Antígona. Había más de cuarenta mujeres para constituir un coro. Pero sólo veinte de ellas serán Antígona en el teatro Solís, apareciendo en escena como ellas mismas. Sin actuar. Ellas y sus discursos, el de todas, mezclados, armando una nueva trama, con otros puntos y comas y reivindicando el derecho a la verdad y la justicia. Trazando de alguna forma ese dictamen de la obra original que indica que la ley divina (o los derechos humanos, para el caso) está por encima de cualquier ley humana.

Hace más de un año, cuando me convocaron como periodista a participar del proyecto, aún era sólo una idea: potente, lejana, propicia a ser cascoteada, por derechas y por izquierdas. Aún no se había perdido el segundo plebiscito. Aún no se habían dado las maniobras y turbulencias en el Frente Amplio por la derogación, anulación o interpretación de la ley de caducidad.

Aún parecía que todo podía pasar. Y en ese contexto de calma, ¿qué iban a hacer estas mujeres ajenas al teatro hablando de sus historias, de las peores que han sucedido en el pasado reciente? Justamente, el director alemán Volker Losch y la directora y dramaturga uruguaya Marianella Morena– con la colaboración del Instituto Goethe de Montevideo– retoman la fuerza de lo vivido: el cuerpo de quien atravesó la historia, el discurso de quien la vivió, el olvido de quienes les dan la espalda, las ganas de hablar del pasado; de lo que ocurrió y de lo que no pudo ser, así como de sus deseos para la sociedad del mañana.

En esas historias de dolor y de compañerismo todo se junta de una manera extraña, en la que pareciera que aquella desgracia produjo encuentros que luego serán hermandades incomparables. Y anécdotas que con el correr del tiempo pierden la carga de lo trágico y hasta se vuelven cómicas.

Todo eso y más son las historias que escuchamos en la serie de entrevistas en la que participo como periodista. Al mismo tiempo que ellas hacen su preparación corporal, el equipo de producción hace las charlas con ellas, juntas y por separado. Grabamos. Así pasan los ejes temáticos: la izquierda ayer y hoy, la ley de caducidad, la maternidad en la cárcel, el papel de los familiares, la sexualidad, los varones, la tortura.

Estas mujeres tienen mucho para decir y quieren hacerlo. En cada ensayo (que en junio se hacían de lunes a sábado cuatro horas por día, y en setiembre y octubre duplicarán el horario para el estreno que será en enero) se fueron evidenciando los protagonismos, las personalidades, las diferencias entre ellas –no sólo políticas– que, sin embargo, hacen a una sola Antígona, hecha de muchas.

Ellas decidieron hablar de la tortura. La física, la simbólica, la propia, la de los amigos y familiares, la que pudieron contar, la que no, la que recién hoy se animan a verbalizar. Es difícil hablar del dolor, ponerlo en palabras, exponerse al otro como víctima.

Es difícil también para el periodista preguntar sobre eso, no parecer obvio, morboso, insensible, volver a preguntar –sin “torturómetro”, como dicen ellas–, sintiendo que la frase las vuelve a desnudar. ¿Cómo no preguntar cuando necesitamos saber qué paso para saber de la insania, la locura, el sinsentido de la tortura, esa bestia imbécil que estuvo suelta treinta años atrás, y sigue babeando escondida? ¿Cómo hacerlo sin volverlas a poner en ese lugar? ¿Cómo hacerlo sin escuchar los más mínimos detalles y sentir de alguna forma que eso nos lo hicieron a todos nosotros, los que estábamos afuera, los que todavía no habíamos nacido o éramos chicos? Es difícil hablar del dolor y las pérdidas, pero es necesario, por lo menos, para asomarse al límite y ver que en algún sentido siguen siendo las mismas y a su vez son otras, las que están de pie, y quieren seguir siendo protagonistas de su historia.

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Deposítese

Poder Judicial reclama más recursos para cumplir con fallo de la Corte Interamericana.

La Diaria 27 7 11

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, asistió ayer a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, donde se trata el proyecto de Rendición de Cuentas, y solicitó más presupuesto para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para el caso Gelman.

El Frente Amplio sólo estaría dispuesto a aprobar una reasignación de recursos dentro del Poder Judicial. "Es para el cumplimiento de una obligación internacional de Uruguay", justificó Van Rompaey en diálogo con la diaria.

El presidente de la SCJ explicó que el fallo de la corte obliga al Estado uruguayo a dictar cursos de capacitación permanente en Derechos Humanos referidos a casos de desaparición forzada.

Concretamente, el texto establece que "el Estado debe implementar, en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas permanentes sobre Derechos Humanos dirigidos a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial del Uruguay, que contemplen cursos o módulos sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas y de sustracción de niños y niñas".

Van Rompaey explicó que debido a la "trascendencia" que tienen estos cursos y "el nivel de capacitación técnica que exigen" es necesario contratar a expertos uruguayos y extranjeros.

El magistrado hizo notar que la sentencia dispone específicamente que el Estado debe aportar los fondos presupuestales para tal fin, aunque aclaró que el Poder Judicial "cumplirá" con la sentencia "de una manera u otra, bien o mal". La SCJ solicita tres millones de pesos anuales para organizar estos cursos.

Durante la discusión del tema en la comisión, los legisladores del Frente Amplio plantearon que no son partidarios de incrementar el gasto porque quieren respetar lo propuesto por el Poder Ejecutivo, pero acotaron que estarían dispuestos a una reasignación de recursos dentro del Poder Judicial.

El legislador nacionalista Pablo Abdala, en cambio, se mostró dispuesto a apoyar el refuerzo presupuestal para cumplir con el fallo, posición que los frenteamplistas juzgaron contradictoria. "Dicen que no es necesario cumplir con el fallo porque antes están los pronunciamientos populares y la soberanía del país, y ahora parece que están preocupados por cumplir con el fallo", señaló el socialista Gustavo Bernini.

Los nacionalistas, en cambio, entienden que es el FA quien incurre en contradicciones. "Es insólito que el gobierno no haya incluido ese artículo [con la solicitud del Poder Judicial]. Es una contradicción decir que hay que cumplir con el fallo de la corte y no darle los recursos al Poder Judicial para eso", opinó el diputado Jorge Gandini.

En la comisión también se le preguntó a la SCJ sobre la creación de un Ministerio de Justicia, pero Van Rompaey explicó que el organismo no ha podido tratar el tema aún.

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SCJ: fallo de la Corte por caso Gelman es obligatorio

COMISION. MINISTROS INSISTIERON CON FORMACION DE MAGISTRADOS EN DDHH

La República. 27 7 11

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia reclamaron por falta de recursos para especializar jueces en derechos humanos y señalaron que el fallo de la Corte Interamericana en el llamado caso Gelman es obligatorio para el país.

La Suprema Corte de Justicia reclamó en la Comisión de Presupuesto integrada con Haciendas de la Cámara de Diputados, la inclusión de una partida anual superior a los 3,7 millones de pesos, a los efectos de reforzar el trabajo para especializar a jueces en temas de derechos humanos, y dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como se recordará, en la sentencia del llamado "Caso Gelman", la Corte apuntó a la necesidad de especializar jueces en derechos humanos, junto al reclamo de derogar la Ley de Caducidad. La Suprema Corte de Justicia dijo que ya estaba trabajando en la formación de jueces y fiscales en derechos humanos, y que necesitarían un incremento de presupuesto para contar con asesoramiento internacional.

El diputado nacionalista Pablo Abdala coincidió con el reclamo de la Suprema Corte y reclamó encontrar soluciones para satisfacer esa demanda. El diputado socialista Gustavo Bernini aclaró que la Corte admitió que en caso de no obtener esos recursos no se obstaculiza el trabajo que se realiza, y que el reclamo es para ampliar esta formación con visiones de especialistas internacionales.

"Nos pareció bueno que conste en actas la posición de todos los ministros de la Suprema Corte, respecto a la responsabilidad que debe asumir el Estado uruguayo para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", subrayó Bernini.

Agregó que "cuando se dio el debate parlamentario por la ley interpretativa de la Caducidad, hubo opiniones por parte de la oposición de que Uruguay no tenía por qué asumir el fallo de la Corte como si fuera una ley, e incluso llegaron a decir que el fallo afectaba nuestra soberanía. Ese debate no se reflejó en la Comisión, porque ante el planteo de la Suprema Corte de más recursos para cumplir de la mejor manera con ese fallo, se escucharon voces de legisladores del Partido Nacional haciendo referencia a la importancia de otorgarles los recursos para cumplir el fallo".

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lunes, 25 de julio de 2011

Juzgados buscarán casos de DDHH archivados

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey dijo que es responsabilidad de cada juez encontrar las causas.

El Observador 25 7 11

Los jueces penales deberán revisar caso por caso los registros para saber si tienen expedientes que en el pasado fueron archivados por estar comprendido en la ley de Caducidad.

El presidente de la Suprema Corte, Leslie Van Rompaey, dijo a El Observador que “cada juzgado tendrá que hacer alguna revisión en el archivo de causas que tiene”.

El 20 de julio la Suprema Corte de Justicia comunicó a todas las sedes la resolución del Poder Ejecutivo que revoca los actos administrativos en los que se excluyó de la ley de Caducidad las causas de pasadas violaciones a los derechos humanos.

Presidencia envió el 13 de julio a la Corte una resolución por la que se invalidan “por razones de legitimidad” todos los actos administrativos y mensajes emanados del Poder Ejecutivo en que se aplicó la norma que amnistió a policías y militares. Si Presidencia no informa los detalles de cada expediente archivado, los jueces no tienen forma ubicar los casos.

“Lo más práctico sería que una persona o familiar que tiene conocimiento de que esa causa se archivó solicite su reapertura. De todas maneras los juzgados van a tener que hacer una revisión exhaustiva de sus archivos a los efectos de ver si se efectuó alguna clausura por la aplicación del acto administrativo que entendió el caso comprendido en la ley de caducidad”, reafirmó Van Rompaey.

El titular de la corporación fue el único de los cinco ministros que respaldó la posición de que los delitos cometidos por uniformados durante la dictadura son de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Mientras que Van Rompaey los considera desaparición forzada, los otros cuatro ministros se volcaron por el homicidio muy especialmente agravado.

“Respeto la opinión mayoritaria de mis colegas, sin perjuicio de entender que (la desaparición forzada) parece ajustarse más al derecho internacional en materia de derechos humanos", dijo Van Rompaey.

De todos modos, el magistrado aclaró que “la decisión de la Corte con respecto a la tipificación del delito de homicidio muy especialmente agravado no tiene eficacia vinculatoria con respecto a la decisión de los jueces”.

Según Van Rompaey a los jueces se les plantea un panorama complejo. “En primer lugar tendrán que determinar si hay cosa juzgada administrativamente y, en segundo lugar, si hay cosa juzgada judicial”, dijo.

Agregó que si el juez entiende que hubo delito, tendrá que resolver si es común o de lesa humanidad. Esto incidiría en los casos de prescripción”, afirmó.

Y remarcó: “En el caso de que hubiera algún procesamiento por desaparición forzada la prescripción de los delitos -noviembre- no correría”.

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domingo, 24 de julio de 2011

Militares presos ya no son derivados allí para evitar más problemas

En Domingo Arena la cosa está que arde y se pelean hasta por un helado

El Observador 24 7 11

Los últimos tres procesados por delitos cometidos durante la dictadura militar (1973-1985) no fueron enviados a la cárcel de Domingo Arena, creada especialmente para ese fin. Por el contrario, fueron enviados al establecimiento de la Guardia de Coraceros, que no es una cárcel, sino un edificio en el cual hay dormitorios que se han destinado para alojar a estos militares.

Allí se encuentran el general Miguel Dalmao -primer militar en actividad procesado por violaciones a los derechos humanos-, el coronel Luis Chialanza -procesado junto con Dalmao por la muerte de Nibia Sabalsagaray- y el ex coronel Walter Gulla, ex director del Penal de Libertad, procesado el jueves.

La decisión de a dónde recluir a los procesados por delitos de lesa humanidad es del Ministerio del Interior. En el caso de Gulla, el ex policía Ricardo Medina, preso allí, comentó a El Observador que la decisión respondió a “un problema de salud y una situación familiar”. Además, comentó que la cárcel de Domingo Arena “está completa. Ya somos 17”, dijo.

Por su parte, el director de Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Alcides Caballero, explicó que se trata de celdas individuales y como el espacio es amplio en la medida de las necesidades se pueden construir más celdas o reubicar a quienes están ahora.

Sin embargo, una fuente de la Dirección de Cárceles dijo que en Domingo Arena hay problemas de relacionamiento, pero no de hacinamiento.

Golpes por un helado

Fuentes judiciales explicaron a El Observador que a menudo los ex policías y ex militares presos en Domingo Arena tienen problemas de relacionamiento y que eso ha derivado en que le han dado cuenta de esos inconvenientes a los jueces de turno.

Por ejemplo, en una oportunidad uno de los militares comenzó a robarle los helados a otro. La víctima del hurto estaba muy molesta y decidió “hacer guardia” cerca de la heladera, escondido. Cuando sorprendió al “ladrón” , lo insultó y se tomaron a golpes.

Este tipo de problemas entre internos ha hecho que el Ministerio del Interior resuelva enviar a los nuevos procesados a otros lugares, como la Guardia de Coraceros.

Pero Medina discrepa con este argumento. Consultado al respecto, expresó que los enfrentamientos entre reclusos “son la excusa que se ha utilizado en otros casos, pero no tiene nada que ver”.

El establecimiento, cuyo nombre oficial es Unidad Penitenciaria Nº 8, fue construido en 2005, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez. En ese entonces se insistió en que no se trataba de una “cárcel de lujo” o privilegiada, sino que se iba a usar para alojar también a otros presos especialmente peligrosos o autores de delitos graves, y que su construcción obedecía a razones de estricta seguridad, dada la gravedad de los delitos cometidos por los militares y policías procesados por violaciones a los Derechos Humanos.

Pero esto no ha ocurrido. Ningún procesado por otros delitos graves, pero que no sean de lesa humanidad, ha sido enviado a ese centro de detención.

Cada uno de los presos de Domingo Arena tiene su espacio privado: hay 17 presos en un celdario de 18 habitaciones. La cárcel se compone de tres sectores. Hay tres teléfonos públicos en el celdario que son atendidos por los reclusos. También hay un sector de aislamiento para reclusos con problemas de conducta, que sólo fue utilizado en algunas ocasiones con el coronel retirado Gilberto Vázquez.

Las celdas de tres metros por tres tienen muebles, televisión y frigobar. Hay un servicio de TV cable que paga el Comando del Ejército.

Informes de grupos de derechos humanos advirtieron en 2008 que existía riesgo de roces entre la autoridad carcelaria y la autoridad militar del cuartel. Domingo Arena fue construida en el ex Cuartel de Ingeniería Nº 7, la custodia interna está a cargo de la Policía y la perimetral del Ejército.

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sábado, 23 de julio de 2011

Cedrés: "Un fallo arbitrario"

CASO RAMOS.

* El presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrés, catalogó como "discriminatorio y arbitrario" el reciente procesamiento del coronel (r) Walter Gula, porque demuestra que "no se está midiendo con la misma vara" casos similares.

El juez Penal de 3º Turno, Rubén Saravia, dispuso el enjuiciamiento del coronel Gula como "coautor" de un delito de "homicidio muy especialmente agravado", por la muerte en el Penal de Libertad de Horacio Ramos, en 1981. En tanto, el coronel (r) Enrique Ribero fue enjuiciado por el delito de "encubrimiento".

Empero, Cedrés cuestionó que "no se acusa igual" al ex director del Penal de Libertad y a la ex directora del CNR, Diana Noy, procesada sin prisión por la muerte de un recluso en dicho centro. En este sentido, el presidente del Centro Militar aseguró que la Justicia "fuerza" las normas para habilitar procesamientos.

"No entiendo cómo en una democracia, una persona maneja arbitrariamente las acusaciones como lo hace la fiscal (Mirtha) Guianze". "Gula no puede ser responsable porque no estaba en el Penal de Libertad, llegó al otro día, pero igual lo procesan. (...) Es una falta de garantía para cualquier ciudadano", dijo. Asimismo, Cedrés afirmó que en la apelación se presentará "una carta" escrita por Ramos, en la cual se dejaría entrever la posibilidad de un suicidio.

En tanto, el abogado querellante Óscar López Goldaracena aseguró que el fallo demuestra que "se puede llegar a la verdad habilitando a la Justicia". "Existen pericias, testigos y plena prueba de que Horacio Ramos no se suicidó, sino que fue víctima del aparato de terror que era el Penal de Libertad".

"El Penal de Libertad, más específicamente 'La Isla', fue un lugar donde se produjeron torturas, castigos físicos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. No son mis palabras, me remito al fallo; y esto debe dignificar a todos los presos políticos que pasaron por el Penal de Libertad", dijo el abogado.

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Fallo. Operativo "oficial" acabó con las vidas de Michelini y Gutiérrez Ruis

Juez no alcanzó a notificar a Bordaberry fallo condenatorio.

La República 23 7 11

El ex dictador Juan María Bordaberry fue condenado a 30 años de penitenciaría por el homicidio de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, 17 días antes de su muerte. El fallo no llegó a ser notificado por su muerte.

El juez Penal de 11º Turno, Roberto Timbal, condenó el 30 de junio al ex dictador Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco a 30 años de penitenciaría, por el crimen de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los ex militantes del MLN Rosario Barredo y William Whitelaw.

El magistrado analizó el voluminoso expediente IUE 100-10592/1985 y dispuso el enjuiciamiento de Bordaberry y Blanco como "coautores responsables de un delito de homicidio en concurso, muy especialmente y especialmente agravado", por los crímenes perpetrados en mayo de 1976. El magistrado accedió así a la requisitoria de la fiscal Mirtha Guianze.

Empero, el fallo solo fue notificado al ex canciller Blanco, por cuanto Bordaberry falleció el domingo 17, dos días antes del reinicio de la actividad judicial. La muerte de Bordaberry supuso la inmediata clausura de las actuaciones en su contra, en atención de lo dispuesto por el artículo 122 del CPP.

"Compartió plenamente"

"Ha quedado demostrado que los crímenes analizados fueron planificados y llevados a cabo mediante un operativo 'oficial' en la República Argentina (...) descartándose un ajuste de cuentas entre sectores de un movimiento guerrillero, como se pretendió hacer creer a la opinión pública de la época con los volantes dejados junto a los cuerpos de las víctimas", expresa la sentencia del juez Timbal, a la cual accedió LA REPÚBLICA.

Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados en dos operativos desarrollados en Buenos Aires, en el marco de la coordinación represiva del "Plan Cóndor". Los cuerpos de ambos legisladores, y de los ex militantes tupamaros Barredo y Whitelaw, aparecieron sin vida el 21 de mayo, en un automóvil abandonado, "con claros signos de muerte violenta".

La conjunción de legisladores y ex militantes que "habían abandonado la lucha armada", procuró mostrar el crimen como parte de una disputa interna del MLN; con el tiempo se comprobó que el crimen fue perpetrado por agentes oficiales del Estado uruguayo, con nexos en Argentina.

En este sentido, el juez Timbal recuerda que en Argentina se encontraban cuatro políticos uruguayos que "estorbaban al gobierno de facto cívico-militar uruguayo con su ayuda a exiliados adversarios al mismo y su continua denuncia de los actos arbitrarios" perpetrados en Uruguay. Enrique Erro terminó recluido en la cárcel de Villa Dolores; los tres restantes, Michelini, Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira Aldunate, "eran a todas luces objetivos del gobierno uruguayo".

Por tanto, el operativo de detención de los legisladores, del cual escapó Ferreira Aldunate, y su posterior homicidio, respondió a la "coordinación represiva" del "Plan Cóndor". "Es indudable que los secuestros y eliminación de las víctimas estuvo determinado por decisiones que se tomaron al más alto nivel en el gobierno uruguayo", expresa.

"La pretendida desvinculación o desconocimiento de los hechos que alegaron los enjuiciados, no es de recibo", porque "si bien la conducción de la lucha antisubversiva estuvo encomendada (...) a los mandos militares, la responsabilidad política de dicha lucha estuvo radicada en el gobierno cívico militar que encabezó Bordaberry", señala el fallo.

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viernes, 22 de julio de 2011

Está escrito

REPERCUSIONES SOBRE CASO RAMOS

Montevideo Portal. 22.07.2011 17:16

El ex militante del Movimiento de Liberación Nacional, Julio Listre, dijo a Montevideo Portal que sentía "tranquilidad" por la decisión del juez Ruben Saravia, que procesó con prisión al coronel (r) Walter Gulla y al oficial de la Fuerza Aérea Enrique Rivero.


Julio Listre fue dirigente del Movimiento de Liberación Nacional y estuvo 14 años preso, varios de ellos compartidos con Ramos. En conversación con Montevideo Portal, dijo que se enteró del fallo de la Justicia por la hija de Horacio, Patricia, quien le informó "conmovida y emocionada" sobre la decisión judicial.

"Ahora estamos un poco más en paz, se hace justicia y eso deja una sensación de mayor paz", señaló agregando que sería una "frivolidad" decir que se está contento.

Para Listre no hay lugar para la venganza, "aunque se suele vincular el pedido de Verdad y Justicia con la venganza, pero no es así. Yo y muchos creemos que no es así es el sentimiento de querer que se haga Justicia".
Listre escribió sobre la personalidad Horacio Ramos en los Cuadernos de la Historia Reciente, de Ediciones Banda Oriental: "A Horacio "el gorila", lo conocí en los inicios de los años sesenta.

No habíamos cumplido los veinte años y él todavía no era "el gorila", pero estaba en camino: sus compañeros de trabajo lo llamábamos "el mono Ramos". No era para menos. Dueño de una caja toráxica cuadrada y musculosa, los brazos se le habían estirado casi hasta las rodillas posiblemente debido al esfuerzo por sostener el pendular de unas manos enormes".

"Tenía un lejos temible y el cera no era nada tranquilizador. Lo veías venir caminado rápido, algo volcado hacia adelante y se te ocurría que una trompada podía romperte el alma casi por razones de equilibrio gravitatorio. En todo el tiempo que fuimos amigos, compañeros y amigos, siempre anduvo a los abrazos, estrujando costillas; ejecutaba el abrazo como forma de relacionarse. Ese su modo de andar por el mundo lo transformaba radicalmente: era un gorila atractivo.

Una sola vez lo vi dar una trompada. Era una asamblea de la Facultad de Arquitectura, creo que fue en e l 68, a un miembro no recuerdo si de la tercera o la cuarta internacional se le ocurrió decir que el "Che" había sido un aventurero. Lo enterró de la cabeza en la fuente del patio de la facultad. Recordarlo así reduce mi dolor, y me parece que a él le hubiera gustado".

"Cuando Patricia, su hija, me llamó para pedirme que atestiguara el 16 de abril pasado y así respaldar su denuncia por el asesinato de Horacio en "la isla" del Penal de Libertad, otra vez me enfrenté al sentimiento que había esquivado. Entonces se me movió el mundo. Clara, mi compañera, que me observaba, escribió para ella -para mí- estas líneas que me ayudaron tanto: "... ¿qué significa haberse suicidado en la isla? ¿tiene sentido saber si se suicidó o lo suicidaron? El abogado hablará de la convicción de que lo mataron. Y basta. Y eso dirán sus compañeros. Un poco bizquito, muy tierno, creyente.

El gorila Ramos. Hoy recordaba una frase: Tengo una terrible necesidad... ¿diré la palabra?... de religión. Entonces salgo por la noche y pinto estrellas. Es de Vincent van Gogh. Yo mañana voy a sostener a Julio y como no sé pintar pero sí supe dibujar las estrellas de cinco puntas con la T en el medio, intentaré sostenerlo desde aquella adolescencia conmovida por esos muchachos, porque eso eran, muchachos con ideales que nos hicieron, a algunos, un poco más buenos".

"Patricia tiene el temperamento y la fogosidad de su padre. Por suerte para ella, solo en esto se le parece. Nada menos que en esto. Es alta, morocha, hermosa y arrolladora con lo que se propone. La vi nacer y crecer hasta los cuatro años. Después vinieron los tiempos de clandestinidad, cárcel, otra vez clandestinidad y otra vez... hasta que volví a verla, ella con cerca de veinte, yo bandeando los cuarenta. Había vivido parte de su niñez, la adolescencia y la primera juventud en Buenos Aires, desde que con su madre y hermano debieron exiliarse porque aquí la vida era difícil. Alguna vez pudo venir al Penal, con su hermano.

"Pero pasaron años en que eso no les era posible. Las dificultades económicas fueron grandes. La mayoría de las cartas de Horacio no llegaban. El recibía alguna, solo de vez en cuando. Con "el gorila" durante aquellos años, hasta mediados del 69, militamos juntos.

A mi me tocó la cárcel de Punta Carretas antes que a él. Reencuentro entre los muros en el 70 y fuga en el 71. Después vino "la cacería del 72", al decir corrosivo de "el Canario" cuando escuchaba a algún compañero hablar de la guerra del 72".

Listre y Ramos volvieron a encontrarse en el Penal de Libertad, a principios de 1973: "Horacio llegó antes y lo llevaron al primer piso; a mí me tocó la celda 16 derecha del 2º piso, sector B. Allí estuve no recuerdo si un año y medio o dos. La memoria falla cuando el susto es grande y los días son iguales. Tal vez fue menos tiempo, tal vez más.

Fue una época dura para mí, de pérdidas, la muerte de mi madre, la enfermedad de mi padre. La soledad de la celda me jodía. Desde mi ventana, que daba a las canchas, pasaba las horas mirando a los compañeros de otros pisos jugar al fútbol, correr, trillar, caminar, de a dos -de a tres estaba prohibido-. Los contaba para registrar alguna ausencia y luego preguntar, desde la ventana, si estaría sancionado, o qué... Como estábamos en pisos diferentes no podíamos hablar. Me divertía verlo jugar al fútbol: nadie lo paró nunca; corría en línea recta hacia el arco rival desparramando contrarios".

"Después supe que venía perdiendo una vista, cosa que acrecentaba su natural dificultad para la gambeta. Pero además, en invierno se fajaba con una bufanda de telar, porque el lumbago lo atacaba fuerte.

Como para quiebres de cintura, el gorila. Pocholo Nieto solía decir que Caldwel, el novelista norteamericano que escribió sobre las comunidades de negros trabajadores de las plantaciones de algodón, era un gran mentiroso. Porque en sus relatos los negros solo sufrían, decía Pocholo.

"Fijate que nunca aparece un negro cantando", decía- Es que si a Pocholo le abrías la ventaba de su celda lo encontrabas casi siempre recostado en la cucheta leyendo, al borde de lo permitido, porque solo podíamos estar sentados. Y a la pregunta de cómo andás, respondía: "qué te parece, debute". Y se desperezaba en tren de armarse un "cerrito".

Alguna vez, en reuniones de ex presos, nos confesamos, en voz baja y con algo de vergüenza, el placer de la lectura e aquellos, tantos años. Los milicos no entendían la alegría de los presos. Supongo que querían vernos como a los negros de Caldwel, versión Pocholo. Les resultaría insoportable observar y vigilar a treinta tipos desaforados correr tras una pelota, a los gritos, festejando los goles como en una final. O escuchar que desde alguna celda alguien cantaba o reía".

"Yo estoy seguro que "el gorila" disfrutaba los recreos como gurí chico. Cuando rompían filas, ignorando eso que los psicólogos llaman el espacio de "sí mismo", espacio de cercanía soportable de otro, se le iba encima a algún compañero y lo invadía a carcajadas y manotazos. Calculo que por el 75 me trasladaron al segundo A, y mi pasaje humano se redujo.

Parecía increíble que la distancia de treinta, cuarenta metros que había entre las dos celdas me separara de tantos compañeros. La ventana ahora miraba hacia el campo y la costa. Había aprendido a leer en los cuerpos, en los gestos, en las formas de caminar y correr.

Y con retazos de noticias que volaban de ventana en ventana, tejía las historias de los compañeros, las actualizaba día a día: está bien, contento, me decía y repetía. (Hace muy pocos días, en una oficina, vi entrar a un hombre de más de cincuenta años.

No sé que movimiento insignificante realizó al traspasar la puerta, que hizo que yo inmediatamente pensara: "este es compañero y corría alrededor de la cancha". Casi veinticinco años que no lo veía. Nunca había hablado con él... y sí, era.) En el 2 A, mi celda (mi celda digo...) miraba al oeste, y allá lejos tenía el río sobre una delgada franja del balneario Kiyú, donde, según la inteligencia militar, desembarcaría la "invasión tupamaro - comunista" en cuya "investigación" fue muerto por tortura Vladimir Roslik.

Dentro del perímetro del penal, mi ventaba daba al tendedero de ropa, con dos hileras de cuerda para cada piso. Tenía también a la vista el edificio de la cocina y el ir y venir de compañeros asignados a esa tarea y a la panadería. Solo alguna vez, en esos años, volví a ver a "el gorila", sacudiendo frazadas frenéticamente. Aquel ejercicio de la mirada nos entrenaba para otras exploraciones".

El ex militante del MLN recordó la victoria del plebiscito del 80: "Era el día siguiente, amanecía y queríamos saber el resultado. Todas las mañanas venía, en una vieja camioneta, un preso social de la colonia de recuperación ubicada en el mismo predio del penal, pero fuera del alambrado, a buscar los restos de comida con que alimentar a los chanchos que criaban esos presos de buena conducta. Ortivas, diríamos.

Le habíamos puesto "el bolsa de pedos" por razones de gordura y de una fuerte antipatía, fácil de concluir. Lo primero que hacía "el bolsa" al llegar era saludar alegremente a los milicos de guardia. "Fijate cómo saluda", me dijo el flaco, mi compañero de celda. "De ahí sacamos el resultado". El "bolsa" se bajó de la camioneta, miró a los milicos y se pegó, fastidiado, una palmada en su esponjosa nalga... ¡"ganamos"!, gritó el flaco y arrancó a pegar trompadas en la puerta.

Yo sentí que ese "ganamos" nos incluía de algún modo en otro espacio que parecía perdido, más allá de los alambrados, con nuestro pueblo. Por esa época subieron a "el gorila" al 2º A, sector derecho, celda 2. Yo estaba en la celda 5. Así que pudimos dedicar unos cuantos trilles para ponernos al día en noticias, intercambiando figuritas de casi diez años. Había entre nosotros todos un renacer de esperanzas, de esas que "el gorila" nunca había abandonado, alentando con un generosidad hosca y burlona a cuanto compañero nos diera por flaquear. Su reservado cristianismo se había fortalecido.

No era tipo de crisis existenciales ni religiosas. Más bien tendía a retirarse, a las risas y agarrándose la barriga, cuando la conversación venía de profundidades tales como "marxismo y cristianismo, dos concepciones..." o cosas por el estilo. Empezamos a pasarnos apuntes de libros, cartas, esbozos de poemas y cuentos.

Increíblemente se venía salvando un tomo de las obras completas de Luckacs. Para tratar de resguardarlo de las requisas, yo, como otros compañeros, lo había copiado casi íntegro. Se lo pasé y en nuestras conversaciones sobre noticias familiares y políticas intercambiábamos arriesgadas interpretaciones, con sorpresa para los dos, reconocidos como teníamos nuestros antecedentes, sobre estética y filosofía".

"´Duro´ para los milicos, grandote bonachón y sentimental para nosotros, un día de junio de 1981 lo mandaron para la isla. Patricia me preguntó muchas veces sobre esas circunstancias y el repaso de los detalles siempre me toma mal parado. El objetivo de los milicos era desgastar y finalmente enloquecer a los presos. Y selectivamente matar. Aunque la locura es otra forma de muerte, muchas veces, con ayuda se puede resolver. Por eso a los duros mejor buscaban eliminarlos. Y mandar un preso a la isla era sencillo.

Ese día "el gorila" estaba de fajinero. Repartí el rancho y era "responsable" de que no faltaran cubiertos, los que eran distribuidos de a dos juegos por celda. Había un conteo previo a cada comida y uno posterior bajo la mirada atenta del guardia.

Curiosamente, la bandera de cubiertos, una vez repartidos, quedaba a cargo del guardia o el eventual relevo, mientras el fajinero comía en su celda. Siempre sobraba algún cubierto que quedaba en la bandeja, más un cucharón y una espumadera. En bandeja. La situación para el fajinero era, siempre, la de un islaso en bandeja. A "el gorila", le "desapareció" un cucharón. La última vez que lo vi, la tercera que abría la ventanilla de la celda esa noche de junio, fue para ironizar: "compañeros, larguen el cucharón que encanutaron". Luego vino lo que muchos sabemos.

Apareció muerto, colgado, en un calabozo de la isla. Hace más de veinte años que Patricia anda recomponiendo la historia de su padre. Volvió de Buenos Aires con 19 años a pelear por ello. Habló con decenas de compañeros, familiares, amigos. Los juntó, les hizo contar tramos de pequeñas anécdotas, desde diferentes ángulos, en los variados perfiles de su padre".

"Necesitó de todo ese tiempo para reconocer las marcas de su identidad, buscando un poco a tientas que sus heridas un día pudieran cicatrizar. Trabajó, se enamoró, tuvo hijas que son adolescentes; siempre peleando. En este abril de 2007 fuimos con el petiso, con Lalo, con el Guille, con el Turco, el Viqui (constelación a veces jocosa de apodos surgidos desde un pudoroso cariño) y otros hermanos de "el gorila" a acompañarla a su denuncia contra el asesino dictador Álvarez.

Hace unos días me llamó por teléfono para decirme que estaba bien, aliviada, que podía soltar el dolor (olvidar tal vez, me pregunto; el olvido necesario para que el pasado no se convierta en un peso insoportable), porque había encontrado su memoria y podía, como su padre, amar la vida".

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"Esos niños tienen raíces"

ESTELA DE CARLOTTO Y DOS NIETAS RECUPERADAS HABLARON SOBRE EL DERECHO A LA IDENTIDAD

Página 12 22 7 11. Por Ailín Bullentini.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Victoria Montenegro y Tatiana Sfiligoy hablaron desde la experiencia en la IX Conferencia sobre Genocidio. “Queremos saber si son los nietos que estamos buscando”, dijo Carlotto sobre el caso Noble.

Estela de Carlotto tiene 81 años y desde hace 33 busca a su nieto, Guido, hijo de su hija Laura, asesinada por la última dictadura argentina.Victoria Montenegro fue María Sol Tetzleff hasta hace poco más de una década, cuando descubrió que quien creía era su padre había secuestrado, torturado y desaparecido a sus padres biológicos y se había apropiado de ella para criarla.

Tatiana Sfiligoy descubrió en 1980, y con la ayuda de su familia adoptiva, que ella y su hermana Laura eran hijos de padres desaparecidos. Las tres son a la vez origen y destino de una búsqueda mutua, consciente e inconsciente: la de la identidad.

“Criar al hijo del enemigo mintiéndole y educándolo con una concepción opuesta a la que le hubieran dado sus padres fue la intención de los apropiadores. Pero se olvidaron de que esos niños tienen raíces”, comentó Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien añadió que “el robo de bebés es un delito de acción pública que sólo culmina cuando la víctima recupera sus derechos. Las Abuelas no distinguimos entre el nieto de una familia y otra, para nosotras son todos la misma clase de víctimas y merecen la misma reparación”, dijo en alusión al caso Noble Herrera.

Carlotto, Montenegro y Sfiligoy compartieron la primera sesión plenaria de la IX Conferencia sobre Genocidio organizada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la Asociación de Investigadores sobre Genocidio (IAGS), que las tuvo como protagonistas.

Contaron que la reparación del delito de apropiación, el descubrimiento de la verdad, no obstante, es un proceso lento, doloroso y conflictivo. “Uno nunca deja de recuperar su identidad”, destacó Victoria.

“Las Abuelas de Plaza de Mayo también somos madres, pero nos abocamos a buscar a nuestros nietos con la intención de criarlos”, sentenció la presidenta de uno de los organismos fundantes, junto con Madres de Plaza de Mayo, del movimiento de los derechos humanos en el país.

Además de secuestrar, torturar y eliminar físicamente a 30 mil personas, los responsables de la última dictadura militar argentina robaron bebés nacidos de mamás en cautiverio o que eran muy pequeños cuando sus padres fueron “chupados”.

“Cuando la joven estaba embarazada, se la dejaba vivir hasta que naciera ese niño, pero no para salvarlos a ambos sino para apropiarse de los chicos y criarlos en el seno de las familias de los asesinos de sus padres, o abandonarlos en algún lugar lejano para que jamás sus familias biológicas pudieran encontrarlos”, detalló Carlotto.

El camino hacia la recuperación

“Yo la odiaba a ‘la Carlotto’. Conocí a mi familia biológica porque me obligó un juez, y acepté ir con la condición de no cruzarme con ella. Estela acompañó a mis tíos y primos hasta una cuadra antes del lugar donde debían verme. Todo para no incomodarme. Eso demuestra el respeto con el que Abuelas nos tratan a los nietos”, recordó Victoria, cuya historia pertenece al primer caso mencionado por Carlotto; hasta los 25 años vivió en la casa de Herman Tetzleff, coronel jefe del centro clandestino de detención El Vesubio, donde sus padres biológicos fueron detenidos y torturados. Hoy permanecen desaparecidos.

Como el de tantos otros, el camino de recuperación de su identidad que Victoria inició en 1992 fue duro, doloroso, costoso. “Me crié con Herman entre cuarteles. Para mí, las Abuelas eran unas viejas locas que sólo hacían persecución política”, rememoró.

Como tantos otros, se negó a hacerse el análisis genético, actitud que definió como “un intento de proteger a la –hasta ese momento– familia de uno, no una negación a saber la verdad”. “Veíamos en la negación la posibilidad de proteger a nuestros apropiadores y a nosotros mismos de la culpa; cuando supe que era hija de desaparecidos, sentí vergüenza: me autodefiní como hija de la subversión”, apuntó.

Con grietas en la voz, contó que sólo pudo dejar de ser María Sol cuando declaró por última vez ante la Justicia, en abril pasado, en el marco del juicio por el plan sistemático de robo de bebés.

La historia de Tatiana es diferente. Cuando los represores secuestraron a su mamá, Mirta Britos, en 1997, en una plaza de San Martín, ella, de entonces 3 años y medio, y su hermana, de meses –e hija de diferente padre, también desaparecido–, quedaron a disposición de la Justicia de San Martín como NN. Medio año después fueron adoptadas por una familia “desde el amor y la buena fe”, destacó.

En 1980, un grupo de Abuelas localizó a las niñas; Tatiana, entonces, tenía seis años: “Me preguntaron si reconocía a dos señoras. Claro que las reconocía, tenía casi cuatro años cuando me separaron de ellas, mis abuelas, pero en ese momento no quise decirlo. Sin embargo, tuve la suerte de que me adoptara una familia que nunca me ocultó mi origen y nos crió rodeadas de verdad”, remarcó Tatiana.

La elaboración permanente

“No es lo mismo encontrar a un bebé que encontrar a un adulto, que trae una crianza falsa, dudas, miedos. Las Abuelas respetamos el deseo que a cada paso tiene cada nieto recuperado y les ofrecemos asistencia psicológica”, apuntó Carlotto.

Tatiana, además de nieta recuperada, integra el equipo de psicología del organismo. Victoria reconoció que el trabajo no termina “nunca”. “No lo odio (a su apropiador), pero cada vez me cuesta más recordar momentos felices de mi infancia.

En su momento no tenía ganas de conocer a mi familia biológica, pero la sangre es más espesa que el agua y cuando los tuve enfrente, no pude no quererlos”, señaló Victoria. No obstante, Tatiana marca una distinción entre el derecho a la identidad y “la libertad de elección” de conocer la verdad: “Antes del momento en el que una persona piensa si quiere o no saber su identidad, existió un delito: un genocidio. Ahí nadie eligió nada. Por eso, en el proceso de elaboración es fundamental el papel de la Justicia que haga valer el derecho a la identidad, y exija la reparación de ese delito”.

“Queremos saber si son nietos”

“El caso Noble Herrera es un caso más para nosotras. Queremos saber si esos jóvenes son los nietos que estamos buscando”, explicó Carlotto, sobre el caso que se sostiene por la sospecha de si los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín fueron bebés apropiados durante la última dictadura. En ese sentido, Carlotto reiteró su repudio a las versiones que sostiene el multimedio y la oposición, que señalan al organismo como responsable, junto al Gobierno, de politizar el caso.

“Tenemos denuncias, desde 1984, de que esos chicos son hijos de desaparecidos. Miren la paciencia, el tiempo, la tolerancia y el respeto a la ley que tenemos las Abuelas”, apuntó la mujer, y continuó: “Cuando llegue la verdad habrá dos situaciones posibles: que sean algunos de los 400 nietos que todavía falta encontrar o que no. Abuelas ayudó a muchos chicos que se acercaron con dudas y que finalmente no eran los chicos que buscábamos. Muchas nos ilusionamos, pero la verdad es la verdad”.

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Procesan a dos militares por homicidio en 1981

Caso de Horacio Ramos, detenido en el Penal de Libertad

El País. 22 7 11

El juez penal Ruben Saravia ordenó ayer el procesamiento con prisión del coronel (r) Walter Gulla, exdirector del Penal de Libertad, por su responsabilidad en la muerte del militante tupamaro Horacio Ramos, registrada en 1981 mientras se encontraba detenido en esa dependencia carcelaria.

A pedido de la fiscal Mirtha Guianze, el magistrado imputó a Gulla como coautor de un delito de "homicidio muy especialmente agravado".

Saravia también procesó al oficial (r) de la Fuerza Aérea Enrique Rivero, a quien encontró responsable del delito de "encubrimiento". Rivero está en prisión desde el año pasado, cuando fue enjuiciado por el homicidio de Ubagesner Chaves Sosa, ocurrido en 1976.

El magistrado señala que está probado que Ramos no se suicidó como se planteó inicialmente ahorcándose con una bufanda, sino que, por el contrario, perdió la vida a causa de la tortura que padeció mientras se encontraba recluido en el sector del Penal de Libertad conocido como "la isla".

Al respecto, la resolución del juez dice que Ramos "fue víctima de homicidio por parte de quienes ejecutaban las directivas impartidas" por Gulla.

El fallo señala que Gulla sabía que en el Penal de Libertad se torturaba a los detenidos en busca de información, pero "no impidió que continuaran con dicha política de persecución sistemática hacia quienes comulgaran ideológicamente con determinadas corrientes de pensamiento político, sino por el contrario se comprometió a encubrir los referidos excesos de sus subordinados".

Para el juez, se recolectaron los elementos probatorios suficientes que demuestran que la muerte de Ramos "se produjo por ser víctima de un instrumento o mecanismo de terror para obtener información sobre determinados hechos realizados por quienes integraban los movimientos de izquierda política, o como política de persecución a su respecto".

Por su parte, en relación a Rivero, el juez Saravia concluyó que "estorbó las investigaciones" que se realizaron en torno a la muerte de Ramos.

Así, el militar simuló pruebas "con la finalidad de ocultar el delito de homicidio y favorecer a los eventuales responsables del mismo a sustraerse de la persecución de la Justicia o a eludir su castigo", señala la resolución, que también advierte que Rivero "se presentó espontáneamente" a declarar en el marco de la causa.

MÁS CASOS. Los procesamientos de Gulla y Rivero tienen lugar semanas después de que el Poder Ejecutivo revocara sus actos administrativos anteriores mediante los cuales amparó denuncias en la ley de Caducidad, obstaculizando las indagatorias.

Esa medida del gobierno, que busca cumplir con la sentencia emitida en febrero por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, posibilitaría la reapertura de más de 80 casos que en su momento fueron incluidos en la ley de Caducidad, según estimó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.

Sin embargo, también existe otro factor que agrega más incertidumbre: el plazo de prescripción. Según la tesis jurídica mayoritaria, los delitos cometidos durante la dictadura ya no podrían ser juzgados más allá del próximo 1° de noviembre, al computar el plazo máximo de 26 años y ocho meses desde el 1° de marzo de 1985.

Pero existe otra visión según la cual, en base al fallo de la Corte Interamericana, los ilícitos no deben prescribir.

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Lo mataron

Justicia determinó que la muerte de Horacio Ramos en 1981 no fue suicidio.

La Diaria 22 7 11. Por Lourdes Rodríguez.

El juez penal de Tercer Turno, Ruben Saravia, que subrogó a Sergio Torres, hizo lugar al pedido de la fiscal Mirtha Guianze y ayer procesó con prisión a los militares retirados Walter Gulla y Enrique Rivero, en la causa que investiga el fallecimiento del militante tupamaro Horacio Ramos, tras nueve años de prisión en el Penal de Libertad.

A Gulla, entonces director de la cárcel, se le imputó "coautoría de homicidio muy especialmente agravado. Ayer lo detuvieron en su vivienda, ubicada en el departamento de Colonia, y fue posteriormente trasladado a la Guardia de Coraceros en Montevideo.

Allí también se encuentra recluido Rivero, en su caso desde octubre de 2010, cuando fue procesado por el asesinato de Ubagésner Chaves Sosa. En el caso Ramos, excluido de la Ley de Caducidad en 2006, se le tipificó "encubrimiento".

La versión militar sostiene que Ramos se suicidó en su celda. Pero en el auto de procesamiento, Saravia concluye que esa posibilidad es "materialmente imposible". Durante la reconstrucción de los hechos se constató que, dada la altura del borde inferior de la reja de la ventana en la que se habría ahorcado, la estatura de la víctima, y que "no existían objetos móviles en qué apoyarse", la maniobra no era posible.

El magistrado destaca que el cuerpo no ingresó a la morgue judicial para autopsia, ni intervino ningún médico forense judicial. Al momento del homicidio, Ramos se encontraba en la celda de castigo, conocida como "la isla".

Durante la indagatoria, según consta en el fallo, Gulla manifestó conocer "la existencia de un sistema de información e inteligencia que utilizaba escuchas y grabaciones, el sistema de trabajo de sus subalternos, el régimen de sanciones y calificación de los reclusos, el lugar y la forma de reclusión", pero por el contrario aseguró no saber si tras el fallecimiento de Ramos se efectuaron las pericias técnicas correspondientes y reconoció que "no supervisó la labor de sus subalternos".

En cuanto a Rivero, el juez determinó que "estorbó las investigaciones (...) simulando pruebas con la finalidad de ocultar el delito de homicidio y favorecer a los eventuales responsables del mismo a sustraerse de la persecución de la Justicia o a eludir su castigo".

Luego de la fuga masiva de presos políticos tupamaros del Penal de Punta Carretas en 1971, Ramos fue recapturado al año siguiente y sentenciado por la Justicia Militar a una condena de 30 años de penitenciaría y medidas de seguridad eliminativas de uno a diez años por atentado contra la Constitución, coautoría de homicidio, asociación para delinquir, autoevasión y encubrimiento de hurto.

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jueves, 21 de julio de 2011

A pesar de todo

Coronel (r) Walter Gulla procesado por muerte de tupamaro

Montevideo Portal. 21.07.2011 18:40

La Justicia procesó con prisión al coronel (r) Walter Gulla, ex director del Penal de Libertad, y al ex oficial de la Fuerza Aérea Enrique Rivero, por la muerte del militante tupamaro Horacio Ramos, ocurrida en la cárcel en 1981. El ex tupamaro Roberto Caballero, que compartió reclusión con Ramos y fue testigo de la causa, dijo a Montevideo Portal que era "un convencido de la vida".

La Justicia procesó con prisión al coronel (r) Walter Gulla, ex director del Penal de Libertad, por la muerte del militante tupamaro Horacio Ramos, ocurrida en esa cárcel en 1981, y caratulada en ese momento como suicidio. Por el mismo caso, el juez de 3º Turno Ruben Saravia procesó al oficial de la Fuerza Aérea Enrique Rivero, quien ya cumple una condena en el establecimiento de Domingo Arena, informaron a Montevideo Portal fuentes judiciales.

Días atrás, la fiscal Mirtha Guianze había pedido el procesamiento de Gulla, algo que fue cuestionado por el Centro Militar. El propio procesado escribió una nota al Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, en la que se queja de la severidad de la pena pedida. La nota explica que, en junio de 1981, siendo él director del Penal de Libertad, "Horacio Ramos quien se encontraba recluido en ese penal desde 1972, se suicida por ahorcamiento aproximadamente a las 1:00 de la madrugada del 30 de ese mes".

"En 2006", continúa la carta, "recibo una citación para declarar por la muerte de Horacio Ramos. Transcurrieron cinco años de indagatorias donde no hubo ni una sola acusación sobre mi persona o mi actuación en relación a Ramos ni tampoco en los 30 últimos años con respecto a nadie. Jamás nadie usó mi nombre para acusarme de nada. He caminado libremente por la ciudad y mi teléfono y dirección están en la guía y jamás recibí ningún tipo de acusación.

En mayo de 2011, la Fiscal Mirtha Guianze pide mi procesamiento con prisión por coautoría de homicidio muy especialmente agravado. Según las palabras de la Dra Guianze "Participó entonces en carácter de coautor, aun cuando no se probara contacto directo con el detenido, ya fuere por omisión, pues se hallaba en posición de garante, dado que como Director del Penal tenía poder de mando y estaba al tanto de las acciones que se desarrollaban."

Gulla había pedido que se le adjudicara "una responsabilidad administrativa, pero no un cargo de homicidio porque no corresponde, pues con ese mismo criterio se tendría que procesar a directores de hospitales cuando los pacientes fallecen u o otros directores de cárceles cuando se muere un detenido, lo cual no tiene sentido y no se hace".

El extupamaro y dirigente de la CAP-L, Roberto Caballero, que compartió reclusión con Ramos, contó a Montevideo Portal que se conocieron "en el sindicato bancario en 1969, ya que él trabajaba en el Banco la Caja Obrera.Fue él quien me reclutó para el MLN, por lo que para mí siempre fue un compañero muy importante".

Recordó que Ramos era "un hombre muy firme, de los pocos católicos que había en el MLN", y agregó que era un "convencido de la vida".

"En 1970 cae detenido y se escapa luego en la fuga masiva de Punta Carretas. Después es recapturado y es llevado junto conmigo al Penal de Libertad", recordó. "Un día en el Penal un sargento lo acusó de haberse robado un cucharón, que en realidad estaba donde tenía que estar y lo sancionan llevándolo a 'la isla' de castigo, donde lo mantuvieron incomunicado".

"Días después nos pasaron un comunicado a los otros presos diciéndonos que se había suicidado. Nosotros siempre estuvimos convencidos de que lo habían asesinado, porque después de compartir tantos años presos nos dábamos cuenta de los compañeros que podían estar mal anímicamente, y él no era de esos. Además, en esos días habían venido los hijos desde Buenos Aires y estaba muy contento. Incluso, días antes de que apareciera muerto, le quitaron el castigo a todos los reclusos que estaban en "la isla" junto con Ramos, menos a él", recordó Caballero.

Auto de procesamiento.

VISTOS:

Las resultancias presumariales tramitadas precedentemente respecto a W.C.G.P. y E.R.U..

RESULTANDO.

I) De autos surgen elementos de convicción suficientes respecto a la ocurrencia de los siguientes hechos:

1º) El día 30 de junio de 1981, próximo a la hora 01:35, el Alférez Médico H. M., quien cumplía funciones en el Establecimiento Militar de Reclusión Nº1, dejó constancia que realizó el reconocimiento del cuerpo del recluso Horacio Ramos Nº 511, constatando su deceso, dado que no presentaba ningún signo vital (fs.412vta.).

2º) Sin perjuicio de ello, a fojas 5 surge testimonio de la partida de defunción donde consta que el fallecimiento ocurrió en el Hospital Militar, según certificado Nº044802 del Dr. J.A.M., quien certificó que ocurrió a consecuencia de “Ahorcado”, surgiendo a fojas 137 información del Jefe del Departamento de Estadísticas y Registros Médicos de dicho nosocomio que no figura ningún antecedente con ese nombre, y a fojas 586 que el referido cuerpo no ingresó a la morgue judicial para autopsia, ni intervino ningún médico forense judicial.

3º) Horacio Darío Ramos Bentancor, de 40 años de edad al momento de su muerte, ex-bancario, divorciado y padre de dos hijos menores de edad, integraba el MLN (Movimiento de Liberación Nacional), habiendo sido detenido por las Fuerzas Armadas en Uruguay en el año 1970, y luego de la fuga masiva del Penal de Punta Carretas ocurrida el 06 de setiembre de 1971, fue nuevamente recluído en el año 1972, siendo sentenciado por la Justicia Militar a una condena de 30 años de penitenciaría y medidas de seguridad eliminativas de 1 a 10 años, por Atentado contra la Constitución, coautoría de Homicidio, Asociación para delinquir, Autoevasión, Encubrimiento de hurto, siendo catalogado por las Fuerzas Conjuntas de la época como cumpliendo condena por actividades subversivas (fs.379 y vta. y 389), encontrándose alojado desde hacía nueve años en el segundo piso del Penal de Libertad o Establecimiento Militar de Reclusión Nº1 (EMR1), identificado con el Nº511; lugar donde se albergaba a los presos considerados de mayor peligrosidad.

4º) En el mes de junio de 1981 fue sancionado con un régimen de incomunicación y trasladado a los calabozos conocidos como “La Isla”, una sala de disciplina donde se intensificaban los castigos físicos, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, prolongados en el tiempo, y de manera sistemática (no ya como mero abuso o exceso), utilizándolos como instrumento o mecanismo de terror para obtener información sobre determinados hechos realizados por quienes integraban los movimientos de izquierda política, o como política de persecución a su respecto, según lo destacaron testigos que fueron recluídos en el lugar, como ser, J.J.N. (fs.418 y sig.), M.A.O.R. (fs.215 a 224), R.C.P. (fs.246 a 255), J.C.L.C. (fs.260 a 266), R. E. D. (fs. 293 a 303), J.L.V.R. (fs.304 a 305), J.E.P.L. (fs.208 a 214), B.T.C. (fs.231 a 237), este quien afirmó: “…Algunos compañeros recibieron castigos físicos. Con algunos de ellos “jugaron” a ahorcarlos. Le colocan una cuerda y le cinchaban por la reja “ (fs.234).

5º) Pocos días después se informó de su muerte alegando que se autoeliminó por ahorcamiento en la celda donde había sido recluído (celda Nº6).

6º) Si bien el testigo Cabo de Segunda E.F. dijo haber visto con vida a Ramos a la hora 00:20, ahorcado a la hora 00:50 y que lo comunicó inmediatamente al Comandante de la Guardia del Celdario, Alférez L.F., éste expresó que recibió la comunicación a la hora 01:10, y que dio cuenta al Jefe del Servicio Celdario, Capitan L.A., surgiendo la constatación del fallecimiento por el Alferez Médico M. a la hora 01.25, aunque el indagado R. dijo sentirse sorprendido al comprobar que al momento de su llegada al lugar “temprano” aún no había sido descolgado, encontrándose colgado con una bufanda de lana larga de nombre Reginela de color celestito con verde y demás, llevándolo al Hospital Militar para la realización de autopsia en su presencia, surgiendo de la misma que se constató la existencia de un surco de ahorcadura provocado por lazo de una soga, en abierta contradicción con lo mencionado.

7º) En el informe pericial del Dr. H.R. (fs. 682 a 694), en el aspecto médico legal, destaca que debido las inconsistencias en la versión testimoniada del reconocimiento del cadáver y de la autopsia, el informe de autopsia, los errores del certificado de defunción, todo ello le resta credibilidad a la información de los médicos intervinientes en la oportunidad, y de asumirse como auténtico el informe de autopsia, observa que la descripción del surco de ahorcamiento se correspondería más con el provocado por un lazo de características más agresivas (tipo cuerda o soga), que el provocado por una bufanda de lana, y aún más si hubiera tenido el cuello del buzo interpuesto entre el lazo y la piel.

8º) Los referidos testigos afirmaron haberlo visto colgado de la reja de la ventana de espaldas a la pared, sugiriendo R. que pudo haberse atado, girado y luego soltarse, aunque en la diligencia de reconstrucción se constató que debido a la altura del borde inferior de la misma, la estatura de la víctima, y a que no existían objetos móviles en que apoyarse, la maniobra no era posible de realizar, sin perjuicio que se informó que la víctima padecía lumbago lo que disminuía sus posibilidades físicas (fs.692). Ante ello R. cambio su versión respecto al lugar de donde se colgara, resultando materialmente imposible de realizar la maniobra descripta por R., afirmando además que el lugar había recibido reformas lo cual fue informado en forma negativa por el Ministerio del Interior (fs. 639 a 658 y 852).

A ello debe sumarse el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja que confirma que la construcción fue realizada a fin de evitar intentos de autoeliminación (fs.451).

No se realizaron en su oportunidad relevamiento planimétrico ni fotográfico del levantamiento del cadáver.

9º) De los testimonios vertidos por sus compañeros de reclusión, asi como de la autopsia psicológica obrante de fojas 598 a 601, surge que era una persona fuerte, vital, de convicciones religiosas muy profundas, que disfrutaba de la compañía de sus hijos en ocasión de las visitas, carecía de antecedentes psiquiátricos o médico general, personales y familiares, destacándose la presencia de rasgos de carácter adaptativos y una “fortaleza psicológica importante”, poco propicia a presentar sintomatología psiquiátrica ante la ocurrencia de eventos vitales estresantes, ni ningún otro factor de riesgo que hiciera prever la conducta suicida, ni situaciones que pudieran haber desencadenado su autoeliminación.

10º) El indagado G. admitió que desde el año 1978 cumplió funciones como Sub Director del Penal, y que al momento del fallecimiento de Ramos hacía dos meses que ejercía la dirección de la institución, por tanto el jerarca máximo y si bien afirmó que no era un hecho normal que muriera ahorcado un recluso, dijo que el Jefe de Servicio actuó de acuerdo al procedimiento, que consistía en dar cuenta de lo sucedido a los superiores, intervención del médico militar y de la Justicia Militar, traslado del cuerpo al Hospital Militar para autopsia, entrega del cuerpo a familiares y comunicación a los demás reclusos por red de altavoces.
Y aunque entre las medidas del procedimiento estaba dar cuenta a los superiores, a que él era el superior máximo del lugar, y a que consideró que se trataba de un hecho grave o no normal, admitió que no fue informado, enterándose al día siguiente, reconociendo no saber si se realizaron constataciones técnicas en el lugar, y que no supervisó la labor de sus subalternos.

Manifestó conocer de la existencia de un sistema de información e inteligencia que utilizaba escuchas y grabaciones, el sistema de trabajo de sus subalternos, el régimen de sanciones y calificación de los reclusos, el lugar y la forma de reclusión.

11º) El indagado R. se presentó espontáneamente en la presente causa, ofreciendo versiones de los hechos denunciados, que prima-facie puede deducirse que lo hizo a sabiendas de su falsedad y con la finalidad estorbar las investigaciones para favorecer a los responsables, en algunos casos variando las mismas, como ser el lugar de ubicación de la víctima, y alegando un eventual estado depresivo de la víctima, que no se corresponde con los informes técnicos recabados en autos.

II) La semi plena prueba de los hechos referidos y de la responsabilidad de los indagados surge de: denuncia escrita con los recaudos adjuntos, informes del Ministerio del Interior, de Dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, del Comité Internacional de la Cruz Roja, declaraciones de testigos e indagados, certificados médicos, autopsia psicológica de la víctima, diligencia de reconstrucción con carpeta de Policía Técnica, pericia de la Médico Forense Dra. Zully Dominguez, informe pericial del Dr. Hugo Rodriguez, informe pericial del Laboratorio de Antropología Forense, asi como del cúmulo de indicios ciertos, no meramente hipotéticos, ni contradictorios entre sí, los que considerados globalmente y utilizando un procedimiento lógico, tienen valor probatorio al amparo de lo dispuesto en el artículo 216 del Código de Proceso Penal (Giovanni Leone- Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo II, pag 163 y siguientes).

CONSIDERANDO:

I) Corresponde el procesamiento siempre que exista un hecho con apariencia delictiva y elementos de convicción suficientes para juzgar que el indagado tuvo participación en el mismo, determinando con ello su sujeción jurídica al proceso penal, en el cual se produce la búsqueda y recolección de la prueba acerca de la existencia del delito y sus circunstancias, la individualización de su autor, y los elementos que permitan un mejor conocimiento de su personalidad e influyan en la medida de su responsabilidad, tratándose de un acto emanado del Juez que no causa estado en cuanto puede ser modificada si varían las circunstancias que se tomaron en consideración al momento de adoptarla. ( Angel Landoni – IUDP, Curso sobre C.P.P., pág. 236 y sig.) .

II) De las actuaciones obrantes en autos existen elementos de convicción suficientes de que Horacio Darío Ramos Bentancor fue víctima de homicidio por parte de quienes ejecutaban las directivas impartidas por el indagado W.C.G.P. en oportunidad en que dirigía el Establecimiento Militar de Reclusión Nº1, realizado por motivos fútiles, frívolos, irracionales, ya que buscaban la obtención de información sobre determinados hechos realizados por quienes integraban los movimientos de izquierda política y como mecanismo de terror y persecución a su respecto, por lo que será sometido al proceso penal por la comisión en carácter de coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por haberlo cometido con impulso de brutal ferocidad (art. 61, 310 y 312 numeral 1º del código penal).

Respecto al indagado E.R. será procesado como autor responsable de un delito de Encubrimiento (art.60 num.1º y 197 del código penal).

III) En efecto surge semiplenamente acreditado que G. conocía el mecanismo que se utilizaba al respecto, por haber ejercido la Sub Dirección del Establecimiento desde el año 1978, y al asumir la Dirección no impidió que continuarán con dicha política de persecución sistemática hacia quienes comulgaran ideológicamente con determinadas corrientes de pensamiento político, sino por el contrario se comprometió a encubrir los referidos excesos de sus subordinados, por lo que "prima facie", sin perjuicio de ulterioridades, su conducta puede ingresar ya en el numeral 1º (determinación o instigación a otros a cometer el delito), ya en el numeral 2º (funcionario público que obligado a impedir, o esclarecer el delito, antes de la ejecución y para decidir su comisión promete el encubrimiento), ya en el numeral 4º (cooperación en la faz preparatoria o ejecutiva por un acto sin el cual el delito no podría haberse cometido) del art. 61 del Código Penal.

IV) En cuanto a la referida agravante, como ha sido destacado por la doctrina y jurisprudencia, existe cuando el victimario da muerte sin causa aparente o presunta, o por motivos fútiles, frívolos, irracionales, ilógicos, absurdos, que implican una gran desproporción entre el motivo y la acción de matar, y en el caso surgen elementos de convicción suficientes que su muerte se produjo por ser víctima de un instrumento o mecanismo de terror para obtener información sobre determinados hechos realizados por quienes integraban los movimientos de izquierda política, o como política de persecución a su respecto.

V) En relación al co-indagado E.R.U., existen elementos de convicción suficientes que, después de haberse cometido el delito, sin que surja por el momento prueba del concierto previo a su ejecución con los partícipes del mismo, estorbó las investigaciones que se realizaban al respecto, simulando pruebas con la finalidad de ocultar el delito de homicidio y favorecer a los eventuales responsables del mismo a sustraerse de la persecución de la Justicia o a eludir su castigo.

VI) En el delito de encubrimiento el bien jurídico tutelado es el normal y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia y como lo destaca Cairoli la objetividad de este delito no radica en el derecho violado por el primer delito sino en la obstaculización al normal desempeño de la actividad Estatal encaminada a su esclarecimiento y castigo, siendo el sujeto pasivo siempre el Estado titular del bien jurídico tutelado (Curso de D.P.U. tomo IV pág.281).

VII) En atención al máximo de la pena prevista en el artículo 312 del código penal, a la gravedad del hecho, la naturaleza de los móviles, asi como a la peligrosidad, al amparo de lo dispuesto por los artículos 117 y 123 del referido código, y a que no se computa el período de gobierno no democrático, no se configuró la prescripción del delito.
Respecto a la elevación del término de la prescripción al amparo de lo dispuesto por el artículo 123 del código penal, como fuera sostenido por el T.A.P. de 2º Turno en sent.70/2006, debe resaltarse el valor del bien jurídico protegido, (la vida humana), la gravedad del hecho en si mismo y la naturaleza de los móviles, y no atenerse a los parámetros presentes de la persona, sino que deben estimarse las "...coordenadas de evaluación contemporáneas a la fecha de comisión del delito”..

VIII) El procesamiento se verificará con prisión en atención a la imputación “prima-facie” realizada y a los guarismos punitivos previstos en la norma y en el caso de R. por la gravedad del delito y por registrar antecedentes judiciales.

IX) Respecto a las restantes probanzas ofrecidas por la defensa de G. deberá tenerse presente lo resuelto por decreto Nº1430/2011 de 25 de mayo de 2011 (fs.1115 a 1116).

En mérito a los fundamentos expuestos y a lo dispuesto en los artículos 12 y 15 de la Constitución Nacional, 1, 3, 18, 60, 61, 197, 310 y 312 numeral 1º del código penal, 113, y siguientes del código de proceso penal, leyes 15859, 16058, 17.726, y demás normas concordantes y complementarias.

RESUELVO:

1º) Decrétase el procesamiento con prisión de W.C.G.P. imputado de la comisión en carácter de coautor de un (1) delito de Homicidio muy especialmente agravado.

2º) Decrétase el procesamiento con prisión de E.R.U. imputado de la comisión en carácter de autor de un (1) delito de Encubrimiento.

3º) Comuníquese, solicitándose a la autoridad policial la detención de G. y su posterior reclusión en el establecimiento que corresponda, previa realización del prontuario correspondiente, e información a las autoridades del lugar de reclusión que deberán adoptar las medidas necesarias a fin de que reciba la atención médica acorde a su patología.
Respecto a R. solicítese el envío de su prontuario y comuníquese a la sede homóloga de 7º turno.

4º) Solicítese y agréguese los antecedentes judiciales y los informes complementarios que fueran menester.

5º) Téngase por designados y aceptados como defensores de particular confianza, a la Dra. Graciela Figueredo respecto a G. y a los Drs. Gastón Chaves y Gustavo Bordes respecto a R..

6º) Téngase por ratificadas y por incorporadas al sumario las precedentes actuaciones, con noticia a la defensa y al Ministerio Público.

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