la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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martes, 31 de agosto de 2010

Presentes

En el Día Internacional de los Desaparecidos, Rosadilla “entregó” el Calen como marca de memoria.

La Diaria. 31 8 10


Bajo la consigna “Todos y todas contra la impunidad”, organizaciones sociales se concentraron ayer frente al edificio donde fue la sede del Servicio de Información de Defensa (SID) durante la dictadura. En ese contexto, se hizo presente el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, para hacer el anuncio. En tanto los convocantes se declararon en “estado de alerta” y “asamblea permanente” ante el inminente envío del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad al Parlamento.

“Aquí se secuestró, torturó y desapareció. Basta de impunidad”, decía la pancarta pegada en el portón que hoy da acceso al Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Valentín Enseñat, hijo de desaparecidos, recordó que en ese lugar se realizó “la verdadera coordinación represiva” de las tres fuerzas -Ejército, Armada y Fuerza Aérea- y que a partir de 1970, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, “se recolectó información con métodos ilegales, como las escuchas telefónicas”.

Enseñat también destacó que como “centro neurálgico” de los servicios de Inteligencia en el marco de la ejecución del Plan Cóndor estuvo “directamente vinculado a Orletti”, centro clandestino de detención en Buenos Aires durante 1976. Ese edificio, ubicado en Bulevar Artigas y Palmar, fue el destino de muchos uruguayos detenidos en Argentina y trasladados en los vuelos clandestinos. Allí, María Claudia García dio a luz a Macarena Gelman y estuvieron los hermanos Julien, Anatole y Victoria.

Rosadilla apareció inesperadamente, trasladó la decisión de ceder el edificio y prometió efectivizarlo antes del próximo Día Internacional. En una carta fechada el 1º de junio y dirigida al Movimiento de Independientes por Derechos Humanos, Rosadilla había expresado su “máxima voluntad” para convertir el recinto en una marca de la memoria (ver nota adjunta).

En el escrito explicaba que se estaban planificando “cambios en las distintas reparticiones” del MDN para trasladar las oficinas del Calen a otras dependencia. Ayer indicó que esas gestiones están en marcha, según dijo en diálogo con la diaria el presidente de Crysol, Baldemar Taroco.

En tanto, el director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, puso fecha a la instalación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. “Es nuestro deseo y en eso estamos trabajando; que en el primer semestre de 2011 quede efectivamente instalado. Que se convierta en un verdadero órgano de denuncias a los derechos humanos pero, fundamentalmente, de promoción y protección a los derechos humanos, que, creo, es una deuda que tiene el Estado”, indicó.

Por este tema, Miranda inició una ronda para informar a la oposición; ayer se reunió con el presidente del directorio blanco, Luis Alberto Lacalle, y con el secretario general del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, hoy lo hará con el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres.

Formas de impunidad

Las organizaciones llamaron ayer a rodear el Palacio Legislativo el día que se vote el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. La iniciativa, elaborada por una comisión del Frente Amplio y aprobada por la Mesa Política, aún no fue puesta a consideración del Parlamento porque se está “ultimando detalles”, informaron a la diaria desde el Ejecutivo.

El reclamo por la anulación de la norma fue central en la proclama leída por Enseñat, pero subrayó que “no es la única forma de impunidad” y que “en eso los tres poderes del Estado son omisos”.

Enseñat señaló que el Legislativo lo es por no anularla, pero también el Ejecutivo por “no establecer herramientas que permitan romper el pacto de silencio para llegar a la verdad, por ejemplo, mediante la desclasificación de archivos”, y el Judicial por tipificar en todos los casos “homicidio muy especialmente agravado” en lugar de “desaparición forzada”.

“Se ignora en los juzgados uruguayos. La desaparición es un crimen complejo imprescriptible e inamnistiable que supone la violación de múltiples derechos humanos y crimen de lesa humanidad: la privación de libertad, la negativa a reconocer su detención, de sustraerla de la protección de la ley, de torturar en un paradero oculto para que el crimen y sus responsables no se puedan identificar ni denunciar”, explicó. “Esto no es cosa del pasado porque los desaparecidos están presentes”, precisó Óscar Urtasun, de Familiares.

Lourdes Rodríguez
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Gobierno cederá la sede del ex SID como centro de memoria colectiva

El pueblo reclamó la anulación de la Ley de Caducidad frente a sede del ex SID.

Poco a poco, la gente se fue concentrando en las inmediaciones de Bulevar Artigas y Palmar, a pesar de la amenaza de una posible tormenta. La cita era para conmemorar el Día Internacional del Detenido Desaparecido y el reclamo fue: anular la Ley de Caducidad.

La República. 31 8 10 Víctor Carrato

Anoche frente al ex SID. El ministro de Defensa Rosadilla estuvo unos minutos.
En la reja del edificio militar se había instalado un cartel donde se leía: "Aquí se secuestró, torturó y desapareció. Basta de impunidad. Todos contra la impunidad".

Poco antes de iniciarse la parte oratoria, que fue breve, se hizo presente el ministro de Defensa, Luis Rosadilla. Su presencia duró algunos minutos aunque no quiso hacer declaraciones a la prensa.

De todos modos en su conversación con familiares de desaparecidos y dirigentes de organizaciones sociales, el ministro aseguró que antes de un año el edificio del Calen (Centro de Altos Estudios Nacionales del Ministerio de Defensa Nacional), ex SID (Servicio de Información de Defensa), pasaría en comodato a quienes lo solicitaron para crear allí un centro de la memoria colectiva en la lucha por los derechos humanos.

Ante la requisitoria de familiares para que también se entreguen los archivos de la represión, el ministro dijo que ellos serán llevados al Archivo General de la Nación, sin dar más precisiones.

Entre los presentes también se encontraban el senador Rafael Michelini, el diputado Luis Puig, ambos del Frente Amplio, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Belela Herrera, Luisa Cuesta, integrante de los familiares de desaparecidos, y la abogada defensora de los derechos humanos Hebe Martínez Burlé, entre otros.

Se leyó una proclama en la cual se recordó que en "este local de las Fuerzas Armadas, hoy llamado Calen, pero que supo ser el tristemente célebre SID, de los años 70. Durante la dictadura cívico-militar, el edificio donde hoy funciona el Calen fue la sede del Servicio De Información de Defensa, verdadera coordinación represiva de las tres armas.

En este lugar, altamente simbólico, fue donde a partir de 1970, durante el gobierno de Pacheco Areco, se recolectaba información con métodos ilegales de escuchas telefónicas y se planificaba la represión contra nuestro pueblo. Poco a poco se convirtió en uno de los centros neurálgicos de los equipos de Inteligencia, vinculado directamente a Orletti, destinado a la represión donde se ejecutaba el mismo Plan Cóndor".

Más adelante en la proclama se denuncia que "en dictadura esta casona era un lugar de tránsito de detenidos y torturas sistemáticas. Fue depósito de ciudadanos traídos ilegalmente al país. En dicho lugar estuvieron los ciudadanos traídos en el primer vuelo y en el segundo vuelo, entre otros. Nuestros compañeros que permanecen desaparecidos hasta el día de hoy".

También se recordó que en este lugar también estuvo recluida María Claudia García de Gelman, antes de dar a luz a Macarena, y fue trasladada con destino desconocido. "También pasaron por aquí niños como los hermanos Julien, Victoria y Anatole", se señaló.

La proclama también recordó que el Parlamento aún no ha anulado la Ley de Caducidad, como se reclama. Al Poder Ejecutivo se le reclamó que "no ha establecido las herramientas que permitan investigar y destruir el pacto de silencio de los represores para llegar a la verdad, pedido de desclasificación de archivos y respaldo total a las víctimas, aportando todo el apoyo del Estado para llegar a la verdad".

"Por verdad, justicia, memoria y nunca más terrorismo de Estado", finalizó la proclama leída.

En nombre de los familiares de detenidos desaparecidos hizo uso de la palabra Oscar Urtasún, hermano de José Luis Urtasun desaparecido el 13 de agosto de 1978 en Argentina.

Finalmente cerró el acto el ex detenido en Orletti y en la antigua sede del SID, Sergio López Burgos. Recordó que el propio ex senador Zelmar Michelini denunció que este lugar era el centro de conspiración contra la democracia aún antes de la dictadura.

"Este lugar operó como el centro de información de Defensa hasta 1976, cuando se mudó a la calle Monte Caseros y Luis Alberto de Herrera, quedando como dependencia del Departamento 3, división que regenteaba Rodríguez Buratti, Gavazzo, Cordero, Silveira, Arab, Medina, Gilberto Vázquez y otros".

López Burgos recordó que en la parte trasera de este edificio, a la que llamaban "el tendedero" o "la cuadra" tuvieron a las víctimas fatales del segundo vuelo.
Finalmente denunció la situación que calificó como "indignante" del coronel Rama que, según dijo, se encuentra "violentando toda decisión de la Justicia, en un hotel cinco estrellas en el Hospital Militar sin haber pisado hasta ahora la cárcel de Domingo Arena".

Agregó que "el célebre 'Tordillo', torturador de decenas y decenas de miles de compatriotas goza de lo que no tiene ningún preso social en este país: bicicleta ergométrica, DVD, frigobar, sillones de cuero, en pleno centro de la capital, mientras que los presos comunes se queman en las celdas".

López Burgos, ex detenido en Orletti y en el SID."Si viene como enemigo, será destruido"

"Acá había un cartel, en la entrada de lo que era el SID, que rezaba así: 'Bienvenido si viene como amigo y si viene como enemigo será destruido'. Esto último era lo que en realidad sucedía acá.

Esto era un centro de detención selectivo, donde estuvimos detenidos gente que los militares no querían que nos relacionáramos con los otros presos porque habíamos sido secuestrados en la Argentina, trasladados de Orletti, los llamados primer y segundo vuelos, niños secuestrados, María Claudia García de Gelman. Acá a Macarena Gelman le aprontaba la mamadera Marta Petrides. En los mismos días arribaron Anatole y Victoria Julien Grissonas, cuya madre estaba secuestrada en el fondo. Este es un lugar emblemático, en pleno centro de Montevideo, que era la crema del terror".

Rafael Michelini."Ahora anular la Ley de Caducidad"

"En la lucha por la verdad y la justicia, todo acto que implique reivindicar la memoria, generar un ámbito de reflexión va en la buena dirección, aunque ahora, más que nunca, tenemos que declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad como paso hacia esa verdad y esa justicia". El senador Michelini anunció que en el correr del mes que viene el proyecto del Frente Amplio va a tomar estado parlamentario.

Diputado Luis Puig:"Erradicar la cultura de la impunidad"

"Esta concentración es un compromiso reafirmado del pueblo uruguayo para terminar definitivamente con la impunidad que se albergó a partir de la Ley de Caducidad y avanzar en su erradicación. Si dar un golpe de Estado, asesinar, secuestrar niños, suprimir sus identidades, sale gratis, eso fue albergando en nuestra sociedad una cultura de impunidad que tenemos que terminar. Próximamente se va a erradicar la Ley de Caducidad a través de una ley interpretativa que vamos a ingresar al Parlamento y seguiremos luchando por la plena vigencia de la verdad y la justicia".


Hebe Martínez Burlé. Desaparecidos:"Somos todos responsables"

"Lamentablemente otra vez estamos acá pidiendo por la aparición de los desaparecidos. Ojalá, algún día no muy lejano, realmente aparezcan todos y devolvamos a sus familias la tranquilidad o por lo menos recuperemos aquella vieja posibilidad prehistórica de poder llevar a los muertos a un descanso en paz, lo cual ha sido burlado y birlado por todos. Somos todos responsables que aún hoy haya desaparecidos".
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CALEN será transformado en "Espacio de la Memoria"


Últimas Noticias. 31 8 10

El ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, se comprometió con distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos a convertir, en menos de un año, la actual sede del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) en un "espacio de la memoria" vinculado a los episodios de la dictadura.


Así lo confirmaron a Ultimas Noticias fuentes de varias organizaciones que participaron ayer de un acto en conmemoración del "Día Internacional del Detenido Desaparecido" justamente a las puertas del Calen, ex sede del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID) durante el período dictatorial, ubicada en Br. Artigas y Palmar.

La actividad estuvo organizada por Madres y familiares de detenidos desaparecidos, comisión de Derechos Humanos del Pit-Cnt, Crysol, Cofe, Aute, Fenapes, Adeom, Ffose, Fancap, Feuu, Ceem, Plenaria Memoria y Justicia, Costa 1 y Costa 2, Covipro, Serpaj, Amnistía Internacional, Ffsp y organizaciones sociales.

PRESENTES

Rosadilla estuvo presente al igual que el senador frenteamplista Rafael Michelini y el diputado Luis Puig. Fue allí que el secretario de Estado le confirmó a varios representantes de las entidades organizadoras que accederá al pedido por ellas formulado en cuanto a convertir al Calen en un Museo de la Memoria y les dijo que lo concretará antes del 30 de agosto de 2011.

Esta acción es similar a la adoptada el 24 de marzo de 2004 en Argentina por el gobierno de Néstor Kirchner que transformó el ex centro clandestino de detención y torturas Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) en el denominado "Espacio para la Memoria" que está abierto al público desde el 1° de octubre de 2007.

La proclama central del acto de anoche fue leída por Valentín Enseñat, un hijo de desaparecido, centralizando los reclamos en la anulación de la ley de Caducidad.

"Por verdad, justicia, memoria y nunca más terrorismo de Estado. Basta de impunidad, anular la ley de Caducidad", expresó en elevado tono el disertante.

Asimismo, a través de la proclama, las organizaciones de derechos humanos convocaron a "rodear el Palacio Legislativo en el momento que se vote el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad", próximo a ingresar al Parlamento.

“RAMAS EN SALA VIP”Otro de los oradores fue el sobreviviente de Automotores Orletti, Sergio López Burgos, quien criticó duramente las condiciones en las que se encuentra recluido el Cnel. Ernesto Ramas. "Está en una sala vip del Hospital Militar, con bicicleta ergométrica y frigobar, mientras los presos comunes se hacinan en las cárceles", denunció.
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lunes, 30 de agosto de 2010

Hoy: Concentración frente al CALEN a las 18.30 horas

Familiares de detenidos desaparecidos y Crysol convocan a una concentración en Bulevar Artigas y Palmar, frente a la sede del Calen (Centro de Altos Estudios Nacionales del Ministerio de Defensa Nacional), que fuera la sede del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID) donde se mantuvo detenidos desaparecidos que fueron traídos desde la Argentina, según múltiples testimonios.

"Porque nos mintieron, nos negaron información y lo siguen haciendo... seguiremos todos y todas luchando contra la impunidad y el olvido de nuestros familiares, amigos y parientes queridos porque nosotros no olvidamos nuestros muertos y desaparecidos", reza la convocatoria.

"En esta lucha aún faltan muchos... militares, civiles, diplomáticos, cómplices y funcionarios impunes por eso nos convocamos una vez más porque queremos un país de verdad, sin impunidad ni olvidos... en el que los detenidos desaparecidos no sean humo, niebla y olvido", se agrega.

Los convocantes son el PIT-CNT, FOSE, Coordinadora de vecinos, Frente verdad y justicia, Crysol, AUTE, COFE, Serpaj, Adeom, Plenaria memoria y justicia, Costa 1, Costa 2, Todos y todas contra la impunidad.
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Día Internacional del Detenido Desaparecido


María Esther Gatti de Islas con 92 años lanza un grito de esperanza.

"Sigo buscando a mi nieto o nieta de 34 años y a todos los desaparecidos políticos"
María Esther Gatti de Islas, madre de la desaparecida María Emilia Islas Gatti y abuela de Mariana Zaffaroni habló con LA REPUBLICA en vísperas del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Reclamó saber sobre el destino de su nieto/a, hermano/a de Mariana si es que sobrevive.


La República. 30 8 10. Por Víctor Carrato

María Esther Gatti. Con la misma pasión, hoy busca a otra nieta o nieto.

LA REPUBLICA también tuvo acceso a documentos confidenciales de la cancillería uruguaya referente a los desaparecidos.

En la tarde de ayer, LA REPUBLICA visitó a María Esther Gatti de Islas, madre de la desaparecida María Emilia Islas Gatti y abuela de Mariana Zaffaroni, quien fue apropiada por el represor Miguel Furci, actualmente imputado por la Justicia en el caso Orletti.

Con sus lúcidos 92 años de edad, María Esther Gatti de Islas, una de las abuelas que integra el grupo de Familiares de Detenidos Desaparecidos, lanzó un grito de esperanza haciendo un llamado a todos los que puedan aportar datos sobre su nieto o nieta que actualmente contaría con 34 años, cuya maternidad estaba en curso cuando fue secuestrada María Emilia Islas Gatti.

El hijo o hija de María Emilia debería haber nacido en marzo de 1977 habiendo cumplido nueve meses de embarazo. Las otras dos posibilidades que caben suponer son que haya nacido antes o que a María Emilia Islas la hayan asesinado embarazada.

María Esther Gatti de Islas contó a LA REPUBLICA su ardua lucha por recuperar a su nieta Mariana, sus encuentros en Buenos Aires con su apropiador, el represor Miguel Furci, a quien no le temió. Hoy María Esther busca a otro u otra nieta con la misma pasión y voluntad.

En el libro "A todos ellos", en el informe de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos", publicado en noviembre de 2004, página 524, figura el caso del "niño/a que debió nacer en 1977, hijo de María Emilia Islas Gatti y Jorge Zaffaroni. La pareja fue secuestrada el 27 de setiembre de 1976. Diversos testimonios dan cuenta de que cursaba un embarazo de 3 meses en el momento en que fue secuestrada y que fue conducida al centro clandestino de detención Automotores Orletti".

María Emilia le había escrito a su madre alrededor del momento de su captura, el 27 de setiembre de 1976, que creía estar embarazada, hecho corroborado recientemente por dos amigas de la pareja, según relata el libro "A todos ellos".

Existen otros tres casos de niños presuntamente nacidos en cautiverio en Argentina aún no aclarados. Se trata del embarazo a término de Adriana Gatti Casal, asesinada el 8 de abril de 1977.

Según el informe forense labrado por las autoridades de la época no se da cuenta de dicho embarazo. Tampoco de la suerte corrida por el niño/a.
Blanca Haydée Altman Levy (uruguaya) esposa de Raúl Dopaso (argentino), fue secuestrada el 19 de julio de 1977 cuando cursaba un embarazo de 3 meses que debió nacer en enero de 1978. Raúl Dopaso continúa la búsqueda del niño/a que debió nacer.

Versiones no confirmadas indican que María Rosa Silveira Gramont cursaba un embarazo de 3 meses en el momento de su desaparición. De confirmarse dicha versión, debió dar a luz en febrero de 1979.

Documentos confidenciales que se encuentran en la Cancillería uruguaya a los que tuvo acceso LA REPUBLICA indican cómo operaba el terrorismo de Estado durante la dictadura uruguaya.

El 13 de enero de 1977, el embajador de la dictadura, Gustavo Magariños, informaba al canciller Alejandro Rovira, sobre los datos filiatorios de 49 uruguayos que viajaron a Cuba mediante Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). El informe del embajador da cuenta en su nota A12-I/1977 (022) que "con referencia a su nota A/976-655" se remite adjunto "el informe que a requerimiento de esta Embajada, nos fuera remitido por el Ministerio del Interior de la República Argentina".

Otro documento fechado en San Isidro, el 26 de junio de 1985, ya en tiempos de democracia, el cónsul profesor Carlos M. Trianón, vinculado al sector de Jorge Batlle, informó de la orden de captura de Adriana María González de Furci, de 33 años de edad y a la aprehensión de la menor quien responde al nombre de Daniela Romina Furci (quien en realidad era Mariana Zaffaroni), la que se encontraría en poder de la primera de las nombradas."

El cónsul profesor Trianón indicó que le fue solicitada "toda la información que sea posible proporcionar del expediente existente en este Consulado, relativo a la desaparición de los presuntos padres de la menor y de las gestiones realizadas al respecto en su oportunidad, punto sobre el cual se solicitan instrucciones a la brevedad posible".

El cónsul Trianón agrega que "de fuentes bien informadas se nos ha dado a entender que, entre un grupo de miembros de la SIDE existe consenso en el sentido de dar una interpretación política a las reclamaciones de esta índole, entendiendo que los menores, aún en situaciones como la planteada. Después de muchos años de convivencia están mejor en sus actuales medios familiares, y se apoyarían unos a otros para impedir la restitución de los mismos a los reclamantes".

Otra nota confidencial del cónsul general del Uruguay en Argentina, doctor Jorge M. Carvalho, dirigida al entonces canciller Enrique Iglesias, con fecha 3 de julio de 1985, da cuenta de la ubicación de Mariana Zaffaroni. Carvalho informó que remitía entonces "las actuaciones efectuadas referentes a la ubicación física de la niña uruguaya Mariana Zaffaroni Islas, solicitado por télex a 324 D del 25/06/85 de esa Cancillería y que adelantáramos por télex C 162 del 28/06/85".

ROBERTO Y MARIA EMILIA

Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, nació en Montevideo el 2 de mayo de 1952. Hijo de Julio Zaffaroni y Marta Castilla. Vivió en Nuevo París, Carrasco y el Centro. Hizo Primaria en el colegio "Christian Brothers" y Secundaria en el Liceo Nº 15, realizando el segundo ciclo en el Liceo Zorrilla. Estudió Magisterio.

María Emilia, nació en Montevideo el 18 de abril de 1953, hija de Ramón Islas y de María Es¬ ther Gatti. Creció en el Cordón y luego vivió en Colón. Practicó deportes durante nueve años en el club Sporting, habiendo concurrido a la escuela "Artigas" y al liceo Zorrilla. También estudió Magisterio.
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domingo, 29 de agosto de 2010

"La Junta lo decidió"


LA INVESTIGACION DEL FISCAL MOLINAS DE 1984 LO DETERMINÓ.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas encontró que la Junta Militar tomó la decisión de sacarles la papelera a los Graiver por la fuerza. “Esto surge también de todas las declaraciones informativas o testimoniales reunidas –determinó Molinas– y no sólo de declaraciones de los integrantes del Grupo.”

Página 12. Domingo 29 8 10. Por Irina Hauser

“Como surge de lo expuesto, al conocerse la muerte de David Graiver (el 9 de octubre de 1976) y la quiebra del grupo, las máximas autoridades nacionales del momento tomaron la determinación de liquidar el grupo; para ello decidieron obligar a los herederos a transferir las empresas.

En nuestro caso, la Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario clase A de Papel Prensa S.A. Esto surge claramente, no sólo de las dichos de los integrantes del Grupo Graiver, sino de todas las declaraciones informativas o testimoniales reunidas.”

La cita textual es de hace veintidós años y forma parte del dictamen que firmó el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas cuando concluyó el expediente que ya entonces había puesto la lupa sobre la transferencia de acciones de los Graiver en Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón.

La investigación, iniciada en 1984, daba por hecho que la venta se hizo en un contexto de sucesivas presiones, que se montaban a la situación de ahogo financiero del grupo, y también que fue previa a los secuestros de varios de sus integrantes para evitar que la empresa terminara en poder de la Comisión Nacional de Reparación Patrimonial (Conarepa), que se quedaba con los bienes de los detenidos.

La investigación de Molinas, nombrado fiscal general en la presidencia de Raúl Alfonsín, se abrió con una denuncia del sindicalista Norberto Imbelloni, cercano a Herminio Iglesias en esa época, que de manera genérica pedía que se esclareciera si hubo delitos como extorsión, defraudación o hasta asociación ilícita en el traspaso del paquete mayoritario de Papel Prensa a los tres diarios, que se produjo entre noviembre de 1976 y enero de 1977.

Molinas se embarcó en la pesquisa, del mismo modo que encaró otras de tenor similar como la del secuestro extorsivo de los empresarios textiles Federico Gutheim y su hijo Miguel. El menemismo lo expulsó en 1991 de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA) y fue diputado hasta 1995 por el Partido Demócrata Progresista.

El expediente de la FIA, que llevó cuatro años de averiguaciones y declaraciones, era terminante en sus conclusiones: cuestionaba la compraventa de Papel Prensa por considerar que había sido forzada y teñida de irregularidades; se dio en un escenario de grandes dificultades económicas para el grupo pero no fue éste el que promovió la venta a Fapel SA sino a la inversa, y la oferta a precio vil llegó tras una cadena de advertencias que provenían de los jerarcas de la dictadura; la junta militar investigaba los vínculos de los Graiver con Montoneros por lo menos desde septiembre de 1976, o sea dos meses antes de la transacción; los secuestros de los Graiver y su entorno se produjeron una vez que la compañía ya estaba en manos de los diarios.

A los 35 años David Graiver era dueño de varios bancos, como el Comercial del Plata y el de Hurlingham en Argentina, el Banco para América del Sur de Bruselas, el American Bank and Trust y el Century en Estados Unidos, y tenía empresas de todo tipo, desde inmobiliaria hasta imprenta. Su ingreso a Papel Prensa se produjo en 1973, cuando compró las primeras acciones. Terminó siendo socio mayoritario, a medida que acordó la transferencia de acciones clase “A” de los fundadores de la empresa (César Civitta, César Doretti y Luis Rey).

Los Graiver estaban representados por Galería Da Vinci y Rafael Ianover. La asamblea de accionistas de la productora de papel –que tiene participación del Estado– todavía no había aprobado la adquisición de acciones por parte del grupo, cuando se produjo la extraña muerte de David Graiver en un accidente aéreo en México.

Palabras indelebles

La viuda de Graiver, Lidia Papaleo, y su hermano Isidoro Graiver declararon en la investigación de Molinas en 1985. Sus relatos sobre lo que ocurrió con posterioridad al fallecimiento de David Graiver son prácticamente idénticos, según pudo constatar Página/12 al leer el viejo expediente, y pintan el clima previo al traspaso societario.

Ambos coincidieron en que en octubre de 1976 el abogado de la familia, Miguel de Anchorena, se había puesto en contacto con ella para advertirle que “había recibido una información de Francisco Manrique –el ex ministro de Acción Social– cuyo contenido era, sintéticamente, que el gobierno nacional vería con agrado la desaparición del conjunto empresario Graiver como tal, para lo cual sería necesaria la venta de los paquetes accionarios del Banco Comercial del Plata, del Banco de Hurlingham y del paquete de control, o mejor dicho del control accionario, de PPSA (Papel Prensa) estimando que los compradores lógicos de este último paquete eran los diarios Nación, Clarín y Razón”.

Esas eran las palabras de Isidoro, quien además aclaró que Manrique “en el ínterin ratificó” lo que había dicho Anchorena. Las palabras de Lidia fueron casi las mismas. Quien interrogaba en la fiscalía era el hijo del fiscal Molinas, Fernando Molinas. La pregunta que originó aquellas respuestas era “cómo se había elegido el comprador” y si había “existido algún tipo de presión por parte de autoridades públicas o particulares”.

La semana pasada Isidoro sostuvo primero en una carta ante un escribano y luego ante el juez Arnaldo Corazza que nadie le indicó quién debía ser el comprador y que la compra se hizo con el mejor oferente. En los papeles de la FIA no se consignan otros oferentes, ni los menciona él en su declaración ante ese organismo, como no lo hace tampoco Lidia Papaleo. Ella, en cambio, suma al relato de entonces un episodio con Pedro Martínez Segovia, presidente de Papel Prensa y muy cercano a Martínez de Hoz, que la invitó a encontrarse en el bar del Plaza Hotel, donde le dijo que estaba al tanto de las tratativas para la venta de las acciones y señaló que “esa venta no podía efectuarse ni a personas de la colectividad judía ni a un grupo extranjero”.

Cuando le tocó declarar, Martínez Segovia admitió el encuentro, contó que tomaron el té, pero dijo que no recordaba qué le había dicho a la viuda de Graiver.

Rafael Ianover, al presentarse en la FIA y asumirse como prestanombre de David Graiver, relató que cuando se aproximaba la asamblea de accionistas prevista para el 3 de noviembre del ’76, donde se debía tratar el pase de acciones de los antiguos dueños a Galería Da Vinci (para luego ser transferidas a Clarín, Nación y La Razón), recibió un “pedido”: Manuel José Benito Campos Carlés –titular de Fapel y apoderado de La Nación– le dijo que el secretario de Desarrollo Industrial, Raymundo Podestá, le pedía que no fuera a la reunión “para que la asamblea no fracasara solamente por la ausencia del representante estatal”. La asamblea, en efecto, no tuvo quórum. La noche anterior, el 2 de noviembre, firmaron la venta bajo la amenaza de que podían quedarse sin nada.

El precio, declaró Lidia Papaleo, era mucho “menor al que” aspiraban pero “no había otra alternativa”, dijo. Tanto ella como Ianover en sus manifestaciones recientes dijeron que no hubo ninguna chance de opinar sobre el precio ni la forma de pago: el valor fijado fue cercano a un millón de dólares y el adelanto de 7 mil dólares.

Ianover dijo también que poco antes de la operación un grupo de tareas había ingresado a su casa, tomaron a sus hijos y a la empleada como rehenes y antes de irse le hicieron firmar un papel que decía que no faltaba nada. Agregó que Patricio Peralta Ramos –de La Razón– le había dicho que si firmaba el convenio no le iba a pasar nada. Sin embargo, fue detenido en abril de 1977.

Igual que Juan Graiver y Eva Gitnacht (padres de David), Lidia Papaleo de Graiver, Isidoro Graiver y su esposa Lidia Brodsky, Jorge Rubinstein (abogado de los Graiver, quien murió en la tortura según los testimonios), Silvia Banjul (empleada del grupo) y Lidia Gesualdi (secretaria de David y luego de Lidia), todos cautivos desde marzo de ese año en adelante y sometidos a torturas en centros clandestinos de detención del llamado “Circuito Camps”, en la provincia de Buenos Aires. La asamblea de accionistas de Papel Prensa había aprobado la venta a Clarín, La Nación y La Razón a mediados de enero, dos meses antes.

Acusados

La investigación del fiscal Molinas incursionó en varios ejes y uno de ellos tuvo que ver con la constitución inicial de Papel Prensa y sus sucesivas composiciones accionarias. A su entender, hubo irregularidades desde los orígenes, ya que se hizo una adjudicación directa porque ninguna empresa cumplía con los requisitos de base y luego, las transferencias se encadenaron vía testaferros y sin aprobación en asamblea.

Un tramo de la pesquisa se centra en la relación de los Graiver con la agrupación Montoneros y da por hecho que el origen del dinero de sus operaciones era dudoso. Muestra que la junta militar venía investigando al grupo en su vinculación con Montoneros desde por lo menos dos meses antes de la venta de Papel Prensa y luego, ya detenidos, los sometieron a un Consejo de Guerra.

Hace hincapié, para eso, en la declaración del propio represor Emilio Massera, quien señala el 15 de septiembre como momento en que “la Junta Militar había tomado conocimiento de los hechos relativos al caso Graiver” y que “de acuerdo con lo que surgía de las investigaciones realizadas, dicho Grupo habría tenido estrechas vinculación y colaboración con la subversión”.

En la misma línea declara Martínez de Hoz.

Sobre esa base, su dictamen final advierte que a pesar de todo, y del carácter de accionista del Estado en la empresa, los ex comandantes “trataron y resolvieron” la venta como “una cuestión estrictamente comercial”.

En la lógica del terrorismo de Estado, Molinas mostraba un escenario absurdo. Los militares, aunque “conocían –dice– la situación financiera del grupo, a pesar de haber investigado y comprobado según sus propios dichos la vinculación de David Graiver con Montoneros en ese entonces declarada al margen de la ley”, no propiciaron y hasta forzaron la venta de Papel Prensa.

“Insólitamente, la Junta asistió impávidamente al enajenamiento de todos los principales bienes del grupo y recién después que ellos fueron transferidos, procedió a detenerlos” e “intervenir los bienes” restantes.

“En la práctica la Junta militar ocultó todo lo referente a la vinculación GraiverMontoneros hasta la finalización de la transferencia del paquete accionario de Papel Prensa”, afirma.

El dictamen, finalmente, acusa a los dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, a Martínez de Hoz y al secretario Raymundo Podestá por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, incumplimiento de sus deberes y administración fraudulenta.

Propone que se revoquen parte de los convenios por los que se reparó patrimonialmente a los Graiver y gira las actuaciones al Poder Ejecutivo, para que haga su propia investigación (algo que recién ocurre ahora). En cuanto a los tres diarios, Molinas concluye que no tiene pruebas para incriminarlos y que, hasta ese punto, aparecen como compradores “de buena fe”,

“Nuestra hipótesis inicial y lo que se pudo comprobar en la investigación es que la junta militar quería sacarles Papel Prensa a los Graiver y desvincular la operación de cualquier posible circunstancia ilícita. A su vez, todo hacía pensar que no se la iban a entregar a cualquiera, ellos eligieron al comprador, pero no aparecieron pruebas al menos hasta ese momento de que los diarios actuaran en connivencia.

Esperábamos que esa línea se profundizara en el juzgado”, le dijo Fernando Molinas a este diario. Pero nada ocurrió, ni siquiera avanzó el caso contra los dictadores, que terminaron sobreseídos por prescripción por decisión del entonces juez federal Néstor Blondi.

Hasta hace apenas unas semanas, cuando el juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente para investigar los hechos sobre la venta de Papel Prensa que surgieron de los testimonios recibidos este año en la Secretaría de Comercio y los envió al juez Corazza para que los incorporase a la causa sobre el circuito Camps de centros de detención clandestinos. A esto, en los próximos días se sumará la presentación que están preparando la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Derechos Humanos.

La Justicia tendrá entonces otra oportunidad para fallar sobre el tema.

FERNANDO MOLINAS, HIJO DEL FISCAL ADMINISTRATIVO.

Lo que encontró el funcionario


“Me da mucha bronca que ahora los diarios (por La Nación y Clarín) digan que el fiscal (Ricardo) Molinas, mi papá, concluyó que no hubo irregularidades en la transferencia de acciones de Papel Prensa. Eso no es así, el dictamen de la fiscalía señalaba numerosas irregularidades.

Fue evidente que ese traspaso se hizo rápido, que incluso hubo situaciones y cruces dentro de la propia junta militar que lo precipitaron y que se procuró que Papel Prensa quedara fuera de los bienes que iban a parar a la Conarepa. Por eso la detención de los Graiver es posterior”, dijo Fernando Molinas a Página/12.

Molinas hijo intervino personalmente en la investigación sobre Papel Prensa que llevó adelante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas cuando la dirigía su padre, que falleció en 2006. El mismo se encargó de tomar las declaraciones, entre otros, a Lidia Papaleo de Graiver, a su cuñado Isidoro, a Rafael Ianover y los dictadores. “Yo las tipeaba”, recuerda.

“Nuestra hipótesis inicial era que querían sacarles Papel Prensa a los Graiver y desvincular la operación de cualquier circunstancia ilícita”, explica. “Para nosotros esto surgía también claramente del contexto que describían los testigos, como la advertencia que dice Lidia Papaleo que le hace llegar (Francisco) Manrique de parte de los militares para que se deshiciera de los bienes del grupo.

Si viene alguien de ese nivel con ese mensaje es una presión, o más bien una orden”, repasa. “Isidoro Graiver –dice Molinas– declaró exactamente lo mismo en aquel entonces.”

“En el dictamen –agrega– señalábamos que la transferencia se basó en hechos irregulares: la cooptación de acciones del grupo fundador por parte de Galería Da Vinci debía tener aval del Estado, como accionista, y no la tuvo; y además el dinero del grupo Graiver podía tener origen ilícito, basado en la relación con Montoneros, entonces no se entiende cómo la junta militar lo aprueba a pesar de que tenía absoluto conocimiento.” “Aunque también formaba parte de nuestra hipótesis, no se pudo demostrar la complicidad de los diarios, no surgieron las pruebas”, justifica.

Esperaban, comenta, que luego el juez a cargo profundizara esa línea de investigación, aunque también presumían que podía declarar todo prescripto. Y eso fue lo que ocurrió en 1989, Jorge Néstor Pinzón desistió del recurso.
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Hallazgo confirma NN aunque sin tumba


Vuelo de la muerte? Fue registrado en 1978 como una muerte de "asfixia por inmersión".

El registro de los restos de un ciudadano muerto de asfixia por inmersión que fue sepultado durante la dictadura militar pero cuya tumba no se encuentra, fue descubierto por un obrero de la construcción que pidió buscar en los archivos del cementerio de la ciudad de Nueva Palmira.

La República. 29 8 10. Gabriel Monteagudo |Colonia

Nueva Palmira. Aparece registro de un posible desaparecido de la dictadura.
El hecho ocurrió hace unos días cuando Juan Pérez Quiñónez, oriundo de Mercedes pero que se encuentra temporariamente trabajando en una obra de Nueva Palmira, pidió autorización a las autoridades de la alcaldía para revisar el archivo de defunciones.
Tras escuchar varias historias sobre la existencia en ese cementerio de restos de desaparecidos "le pedí al concejal Márquez, me llevó a hablar con el alcalde y me permitieron mirar el libro", dijo Pérez Quiñónez a LA REPUBLICA.

Allí, confirmó lo que había escuchado en la calle: la existencia del registro de un fallecido como consecuencia de "asfixia por inmersión" en setiembre de 1978 del que no encontrarían luego ni tumba ni registro de exhumación. "Encontramos el dato de setiembre del 78, de un muerto entre el 12 y 13 de setiembre. No tiene registro ninguno y dice muerto por asfixia por inmersión. Yo creo que ese dato es contundente", señaló, Quiñónez, quien agregó "es como si estuviéramos viendo cuando le hacen el submarino".

Según el registro, el ciudadano muerto, sin nombre, ni más dato que la
fecha y causa de su muerte debería estar en una fosa, que no aparece. "Está en la fosa 72. Pero resulta que fuimos allí, estuvimos buscando y en el libro de exhumaciones no aparece. La tumba tampoco aparece", agregó. De los registros surgieron además cuatro tumbas de NN muertos en el año 83 sin registro de nombre, "el alcalde y los concejales se pusieron todos a la orden para investigar esto", señaló.

Quiñónez es un viejo "milico de cuartel" oriundo de Mercedes a quien la dictadura echó del país tras ser denunciado por ayudar a los detenidos en el cuartel, muchos de ellos amigos y vecinos del barrio donde nació.

Exiliado en Argentina, tuvo que peregrinar hasta encontrar los restos de su hermano y un hijo, a quienes los militares torturaron y mataron.

Tras venir a Nueva Palmira en un grupo de obreros de la construcción, escuchó las historias de presuntos desaparecidos enterrados en el cementerio de Nueva Palmira. Al cierre de esta edición la Justicia no había actuado en el tema, y salvo los concejales que dispusieron se continuara la investigación en el cementerio, la incógnita sigue allí, sin restos que aparezcan pero documentados en el libro del cementerio de Nueva Palmira, a la espera que alguien lance luz sobre las incógnitas que guardan. Quiñónez tiene un hermano y un hijo muertos en Argentina.

Nancy Banchero, co-directora del diario El Eco de Colonia dijo a LA REPUBLICA que "familiares de detenidos desaparecidos solicitarán investigar el cementerio de Nueva Palmira y resguardar las ocho urnas NN que están en un galpón en el cementerio de Colonia del Sacramento".

A la fosa 72 que contenía un cuerpo NN, después de haberse sepultado a un "joven de entre 20 y 25 años", a raíz de "asfixia por inmersión", probablemente lanzado al agua por los vuelos de la muerte durante la dictadura argentina y uruguaya, se colocó al año siguiente, 1979, otro cuerpo.

Las interrogantes se acumulan sin respuestas. ¿Por qué un año después del hallazgo de ese cuerpo sin vida, se coloca otro fallecido ¬local con nombre y apellido¬ en la misma fosa o sobre ésta? Los hechos hacen suponer que lo que se pretendió fue borrar todo rastro.

El certificado de defunción encontrado por Juan Pérez Quiñónez dice sobre el joven que debería estar en la fosa 72 que "se ignora nacionalidad". En aquel entonces quien certificó la muerte fue el "doctor Edel Boccagni", forense policial hoy fallecido. Además en el registro escrito a mano aparecen las iniciales NN remarcadas en lapicera.

En los libros del cementerio que van de 1983 a 1985 aparecen un total de 18 reducciones de cuerpos "sin identificar". A algunos de ellos quizás se les haya perdido la plaqueta de identificación, pero otros resultan muy dudosos porque las exhumaciones de tres de esos cuerpos se hicieron dos el mismo día y otra en el siguiente cuando aún persistía el gobierno militar, son los cuerpos "sin edificar" (así reza en el libro) del 17/6/1983, del 17/7/1983 y del 17/83.

Las restantes exhumaciones figuran hechas en el año 85, a comienzos del gobierno de Julio María Sanguinetti.

Las urnas de los ocho cuerpos NN que se encuentran en el cementerio de Colonia del Sacramento, están en un pequeño depósito de dos metros por dos, arriba de un tablón, junto a herramientas y materiales de construcción. Familiares de detenidos desaparecidos reclamarán a la Intendencia que se pongan en un lugar apropiado para su conservación, así lo indicó al semanario El Eco, uno de sus representantes, Eduardo Piroto.

"Forenses argentinos estuvieron en el cementerio de Colonia y le realizaron el ADN a todos los cuerpos pero como no coincidían con ninguno de los datos que tienen en el banco genético para cotejar con cuerpos que se vayan encontrando, los ocho NN están documentados para su identificación", indicó el integrante de Familiares de Desaparecidos de Uruguay, Eduardo Piroto.

Lo importante ahora "es que esos restos en Colonia del Sacramento se conserven en algún lugar bien resguardado" para que "no se vayan a perder, a tirar, depositar en el osario o cremar, porque en algún momento pueden ser identificados", agregó.
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Plantean Juzgados y Fiscalías en DDHH

Iniciativa. Movimiento Independientes por los Derechos Humanos (Frente Amplio)

La República. 29 8 10

El Movimiento Independientes por los Derechos Humanos (Frente Amplio) presentará un proyecto de ley para crear Juzgados y Fiscalías Especializadas en Violaciones a los Derechos Humanos.

La idea procura concentrar y profesionalizar la investigación por los crímenes del terrorismo de Estado. El abogado Oscar López Goldaracena, querellante en varias causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura e integrante del Movimiento Independientes por los Derechos Humanos, presentará en los próximos días ante la bancada de senadores del FA un proyecto de ley para impulsar la creación de Juzgados y Fiscalías Especializadas en Violaciones a los Derechos Humanos.

La propuesta procura centralizar y profesionalizar la investigación de los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado durante la última dictadura con un rol más activo del Estado, para lo cual el proyecto prevé, además, la creación de un departamento policial de investigación especial en la materia, según expresó el propio abogado a LA REPUBLICA.

El abogado planteó la decisión de su sector político de presentar un proyecto de ley ante la bancada de senadores del FA para promover la creación de Juzgados y Fiscalías Especializadas en Violaciones a los Derechos Humanos, como forma de "profesionalizar" la investigación judicial en la materia.

"Los casos de violaciones a los derechos humanos se deben investigar profesionalmente, capitalizando todo el conocimiento que han desarrollado los jueces y fiscales que tienen a su cargo las causas judiciales. Por ejemplo, en este caso en particular (el de Gregorio Alvarez), se está llegando a la verdad por la vía judicial y no por la intervención de un departamento especial de investigación policial", puntualizó el abogado.

Asimismo, el proyecto de ley a presentarse pretende la creación de "un departamento policial de investigación especial sobre crímenes del Terrorismo de Estado, tal como sucede cuando se investigan otros delitos complejos, como un homicidio, el lavado de dinero o el tráfico de drogas, para lo cual existen dependencias profesionales de la Policía".

"La propuesta implica que la brigada especial de investigación en la órbita policial deberá coordinar con el juzgado, víctimas, abogados, antropólogos y tomar a su cargo la búsqueda de los restos de los desaparecidos y la determinación de los responsables; o sea, una labor similar a la de Delitos Complejos, Crimen Especializado u Homicidios", señaló.

El abogado insistió en la necesidad de conformar una "verdadera" política de Estado en materia de derechos humanos.
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Nueva institución de DDHH en 2011


Funcionará en la órbita del Poder Legislativo

El País. 29 8 10. EDUARDO DELGADO

La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura se ha puesto como prioridad el funcionamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos, creada en la ley 18.446 aprobada en 2008.

Con ese fin, su director Javier Miranda, inició una ronda de contactos con dirigentes políticos de los partidos con representación parlamentaria. Miranda solicitó a los órganos de dirección de los partidos ser recibido para explicar la posición de la comisión que dirige sobre la necesidad de que se instale el instituto.

Mañana lunes, tendrá una reunión con el Directorio del Partido Nacional; el martes será recibido por la dirección del Partido Independiente, y aguarda respuesta de las direcciones del Frente Amplio y el Partido Colorado.

Miranda ya mantuvo contactos con parlamentarios frenteamplistas y blancos y mañana lunes prevé un encuentro con legisladores colorados.

Consejo Directivo. La ley estableció que la Institución de Derechos Humanos dependa del Poder Legislativo, con funcionamiento autónomo, destinada a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el convenios internacional.

Estará integrada por un Consejo Directivo de cinco miembros elegidos por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General, que tendrá amplias potestades de investigar y realizar recomendaciones.

Además, este Consejo Directivo deberá presentar un informe anual a la Asamblea General, con recomendaciones, propuestas, estudios y relatorías que a su juicio sean reveladores de la situación de los derechos humanos en Uruguay, y de las medidas que se tomaron o que se deben tomar.

Fuentes del MEC indicaron que los planteos de Miranda refieren a los pasos que considera necesarios tomar para que la nueva institución de Derechos Humanos esté en funciones en 2011.

Entre ellos están la conformación de una Comisión Especial, integrada por legisladores de todos los partidos, que defina el procedimiento de elección del Consejo Directivo.

También la recepción de candidaturas, la elección por parte de la Asamblea General de los miembros del Consejo Directivo y la dotación a la institución de la estructura administrativa y de los recursos para su funcionamiento dentro del presupuesto quinquenal del Poder Legislativo.
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Atrás de ell@s, estamos tod@s


La República. Domingo 29 8 10. Por Baldemar Taroco (*)

Sin ninguna actividad oficial programada, ni por parte del Poder Ejecutivo, ni del Parlamento, ni siquiera por parte de la Dirección de DDHH, con el ferviente desconocimiento de los partidos tradicionales frente a los crímenes de lesa humanidad y un vergonzoso silencio por parte del partido de gobierno, el lunes 30 se conmemorará el Día Internacional del Detenido Desaparecido con una actividad convocada por Todos y Todas contra la impunidad, que Crysol integra, a la hora 18.30 frente a la sede del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.

Durante el terrorismo de Estado, unos doscientos uruguayos fueron secuestrados, torturados y desaparecidos, dentro y fuera de las fronteras nacionales por parte de las Fuerzas Armadas y los servicios represivos, ignorándose hasta el día de hoy su destino final, con alguna excepción como el de Roberto “Tito” Gomensoro que culminó recientemente con el procesamiento del coronel ® Juan Carlos Gómez y del teniente coronel ® José “Nino” Gavazzo.

Algunos casos fueron aclarados por la Comisión para la Paz, como el de Eduardo Pérez, el “gordo Marcos”. Muchos aún siguen sin poderse aclarar porque la justicia no puede investigar.

El desconocimiento de lo ocurrido con los Detenidos Desaparecidos uruguayos obedece, a la vigencia en Uruguay de la Ley de Caducidad de la Pretensión punitiva del Estado que fuera aprobada por el Parlamento durante el primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti a fines de 1986.

La Ley 15 848, violatoria de las disposiciones constitucionales, supedita en estos y otros casos, el accionar del Poder Judicial a la voluntad del Poder Ejecutivo lo cual llevó a que desde su aprobación se suspendieran todas las investigaciones frente a las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas. El Poder Judicial pierde su independencia, debe pedir autorización al Ejecutivo para poder investigar.

La interpretación del Artículo 4º de la ley de impunidad que realizara el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez permitió que la justicia pudiera comenzar a investigar algunos casos (lo cual fue un avance) y condujera al procesamiento y prisión de algunos de los principales involucrados en dichos crímenes aunque el pacto de silencio de asesinos y la absoluta falta de colaboración de los militares ha impedido dilucidar las circunstancias de los mismos.

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia, a 23 años de la promulgación de la Ley de Caducidad sentenció el 19 de octubre del año pasado que la misma es inconstitucional y violatoria de las disposiciones legales, en un pronunciamiento sumamente tardío pero significativo y valioso, son demasiados los magistrados que aún desconocen e ignoran olímpicamente las normas de DDHH. Además el Poder Ejecutivo y el Legislativo declararon, también, la inconstitucionalidad de dicha ley.

Los tratados y convenciones de DDHH, aún los que han sido formalmente ratificados por el Estado uruguayo, son desconocidos sistemáticamente por los gobernantes que se han rotado en el gobierno desde el retorno a la institucionalidad democrática. Incluso por el Frente Amplio que sorprendentemente sigue considerando a dichas normas, aunque hayan sido promovidas por sus parlamentarios con menos fuerza legal, ya no de una ley de cuarta, sino que ni siquiera con la fuerza de un mero acto administrativo.

La Comisión Interamericana de DDHH ha reclamado a Uruguay que deje sin efecto la Ley 15 848 en la resolución 29/92. Pese a los anuncios públicos, a la brevedad nuestro país será condenado por la Corte Interamericana de DDHH por la demanda presentada por Macarena Gelman por la desaparición en suelo uruguayo de su madre, María Claudia García de Gelman a fines 1977.

Durante la dictadura militar, el edificio en el cual actualmente funciona el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), dependiente del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), ubicado en Bulevar Artigas y Palmar, fue la sede del Servicio de Información de Defensa (SID) de las Fuerzas Armadas. Hoy lo estamos reclamando para un “CENTRO DE LA MEMORIA Y LOS DDHH”, para todas las víctimas del terrorismo de estado. En nuestro país no existe ninguno, mientras que en Argentina son varios los lugares entregados a las víctimas.

En los años de plomo, fue uno de los centros neurálgicos de los equipos de inteligencia destinados a la represión. En dicho lugar estuvieron decenas de uruguayos trasladados desde la República Argentina y que permanecen desaparecidos hasta el día de hoy. En dicho lugar también estuvo recluida María Claudia García de Gelman antes de dar a luz a Macarena y ser trasladada con destino desconocido.

Mientras Uruguay no anule la Ley de Caducidad será imposible seguir avanzando en la construcción de un país democrático con pleno funcionamiento institucional con tres poderes independientes tal como lo establecido por las disposiciones constitucionales.

Las ex presas y los ex presos políticos del terrorismo de Estado y su organización representativa, Crysol, sintiendo el paso inexorable del tiempo sobre nuestros cuerpos, seguimos comprometidos con nuestros sueños y nuestro pasado militante por un mundo mejor. Por eso convocamos a todas y a todos a la concentración frente al Calen, para acabar con la impunidad y anular la ley de Caducidad.
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(*) Presidente de Crysol

sábado, 28 de agosto de 2010

La orden era no dejar a nadie con vida


DDHH. La confesión de un oficial de la inteligencia naval
La orden era no dejar a nadie con vida, dijo ex represor.
Lo decidió el alto mando de la Marina durante la dictadura.
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BUENOS AIRES | AFP

Monjas asesinadas. "Fue un error y un horror" el secuestro de las religiosas, se defendió en el juicio el oficial de Inteligencia.

Un ex oficial de inteligencia naval argentino confesó ante un tribunal que la orden dada por el alto mando de la Marina durante la última dictadura militar (1976-1983) fue no dejar a nadie con vida entre los prisioneros y disidentes.

Antonio Pernías, acusado de decenas de delitos de lesa humanidad incluido el de actuar en el secuestro, tortura y desaparición de dos monjas francesas, declaró desde el banquillo que la orden de exterminio le fue revelada por un vicealmirante jefe de operaciones navales, José María Mendía.

"Mire, Pernías (dijo el vicealmirante), a mí me dieron la orden de que no tenía que quedar ninguno", relató en otra sesión del megajuicio oral de la causa "Escuela de Mecánica de la Armada" (ESMA), uno de los mayores centros de tortura y aniquilamiento de detenidos políticos en Argentina.

Unas 5.000 personas estuvieron detenidas ilegalmente en la ESMA, de las que sólo sobrevivieron un centenar, durante el régimen militar que dejó 30.000 desaparecidos según organismos de derechos humanos. Pernías se amparó en el hecho de ser un subordinado que sólo cumplía órdenes al esgrimir "la obediencia debida", pero negó haber secuestrado o visto en la ESMA a las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon.

No obstante dijo que recibió la orden de exterminio cuando acompañó al vicealmirante Mendía a un cementerio de la provincia de Buenos Aires para un peritaje al conocerse que habían sido enterrados cadáveres como NN.

En 2005, la Justicia logró identificar aquellos cuerpos, entre los que estaban Duquet y tres mujeres de la entidad humanitaria Madres de Plaza de Mayo, entre ellas su primera presidenta, Azucena Villaflor. Sin embargo, la monja Domon sigue desaparecida.

"Fue un error y un horror" el secuestro de las religiosas, se defendió en el juicio el oficial de Inteligencia, que operaba junto con uno de los principales acusados del grupo de 18 marinos, el capitán Alfredo Astiz, alias 'El Angel rubio de la muerte'.

Por otra parte, Pernías admitió la existencia de torturas, a las que llamó "interrogatorios reforzados" que se aplicaban "lo más humanamente posible".
También reconoció que hubo "traslados" de detenidos, otro eufemismo para cuando llevaban a los detenidos a los 'vuelos de la muerte', durante los cuales los arrojaban vivos al mar.

Cuatro de esas víctimas fueron Duquet, Villaflor y las otras dos mujeres, cuyos cadáveres fueron arrastrados por las olas hasta la costa de un balneario a 300 km al sur de Buenos Aires y enterrados en forma clandestina.
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Los héroes del pueblo y sus verdugos

Página 12. Sábado 28 de agosto 2010. Por Osvaldo Bayer

Desde Bonn, Alemania.

He estado nuevamente en Hofgeismar, en ese paisaje verde que es el centro de Alemania, en la antigua residencia de un príncipe donde hoy está una academia evangélica dedicada a la discusión de los grandes temas nunca solucionados de la humanidad. Allí se realizó un seminario preparatorio para la Feria del Libro de Francfort, que este año –en octubre– estará dedicada a la Argentina.Antiguas construcciones rodeadas de bosques y jardines para caminar, pensar y discutir en voz baja, para escuchar el incesante lenguaje de los pájaros, que no se rinden.

Recuerdo que aquí estuvimos hace quince años recordando a Elisabeth Käsemann, la joven alemana asesinada por la dictadura argentina de la desaparición de personas.

Recuerdo que en aquella reunión, a la que concurrieron representantes de los organismos de derechos humanos de diversas partes del mundo, habló el teólogo Ernst Käsemann, padre de la joven asesinada. Uno de los teólogos más famosos de Alemania, ese hombre no podía comprender la brutalidad y la perversión del sistema argentino de la desaparición.

A Elisabeth Käsemann, que había viajado a la Argentina para estudiar a fondo su situación social y redactar su tesis universitaria, la habían secuestrado, torturado bestialmente y luego asesinado a tiros. Estuvo en el campo de concentración “El Vesubio” y su verdugo fue el coronel Pedro Durán Sáenz.

Recuerdo el dolor del padre. Cuando supo de la muerte de su hija, viajó a la Argentina para recuperar su cuerpo. Y aquí vino ya la última gota del cáliz amargo que tuvo que soportar el padre: para recuperar ese cuerpo, debió entregar 22 mil dólares a un agente de los militares argentinos.

No olvidaré nunca cuando en Hofgeismar el teólogo pronunció estas palabras que me siguen doliendo de pura vergüenza: “Qué país, Señor, es la Argentina, donde no sólo asesinan sino que también exigen dinero para entregar el cuerpo de la víctima a sus padres”. Me llenó de vergüenza esa afirmación, y de pesimismo sobre mi país.

Por eso cuando por fin, después de 33 años del asesinato de Elisabeth, en junio de este año, la Justicia argentina me citó como testigo en el juicio contra el asesino coronel Pedro Durán Sáenz, declaré lo comprobado en mi investigación realizada para el libro cinematográfico del film alemán Elisabeth. Lo pude mirar al asesino allí presente, pero el cobarde miró para otro lado. Treinta y tres años debimos esperar para que por lo menos se iniciara el juicio de quien fuera dueño de la vida y de la muerte en “El Vesubio”, uno de los lugares donde más se humilló, se vejó, se torturó y se “desapareció” a seres humanos.

Era algo imperdonable que los crímenes hubieran quedado impunes. Más todavía: este torturador y asesino –pese a todas nuestras denuncias– fue enviado por el gobierno de Alfonsín como agregado militar a la embajada de la democracia argentina a México. Sí, realidades argentinas.

¿Y qué hizo mientras tanto la Justicia argentina? Por ejemplo, en el acta de defunción de Elisabeth, el médico policial Carlos E. Castro señala que murió por balazos recibidos de frente, en un tiroteo. Cuando el cuerpo de Elisabeth fue revisado en Alemania por los médicos de la Justicia, éstos certificaron que los tiros habían sido disparados en la nuca y en la espalda. La pregunta es: ¿qué se hizo del médico policial Carlos Castro?, ¿no se lo juzga por su colaboración con los asesinos?, ¿qué hace hoy?, ¿goza de su jubilación, tranquilamente?

Lo repetimos una vez más: la verdad a veces tarda mucho, pero al fin llega: los asesinos ya están en juicio, mientras que un instituto de enseñanza para madres lleva el nombre de “Elisabeth Käsemann”, en su ciudad natal, Gelsenkirchen. Ojalá que en la Argentina, cuando se construyan casas a las familias que habitaban villas miseria, una de esas calles lleve el nombre de Elisabeth Käsemann, la bella joven extranjera que trabajó en esas villas y dio su vida por más dignidad para los humillados.

Regreso a Bonn y me encuentro con un abultado sobre. Me lo envían las Madres de Plaza de Mayo: son fotocopias de todos los documentos que presentaron los padres de los desaparecidos cuando éstos fueron secuestrados. Casi todos pedidos de hábeas corpus ante la Justicia, solicitudes de información ante la policía, ante los militares, ante la Iglesia Católica.

Los leo y me digo: aquí está todo, aquí está la verdad de lo que fue el sistema de la represión de la dictadura. Porque en esas primeras denuncias de los padres están los testimonios de aquellos que presenciaron los secuestros, los allanamientos y las detenciones. Están los testimonios de vecinos, por ejemplo, que vieron llegar a los represores.

Primero, los “grupos de tareas” se llevaban al “sospechoso”, a quien golpeaban bestialmente –se oían los gritos y los ruidos de los golpes–, luego se los arrastraba por la calle y más tarde llegaban los camiones que cargaban todo lo que encontraban en el domicilio y destruían lo que no tenía valor para ellos.

Los padres denunciaban todo eso porque tal vez creerían que la Justicia iba a hacer precisamente eso, justicia. Pero están en esa documentación las resoluciones de los jueces rechazando los recursos de hábeas corpus, sencillamente “porque no corresponde”. Todos los nombres de esos jueces deberían publicarse en listas para eterna vergüenza de esos cobardes colaboracionistas, los que por supuesto siguieron siendo jueces después de la caída de la dictadura.

Por ejemplo, veamos el caso de la profesora universitaria Liliana Elida Galletti, quien fue secuestrada el 13 de junio de 1977 por fuerzas uniformadas tanto del Ejército como de la policía, según testigos presenciales. Llegaron al domicilio Doblas 1083 de la Capital en cinco automóviles. Antes habían cerrado las calles adyacentes. Permanecieron allí dos horas. Se oyeron fuertes golpes, gritos y lamentos. Partieron después llevándose a la docente y poco después llegaron dos camiones, en los cuales viajaba personal policial y de las Fuerzas Armadas, que “sustrajeron diversas pertenencias, objetos del hogar, libros, papeles, ropa, tarea que insumió varias horas, y se retiraron a las 23”.

La profesora Galletti, según los testigos, cuando se la llevaron “denotaba encontrarse en un estado de fuerte depresión y abatimiento”. Los padres iniciaron primero acciones de hábeas corpus ante el juzgado penal a cargo del doctor Somoza, secretaría del doctor Cuesta, y luego ante el Juzgado Federal del doctor Sarmiento, secretaría Fátima Ruiz López, ambos sin resultado, y luego ante la Cámara Criminal, Sala I, Capital Federal, pero no se realizó procedimiento alguno.

El domicilio, totalmente saqueado, no fue jamás visitado por la Justicia. Ante el silencio, los padres iniciaron un nuevo pedido ante el Juzgado Nº 3 del juez Rivarola, secretaría Curutchet, obteniendo la respuesta de que ante el requerimiento de informes a las Fuerzas Armadas, éstas aseguraron “que la nombrada no se hallaba detenida”. Eso es todo. Luego hicieron presentaciones ante el Ministerio del Interior, cuerpos del Ejército y ante algunos dignatarios de la Iglesia Católica, obteniendo la misma respuesta.

Otro de los innumerables casos de terror llevados a cabo por los militares es el del soldado Alejandro García Martegani. El joven estaba haciendo el servicio militar en 1976 en el Batallón 601, de City Bell, cuando lo acusaron de estar vinculado con ideólogos de izquierda y, luego de estar detenido tres meses, lo mandaron el Regimiento de Infantería Nº 10 de Montaña a Covunco, Neuquén.

Un mes después desapareció. No hubo más noticias de él. Los padres se trasladaron de Buenos Aires al regimiento neuquino donde el jefe del mismo, teniente coronel Ventura, les informó que el soldado García Martegani había salido de licencia y que no había vuelto, por lo cual se lo había declarado desertor.

El padre del desaparecido no aceptó esa explicación. Se entrevistó con tres soldados conscriptos, quienes le relataron que la última vez que vieron al hijo fue en un auto donde había otras personas que se lo llevaban. Concurrió el padre, entonces, a la policía de Zapala, donde le informaron que ellos no tenían ninguna información de ese soldado. Hizo luego la denuncia ante el Comando en Jefe del Ejército, ante los ministerios correspondientes, ante la Justicia. Nunca hubo respuestas.

El hijo había sido “desaparecido”. Lo más cobarde que se pueda esperar de un militar es que entregue a sus propios soldados, cuando tiene el deber de protegerlos. La vesania más manifiesta: eliminar a la propia persona de la que se es responsable, utilizando el poder omnímodo que da la propia institución al comandante. La pregunta es: ¿el teniente coronel Ventura fue juzgado alguna vez por este crimen tan artero?

Y ese soldado no fue el único desaparecido. Hay muchos nombres denunciados que fueron víctimas de la misma acción que no puede ser calificada sino como la más baja de todas las traiciones.

En la documentación están todas las respuestas de los responsables. ¡Cuánta impotencia la de los familiares de los desaparecidos de aquel entonces! Por eso nos parece que la edición de esta documentación por la Editorial Madres de Plaza de Mayo será otro paso adelante para dejar aun más en descubierto en toda su brutalidad lo que fue ese período argentino y el fracaso de la mayoría de los que se titulaban como representantes de los intereses de la sociedad.

Por eso este libro que editarán las Madres será una prueba de lo que fue el clima de miedo y de crimen oficial desatado. El poder leer con nombre y apellido a todos los que miraron para otro lado en vez de cumplir con sus obligaciones éticas fundamentales.

Pero, como decíamos, finalmente los crueles quedan para siempre condenados por la Historia. Los crímenes quedan develados por más oficiales que sean y por más que los cometan los poderosos.

Acaba de producirse un hecho que ha puesto contenta a toda la Europa democrática. Por primera vez, el gobierno turco ha reconocido uno de los tantos crímenes cometidos contra los armenios. Fue título de página en muchos diarios europeos: “Turquía culpable”. Se trata del asesinato cometido contra el periodista armenio Hrant Dink. Este periodista fue asesinado a tiros en la calle. Horas antes, un juzgado turco lo había acusado de “ofender a Turquía” y condenado a tres años de prisión. El periodista había denunciado el genocidio armenio cometido por Turquía a principios del siglo pasado, justamente con esa palabra: genocidio. Después de la condena, el periodista fue asesinado, a pesar de que iba custodiado por policías turcos.

Ayer se informó que el gobierno turco va a reconocer –ante el Juzgado Europeo de Estrasburgo– su responsabilidad de no haber ofrecido más seguridad al periodista, facilitando así su asesinato. Es tal vez un pequeño paso hacia el reconocimiento de ese genocidio que costó la vida de un millón y medio de hombres, mujeres y niños armenios.

Pasos hacia adelante en un mundo cargado de violencias creadas siempre por las injusticias sociales y el ansia de poder.
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Justicia confirmó condena al "Goyo" Alvarez y a Larcebeau



Tribunal de Apelaciones. Modificó calidad delictual: de "autores" a "coautores".

La Justicia confirmó parcialmente la condena del dictador Gregorio "Goyo" Alvarez y del marino Juan Carlos Larcebeau. El Tribunal de Alzada confirmó la imputación por reiterados delitos de "homicidio muy especialmente agravado", pero modificó su calidad: ambos fueron "coautores" de los hechos.


La República 28 8 10. Por Mauricio Pérez.

La ley castiga con igual penalidad la autoría que la coautoría.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 2º Turno confirmó parcialmente la condena del dictador Gregorio "Goyo" Alvarez y del capitán de navio (r) Juan Carlos Larcebeau por el traslado clandestino de presos políticos en 1978, modificando el grado de participación de ambos en los crímenes imputados.

Alvarez y Larcebeau fueron condenados en octubre de 2009 por el juez Penal de 19º Turno, Luis Charles, como "autores" responsables de reiterados delitos de "homicidio muy especialmente agravado", por sus implicancias directas en el accionar represivo del Estado, desarrollado en tiempos de dictadura.

Alvarez fue condenado como autor de 37 delitos de homicidio por su responsabilidad cupular en la configuración de la política de lucha contra la subversión, mientras Larcebeau fue enjuiciado como autor de 29 homicidios por su participación directa en los operativos clandestinos impulsados por el cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) en la República Argentina, en el marco de la concertación represiva del "Plan Cóndor".

Sin embargo, el TAP resolvió modificar el grado de participación de ambos militares en los crímenes perpetrados en la época. En este sentido, "el Colegiado considerara que los encausados deben ser responsabilizados en grado de coautoría" con "la precisión imprescindible (de) que en el caso de Larcebeau, está acreditada su participación directa en los actos ejecutivos que terminaron con la muerte de ciertas personas, por tanto, no le asiste razón a la defensa cuanto argumenta que no es posible imputarle los delitos en grado de autoría, sin embargo, es un aspecto medular para la Sala que ello no acontece en todos los maleficios que le son imputados y, visto que la ley castiga con igual penalidad la autoría que la coautoría, sin perjuicio de algún matiz en relación a la última según las circunstancias, resulta ajustado a derecho en función del principio 'favoris rei' imputarle los delitos en la forma expuesta".

Por el contrario, el TAP estima que el juez Charles "efectuó un correcto relevamiento de las aleatorias que inciden en la condena" y que la sanción recaída contra ambos militares "se encuentra dentro de los márgenes establecidos" para los delitos imputados. Por tanto, la TAP confirmó la condena de Alvarez y Larcebeau a 25 y 20 años de penitenciaría, respectivamente.

Estado terrorista

"El Golpe de Estado de 1973 no sólo significó la disolución del Parlamento, sino que determinó la creación de una nueva institucionalidad, fiel a tal concepción ideológica". En este sentido, el "gobierno de facto" no derogó el Código Penal ni el Código del Proceso Penal por cuanto "desde las más altas esferas de gobierno se intentaba presentar una situación de legalidad y respeto de los derechos de cada uno".

Sin embargo, "lo que en puridad sucedió (...) es que se desarrolló un Estado terrorista, encargado de la represión política, que coexistía con el otro, arreglado a la nueva institucionalidad; o sea, se trataba de dos caras de la misma moneda".

"Se encaró la represión a la oposición política de forma más o menos clandestina, clandestina para la opinión pública, más no para los mandos militares, desarrollada desde y por las instituciones del Estado, por agentes del poder público, los que actuaban prevalidos de las facultades que ostentaban por su carácter oficial", expresa la sentencia de los ministros José Balcaldi (redactor), William Corujo y Alfredo Gómez Tedeschi.

Dentro de esta tesis argumentativa los ministros del TAP consideran que la responsabilidad de Alvarez "no se trataba de una responsabilidad de escritorio". "Alvarez estuvo desde la primera hora en el combate a la subversión, fue objetivo militar del MLN (...) pagando con la vida su hermano Artigas Alvarez por error en la persona".

"Estuvo en la primera línea del Golpe de Estado, acompañó ideológicamente primero y desde cargos de menor importancia el proceso militar, adhiriendo a la metodología de enfrentamiento al enemigo en lo que consideraban era una guerra atípica o denominada 'sucia'. Allí se trazó una estrategia que incluía torturas y muerte si era necesario, estrategia con la que estuvo siempre de acuerdo y no le era para nada desconocida. Cumplía las órdenes no sólo por su condición de tales sino porque estaba consustanciado con ellas", agrega la sentencia.

Por su parte, el capitán de navío (r) Larcebeau "ostentaba cargo de jerarquía en el S2 del Fusna contemporáneamente a la detención y posterior desaparición de los uruguayos en Buenos Aires. (...) En cumplimiento de los designios trazados (planes de inteligencia operativa que él mismo desempeñaba), viajaba a Argentina asiduamente y se desempeñaba de igual manera en cualquiera de los dos países" y "en el desempeño de sus funciones de inteligencia disponía de cierta autonomía (semi-libertad), manejo de medios materiales y mando de efectivos", expresa el fallo.
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viernes, 27 de agosto de 2010

Pernías admitió los vuelos y torturas


CON EUFEMISMOS, EL REPRESOR RECONOCIO VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ESMA

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Ante la Justicia, el ex oficial de Inteligencia Antonio Pernías reconoció haber integrado el grupo de tareas de la ESMA, justificó las torturas como “interrogatorios reforzados” y se refirió a “los traslados” de detenidos.

El ex oficial de Inteligencia Antonio Pernías volvió a hablar en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA y reconoció que el grupo de tareas que integró en ese centro clandestino tenía como práctica realizar “interrogatorios reforzados” a los detenidos. El represor justificó las sesiones de tortura –“aún hoy se los sigue aplicando en países como Irlanda o Israel”, sostuvo.

También argumentó que las condiciones de detención en Capucha, donde permanecían los secuestrados por el grupo de tareas de la ESMA, “no se diferenciaban demasiado de las cárceles del pueblo”.

La de ayer fue la segunda vez que Pernías, que está siendo juzgado junto a otros dieciocho represores, pide declarar. Subió al estrado con un bolso lleno de libros, que viene usando para desmentir las declaraciones de los sobrevivientes que atestiguan en las audiencias.

Así, lee un párrafo de La Voluntad o de Mujeres guerrilleras a los jueces con la intención de confrontar los dichos de tal o cual testigo con lo publicado. Usa también La Masacre de San Patricio, de Eduardo Kimmel, y Cuando el poder perdió el juicio, de Luis Moreno Ocampo.

En tono autojustificatorio, el represor dijo que el país pasó por “una guerra” y adjudicó sus “horrores y errores” a “la obediencia debida” y “la emoción” que le causaron, dijo, “los crímenes cometidos por los jóvenes idealistas/terroristas/guerrilleros”. Como si fuera una novela por entregas, prometió “explicar la posición de Perón” en su próxima declaración.

Más allá de la puesta en escena, para los abogados querellantes la declaración aportó algunos puntos útiles. Lo principal es que Pernías reconoció haber sido personal permanente del grupo de tareas de la ESMA y, al mismo tiempo, admitió que la tortura era una práctica del grupo.

Por otra parte, blanqueó que el represor Julio César Coronel, que también está siendo juzgado por los crímenes cometidos en ese centro clandestino, utilizaba el apodo de Maco.

Pernías reconoció que Rodolfo Walsh fue llevado a la ESMA, negó haber participado en el secuestro y la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y se refirió de manera indirecta a los vuelos de la muerte, al sostener que ni los oficiales ni los suboficiales decidían “los traslados” de detenidos. “Todo estaba decidido en esta guerra. Ningún oficial ni suboficial tenía que tomar decisiones sobre los traslados”, declaró, ya que se trataba de “una guerra cruel”.

Al aludir a sus funciones como interrogador mediante la aplicación de tormentos, usó el eufemismo de “interrogatorios reforzados” que, apuntó, “todavía son legales” en países como Israel e Irlanda, argumentó. “Pero no había ensañamiento, porque nosotros éramos personas de bien”, sostuvo en otro tramo de su declaración, lo que levantó murmullos de indignación entre los asistentes, en su mayoría familiares de las víctimas o sobrevivientes del terrorismo de Estado.

En el mismo sentido, sostuvo que “lo que hacía el grupo era sacar información, no había ensañamiento” y que los interrogatorios “eran por quince minutos, y si no se sacaba información después de ese tiempo, ya no servía”.

El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada está a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5. En la audiencia de ayer, después de estar varias jornadas ausente, reapareció el ex jefe del grupo de tareas Jorge “el Tigre” Acosta; también estuvo Ricardo Miguel Cavallo.

Las audiencias se iniciaron el 14 de diciembre del año pasado; fueron escuchados ya más de un centenar de testigos, algunos por vía de teleconferencia dado que viven exiliados desde que fueron liberados de la ESMA.

Los hechos que se juzgan son 85 casos de delitos de lesa humanidad, incluidos el secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Duquet y Domon, y del grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo que integraban Azucena Villaflor, Mary Bianco y María Esther de Careaga.

Junto con Pernías, los imputados en este tramo de la causa son Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller y Ernesto Weber.
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Negocios y dictadura: testimonios y documentos

El detallado informe, a partir del relato de testigos y víctimas, da cuenta de las circunstancias en las que Papel Prensa cambió de manos. El papel de la dictadura. El testimonio del testaferro de Graiver. La defensa de Clarín y La Nación.

Página 12. 27 8 10. Por Sebastián Premici

El Informe Papel Prensa: La Verdad da cuenta del contexto en que se produjo el traspaso de la papelera hacia los diarios Clarín, La Nación y La Razón. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio publicaron ayer en su sitio web (www.mecon.gov.ar) la investigación, presentada esta semana por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A partir de los testimonios de Lidia Papaleo de Graiver y Rafael Ianover, sumado a material documental, el informe da cuenta del momento exacto en que las autoridades de la última dictadura militar comenzaron a participar de las “negociaciones”, desde las presiones a Papaleo hasta la aprobación por parte de la Junta del traspaso de las acciones. En el último tramo del informe también se ofrecen detalles sobre el “pacto de sindicalización”.

El contexto

En los anexos del informe sobre Papel Prensa figuran una serie de testimonios de los involucrados en la operatoria, entre ellos, Lidia Papaleo, mujer de David Graiver, ex dueño de la papelera. “El Sr. Martínez Segovia, que era presidente de Papel Prensa, me citó a un almuerzo para comunicarme que venía en representación del ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz (que además era primo de Segovia). En ese encuentro me dijo que debía firmar la cesión de las acciones de la empresa. Dado los hechos que se vivían en el país, tomé conciencia que las amenazas de muerte, tanto para mi hija como para mí, eran auténticas. En ese terror fui citada para el día 2 de noviembre de 1976, por la noche, a una reunión en las oficinas de La Nación.”

Antes de esa fecha, las acciones de la papelera estaban en manos de los herederos de David Graiver, fallecido en agosto de 1976 (Juan Graiver, Eva Gitnacht y María Sol, representada por su madre, Lidia Papaleo). Según consta en el informe, Isidoro Graiver le había cedido sus acciones a David en febrero de 1976. Por otro lado, estaban Galería Da Vinci y Rafael Ianover, testaferro de Graiver.

Esa noche del 2 de noviembre del ’76, como relata Papaleo, se encontraron en el edificio del diario La Nación todos los involucrados pero en oficinas separadas. Según relata el propio Ianover, él mantuvo un encuentro a solas con Patricio Peralta Ramos, uno de los dueños de La Razón. “Mire, yo estoy dispuesto a firmar esta transferencia siempre y cuando a mí no me ocurra nada”, manifestó Ianover, tal como consta en el informe. “Le doy mi palabra que a usted no le pasará nada”, respondió Peralta Ramos. Sin embargo, Ianover fue secuestrado el 12 de abril de 1977.

Previamente, ya había sufrido la presión de un grupo de tareas, según un testimonio brindado el 7 de julio de este año.

“En la reunión en La Nación se suscribe el boleto de compraventa sobre el cual jamás pude opinar. Sólo pagaron 7000 dólares de un total de un millón de dólares”, manifestó la viuda de Graiver.

Según consta en el informe, al momento de la firma de ese contrato, Papaleo contaba en su poder con las acciones de la sucesión, las cuales aparecieron 22 días después en una caja fuerte del viejo Banade. La versión oficial de Clarín y La Nación indica que ellos nunca tuvieron en su poder las acciones de la sucesión; sin embargo, esas acciones fueron para Fapel, la sociedad que constituían los tres diarios, junto a algunos particulares. A lo que hay que agregar que la “transferencia” se realizó en el propio edificio de La Nación.

¿Qué era Fapel?

La sociedad denominada Fábrica Argentina de Papel para Diarios fue constituida en febrero del ’76. La integraban los tres diarios, y algunos de sus directivos. El 10 de noviembre del ’76, a ocho días de la firma del contrato de compraventa, Fapel cedió las acciones adquiridas a los Graiver a los tres diarios.

Esta transferencia se realizó sin la existencia de las acciones de Papaleo (que aparecieron el 22 de noviembre de ese año), y por un pedido de la Junta Militar. Dentro de este contexto, José Pirillo, años después dueño de La Razón, denunció que en los balances del diario nunca aparecieron registros de esa transferencia.

Luego de realizada la operación, debía ratificarse lo realizado en una asamblea de accionistas, que tuvo lugar el 4 de marzo de 1977. Para esa fecha, había en total cinco operaciones de venta que debían concretarse, entre ellas la venta de las acciones de “Rey, Doretti e Ingeniería Tauro” a Galería Da Vinci. Según el informe presentado esta semana, quien allanó el camino para concretar la asamblea y el traspaso de las acciones de Fapel a los tres diarios fueron las autoridades de la dictadura militar.

A partir de un acuerdo entre la “Junta Militar –dice la investigación– y los tres diarios se acordó que el Estado nacional votaría a favor de las transferencias de las acciones, que se aprobaría la cesión de acciones entre Rey, Doretti e Ingeniería Tauro y Galería Da Vinci, a cambio de que éstas empresas se quedasen con la licitación para la construcción de la planta papelera”.

Después de este acuerdo, la Junta Militar aprobó el ingreso de los diarios. A los diez días de celebrada esa asamblea, Lidia Papaleo de Graiver fue secuestrada.

“¿Por qué tuvieron que mantener en libertad a Papaleo hasta firmar la venta?”, se autopreguntó la Presidenta durante la presentación del informe. “Para evitar que la compañía cayera en manos de la Conarepa, que era el órgano que se quedaba con los bienes de los detenidos. Todo el patrimonio de los Graiver quedó en la Conarepa, salvo Papel Prensa”, se respondió Fernández de Kirchner.

El pacto de sindicalización

El 18 de agosto de 1977, los tres diarios firmaron dicho “pacto”. Ahí se comprometieron a “actuar conjunta y coordinadamente asegurando la unidad de criterio en la conducción de la empresa”. También se obligaron a votar siempre en el mismo sentido, tanto en las Asambleas como en el Comité Directivo. “En el supuesto de que la transgresión consistiera en votar en las asambleas en contradicción con lo resuelto por el comité, la multa a aplicar será del 25 por ciento del valor de las acciones propiedad de la transgresora”, puede leerse como uno de los artículos del pacto de sindicalización.

Según el informe, este pacto fue comunicado a la CNV recién este año. De todas maneras, el Ejecutivo encontró pruebas de su existencia en la Inspección General de Justicia, dentro del expediente sobre la quiebra de La Razón. A partir de esta situación, el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley para declarar la producción, comercialización y distribución del papel para diarios como un servicio de interés público.

LAS AMENAZAS”. Testimonio de Lidia Papaleo

“Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de cursarle la presente nota, a los fines que la misma sea considerada como un aporte a la investigación que está llevando adelante.

El presente relato, comienza con la muerte de mi marido David Graiver, momento en el que vivíamos junto con mi hija menor de edad María Sol, en México. A partir de allí comencé a sufrir terribles presiones vinculadas a nuestros bienes, entre los que se encontraba Papel Prensa SA.

Debo destacar algo muy importante sucedido en vida de mi esposo. En una reunión social en México, en la hacienda del Señor Gabriel Alarcón (uno de los más importantes hombres de negocios de dicho país), en presencia de la firmante y de su propia familia aconseja lo siguiente en forma textual: ‘David, vendé Papel Prensa porque te costará tu vida’.

La firmante quedó sumamente sorprendida y preocupada. De ello se desprende que éste fue el primer aviso que tuve acerca de la problemática de tal empresa. A partir de la muerte de David comencé a sufrir presiones que me llevó al convencimiento de que se acercaban momentos muy duros pero no de la magnitud de los que después vivimos.

Posteriormente, en viajes a Nueva York, donde había residido largo tiempo, amigos estadounidenses me aconsejaban, que no retornara a Buenos Aires. Para ellos no estaban dadas las condiciones ni tenía garantías que las autoridades iban a ver con buenos ojos que el grupo económico se reordenara.

En ese momento mi hija tenía 22 meses de edad, mi hermano Osvaldo, uno de mis posibles apoyos, se encontraba detenido en la cárcel de Caseros, a disposición del Poder Ejecutivo, y todo el grupo familiar estaba desquiciado por las presiones por parte de la Junta Militar.

Ante ese panorama, y porque no tenía nada que ocultar, retorné a la Argentina el 16 de septiembre de 1976, convencida que ésta es mi tierra, el país de mi hija y que actuando con calma y asesoramiento podría superar el mal trance. Nada más lejos de la realidad. Apenas instalada en las oficinas centrales de las empresas, advertí que los reclamos eran diversos, realizados en medio de un clima de crisis económica de las empresas y al no haber participado de la actividad empresaria de David, no tenía suficiente conocimiento ni capacidad comercial para manejar tantos frentes de tormenta.

Inmersa en los acontecimientos descriptos, es cuando los diarios Clarín, La Nación y La Razón comienzan a ejecutar un plan destinado a apoderarse de las acciones de Papel Prensa SA, de las cuales mi esposo David era dueño en un porcentaje importante que le permitía tener el control societario de la empresa.

Además, este operativo involucraba, antes que nada, la intención de la Junta Militar de apadrinar ese despojo y no trepidaron en utilizar todos los elementos de extorsión, intimidación y amenazas a su alcance para lograr el objetivo.

Recuerdo que me contactó un intermediario Guillermo Gainza Paz, que no era el dueño del diario La Prensa, quien me transmite la intención de compra de terceros, del paquete accionario de Papel Prensa SA.

Posteriormente el Sr. Francisco Manrique, que había sido Ministro de Acción Social de la Nación y con el cual David trabajó como Secretario General, convocó a mi cuñado Isidoro Graiver para decirle que sus amigos de las Fuerzas Armadas, me recomendaban realizar esa venta, porque el grupo Graiver era mal visto por las autoridades y que estaba siendo investigado. En circunstancias en que concurrí a darle el pésame, por la muerte de su esposa, me reiteró dicha sugerencia.

En ese contexto, me entrevisté con el ex presidente Lanusse para pedirle consejo por la situación en la que me encontraba, y me expresó que me veía mal posicionada y que solicitara una audiencia con el Tte. Gral. Videla para interiorizarlo del tema Papel Prensa SA. Aunque gestioné el pedido de audiencia por la mesa de entradas de la Casa de Gobierno, nunca obtuve respuesta.

Mientras tanto continuaban las amenazas anónimas, en las que me decían que si no vendía, mi hija María Sol corría peligro de muerte y se agregaban otros operadores que me presionaban para concretar las ventas.

El Sr. Martínez Segovia, que era Presidente de Papel Prensa SA, me citó en esos días, a un almuerzo en un hotel céntrico, para comunicarme que venía en representación del ministro de Economía Martínez de Hoz, y que debía decidirme a firmar la cesión de las acciones de Papel Prensa SA. Tal decisión era impuesta desde el Ministerio de Economía del Proceso, quienes habían hecho saber que las acciones debían cederse a empresarios argentinos que no pertenecieran a la colectividad judía.

Dado los hechos que se vivían en ese país tomé conciencia que las amenazas de muerte, tanto para mi hija como para mí eran auténticos.

En ese estado de terror fui citada para el día 2 de noviembre de 1976, por la noche, a una reunión, en las oficinas de La Nación, conjuntamente con los integrantes de la familia Graiver.

Encontrándonos en un amplio salón de reuniones, nos distribuyeron separadamente, de modo tal que los padres de David por un lado, Isidoro con Campos Carlés (quien invocaba ser apoderado de La Nación) por otro. Yo, con Magnetto de Clarín, en otro aparte, donde coloquialmente me aseguró “firme o le costará la vida de su hija y la suya”. No había chances.

También sabía que habían presionado al Sr. Rafael Ianover, Vicepresidente de Papel Prensa SA, un hombre leal con la familia, que era depositario de acciones, como testaferro.

En la mencionada reunión en La Nación se suscribe un boleto de venta sobre el cual jamás pude opinar, ni sobre el precio ni sobre los términos del mismo ni sobre la forma de pago, como tampoco ningún abogado de mi parte pudo verlos antes. Lo tuve que firmar sin siquiera haberlo leído.

Posteriormente el asesor de menores en la sucesión de David, no autorizó la venta por considerar bajo el precio y el juez ordenó que se hiciera una tasación por el Banco Nacional de Desarrollo, quien confirmó que el precio era por demás exiguo.

La forma de pago no permitía ni siquiera pensar que se trató de una operación habitual en un comercio, sólo pagaron 7000 dólares como primera entrega sobre un precio total de 1.000.000 de dólares, destaco que ni siquiera era el 1 por ciento. Era una entrega absoluta, por nada, y sin chance de poder negociar. Todo lo que siguió en esta venta fue similar.

Quiero también destacar que era necesario que yo solicitara como administradora del sucesorio, la autorización en dicho expediente, por tratarse de bienes de mi hija menor de edad y es por ello que siguieron ejerciendo amenazas y presiones, a través de distintos personajes que me forzaban a ratificar ese acuerdo inicial y en el correr del tiempo llegaron al mes de marzo, donde se ingresa en el sucesorio el escrito para lograr la autorización.

También deseo dejar constancia que el Dr. Jorge Rubinstein, que era el segundo de David, en los meses finales de 1976, un grave y sospechoso accidente, y que el mismo no me pareció casual porque él también estaba amenazado. Lo cual lo apartó por meses de la dirección del grupo, tareas que no pudo cumplir, quedando acéfalo la conducción del grupo económico. Luego fue detenido ilegalmente, falleciendo por las torturas sufridas en cautiverio, no habiéndose nunca investigado dicha muerte.

Deseo aclarar que cuando se realizó el inventario en el Banade, ignoraba qué había en el interior de la caja de seguridad, pero tenía total conciencia que debía comunicar al Juzgado del sucesorio todos los bienes que pertenecían a mi marido, de acuerdo a lo que le había aconsejado el Dr. Miguel Anchorena, letrado de la sucesión.

Quiero finalizar este relato, afirmando una vez más que todo lo que ocurrió en Papel Prensa SA, a partir de mi cautiverio (14 de marzo de 1977) que nunca hasta el 20 de mayo de 2010 estuve en el lugar, ni concurrí a ninguna Asamblea.

Por otra parte durante mi desaparición con detención fui objeto de tortura que me provocaron graves quemaduras en mis genitales, abdomen y pechos, y que los golpes recibidos provocaron un tumor cerebral, el cual se me operó en la cárcel.

Todo el horror que fue mi vida después de mi secuestro es indescriptible en la serie de perversiones, vejaciones y tormentos a la que fui sometida, no obstante deseo concluir con la presente reiterando que prefiero ver los ojos y la cara de mis torturadores, antes que ver los ojos de Magnetto en el momento en que amenazaba para que firmara.”
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